MUNDO
La importancia de construir consensos: Milei después de las huelgas
Opinión, por Violeta Moreno //
El Gobierno de Argentina está llegando a una fase crucial donde la presentación de resultados concretos es una necesidad imperiosa. De cara a los desafíos actuales, es fundamental mostrar avances claros y tangibles que generen confianza en la ciudadanía y en los diversos actores del país.
Es momento de enfocar los esfuerzos en acciones efectivas que demuestren un resultado real para el progreso y el bienestar de Argentina. Y también es necesario que se logren superar los desafíos y se comience a construir un futuro sólido y próspero que prometió el presidente Milei.
El tiempo siempre ha sido un factor crítico en la política, especialmente para líderes con proyectos disruptivos como el presidente Javier Milei. A medida que avanza su mandato, los desafíos aumentan, especialmente dada su debilidad parlamentaria y territorial. Es crucial ver cómo gestiona estos desafíos en los próximos meses.
Es comprensible que el gobierno busque capitalizar su respaldo popular y narrativa antiestablishment para enfrentar la etapa actual. La necesidad de mostrar resultados concretos se vuelve crucial, especialmente ante una oposición fragmentada y una base de apoyo que espera acciones tangibles. La capacidad de cumplir con las expectativas será determinante para el futuro de la administración.
Es cierto que el momento demanda acciones concretas sobre el relato. La estrategia de revelación puede haber sido efectiva para desafiar a la «casta» política, pero ahora se necesitan resultados tangibles para mantener la gobernabilidad y la confianza, tanto a nivel político como económico. Es crucial que el gobierno demuestre su capacidad para traducir sus palabras en acciones que generen un impacto positivo y sostenible en el tiempo.
Los eventos recientes, tanto el paro liderado por la CGT como los obstáculos en el Senado, subrayan la necesidad de resultados concretos por parte del gobierno de Milei. Estos desafíos muestran las dificultades que enfrenta el oficialismo para avanzar en su agenda, lo que destaca la importancia de acciones efectivas y políticas que puedan superar las resistencias y generar consenso.
Es cierto que la huelga general mostró una adhesión dispar y una disputa por su sentido entre los referentes sindicales. Aunque el gobierno pudo aprovechar esta situación para reforzar su narrativa anti-establishment, sería un error subestimar el impacto real de la protesta más allá del discurso. Es importante que el gobierno evalúe de manera objetiva las implicaciones y preocupaciones detrás de la huelga para abordarlas adecuadamente.
Es comprensible que los mercados valoren la disciplina fiscal y las políticas librecambistas del gobierno de Milei, pero también son sensibles a la complejidad social y las incertidumbres políticas. Cualquier señal de inestabilidad puede generar preocupación entre los inversores. Por lo tanto, el gobierno debe encontrar un equilibrio entre sus políticas económicas y la gestión de las tensiones sociales para mantener la confianza de los mercados.
Es interesante observar que, a pesar del paro y los desafíos económicos, el apoyo al gobierno no parece haber disminuido significativamente según las encuestas. Esto plantea la pregunta de si el paro fue un punto de inflexión en una posible escalada en la conflictividad social o si, como sugiere el oficialismo, fue más una reacción de los representantes del antiguo orden frente a los cambios y ajustes propuestos por el gobierno. Es crucial seguir evaluando cómo evoluciona esta dinámica y cómo afecta la percepción pública del gobierno en el futuro.
La estrategia de Javier Milei de apostar a un éxito rotundo en su política macroeconómica como medio para asegurarse el control del Congreso en las elecciones de 2025 es ambiciosa. Si lograra bajar la inflación, recuperar la actividad económica y aumentar el salario real de manera significativa, podría ganar un fuerte respaldo popular que le permitiera avanzar en las reformas estructurales e institucionales que propone. Sin embargo, lograr ese nivel de éxito en política macroeconómica y traducirlo en apoyo electoral y legislativo es un desafío considerable y dependerá de múltiples factores, incluidas las condiciones económicas globales y la percepción pública de su gestión.
La discusión parlamentaria sobre la reforma laboral es significativa en este contexto. Aunque algunos bloques aliados presionaron por cambios más profundos, la versión final parece ser más moderada y no aborda ciertos puntos sensibles para los sindicatos. Esto muestra la complejidad de lograr consensos en temas laborales y cómo se equilibran las demandas de diferentes actores en el escenario político.
Es cierto que el debate en el Senado ha revelado tensiones y objeciones incluso dentro de bloques «dialoguistas», lo que ha obligado al oficialismo a reconsiderar su estrategia. Esto muestra que la negociación con los gobernadores no es suficiente para garantizar el apoyo en una cámara con representación federal. Además, el protagonismo de Martín Lousteau en este debate sugiere una reconfiguración de liderazgos dentro del espacio opositor. Es importante seguir de cerca cómo estos cambios afectan el panorama político y legislativo en los próximos meses.
La cautela de grandes inversores, actores del establishment y el FMI no es sorprendente dado el escenario político y legislativo actual. Aunque el gobierno tiene una profesión de fe liberal y el mercado financiero parece estar eufórico, persisten dudas sobre la evolución de la economía real y la capacidad del gobierno para implementar cambios sustanciales y dar sostenibilidad a su proyecto. Situaciones como las ocurridas en el Senado esta semana aumentan la incertidumbre y refuerzan la necesidad de observar de cerca cómo evoluciona la situación económica y política.
Es interesante ver las diferentes perspectivas sobre la situación económica. Mientras algunos economistas ven signos de recuperación basados en la baja de la inflación, el crecimiento de los salarios reales y otros indicadores, otros advierten que la recuperación no será tan simple y que la política jugará un papel crucial en el proceso. Para muchos observadores, tanto en los mercados como en la política y la economía, es la política la que determinará en última instancia el éxito o el fracaso de los esfuerzos para sacar al país adelante. Es un recordatorio importante de que los aspectos económicos y políticos están estrechamente interconectados en la realidad argentina.
Es cierto que los consensos políticos son fundamentales para la sustentabilidad de los gobiernos a largo plazo, más allá de los respaldos coyunturales o los éxitos electorales. La experiencia histórica argentina lo demuestra claramente. Ignorar esta realidad y reducir la política a meros contubernios o intereses espurios puede ser contraproducente para la gobernabilidad y el éxito de cualquier proyecto político. Es importante que el presidente y su gobierno reconozcan la importancia de construir consensos políticos para avanzar de manera sostenible.
Un claro ejemplo de cómo poder abordar temas que tiene Milei en el tintero son las reformas estructurales, especialmente en materia de gasto público y sistema de pensiones, que deben ir más allá de soluciones de corto plazo. Es fundamental abordar estos temas con una visión a largo plazo y adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema en el tiempo.
Esto puede implicar no solo ajustes en la fórmula de ajuste de las jubilaciones y la edad jubilatoria, sino también reformas más profundas que aborden la magnitud del desafío de prevención social y aseguren que los derechos adquiridos sean viables y sostenibles a largo plazo.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Actualidad, por Alberto Gómez R.
(Parte 1) A lo largo de la historia de la humanidad, el poder económico de los grandes imperios se ha construido frecuentemente sobre pilares tan sombríos como la guerra, el saqueo sistemático y el sometimiento de pueblos enteros.
Este patrón de comportamiento, visible desde los primeros imperios de la antigüedad hasta las potencias contemporáneas, revela una lógica de acumulación basada en la extracción violenta de recursos más que en la productividad o la innovación endógena.
El historiador económico Douglas North, citado en uno de los documentos analizados, señalaba que los imperios antiguos establecían sistemas burocráticos sofisticados que permitían la expropiación sistemática de excedentes de las regiones conquistadas.
En el mundo actual, Estados Unidos representa la última encarnación de este impulso imperial, aunque sus métodos hayan evolucionado hacia formas más sofisticadas de dominación económica y militar.
Como se advierte en el panorama actual, esta potencia estaría experimentando un rápido declive relativo en el escenario global, lo que intensificaría sus comportamientos depredadores hacia naciones ricas en recursos que se resisten a someterse a su hegemonía.
Venezuela, con las mayores reservas petroleras certificadas del planeta, se encontraría en la mira de este mecanismo de saqueo contemporáneo, al igual que lo estuvieron Irak, Libia y Siria en las últimas décadas, solo por citar algunos ejemplos.
LOS CIMIENTOS HISTÓRICOS DEL SAQUEO IMPERIAL
Los primeros grandes imperios de la historia establecieron las bases de lo que sería una larga tradición de explotación económica mediante la conquista. En Mesopotamia, Egipto, China y la India, surgieron estructuras estatales centralizadas que «legislaban, impartían justicia y ejecutaban sobre un extenso territorio que agrupaba a muchas ciudades» (eumed.net).
Estos imperios perfeccionaron sistemas de extracción de riqueza mediante tributos, esclavitud y control de las rutas comerciales.
El Imperio de Alejandro Magno ofrece un ejemplo temprano de cómo la conquista militar servía como vehículo para la acumulación de riqueza. Como se describe en los documentos, Alejandro y sus falanges macedonias conquistaron todo el Imperio persa en tan sólo ocho años, apoderándose de inmensos tesoros y estableciendo un sistema de control sobre territorios que se extendían hasta la India. Patrón similar exhibiría el Imperio Romano, que transformó el Mediterráneo en su «Mare nostrum» y extrajo recursos de todos los territorios conquistados, desde las minas de plata hispanas hasta los graneros egipcios.
Con la era de los descubrimientos, las potencias europeas perfeccionaron el arte del saqueo imperial a escala global. España y Portugal inauguraron lo que podría considerarse el primer «imperio global» de la historia: «por primera vez un imperio abarcaba posesiones en todos los continentes del mundo» (eumed.net).
El flujo de metales preciosos desde América hacia Europa financió las guerras y el desarrollo económico europeo durante siglos, a costa del exterminio y la explotación de poblaciones indígenas.
El Imperio británico llevaría este modelo a su máxima expresión, estableciendo una red global de colonias y territorios controlados que proveían de recursos naturales y mercados cautivos a la metrópoli. El comercio de esclavos, la extracción de recursos en condiciones de cuasi-esclavitud y la destrucción de industrias locales competitivas fueron algunas de las estrategias empleadas para consolidar su hegemonía económica.
ESTADOS UNIDOS, LA SUPERPOTENCIA DEPREDADORA
Estados Unidos emergió como potencia global practicando una versión modernizada del juego imperial tradicional. Bajo la Doctrina Monroe y su corolario Roosevelt, se autoproclamó potencia hegemónica en América Latina y el Caribe, interviniendo militarmente en múltiples ocasiones para proteger sus intereses económicos. La diplomacia de las cañoneras y las intervenciones directas aseguraban el acceso a mercados, recursos y rutas comerciales estratégicas.
Tras la Segunda Guerra Mundial, con las potencias europeas debilitadas, Estados Unidos ascendió a la condición de superpotencia global, rol que se consolidaría tras el colapso de la Unión Soviética.
Como se señala en uno de los documentos, «después de que se desintegrase la Unión Soviética a principios de 1990, Estados Unidos quedó como la única superpotencia restante de la Guerra Fría». Esta posición hegemónica le permitió moldear las instituciones internacionales a su medida y establecer un sistema económico global que privilegiara sus intereses.
La economía estadounidense se ha vuelto profundamente dependiente de lo que el presidente Eisenhower denominó el «complejo militar-industrial». Con un presupuesto militar que supera al de los siguientes diez países combinados, Estados Unidos ha convertido la guerra en un negocio extraordinariamente lucrativo para sus corporaciones de defensa.
Como se documenta en uno de los artículos revisados, la administración Biden ha solicitado al Congreso «842 mil millones de dólares para el Pentágono en el año presupuestario 2024», lo que representa «la solicitud más grande desde el pico de las guerras de Irak y Afganistán» (france24.com).
Este apetito insaciable por el gasto militar requiere enemigos externos y conflictos perpetuos, creando un círculo vicioso de intervencionismo que justifique tales desembolsos. Los resultados son visibles en las sucesivas guerras e intervenciones que han marcado las últimas décadas, desde Vietnam hasta Afganistán, pasando por Irak, Libia y Siria.
EL SAQUEO CONTEMPORÁNEO
La invasión de Panamá en 1989 constituye un ejemplo paradigmático de cómo Estados Unidos utiliza pretextos para justificar intervenciones militares que persiguen objetivos geoeconómicos estratégicos. Como se documenta extensamente en varios de los materiales consultados, la llamada «Operación Causa Justa» fue oficialmente justificada como una medida necesaria para detener el narcotráfico y defender la democracia.
El general Manuel Antonio Noriega, quien había sido durante años un aliado útil para Washington y colaborador de la CIA, fue convertido de pronto en enemigo público número uno. Como se describe en los documentos, Noriega «había sido aliado clave de Estados Unidos durante el final de la Guerra Fría, trabajando como agente de la CIA, al tiempo que tejía vínculos con el narcotráfico» (elnacional.com). Cuando dejó de ser funcional a los intereses estadounidenses, fue acusado de narcotráfico y derrocado mediante una invasión militar que causó entre 500 y 4 mil víctimas panameñas, según distintas fuentes.
El verdadero objetivo de la invasión, sin embargo, habría sido asegurar el control estratégico del Canal de Panamá en vísperas de su traspaso completo a soberanía panameña, previsto para el año 2000 según los Tratados Torrijos-Carter de 1977. Como se señala en uno de los documentos, estos tratados «condicionaba la defensa del canal de manera conjunta, a través de un tratado adicional, dando la posibilidad de intervenir militarmente en Panamá si la operación del canal se viese comprometida».
La invasión aseguró que, aunque panameño en papel, el canal permaneciera bajo control efectivo estadounidense.
Continuará…
– Análisis, por Victor Hugo Celaya Celaya
El mapa del poder mundial se ha reorganizado. Hoy, la influencia no se mide únicamente en arsenales o acuerdos comerciales, sino en algoritmos y capacidad de procesamiento.
Nos enfrentamos a un nuevo tablero geopolítico y geoeconómico definido por tres grandes polos de poder: Estados Unidos, con su enfoque en el desarrollo tecnológico, las finanzas y la seguridad; China, que ha apostado por la manufactura avanzada, la innovación y la inversión masiva en infraestructura; y Rusia, que basa su estrategia en el control de energía, minerales estratégicos y su poder militar.
Esta reconfiguración global plantea preguntas cruciales para el resto del mundo. ¿Cómo coexistir con estos bloques? ¿Cómo aprovechar las corrientes de innovación que emanan de ellos sin sacrificar nuestra soberanía? Y, sobre todo, ¿cómo podemos acompasar nuestras políticas públicas y nuestros esfuerzos nacionales para no quedarnos atrás en esta nueva era de equilibrios de poder?
La visión de una «aldea global» que definimos en los años noventa, unida por la apertura del comercio, ha dado paso a una realidad más compleja. La interconexión actual se teje con redes de inteligencia artificial (IA), investigación científica y ecosistemas digitales.
Aunque las tensiones militares persisten, el verdadero campo de batalla se ha trasladado a la biotecnología, la robótica y, de manera central, a la inteligencia artificial. Esta revolución ya impacta nuestra vida diaria, transformando la educación, la salud, el trabajo y la seguridad. Ninguna sociedad puede sustraerse a ella.
LA CARRERA POR EL FUTURO: ESTRATEGIAS EN COMPETICIÓN
Cada una de las grandes potencias ha trazado una ruta clara para liderar esta era tecnológica, obligando al resto de los países a replantear la cooperación y la competencia.
Estados Unidos ha optado por un modelo que prioriza la innovación impulsada por su dinámico sector privado. En 2023, la inversión privada en IA en este país alcanzó los $67.2 mil millones, una cifra superior a la suma de los siguientes 14 países.
El gobierno actúa como un catalizador estratégico, como lo demuestra la Orden Ejecutiva 14110 para el desarrollo seguro y confiable de la IA, o la Ley CHIPS y de Ciencia, que destina más de $52 mil millones a revitalizar la fabricación de semiconductores, el hardware fundamental sobre el que corre toda la inteligencia artificial.
Esta estrategia se materializa en proyectos monumentales como ‘Stargate’, el centro de datos de $100 mil millones de Microsoft y OpenAI, o la Alpha School en Virginia, que ya personaliza el aprendizaje con IA.
China avanza con un enfoque centralizado y dirigido por el Estado, con la meta clara de alcanzar el liderazgo mundial en IA para 2030. A través de iniciativas como «AI+», integra soluciones de IA en sectores clave. El resultado es un ecosistema robusto: se estima que el valor de la industria de IA en China superará los $220 mil millones para 2026.
Este esfuerzo se refleja en su dominio de la propiedad intelectual, acumulando casi la mitad de todas las solicitudes de patentes de IA en el mundo. Gigantes tecnológicos como Baidu, Alibaba y Tencent no son solo empresas, sino instrumentos de la estrategia nacional para establecer estándares globales.
Rusia, por su parte, enfoca su estrategia de IA en la soberanía digital y la seguridad nacional. A través del proyecto nacional “Economía de Datos”, que se extenderá hasta 2030, busca reducir su dependencia de la tecnología extranjera e integrar la IA en sectores gubernamentales clave.
Más que competir en el mercado de consumo global, su prioridad es aplicar la IA para la optimización de sus industrias estratégicas (energía, defensa) y la administración pública. Su marco regulatorio es estricto y busca asegurar un uso responsable de la tecnología, priorizando el control estatal y el desarrollo de talento local a través de iniciativas educativas supervisadas.
La Unión Europea ha decidido jugar un papel distinto, posicionándose como el gran regulador global. Su enfoque no es competir en una carrera de velocidad, sino establecer las reglas del juego. Con su Ley de Inteligencia Artificial (AI Act), aprobada en 2024, introduce el primer marco legal integral para la IA, basado en niveles de riesgo. Este prohíbe aplicaciones consideradas inaceptables (como el «social scoring» estatal) y regula estrictamente los sistemas de alto riesgo.
Este poder normativo se complementa con fuertes inversiones a través de programas como Horizonte Europa y Europa Digital, que movilizan miles de millones de euros para construir una infraestructura de datos soberana bajo iniciativas como GAIA-X y apoyar a un ecosistema de IA «confiable y centrado en el ser humano».
EL DESPERTAR DE AMÉRICA LATINA: PRIMEROS PASOS
Frente a estas estrategias consolidadas, América Latina no es un simple espectador; la región ha comenzado a mover sus propias piezas. Aunque de manera desigual y con retos importantes, están surgiendo iniciativas notables.
En México, la coalición multisectorial IA2030MX ha impulsado una agenda para el desarrollo de una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Polos de innovación como Monterrey y Guadalajara concentran talento y startups, mientras que universidades como la UNAM y el Tec de Monterrey lideran la investigación.
Otros países también marcan el paso. Chile fue pionero en la región al lanzar su Política Nacional de Inteligencia Artificial en 2021, centrada en el desarrollo de talento, la ética y la adopción de IA en la industria. Brasil cuenta con una robusta red de centros de investigación en IA y debate activamente un marco legal propio. Por su parte, Colombia ha establecido un marco ético para la IA en el sector público y promueve proyectos de datos abiertos para fomentar la innovación. Estos esfuerzos, aunque incipientes, demuestran una conciencia creciente sobre la urgencia de participar activamente en esta revolución.
DE ESPECTADORES A PROTAGONISTAS
Ante este escenario, la pregunta para nuestros países es ineludible: ¿nos conformaremos con estos primeros pasos o aceleraremos el ritmo para jugar un rol protagónico? Si queremos dejar de ser simples compradores de tecnología para convertirnos en creadores, necesitamos una hoja de ruta clara y acciones inmediatas.
La interconexión de hoy, definida por algoritmos, nos obliga a innovar. Para ello, es fundamental avanzar en tres áreas estratégicas:
- Formar talento e invertir en educación digital. Esto debe empezar desde la educación primaria y extenderse hasta los posgrados.
- Crear alianzas estratégicas entre universidades, gobierno y empresas. Los esfuerzos aislados son insuficientes.
- Diseñar políticas públicas con visión de futuro. Debemos impulsar el uso integral de la IA y desarrollar un marco ético sólido que garantice la equidad y la protección de datos.
Esto implica fomentar centros de inteligencia artificial que apoyen a startups y consoliden proyectos de investigación propios, aprendiendo de las experiencias globales. La tecnología no debe ser vista como algo «importado» o lejano, sino como un campo fértil donde podemos liderar.
Nos encontramos en un punto de inflexión histórico. La inteligencia artificial está redefiniendo las reglas del desarrollo económico y social a una velocidad sin precedentes. No podemos permitirnos el lujo de la duda o la postergación. La tarea es clara: debemos alinear nuestros recursos, talentos y voluntades para integrarnos de manera soberana y estratégica a esta nueva era. Lo que hagamos, o dejemos de hacer, durante esta década determinará las oportunidades de las próximas generaciones.
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