OPINIÓN
La justicia en las regiones del Estado: Necesaria reingeniería de los partidos judiciales en Jalisco
Análisis del magistrado Luis Enrique Villanueva //
El fenómeno ampliamente estudiado y documentado de la concentración poblacional en zonas metropolitanas ha provocado en todo el mundo la búsqueda de alternativas para equilibrar la distribución conveniente de sus habitantes, en ese sentido, nuestra entidad diseñó en 1998 un esquema de Regionalización Administrativa que fue modificado en el año 2014 en una acertada estrategia para fomentar la promoción del desarrollo de polos regionales y al mismo tiempo provocar que su progreso inhiba la migración de la ciudadanía a los municipios circundantes a la capital.
Así, tenemos la región Norte que concentra diez municipios encabezados por Colotlán; la región Altos Norte agrupando 8 municipios en torno a Lagos de Moreno; la región Altos Sur que abarca 12 alrededor de Tepatitlán de Morelos; la Ciénega con 10 municipios con cabecera en Ocotlán; la región Sureste también con 10 municipios colindantes a Chapala; la región Sur con doce municipios y cabeza en Zapotlán el Grande; región Sierra de Amula con 14 municipios y sede en Autlán de Navarro; la región Costa Sur localizada alrededor de Cihuatlán y compuesta por 6 municipios; la región Costa Sierra Occidental con sede en Puerto Vallarta agrupada por 8 municipalidades; la región Valles con 12 municipios en torno a Ameca; la región Lagunas encabezada por Sayula y conformada por 12 municipios; y por último la región Centro ubicada en la zona metropolitana de Guadalajara e integrada por 12 municipios.
El crecimiento y distribución de la población jalisciense así como las mecánicas socioeconómicas, productivas y las costumbres y características propias de cada una de las 12 regiones que integran nuestra entidad, hacen necesaria la descentralización estratégica de los servicios del estado para acercarlos a sus zonas de interacción.
Acercar a las regiones todas las herramientas como educación, salud, infraestructura y servicios que usualmente se encuentran centralizados, favorece indudablemente el arraigo de las familias, permite un mejor aprovechamiento de sus recursos naturales y motiva el ejercicio del gasto económico en su propio beneficio.
Una relación armónica de los poderes del Estado así como con las instituciones sociales y los distintos niveles de gobierno, propicia las mejores condiciones para el desarrollo y progreso de las regiones en beneficio de toda la entidad, porque al final de cuentas, una adecuada distribución de condiciones y oportunidades de crecimiento favorece directa o indirectamente a todos los jaliscienses.
La administración de justicia como servicio público del estado, no puede ni debe permanecer ajena a este tipo de proyectos de regionalización porque además forma parte de su marco normativo que establece como premisas fundamentales la equidad, la congruencia y la oportunidad.
Las características y la situación de la justicia en Jalisco hacen necesaria una nueva redistritación y territorialidad de sus capacidades instaladas para que la administración de justicia sea pronta, expedita y completa, requisitos a que está obligado el Poder Judicial no sólo para satisfacer las actuales necesidades sociales sino también para prevenir su atención conforme a las proyecciones de crecimiento poblacional y demanda creciente del servicio público de justicia.
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN JALISCIENSE
De acuerdo con los datos aportados por el Censo Poblacional de 2015, Jalisco constituye la cuarta entidad con mayor índice de población en el país con un total de 7’844,830 habitantes, distribuidos en una superficie de 78,583 kilómetros cuadrados y una densidad demográfica de 99.8 habitantes por kilómetro cuadrado, solo superado por Veracruz, la Ciudad de México y el Estado de México.
El 40% de los habitantes jaliscienses se encuentran en el Área Metropolitana de Guadalajara que comprende para esos efectos a los municipios de Zapopan, Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.
Cuenta con 29 municipios que tienen una población menor a 6,000 habitantes; 43 con más de 6,000 y menos de 20,000 habitantes; 40 con más de 20,000 y menos de 70,000 habitantes; once con más de 70,000 y menos de un millón de habitantes (Arandas, El Salto, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta, Tala, Tepatitlán de Morelos, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque y Tonalá) y dos más que superan esta cifra: Zapopan con 1,332,272 y Guadalajara con 1,470,148.
Del simple análisis de la distribución poblacional del estado, se aprecia la dificultad que representa acercar los servicios públicos de justicia, a lo que se suma la escases de recursos y la imposibilidad presupuestal para instalar un Juzgado en cada uno de los 125 municipios que componen la entidad y salas regionales de segunda instancia.
LOS PRIMEROS PARTIDOS JUDICIALES
Con la vigencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1936, se actualizó la figura de los denominados Partidos Judiciales para organizar territorialmente la administración de la justicia en Jalisco, prevista en la Constitución del Estado y en la anterior Ley Orgánica de 1917.
Inicialmente fueron 24 Partidos Judiciales, en la actualidad totalizan 32 regionalizando la competencia de los Jueces de Primera Instancia, Especializados, los Menores y los de Paz.
Con la implementación en Jalisco de la reforma constitucional de 2008, que puso en marcha el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial, se creó en consecuencia una nueva forma de división territorial a partir de la figura de los Distritos Judiciales, por lo cual, entre los meses de octubre de 2014 y febrero de 2016, se llevó a cabo, gradualmente, la regionalización de los doce Distritos que reagruparon la competencia de las autoridades que integraban el sistema de justicia penal en el nuevo sistema, quedando comprendidos los 32 Partidos Judiciales en alguno de esos doce Distritos para lo que se consideró la densidad demográfica, las averiguaciones previas, los procesos penales vigentes, así como la infraestructura carretera y el acceso rápido de las cabeceras municipales de cada partido, resultando en consecuencia la actual división territorial para la puesta en marcha del sistema penal acusatorio.
Paralelamente, la división territorial de nuestra entidad para definir la competencia espacial de los juzgados distintos a los de materia penal, conservó el sistema de partidos Judiciales que, tras sucesivas reformas, existen actualmente en número de treinta y dos, provocando no solo una enorme confusión y gastos por traslado entre los usuarios y litigantes, sino una inadecuada distribución de las cargas de trabajo en los juzgados.
Distribución la actual que requiere además prepararse para otra obligada redistritación ahora con motivo de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y la puesta en marcha de los juzgados laborales, así como los diferentes factores migratorios, turísticos y conexiones carreteras que desde luego han cambiado sustancialmente.
En ese mismo sentido, debe tomarse en cuenta que las facultades de los jueces menores, así como los de paz no son suficientes para dirimir controversias, por lo que en las condiciones legales en que se encuentran se equiparan apenas a figuras decorativas dentro del organigrama del poder Judicial, es decir, debido a las limitadas atribuciones que tienen estos funcionarios y a las deficientes condiciones en las que trabajan, los procesos de impartición de justicia a su cargo, propician el uso de un mayor tiempo del estipulado en los códigos en perjuicio de los justiciables.
No debe pasar desapercibida que la inequitativa distribución territorial de juzgados foráneos de primera instancia y la total inexistencia de salas de apelación en el interior del Estado, generan mayor inversión de tiempo para la resolución de los asuntos judiciales, puesto que la carga laboral de unos es mayor a la de otros, propiciando cargas excesivas de trabajo a ciertos juzgados, siendo ese uno de los motivos por los cuales los jueces del fuero común en Jalisco, se encuentran por arriba de la media nacional en el conocimiento y resolución de expedientes.
Es por lo anterior que para el Modelo de Gobernanza Judicial se hace necesaria una reingeniería en los partidos judiciales que concilie su distribución con la de los Distritos Judiciales penales, que considere también la ubicación física, la extensión territorial, la población por municipio, su densidad demográfica, la importancia estratégica y la carga laboral que cada juzgado debe atender, además de la distribución por regiones elaborada y puesta en marcha por el poder Ejecutivo.
RETOS Y OPORTUNIDADES
Sin embargo, como elemento esencial de la gobernanza, se estima que debe promoverse el rediseño de la distribución de Juzgados y Tribunales propuesto, mediante foros abiertos a la participación de usuarios, barras y colegios de abogados, universidades públicas y privadas, autoridades municipales y estatales y desde luego a los propios Juzgadores, a fin de coincidir en un gran plan estratégico para la nueva distritación de los partidos judiciales del Estado de Jalisco para hacerlos más eficientes atendiendo las necesidades de los jaliscienses.
Un plan estratégico que incorpore los procesos emergentes venideros de muy diversa índole, que sea capaz de identificar, diseñar e implementar cambios profundos en la estructura judicial de la entidad, enmarcado en los procesos de globalización económica, la nueva división internacional del trabajo, la sociedad del conocimiento y la cuarta revolución tecnocientífica. Un plan con rigurosos indicadores de desempeño, que permita potenciar las ventajas y aminorar las desventajas de la nueva división territorial, administrativa y jurisdiccional, que pueda ser analizada, evaluada y replanteada en su caso, en razón de las demandas emergentes de carácter económico, político, social y cultural, generando con todo ello un círculo virtuoso en un eficiente modelo de Gobernanza Judicial.
Una consecuencia directa e inmediata de la implementación del plan tendrá que ver con la existencia de un sistema de recursos humanos, financieros y materiales suficientes, oportunos, transparentes, de alta calidad y amplia cobertura, por lo que se deberá contar con una adecuada planeación del presupuesto para aprovechar los recursos y dirigirlos a la mejora de la distritación, infraestructura mobiliaria y tecnológica y a la capacitación en beneficio de la mejora del sistema judicial en general.
Por vía de ejemplo, deberá revisarse la pertinencia de crear salas regionales unitarias, cuando menos en los distritos cuya población excede los setenta mil habitantes, entre otros criterios que en forma similar deberán normarse para la creación de nuevos Juzgados de primera instancia.
Otro asunto crucial tendrá que ver con la armonización legislativa que incluya fortalecer las figuras de los jueces perfeccionando los perfiles de elegibilidad, procedimientos de ingreso y promoción, así como las reglas de competencia para que los jueces de menores y de paz puedan dirimir un mayor número de controversias.
Deberá conformarse un Comité Interinstitucional como autoridad competente para definir las políticas y criterios de la redistritación de partidos judiciales, en el cual participen cuando menos el Presidente del Poder Judicial, un Magistrado y un Consejero electos por los respectivos plenos, además de tres representantes de los colegios y barras de abogados formalmente constituidos en el Estado, tres representantes de Instituciones de Educación Superior en la Entidad, tres representantes de organismos empresariales, tres representantes de la sociedad civil organizada y un Presidente municipal designado por cada uno de los Distritos Judiciales. El trabajo de todos será honorífico.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
No se desconoce que existen problemas importantes que enfrentar para lograr los cambios profundos en la distribución de la estructura judicial, por un lado, el acelerado incremento de sectores de la población en condiciones de pobreza alimentaria, patrimonial y de capacidades; la crisis de inseguridad y la presencia del crimen organizado en importantes regiones que impide incluso la definición y ejecución de políticas públicas; la incapacidad institucional para combatir la corrupción y la impunidad; así como la insuficiencia de recursos humanos, materiales y financieros para asegurar una impartición de justicia expedita, imparcial y gratuita, sin embargo, como ya se ha demostrado en otras ocasiones, la participación solidaria de la sociedad organizada en los asuntos de gobierno y la coordinación entre poderes e instituciones públicas ha permitido remontar dificultades mayores, de ahí que la activa, real y efectiva incorporación de la ciudadanía en las tareas judiciales, sea columna central del modelo de Gobernanza Judicial que se propone.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
– Crónica de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
La Universidad de Guadalajara, esa institución que presume de ser la “casa de la cultura” y el “espacio del pensamiento crítico”, se ha convertido principalmente los últimos días en escenario de lo que mejor ilustra su contradicción: los golpes sustituyendo a la palabra, la represión disfrazada de orden académico y la violencia encubierta tras comunicados oficiales firmados por nadie que se haga responsable… llenos de buenas intenciones sin nada de autocrítica.
Lo ocurrido en el CUCSH y en el CUCEI en estos días no es un accidente ni un exabrupto aislado: es la expresión de una estructura política enquistada que se resiste a morir.
Los funcionarios que deberían administrar aulas y presupuestos han terminado con las manos metidas en la gresca. No es metáfora: ahí están los videos donde José Antonio González Orozco, alias “Pepino”, antiguo operador de la FEU que ahora cobra como jefe del complejo deportivo, aparece repartiendo manotazos contra los estudiantes que exigían elecciones limpias. No fue diálogo, fue puño.
Y mientras tanto, la Rectoría General guarda silencio. Una omisión que grita más fuerte que cualquier consigna. Porque si los estudiantes pintan un muro, la indignación institucional es inmediata; pero si un funcionario golpea a los alumnos, la sanción se pierde en el laberinto del archivo muerto, asegurando las protecciones para quienes, en nombre de la “institución”, repartan golpes a los alumnos inconformes.
Encapuchados que lanzan mobiliario, vacían extintores y rodean a estudiantes en paro. Los testimonios y las imágenes difundidas no dejan lugar a dudas: la violencia tiene rostro, y varios de esos rostros se identifican con la vieja militancia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ese brazo corporativo que durante décadas ha operado como correa de control a favor del grupo universitario en el poder.
Pero también aparecen los rostros de grupos políticos externos que han participado en movimientos políticos universitarios sin llegar a ser de los “ungidos”, pero que, ahora apoyados por un personaje de la estructura universitaria, vuelven a buscar un lugar en el feudo.
Se habla de “diálogo” en los comunicados, pero en los pasillos los que dialogan son los puños. La contradicción es evidente: las autoridades centrales rechazan la violencia en boletines, pero sus hombres de confianza y familiares aparecen entre los agresores.
Lo que demandan los estudiantes no es menor: baños dignos, comedor subsidiado, protocolos contra acoso, contratación estable de docentes, transporte seguro, participación real en las decisiones universitarias. No son exigencias revolucionarias, son derechos elementales que cualquier institución pública debería garantizar sin necesidad de paros ni barricadas.
¡Ojo! La petición de tener un área para fumar mariguana es simplemente una charlotada que en ninguna circunstancia puede proceder; sean serios si quieren ser tomados en serio como disidencia.
Pero el punto neurálgico, el que prende las alarmas en los pasillos del poder, es la exigencia de cancelar las elecciones del Consejo General Universitario y limitar la intervención de la FEU. En otras palabras: quitarles el monopolio de la representación. Y eso, para los jefes y jefas universitarios, es inadmisible.
Mientras las pedradas y los empujones manchan el nombre de la UdeG, la rectora general Karla Planter ha optado por la estrategia del silencio. No se presenta a dialogar, no encabeza el proceso, no frena la violencia. Desde su llegada, “La Planter” solo ha servido como la imagen que asiste a reuniones y eventos sociales, pero, en todo este tiempo, usted no va a encontrar UNA situación en la que la primera mujer rectora de la UdeG hubiera destacado por su capacidad de decisión y liderazgo; lo peor, NINGUNO de su equipo ha ocupado el lugar de liderazgo y decisión que la UdeG requiere.
En esta ocasión, parece que la rectora espera que el tiempo, las fiestas patrias o el desgaste natural diluyan la protesta, si es por recomendación estratégica, queda claro que, ¡Su asesor le odia!
Lo extraño es que los choques más fuertes ocurrieron justo en los días en que Planter se ausentó, ¿casualidad o decisión de quien sabia no estaría disponible la rectora? Coincidencia que huele a cálculo: dejar que otros enciendan el fuego para luego presentarse como bombera institucional o la aparición de un “líder” que rescate la situación.
Mientras, el equipo de comunicación externo que apoya a los disidentes a manejado bien las notas en los principales medios de comunicación alertando a la ciudadanía de lo que pasa al interior de la Universidad a la que asisten sus hijos, generando buenas piezas de comunicación visual en redes con mensajes claros y específicos que pueden digerir e indignar los consumidores de TikTok, X, Facebook e Instagram. Logrando en días lo que el viejo sistema de comunicación universitario no ha podido lograr, UN mensaje que permee a nivel social, porque desde sus oficinas, los dirigentes universitarios repantigados creen que la gente común está esperando leer el más reciente comunicado pagado por los “abajo firmantes”, que servirá de indicación de lo que se debe creer y entender.
El saldo es claro: estudiantes golpeados, aulas cerradas, comunidades académicas divididas, puertas de ingreso soldadas y una autoridad que administra comunicados -Muy malitos, por cierto- mientras sus operadores administran golpes y porras —siempre los mismos rostros en escena desde hace años, por cierto—.
La Universidad de Guadalajara enfrenta un espejo incómodo: aquel en el que se refleja como un aparato político que prefiere la represión a la reforma, la simulación a la democracia y la obediencia ciega a la crítica estudiantil… Oiga, ¿ya se dio cuenta de que en toda esta rebatinga la FEU tampoco ha aparecido? Y no me refiero a otro comunicado anodino firmado por la “primera mujer presidenta de la FEU”, yo hablo de esa estructura política de estudiantes que defiendan sus procesos por democráticos y transparentes, y den la cara por sus líderes que saben que los representan.
¡Bueno! Hasta los centros universitarios tienen que ser defendidos por grupos externos porque los flamantes “rectores” carecen de equipo que les respalde. Lo bueno es que la disidencia avisa con tiempo sus manifestaciones; si atacaran al mismo tiempo, se quedarían con varios centros universitarios, pues los rectores no alcanzan a defender ni su oficina. ¿O será que las manifestaciones están muy bien ordenadas en tiempo y lugar desde dentro de la misma UdeG para propiciar la aparición de un “líder” solucionador?
Las siguientes semanas serán importantes en esta historia, porque lo que está en juego no es solo un proceso electoral universitario, sino la credibilidad de una institución que presume autonomía, pero se comporta como un feudo… Donde cada vez es más recurrente escuchar: ¡Qué falta nos hace Raúl!
En X @DEPACHECOS
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