OPINIÓN
La importancia de la formación: ¿Quién se está preocupando por sus cuadros políticos?
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
En la antigua Grecia, los filósofos, lejos de vivir alejados de la sociedad para dedicarse a sus obras, trabajaron para convertirse en los maestros más importantes de su comunidad, aunque como en todo, hay algunas excepciones, como el caso de Heráclito, que debido a su soberbia optó por irse a vivir a los montes como un ermitaño, la mayoría de los pensadores decidieron guiar a los demás en los asuntos más importantes de la vida, desde la política y el dinero, hasta la amistad y el amor.
Si algo caracterizó a los pensadores griegos fue su genuino interés por vivir inmersos en la sociedad para difundir sus ideas a todos y cada uno de sus seguidores, para así, enriquecer la cultura civil de las ciudades griegas de la antigüedad, otro ejemplo claro de esto lo encontramos con el mismo Sócrates, personaje griego que, aunque no fundó una escuela de filosofía como tal, ni escribió algún libro, su labor como pensador le abrió la puerta a otras grandes mentes como Platón, que posteriormente se convertiría en maestro de Aristóteles.
De hecho, su labor formando el pensamiento crítico de la juventud no solo fue revolucionario, sino que también fue controversial, a tal grado que fue acusado de despreciar a los dioses atenienses y de corromper a la juventud alejándolos de los principios de la democracia, posteriormente, y una vez que fue encontrado culpable, lo condenaron a muerte, no obstante, las herramientas que brindó a muchos de sus seguidores, permitieron a más generaciones hacer honor a su pensamiento, pero no solo eso, sino que el mismo, fue mejorado.
Este pequeño fragmento de la historia de la antigua Grecia nos recuerda, en primer lugar, que la formación y la guía ideológica que da forma al pensamiento político, es una de las vías más importantes que tenemos a nuestro alcance para preservar ideales y luchas, y en su defecto, perfeccionar, con el paso de los años los logros alcanzados anteriormente, en segundo lugar nos demuestra que si no actuamos en comunidad, y que si nuestro actuar no es impulsado debidamente por una colectividad correctamente alineada a principios, ideales y causas, nuestro accionar no podrá permear dentro de la sociedad.
Me atrevo a decir, que sin formación, no seríamos nada, pero ojo, cuando hablo de formación, no me refiero únicamente a la que nos proporcionan durante muchos años las instituciones educativas, o bien, a lo que nos dan nuestros padres en el hogar, sino que también, me refiero a otro tipo de formación de la que últimamente casi nadie habla y que actualmente, atraviesa una crisis enorme: la formación política que brinda, o bien, que deberían brindar los partidos políticos.
Aunque actualmente existen algunos partidos políticos que hasta el momento, pareciera que después del pasado proceso electoral, están entendiendo la importancia que juegan en la oferta política la presencia territorial, la operación política y la formación ideológica como elementos cuya implementación debe ser en conjunto, para así lograr consolidarse como una opción real entre el electorado, hay otros partidos que lamentablemente se han olvidado por completo de la importancia que tiene el aspecto formativo dentro de sus militantes y cuadros políticos.
Y pese a que esas importantes instituciones políticas, se niegan a ver la gravedad de este estancamiento formativo, puesto que viven refugiados en la ilusión de su relativa capacidad de operación territorial, la realidad es que esta crisis que poco a poco impacta en la narrativa, en la ideología y en la comunicación de los actores de cada partido, terminará repercutiendo en la ya escueta y obsoleta estructura de operación territorial con la que cuentan, dicho en otras palabras, si no hay nada que comunicar, si no hay una serie de ideales que promover, y el trabajo se limita únicamente a realizar una remembranza de lo que se logró en el pasado, y a promover un burdo: ‘’ahorita estás mal, pero conmigo, chance estarías medio bien’’, entonces ¿cuál es el objetivo de estar en las calles con la gente?.
La formación, al igual que en la antigua Grecia, es una guía, y tal y como lo hizo Sócrates, a través de ella, no solo aprendemos a pensar, sino que al mismo tiempo, desarrollamos el importantísimo criterio que nos permite, a largo plazo, definir y defender posturas, y desarrollar una narrativa en la que nuestros iguales puedan encontrar un espacio de representación y de opinión capaz de materializar sus anhelos y los de su comunidad.
Ciertamente, cuando hablamos de la decadencia de los partidos políticos y de la clase política en México, podemos atribuirle a esto muchos factores como la corrupción y la incompetencia, pero sin lugar a dudas, no podemos ignorar que una de las principales razones por las que es cada vez más frecuente ver dentro de los partidos a personas que ven en las instituciones un vehículo de enriquecimiento y bienestar personal, es en parte a la poca atención que se le han dado a los programas de acción y capacitación política.
No obstante, tal y como lo he señalado en más de una ocasión a través de este espacio, como jóvenes tenemos la obligación de transformar los espacios en los que tenemos la oportunidad de participar, y en ese orden de ideas, es necesario poner sobre la mesa de discusión de los partidos simples, pero importantes preguntas que nadie se ha detenido a reflexionar seriamente: como partido, ¿cuál es tu proyecto y qué persigues con él?.
Los partidos políticos deben retomar con seriedad los procesos de formación y capacitación pero esto es algo que se debe hacer con seriedad, y debe construirse alrededor de un pensamiento o un ideal contextualizado a la era que nos corresponde, y por otro lado, esta no debe limitarse únicamente a la visión política de una institución, ya que ese hermetismo ideológico terminará por cobrar una factura aún más cara.
Solamente, a través de programas de acción y capacitación política, los partidos tradicionales que hoy están en la cuerda floja, podrán hacerse un capital humano de ciudadanos capaces y comprometidos con un discurso y con una serie de ideales y valores, que les permita difundir una agenda social sin tibiezas, que apegada a los principios básicos de cada institución, brinde una oferta política sensata que justifique la presencia territorial y que aliente la operación política.
La formación racionaliza la organización y moderniza la acción.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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