OPINIÓN
La opacidad obstáculo para mejoramiento de la justicia: Vinculación y extensión para fomentar la cultura jurídica
Análisis del magistrado Luis Enrique Villanueva //
La opacidad en la que se ubica al Poder Judicial de Jalisco, encuentra su origen no solo en la ausencia de información respecto a sus formas de organización, administración de recursos y argumentos para la toma de decisiones, también es factor determinante que los tribunales que lo conforman poco o nada se interesen por acercar todo el contexto de la justicia a la ciudadanía desde sus muy diversos ángulos y menos aún muestran intención alguna por promover la cultura de la legalidad.
En efecto, basta adentrarse un poco en las estructuras organizacionales del Supremo Tribunal, el Consejo de la Judicatura y el Instituto de Justicia Alternativa para darse cuenta que existen direcciones administrativas duplicadas y hasta cuadruplicadas como las encargadas de capacitación que superan las cinco entre los tres órganos, pasando por las de contraloría y administración y sus órganos de comunicación y difusión, solo por señalar algunas.
Es cierto que presupuestalmente cada uno de los tres componentes por disposición constitucional son autónomos, esto es, que por su propia cuenta pueden disponer del destino y monto de sus recursos tanto para asegurar su operación ordinaria como para crear en su caso las dependencias administrativas que estime necesarias, sin embargo, desde siempre se ha considerado adecuado que ante la escasés de recursos deban coordinarse los esfuerzos para dar cumplimiento tanto a sus obligaciones como a las actividades comunes con menores inversiones de tiempo y dinero.
No obstante, en el Poder Judicial no se han emprendido tareas para compartir recursos humanos, materiales y económicos en un propósito común en actividades tan básicas y trascendentales como los es por ejemplo la capacitación y actualización del personal jurisdiccional, al que se le han destinado suficientes plazas y estructuras y si bien tienen sus programas cada uno de los tribunales, es evidente que mediante los correspondientes convenios y acuerdos los resultados se multiplicarían en beneficio no solo institucional sino los operadores del derecho y la sociedad en general, más aún en esta nueva realidad que vivimos donde las tecnologías de la información permiten superar las barreras de la distancia y los topes en los cupos de los espacios físicos.
Ahora bien, si al interior del Poder Judicial no se ha dado una adecuada vinculación, menos aún puede hablarse de acercamientos con otras instituciones públicas relacionadas tanto de nivel federal, estatal o municipal, ni con otros poderes u órganos autónomos, universidades públicas o privadas, organizaciones empresariales o instituciones militares incluso, como una política estratégica del Poder Judicial, por el contrario hay escasas, tímidas y aisladas aproximaciones que solo exhiben la ausencia de interés y confianza en esa ruta de colaboración.
Los convenios del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco que publica en su página oficial son los siguientes: Convenio Específico de Colaboración, Interinstitucional en Materia Académica entre el Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral, todos del Estado de Jalisco; Convenio de colaboración con la Fiscalía, Instituto Jalisciense de las Mujeres y DIF Jalisco; Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional con el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y Tribunal Electoral; Convenio de colaboración con la Fiscalía del Estado de Jalisco y el Instituto Jalisciense de las Mujeres, Instituto Jalisciense de las Mujeres y DIF Jalisco; Convenio de colaboración, por parte del Gobierno del Estado de Jalisco, el Poder Judicial del Estado de Jalisco, la Fiscalía Estatal, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y la Comisión Transitoria de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial; Convenio de Colaboración Académica con la Universidad Enrique Díaz de León; Convenio Específico en Materia de Prácticas Profesionales y Servicios Social con la Universidad Enrique Díaz de León.
Mientras que los convenios de colaboración del Consejo de la Judicatura consultables son para Prácticas profesionales con el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) y el Centro Universitario del Norte (Cu Norte) UDEG; específicos de colaboración con el Congreso del Estado de Jalisco LX; convenios Académicos, científicos y culturales con la Universidad Cuauhtémoc A.C. y el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco A.C.
Mención especial amerita el Instituto de Justicia Alternativa quien con más de 60 convenios en diversas y variadas materias como académicas, de colaboración científicas y culturales, lleva una considerable ventaja en relación a Supremo Tribunal y el Consejo de la Judicatura, sin embargo también es necesario precisar que esa es una función natural y fundamental en el objeto de su creación.
En este contexto me parece importante recalcar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene 740 convenios celebrados mientras que el Poder Judicial del Estado cuenta con 79 entre el Supremo Tribunal, el Consejo de la Judicatura y el Instituto de Justicia Alternativa.
Es evidente entonces que el acercamiento institucional y la colaboración con otros entes no es una fortaleza de los órganos integrantes del Poder Judicial no obstante que ya en diversas ocasiones le han dejado beneficios en su operación de lo que se destaca el Convenio con la Universidad Autónoma de Nuevo León que desde hace más de diez años ha impartido Doctorados a jueces y magistrados, logrando que Jalisco sea uno de las entidades en cuyos órganos de gobierno judicial cuenten con integrantes de muy alto nivel académico; o los convenios que ha celebrado con los sistemas DIF municipales y estatales que en su momento le permitieron conceder el beneficio de guardería para hijos pequeños de empleadas judiciales; o los celebrados en su tiempo con los Poderes Judiciales de Oaxaca, Nuevo León y el Estado de México que permitieron anticipar sus experiencias en justicia oral y métodos alternos en los que eran pioneros antes de su vigencia en Jalisco, solo por mencionar algunos.
Es verdad que dadas las decisiones tomadas recientemente por el Ejecutivo Federal convalidadas por el legislativo en torno a la desaparición de fideicomisos y otros fondos de financiamiento institucional, dificultarán acceder a esos beneficios en favor de los órganos del Poder Judicial de Jalisco, pero también es certero que las distintas secretarías federales aún sostienen programas específicos por concurso a los que se pude acudir presentando sólidos y bien armados proyectos prioritarios, por tanto, sigue siendo necesario tener acercamientos con esas instancias así como con las correspondientes estatales como la Secretaría de Innovación que pudiera estar en posibilidad de facilitar sus redes y estructuras para comunicar los juzgados ubicados al interior de la entidad u otras secretarías con la implementación de la firma electrónica judicial aprovechando su experiencia y calidad.
Por otra parte, ni duda cabe que las instituciones pares del Poder Judicial en otros estados, deben ser la principal referencia para la firma de convenios de colaboración sea por conducto de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores del País o en acercamientos directos con los propios tribunales vecinos o de entidades que guarden similitudes con el tamaño, población o capacidades con Jalisco, especialmente en temas de infraestructura tecnológica con aquellos que ya van muy avanzados en digitalizar el servicio de justicia como Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Nuevo león, Puebla, Tamaulipas y Veracruz que son los que según el más reciente informe de Transparencia Mexicana permiten el seguimiento completo de los asuntos a través del juicio en línea.
Desde luego que las limitaciones presupuestales para el próximo año ya anunciadas por la federación y el ejecutivo jalisciense, obligan a buscar soluciones prácticas y viables, por lo que una ruta inmediata y probada sería celebrar convenios con los poderes judiciales antes descritos para que gradualmente compartan sus softwares y plataformas de registro y control en tramites digitales para la recepción y trámite de demandas; recepción de promociones no iniciales, consulta de acuerdos, notificaciones; desahogo de audiencias o tribunales electrónicos, por mencionar algunos.
También los empresarios organizados han manifestado interés en compartir sus capacidades instaladas para el desarrollo de aplicativos para la justicia que deben ser aprovechados y potencializados ante la escasés de recursos ya anunciada, firmando los correspondientes convenios para compartir conocimientos en aras de fortalecer la estructura judicial.
Es claro entonces que la vinculación de las instituciones judiciales con las organizaciones de la sociedad, es y será de vital importancia para su adecuado desarrollo.
Y es que por definición, la vinculación es la relación, asociación o la unión de dos personas o cosas que comparten algún tipo de nexo o un elemento en común (Merino, 2010).
Por lo que al hablar de vinculación y extensión dentro del Poder Judicial del Estado de Jalisco se debe hacer referencia al contacto que esta dependencia tiene con otros sectores de la sociedad e instituciones gubernamentales, para así no solo estar en posibilidad de recibir apoyos y compartir aplicativos sino también para difundir y complementar las actividades jurisdiccionales y no jurisdiccionales del Poder Judicial.
Porque uno de los aspectos más importantes que se deben tomar en cuenta en los órganos impartidores de justicia, es la necesidad práctica de generar cultura jurídica en la ciudadanía, de forma tal que la cultura de la legalidad se vuelva una realidad, no solo para que pueden saber y reclamar sus derechos sino para que se propicie el respeto de los derechos de los demás y se pondere la trascendencia de la justicia en una sociedad como la nuestra, por ello es deber obligado de quienes están al frente de las instituciones, buscar vincularse con los entes nacionales, locales e internacionales, con la finalidad de generar espacios de inclusión para toda la sociedad mexicana.
Es prioritario entonces generar una cultura jurídica en la sociedad, toda vez que actualmente no se cuenta con una estructura de vinculación amplia que permita la difusión correcta de las actividades que se realizan en el Poder Judicial del Estado de Jalisco, lo que conlleva a una percepción de opacidad justificada pero más grave aún es que propicia que los gobernados no tengan confianza en sus instituciones judiciales.
La vinculación y extensión determinarán el nivel y los alcances que en la administración e impartición de justicia podrán o no tener debido a la amplitud y solidez que logren alcanzar las redes institucionales que el Poder Judicial de Jalisco logre establecer, fortalecer y en su caso consolidar con las autoridades que en los tres órdenes de gobierno sean responsables de las funciones legislativa, administrativa y jurisdiccional, en territorio nacional, así como en el extranjero.
En la agenda de vinculación y extensión será fundamental el número y la calidad de los programas conjuntos que los tribunales de Jalisco desarrollen con el sector empresarial, las instituciones académicas, los organismos no gubernamentales y demás actores involucrados en la implementación del Modelo de Gobernanza Judicial que se propone en cada uno de sus ejes rectores.
Por lo anterior será de vital importancia instrumentar coordinadamente la asignación a una dependencia específica ya creada, las tareas de realizar profesional y sistemáticamente la vinculación y extensión del Poder Judicial, así como alimentar los diagnósticos, las estadísticas y las estrategias de difusión institucional que permitan generar una cultura jurídica para la participación ciudadana ante la nueva realidad que los retos de la sociedad global demandan a jueces, magistrados y mediadores, mediante una ruta de estrategia para la celebración de nuevos convenios que ayuden al fortalecimiento del Poder Judicial y su imagen pública.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
– Crónica de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
La Universidad de Guadalajara, esa institución que presume de ser la “casa de la cultura” y el “espacio del pensamiento crítico”, se ha convertido principalmente los últimos días en escenario de lo que mejor ilustra su contradicción: los golpes sustituyendo a la palabra, la represión disfrazada de orden académico y la violencia encubierta tras comunicados oficiales firmados por nadie que se haga responsable… llenos de buenas intenciones sin nada de autocrítica.
Lo ocurrido en el CUCSH y en el CUCEI en estos días no es un accidente ni un exabrupto aislado: es la expresión de una estructura política enquistada que se resiste a morir.
Los funcionarios que deberían administrar aulas y presupuestos han terminado con las manos metidas en la gresca. No es metáfora: ahí están los videos donde José Antonio González Orozco, alias “Pepino”, antiguo operador de la FEU que ahora cobra como jefe del complejo deportivo, aparece repartiendo manotazos contra los estudiantes que exigían elecciones limpias. No fue diálogo, fue puño.
Y mientras tanto, la Rectoría General guarda silencio. Una omisión que grita más fuerte que cualquier consigna. Porque si los estudiantes pintan un muro, la indignación institucional es inmediata; pero si un funcionario golpea a los alumnos, la sanción se pierde en el laberinto del archivo muerto, asegurando las protecciones para quienes, en nombre de la “institución”, repartan golpes a los alumnos inconformes.
Encapuchados que lanzan mobiliario, vacían extintores y rodean a estudiantes en paro. Los testimonios y las imágenes difundidas no dejan lugar a dudas: la violencia tiene rostro, y varios de esos rostros se identifican con la vieja militancia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ese brazo corporativo que durante décadas ha operado como correa de control a favor del grupo universitario en el poder.
Pero también aparecen los rostros de grupos políticos externos que han participado en movimientos políticos universitarios sin llegar a ser de los “ungidos”, pero que, ahora apoyados por un personaje de la estructura universitaria, vuelven a buscar un lugar en el feudo.
Se habla de “diálogo” en los comunicados, pero en los pasillos los que dialogan son los puños. La contradicción es evidente: las autoridades centrales rechazan la violencia en boletines, pero sus hombres de confianza y familiares aparecen entre los agresores.
Lo que demandan los estudiantes no es menor: baños dignos, comedor subsidiado, protocolos contra acoso, contratación estable de docentes, transporte seguro, participación real en las decisiones universitarias. No son exigencias revolucionarias, son derechos elementales que cualquier institución pública debería garantizar sin necesidad de paros ni barricadas.
¡Ojo! La petición de tener un área para fumar mariguana es simplemente una charlotada que en ninguna circunstancia puede proceder; sean serios si quieren ser tomados en serio como disidencia.
Pero el punto neurálgico, el que prende las alarmas en los pasillos del poder, es la exigencia de cancelar las elecciones del Consejo General Universitario y limitar la intervención de la FEU. En otras palabras: quitarles el monopolio de la representación. Y eso, para los jefes y jefas universitarios, es inadmisible.
Mientras las pedradas y los empujones manchan el nombre de la UdeG, la rectora general Karla Planter ha optado por la estrategia del silencio. No se presenta a dialogar, no encabeza el proceso, no frena la violencia. Desde su llegada, “La Planter” solo ha servido como la imagen que asiste a reuniones y eventos sociales, pero, en todo este tiempo, usted no va a encontrar UNA situación en la que la primera mujer rectora de la UdeG hubiera destacado por su capacidad de decisión y liderazgo; lo peor, NINGUNO de su equipo ha ocupado el lugar de liderazgo y decisión que la UdeG requiere.
En esta ocasión, parece que la rectora espera que el tiempo, las fiestas patrias o el desgaste natural diluyan la protesta, si es por recomendación estratégica, queda claro que, ¡Su asesor le odia!
Lo extraño es que los choques más fuertes ocurrieron justo en los días en que Planter se ausentó, ¿casualidad o decisión de quien sabia no estaría disponible la rectora? Coincidencia que huele a cálculo: dejar que otros enciendan el fuego para luego presentarse como bombera institucional o la aparición de un “líder” que rescate la situación.
Mientras, el equipo de comunicación externo que apoya a los disidentes a manejado bien las notas en los principales medios de comunicación alertando a la ciudadanía de lo que pasa al interior de la Universidad a la que asisten sus hijos, generando buenas piezas de comunicación visual en redes con mensajes claros y específicos que pueden digerir e indignar los consumidores de TikTok, X, Facebook e Instagram. Logrando en días lo que el viejo sistema de comunicación universitario no ha podido lograr, UN mensaje que permee a nivel social, porque desde sus oficinas, los dirigentes universitarios repantigados creen que la gente común está esperando leer el más reciente comunicado pagado por los “abajo firmantes”, que servirá de indicación de lo que se debe creer y entender.
El saldo es claro: estudiantes golpeados, aulas cerradas, comunidades académicas divididas, puertas de ingreso soldadas y una autoridad que administra comunicados -Muy malitos, por cierto- mientras sus operadores administran golpes y porras —siempre los mismos rostros en escena desde hace años, por cierto—.
La Universidad de Guadalajara enfrenta un espejo incómodo: aquel en el que se refleja como un aparato político que prefiere la represión a la reforma, la simulación a la democracia y la obediencia ciega a la crítica estudiantil… Oiga, ¿ya se dio cuenta de que en toda esta rebatinga la FEU tampoco ha aparecido? Y no me refiero a otro comunicado anodino firmado por la “primera mujer presidenta de la FEU”, yo hablo de esa estructura política de estudiantes que defiendan sus procesos por democráticos y transparentes, y den la cara por sus líderes que saben que los representan.
¡Bueno! Hasta los centros universitarios tienen que ser defendidos por grupos externos porque los flamantes “rectores” carecen de equipo que les respalde. Lo bueno es que la disidencia avisa con tiempo sus manifestaciones; si atacaran al mismo tiempo, se quedarían con varios centros universitarios, pues los rectores no alcanzan a defender ni su oficina. ¿O será que las manifestaciones están muy bien ordenadas en tiempo y lugar desde dentro de la misma UdeG para propiciar la aparición de un “líder” solucionador?
Las siguientes semanas serán importantes en esta historia, porque lo que está en juego no es solo un proceso electoral universitario, sino la credibilidad de una institución que presume autonomía, pero se comporta como un feudo… Donde cada vez es más recurrente escuchar: ¡Qué falta nos hace Raúl!
En X @DEPACHECOS
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