OPINIÓN
La justicia en las regiones del Estado: Necesaria reingeniería de los partidos judiciales en Jalisco
Análisis del magistrado Luis Enrique Villanueva //
El fenómeno ampliamente estudiado y documentado de la concentración poblacional en zonas metropolitanas ha provocado en todo el mundo la búsqueda de alternativas para equilibrar la distribución conveniente de sus habitantes, en ese sentido, nuestra entidad diseñó en 1998 un esquema de Regionalización Administrativa que fue modificado en el año 2014 en una acertada estrategia para fomentar la promoción del desarrollo de polos regionales y al mismo tiempo provocar que su progreso inhiba la migración de la ciudadanía a los municipios circundantes a la capital.
Así, tenemos la región Norte que concentra diez municipios encabezados por Colotlán; la región Altos Norte agrupando 8 municipios en torno a Lagos de Moreno; la región Altos Sur que abarca 12 alrededor de Tepatitlán de Morelos; la Ciénega con 10 municipios con cabecera en Ocotlán; la región Sureste también con 10 municipios colindantes a Chapala; la región Sur con doce municipios y cabeza en Zapotlán el Grande; región Sierra de Amula con 14 municipios y sede en Autlán de Navarro; la región Costa Sur localizada alrededor de Cihuatlán y compuesta por 6 municipios; la región Costa Sierra Occidental con sede en Puerto Vallarta agrupada por 8 municipalidades; la región Valles con 12 municipios en torno a Ameca; la región Lagunas encabezada por Sayula y conformada por 12 municipios; y por último la región Centro ubicada en la zona metropolitana de Guadalajara e integrada por 12 municipios.
El crecimiento y distribución de la población jalisciense así como las mecánicas socioeconómicas, productivas y las costumbres y características propias de cada una de las 12 regiones que integran nuestra entidad, hacen necesaria la descentralización estratégica de los servicios del estado para acercarlos a sus zonas de interacción.
Acercar a las regiones todas las herramientas como educación, salud, infraestructura y servicios que usualmente se encuentran centralizados, favorece indudablemente el arraigo de las familias, permite un mejor aprovechamiento de sus recursos naturales y motiva el ejercicio del gasto económico en su propio beneficio.
Una relación armónica de los poderes del Estado así como con las instituciones sociales y los distintos niveles de gobierno, propicia las mejores condiciones para el desarrollo y progreso de las regiones en beneficio de toda la entidad, porque al final de cuentas, una adecuada distribución de condiciones y oportunidades de crecimiento favorece directa o indirectamente a todos los jaliscienses.
La administración de justicia como servicio público del estado, no puede ni debe permanecer ajena a este tipo de proyectos de regionalización porque además forma parte de su marco normativo que establece como premisas fundamentales la equidad, la congruencia y la oportunidad.
Las características y la situación de la justicia en Jalisco hacen necesaria una nueva redistritación y territorialidad de sus capacidades instaladas para que la administración de justicia sea pronta, expedita y completa, requisitos a que está obligado el Poder Judicial no sólo para satisfacer las actuales necesidades sociales sino también para prevenir su atención conforme a las proyecciones de crecimiento poblacional y demanda creciente del servicio público de justicia.
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN JALISCIENSE
De acuerdo con los datos aportados por el Censo Poblacional de 2015, Jalisco constituye la cuarta entidad con mayor índice de población en el país con un total de 7’844,830 habitantes, distribuidos en una superficie de 78,583 kilómetros cuadrados y una densidad demográfica de 99.8 habitantes por kilómetro cuadrado, solo superado por Veracruz, la Ciudad de México y el Estado de México.
El 40% de los habitantes jaliscienses se encuentran en el Área Metropolitana de Guadalajara que comprende para esos efectos a los municipios de Zapopan, Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.
Cuenta con 29 municipios que tienen una población menor a 6,000 habitantes; 43 con más de 6,000 y menos de 20,000 habitantes; 40 con más de 20,000 y menos de 70,000 habitantes; once con más de 70,000 y menos de un millón de habitantes (Arandas, El Salto, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta, Tala, Tepatitlán de Morelos, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque y Tonalá) y dos más que superan esta cifra: Zapopan con 1,332,272 y Guadalajara con 1,470,148.
Del simple análisis de la distribución poblacional del estado, se aprecia la dificultad que representa acercar los servicios públicos de justicia, a lo que se suma la escases de recursos y la imposibilidad presupuestal para instalar un Juzgado en cada uno de los 125 municipios que componen la entidad y salas regionales de segunda instancia.
LOS PRIMEROS PARTIDOS JUDICIALES
Con la vigencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1936, se actualizó la figura de los denominados Partidos Judiciales para organizar territorialmente la administración de la justicia en Jalisco, prevista en la Constitución del Estado y en la anterior Ley Orgánica de 1917.
Inicialmente fueron 24 Partidos Judiciales, en la actualidad totalizan 32 regionalizando la competencia de los Jueces de Primera Instancia, Especializados, los Menores y los de Paz.
Con la implementación en Jalisco de la reforma constitucional de 2008, que puso en marcha el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial, se creó en consecuencia una nueva forma de división territorial a partir de la figura de los Distritos Judiciales, por lo cual, entre los meses de octubre de 2014 y febrero de 2016, se llevó a cabo, gradualmente, la regionalización de los doce Distritos que reagruparon la competencia de las autoridades que integraban el sistema de justicia penal en el nuevo sistema, quedando comprendidos los 32 Partidos Judiciales en alguno de esos doce Distritos para lo que se consideró la densidad demográfica, las averiguaciones previas, los procesos penales vigentes, así como la infraestructura carretera y el acceso rápido de las cabeceras municipales de cada partido, resultando en consecuencia la actual división territorial para la puesta en marcha del sistema penal acusatorio.
Paralelamente, la división territorial de nuestra entidad para definir la competencia espacial de los juzgados distintos a los de materia penal, conservó el sistema de partidos Judiciales que, tras sucesivas reformas, existen actualmente en número de treinta y dos, provocando no solo una enorme confusión y gastos por traslado entre los usuarios y litigantes, sino una inadecuada distribución de las cargas de trabajo en los juzgados.
Distribución la actual que requiere además prepararse para otra obligada redistritación ahora con motivo de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y la puesta en marcha de los juzgados laborales, así como los diferentes factores migratorios, turísticos y conexiones carreteras que desde luego han cambiado sustancialmente.
En ese mismo sentido, debe tomarse en cuenta que las facultades de los jueces menores, así como los de paz no son suficientes para dirimir controversias, por lo que en las condiciones legales en que se encuentran se equiparan apenas a figuras decorativas dentro del organigrama del poder Judicial, es decir, debido a las limitadas atribuciones que tienen estos funcionarios y a las deficientes condiciones en las que trabajan, los procesos de impartición de justicia a su cargo, propician el uso de un mayor tiempo del estipulado en los códigos en perjuicio de los justiciables.
No debe pasar desapercibida que la inequitativa distribución territorial de juzgados foráneos de primera instancia y la total inexistencia de salas de apelación en el interior del Estado, generan mayor inversión de tiempo para la resolución de los asuntos judiciales, puesto que la carga laboral de unos es mayor a la de otros, propiciando cargas excesivas de trabajo a ciertos juzgados, siendo ese uno de los motivos por los cuales los jueces del fuero común en Jalisco, se encuentran por arriba de la media nacional en el conocimiento y resolución de expedientes.
Es por lo anterior que para el Modelo de Gobernanza Judicial se hace necesaria una reingeniería en los partidos judiciales que concilie su distribución con la de los Distritos Judiciales penales, que considere también la ubicación física, la extensión territorial, la población por municipio, su densidad demográfica, la importancia estratégica y la carga laboral que cada juzgado debe atender, además de la distribución por regiones elaborada y puesta en marcha por el poder Ejecutivo.
RETOS Y OPORTUNIDADES
Sin embargo, como elemento esencial de la gobernanza, se estima que debe promoverse el rediseño de la distribución de Juzgados y Tribunales propuesto, mediante foros abiertos a la participación de usuarios, barras y colegios de abogados, universidades públicas y privadas, autoridades municipales y estatales y desde luego a los propios Juzgadores, a fin de coincidir en un gran plan estratégico para la nueva distritación de los partidos judiciales del Estado de Jalisco para hacerlos más eficientes atendiendo las necesidades de los jaliscienses.
Un plan estratégico que incorpore los procesos emergentes venideros de muy diversa índole, que sea capaz de identificar, diseñar e implementar cambios profundos en la estructura judicial de la entidad, enmarcado en los procesos de globalización económica, la nueva división internacional del trabajo, la sociedad del conocimiento y la cuarta revolución tecnocientífica. Un plan con rigurosos indicadores de desempeño, que permita potenciar las ventajas y aminorar las desventajas de la nueva división territorial, administrativa y jurisdiccional, que pueda ser analizada, evaluada y replanteada en su caso, en razón de las demandas emergentes de carácter económico, político, social y cultural, generando con todo ello un círculo virtuoso en un eficiente modelo de Gobernanza Judicial.
Una consecuencia directa e inmediata de la implementación del plan tendrá que ver con la existencia de un sistema de recursos humanos, financieros y materiales suficientes, oportunos, transparentes, de alta calidad y amplia cobertura, por lo que se deberá contar con una adecuada planeación del presupuesto para aprovechar los recursos y dirigirlos a la mejora de la distritación, infraestructura mobiliaria y tecnológica y a la capacitación en beneficio de la mejora del sistema judicial en general.
Por vía de ejemplo, deberá revisarse la pertinencia de crear salas regionales unitarias, cuando menos en los distritos cuya población excede los setenta mil habitantes, entre otros criterios que en forma similar deberán normarse para la creación de nuevos Juzgados de primera instancia.
Otro asunto crucial tendrá que ver con la armonización legislativa que incluya fortalecer las figuras de los jueces perfeccionando los perfiles de elegibilidad, procedimientos de ingreso y promoción, así como las reglas de competencia para que los jueces de menores y de paz puedan dirimir un mayor número de controversias.
Deberá conformarse un Comité Interinstitucional como autoridad competente para definir las políticas y criterios de la redistritación de partidos judiciales, en el cual participen cuando menos el Presidente del Poder Judicial, un Magistrado y un Consejero electos por los respectivos plenos, además de tres representantes de los colegios y barras de abogados formalmente constituidos en el Estado, tres representantes de Instituciones de Educación Superior en la Entidad, tres representantes de organismos empresariales, tres representantes de la sociedad civil organizada y un Presidente municipal designado por cada uno de los Distritos Judiciales. El trabajo de todos será honorífico.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
No se desconoce que existen problemas importantes que enfrentar para lograr los cambios profundos en la distribución de la estructura judicial, por un lado, el acelerado incremento de sectores de la población en condiciones de pobreza alimentaria, patrimonial y de capacidades; la crisis de inseguridad y la presencia del crimen organizado en importantes regiones que impide incluso la definición y ejecución de políticas públicas; la incapacidad institucional para combatir la corrupción y la impunidad; así como la insuficiencia de recursos humanos, materiales y financieros para asegurar una impartición de justicia expedita, imparcial y gratuita, sin embargo, como ya se ha demostrado en otras ocasiones, la participación solidaria de la sociedad organizada en los asuntos de gobierno y la coordinación entre poderes e instituciones públicas ha permitido remontar dificultades mayores, de ahí que la activa, real y efectiva incorporación de la ciudadanía en las tareas judiciales, sea columna central del modelo de Gobernanza Judicial que se propone.
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Lo que antes se murmuraba en voz baja, hoy resuena en los pasillos de Morena: una fractura interna que enfrenta a los seguidores de la presidenta Claudia Sheinbaum con los leales al exmandatario Andrés Manuel López Obrador, liderados por su hijo, Andrés López Beltrán.
El epicentro de esta pugna se encuentra en la dirigencia del partido, donde la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, y el secretario de organización, Andrés López Beltrán, protagonizan un choque que refleja tensiones más profundas.
Un episodio que ha avivado el fuego es el reciente viaje de López Beltrán a Japón, un hecho que ha desatado críticas por contradecir el discurso de «austeridad republicana» que su padre predicó incansablemente, citando a Juárez como estandarte.
Este escándalo pone en evidencia las dificultades de mantener la congruencia entre los ideales de la Cuarta Transformación (4T) y las acciones de sus líderes. El momento es definitorio tanto para el movimiento como para el gobierno.
Desde su toma de posesión, Claudia Sheinbaum ha enfrentado el desafío de consolidar su liderazgo en un escenario donde su antecesor dejó estratégicamente colocados a incondicionales, con la aparente intención de mantener influencia.
Sin embargo, el poder no admite reparticiones, y la presidenta ha comenzado a mover sus piezas para gobernar con autonomía, buscando desmantelar las barreras que limitan su autoridad.
En este contexto, Luisa María Alcalde emerge como una figura clave. Su decisión de alinearse con Sheinbaum marca un punto de inflexión en Morena. Alcalde, una de las figuras más sólidas de la 4T, cuenta con una trayectoria impecable: desde su liderazgo juvenil en el movimiento hasta su paso por la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Gobernación y ahora la presidencia de Morena.
Su incorporación al círculo cercano de Sheinbaum es, sin duda, un acierto estratégico, comparable a un «fichaje estelar» en términos futbolísticos. Su misión inmediata será limitar la influencia de López Beltrán en la estructura partidista, un reto que pondrá a prueba su habilidad política.
Otro movimiento significativo se dio en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), donde Omar Reyes Colmenares, hombre de confianza de Omar García Harfuch, reemplazó a Pablo Gómez, un histórico líder de la izquierda mexicana. Gómez, ahora encargado de coordinar la reforma electoral por instrucción de Sheinbaum, deja un puesto clave en la lucha contra el lavado de dinero.
Este cambio ha generado especulaciones sobre posibles acuerdos con el gobierno estadounidense en materia de seguridad, dado el papel crucial de la UIF en el seguimiento de flujos financieros ilícitos provenientes del narcotráfico, el huachicoleo de combustible y el fraude fiscal transfronterizo.
En el ámbito legislativo, el panorama es más complejo. La influencia de López Obrador persiste a través de figuras como Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal, ambos leales al expresidente.
Sheinbaum, visiblemente incómoda con esta dinámica, enfrenta el desafío de reconfigurar estos espacios para alinearlos con su visión de gobierno, una tarea que se antoja ardua. Lo que estamos presenciando es una lucha por el poder en el corazón de la 4T: una presidenta que busca consolidar su liderazgo y un expresidente que, desde las sombras, parece resistirse a ceder el control.
El desenlace de este enfrentamiento definirá el rumbo de Morena y del país en los próximos años. Pronto veremos quién prevalece en este juego de estrategias y lealtades.
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La vida pende de un hilo tan delicado que, en un instante, puede romperse. Hoy compartimos risas, palabras y momentos con seres queridos; mañana, esos instantes podrían ser el último eco de nuestra existencia.
La muerte, impredecible y silenciosa, no avisa, como nos lo recordó la trágica pérdida de Carlos Ramírez Powell, politólogo y colaborador de Conciencia Pública, quien falleció en un accidente de bicicleta. Su partida abrupta nos confronta con la fragilidad de la vida y el valor de cada instante.
Conciencia Pública ha vivido dos épocas, la primera de ellas de 1987 a 1995, fueron poco más de 300 ediciones, iniciando publicación mensual y al poco tiempo se convirtió en semanario. Y la segunda época a partir del 2009 hasta hoy, con la presente edición, son 801 ediciones, entre los dos tiempos suman más de 1,100 ediciones.
Esto viene a colación a propósito de cómo llegó Carlos Ramírez Powell a las páginas de Conciencia y la amistad que entre ambos iniciaría y que trascendería en el tiempo, formando parte de estas dos épocas de nuestro semanario.
DANIEL CAMACHO Y LA ÚLTIMA PIEDRA
Quiero recordar que a Carlos lo conocí gracias a Daniel Camacho, quien hizo sus primeros trotes en el mundo del periodismo desde las páginas de Conciencia y hoy estelar cartonista de Reforma.
El pasado sábado, temprano y muy conmocionado Daniel me mandó un mensaje para recordarme aquel episodio de cómo Carlos llegó a Conciencia para escribir cada semana su artículo que publicamos y que llevó por nombre “La última piedra”. Así lo platica: “Recuerdo que estábamos Carlos y yo en un cafecito de Av. La Paz y le dije ponle nombre a la columna. Y me respondió algo así como “ha chirrión…pues como decía Jesús el que esté libre de culpa que aviente la primera piedra, pregúntale a Gabriel si le puedo poner “la última piedra”. Esto es expresión de la chispa y profundidad que distinguió a Carlos.
Así fue. Y así se mantuvo hasta el cierre de Conciencia Pública de su primera etapa, cuando nos agarró fuera de base la devaluación del 95, producto del error de diciembre de Zedillo y Jaime Serra Puche.
Camacho, joven inquieto en aquella época, estudiante de derecho, abrió las páginas de Conciencia Pública para jóvenes talentosos que soñaban con trascender en el mundo de la política y poder plasmar aquí sus inquietudes en el tránsito por encontrar su vocación. Por citar algunos casos, así llegaron Alberto Uribe y Rogelio Campos, que luego darían el paso a la administración pública y al complejo mundo de la política.
Daniel llegó a cultivar una relación estrecha con Carlos Ramírez, que la mantuvo a pesar de la distancia y de cambiar su residencia de Guadalajara por la Ciudad de México donde se ha movido como pez en el agua en el mundo de los intelectuales, su mundo, donde consolidó su vocación.
Carlos también formó parte de la segunda etapa de Conciencia a partir de abril del 2009. Se integró al proyecto como integrante del Consejo Editorial y lo hizo con esa generosidad que lo distinguía para volver a publicar “La última piedra”, analizando temas de geopolítica, la problemática del petróleo, advirtiendo que México se convertiría de productor a importador de petróleo.
En una entrevista que aquí publicamos, expresó: “La exportación termina durante este sexenio y el dinero fue mal empleado, no se invirtió en transporte masivo: todo para el automóvil. El modelo de movilidad con base en el automóvil agoniza y México no ha comenzado siquiera a pensar en qué es lo que lo van a sustituir”.
LAS LUCES DE CARLOS
En el periodismo, caminamos con paso firme, sorteando obstáculos para informar, analizar y dar voz a la realidad. Carlos, con su pluma aguda y su mirada crítica, fue un ejemplo de esa vocación. Sus colaboraciones en Conciencia Pública dejaron una huella imborrable, con análisis que iluminaban las complejidades del entorno político y social de Jalisco y México.
Su trabajo, siempre riguroso, reflejaba un compromiso con la verdad y la reflexión profunda, una pasión que compartía con quienes, como él, han hecho de esta revista un espacio de pensamiento crítico.
El lunes pasado celebramos la edición 800 de Conciencia Pública, un hito que reúne las voces de quienes, como Carlos, han plasmado su visión del mundo en estas páginas. Cada artículo, entrevista y análisis es un testimonio de la lucha por comprender y transformar la realidad, aun sabiendo que nuestro tiempo es limitado.
La muerte de Carlos nos recuerda que, en este oficio, cada palabra cuenta, cada idea es un legado. No sabemos cuándo llegará nuestro final, pero sí podemos decidir cómo vivir cada día: con propósito, con valentía, como él lo hizo.
Su ausencia duele, pero su vida nos inspira. En este frágil sendero entre la vida y la muerte, su “Última Piedra” sigue resonando, recordándonos que el periodismo, como la vida, es un acto de resistencia y creación. Honramos su memoria reafirmando nuestro compromiso con un periodismo que ilumina, como él lo hizo, en línea con los valores de verdad.
-Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Hay historias que condensan en un solo expediente toda la descomposición de un sistema. El caso de Israel Vallarta Cisneros es una de ellas. Después de casi veinte años de prisión, el 31 de julio de 2025 una jueza federal ordenó su liberación al concluir que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró comprobar las acusaciones.
Vallarta había sido acusado de liderar la banda de secuestradores “Los Zodiaco”, pero lo que en realidad evidenció su expediente fue el uso sistemático del montaje mediático, la tortura y las violaciones al debido proceso como herramientas de control político.
El calvario comenzó el 9 de diciembre de 2005, cuando Vallarta y su entonces pareja, Florence Cassez, fueron detenidos en el rancho “Las Chinatas” en Tlalpan, Ciudad de México. La Agencia Federal de Investigación (AFI), bajo el mando de Genaro García Luna, montó una recreación del operativo ante las cámaras de televisión. Tres víctimas de secuestro fueron “rescatadas” frente a los reflectores, en un espectáculo cuidadosamente guionizado que fue presentado como prueba de eficacia policial.
El 10 de febrero de 2006, García Luna reconoció que la detención y el rescate habían sido montados. Pero para entonces el daño ya estaba hecho. Francia protestó por el trato a Cassez, su ciudadana, y tras años de litigio la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su liberación en enero de 2013, al considerar que su proceso estaba viciado de origen. Vallarta, en cambio, quedó hundido en la maquinaria judicial.
Durante años, Vallarta denunció torturas para arrancarle confesiones y la fabricación de pruebas. La reciente sentencia de la jueza Mariana Vieyra Valdés, Tercera de Distrito en Materia Penal del Estado de México, le dio la razón: el montaje televisivo y las violaciones al debido proceso invalidaron las pruebas en su contra. Vieyra anuló los testimonios de las víctimas, obtenidos bajo coacción, así como el parte informativo de la captura, las diligencias de reconocimiento en cámara Gesell y la confesión ministerial rendida bajo tortura en 2005. Incluso desechó las declaraciones de David Orozco Hernández “El Géminis” y Dither Camarillo Palafox “Tauro”, quienes confesaron ser miembros de “Los Zodiaco” pero no ratificaron sus dichos ante el juez.
El fallo es contundente: “Se advirtió un efecto corruptor en el proceso derivado de la escenificación ajena a la realidad, que violentó los derechos de los inculpados y de las víctimas”. Vieyra recordó que el montaje fue auspiciado por medios de comunicación nacionales e internacionales, lo que contaminó el proceso de manera irreversible.
Pero mientras Vallarta pasaba casi dos décadas en prisión, los responsables directos de esas ilegalidades siguieron escalando posiciones o disfrutando de la impunidad. Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de García Luna, y Francisco Javier Garza Palacios, ambos exdirectores de la AFI, fueron señalados por Vallarta como los principales responsables de su calvario. También Jorge Rosas García, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la SEIDO, y el exprocurador general Daniel Cabeza de Vaca. Algunos enfrentan procesos por otros delitos, pero ninguno ha rendido cuentas por el montaje que destruyó la vida de Vallarta.
Al salir del penal del Altiplano, Vallarta pidió perdón a las víctimas de los secuestros que se le atribuyeron. No por aceptar una culpa inexistente, sino porque entendía que ellas también fueron violentadas por la manipulación de las autoridades. “Las víctimas que son víctimas, porque hay algunas que no lo son, que se sientan lastimadas y agredidas, yo les ofrezco una disculpa, no por mí, sino por las acciones de los malos policías, que por sacar un trabajo que no hicieron, utilizaron las mentiras”, dijo.
Aseguró que no se esconderá ni abandonará el país. También adelantó que analiza interponer una demanda contra el Estado mexicano por los daños ocasionados por casi veinte años de prisión. “Si prospera la de tortura, pues le van a dar de 3 a 4 años a Cárdenas Palomino; yo estuve 20, ¿cómo que no es válida la balanza, ¿no?”, cuestionó. Vallarta lo tiene claro: su caso no es un triunfo, es apenas el reconocimiento tardío de una injusticia monumental.
El caso Vallarta es más que un expediente judicial: es la radiografía de un sistema que privilegia la narrativa sobre la verdad. En mayo de 2024, tras 18 años, se cerró la instrucción del juicio, y en julio la FGR pidió 430 años de prisión por delincuencia organizada, secuestro y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.
La cifra era tan absurda como simbólica: una condena ejemplar para encubrir el fracaso institucional. Pero el castillo de naipes se derrumbó: la jueza concluyó que las pruebas eran insostenibles y absolvió a Vallarta.
El contraste con el caso Cassez es brutal. La Suprema Corte la liberó en 2013 por las mismas irregularidades, pero dejó a Vallarta en prisión. La diferencia era política y mediática: Francia presionó por su ciudadana; Vallarta era mexicano y pobre. La doble moral del Estado quedó exhibida.
El propio presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a anticipar en 2021 que Gobernación podría solicitar la liberación de Vallarta si encontraba elementos suficientes. La Secretaría de Gobernación, entonces encabezada por Olga Sánchez Cordero, anunció en 2019 que revisaría el caso. Pero pasaron seis años más antes de que un tribunal actuara.
La liberación de Vallarta no repara el daño, pero deja varias lecciones. La primera: el montaje mediático como herramienta de control sigue vigente. La segunda: las instituciones mexicanas, incluidas la FGR y el Poder Judicial, operan más como engranajes de simulación que como garantes de justicia. La tercera: mientras no haya consecuencias para los funcionarios que fabrican culpables, la historia se repetirá.
El caso Vallarta debe ser un parteaguas, pero el pesimismo es inevitable. La FGR ya ha demostrado que prefiere salvar la cara antes que reconocer errores. Los políticos, de cualquier partido, siguen usando la seguridad pública como espectáculo. Y los medios que transmitieron el montaje en 2005 apenas si han hecho un mea culpa.
El sistema judicial mexicano está enfermo, y el expediente Vallarta es su radiografía más cruel: un hombre destruido, víctimas revictimizadas, instituciones deslegitimadas. Nada de esto es nuevo. Lo grave es que todo sigue igual.
La pregunta incómoda es cuántos Vallarta más existen en prisión, sin cámaras ni embajadas que exijan su liberación. Y lo peor: a quién le importa. Porque en un país donde el espectáculo sustituye a la ley, la justicia no llega. Se administra, se negocia o, en el mejor de los casos, se concede como una gracia tardía.
En X @DEPACHECOS
“Fer: Vida y Legado”, el documental que transforma el dolor en memoria viva
Ofrece Quirino casas abandonadas al 20% del valor de una casa nueva
Nuevo hospital del ISSSTE en Tlajomulco atenderá a pacientes de Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán y Zacatecas
Se enfrentan en redes sociales el hijo de Felipe Calderón y los de AMLO
