La opacidad obstáculo para mejoramiento de la justicia: Vinculación y extensión para fomentar la cultura jurídica

Análisis del magistrado Luis Enrique Villanueva //

La opacidad en la que se ubica al Poder Judicial de Jalisco, encuentra su origen no solo en la ausencia de información respecto a sus formas de organización, administración de recursos y argumentos para la toma de decisiones, también es factor determinante que los tribunales que lo conforman poco o nada se interesen por acercar todo el contexto de la justicia a la ciudadanía desde sus muy diversos ángulos y menos aún muestran intención alguna por promover la cultura de la legalidad.

En efecto, basta adentrarse un poco en las estructuras organizacionales del Supremo Tribunal, el Consejo de la Judicatura y el Instituto de Justicia Alternativa para darse cuenta que existen direcciones administrativas duplicadas y hasta cuadruplicadas como las encargadas de capacitación que superan las cinco entre los tres órganos, pasando por las de contraloría y administración y sus órganos de comunicación y difusión, solo por señalar algunas.

Es cierto que presupuestalmente cada uno de los tres componentes por disposición constitucional son autónomos, esto es, que por su propia cuenta pueden disponer del destino y monto de sus recursos tanto para asegurar su operación ordinaria como para crear en su caso las dependencias administrativas que estime necesarias, sin embargo, desde siempre se ha considerado adecuado que ante la escasés de recursos deban coordinarse los esfuerzos para dar cumplimiento tanto a sus obligaciones como a las actividades comunes con menores inversiones de tiempo y dinero.

No obstante, en el Poder Judicial no se han emprendido tareas para compartir recursos humanos, materiales y económicos en un propósito común en actividades tan básicas y trascendentales como los es por ejemplo la capacitación y actualización del personal jurisdiccional, al que se le han destinado suficientes plazas y estructuras y si bien tienen sus programas cada uno de los tribunales, es evidente que mediante los correspondientes convenios y acuerdos los resultados se multiplicarían en beneficio no solo institucional sino los operadores del derecho y la sociedad en general, más aún en esta nueva realidad que vivimos donde las tecnologías de la información permiten superar las barreras de la distancia y los topes en los cupos de los espacios físicos.

Ahora bien, si al interior del Poder Judicial no se ha dado una adecuada vinculación, menos aún puede hablarse de acercamientos con otras instituciones públicas relacionadas tanto de nivel federal, estatal o municipal, ni con otros poderes u órganos autónomos, universidades públicas o privadas, organizaciones empresariales o instituciones militares incluso, como una política estratégica del Poder Judicial, por el contrario hay escasas, tímidas y aisladas aproximaciones que solo exhiben la ausencia de interés y confianza en esa ruta de colaboración.

Los convenios del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco que publica en su página oficial son los siguientes: Convenio Específico de Colaboración, Interinstitucional en Materia Académica entre el Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral, todos del Estado de Jalisco; Convenio de colaboración con la Fiscalía, Instituto Jalisciense de las Mujeres y DIF Jalisco; Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional con el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y Tribunal Electoral; Convenio de colaboración con la Fiscalía del Estado de Jalisco y el Instituto Jalisciense de las Mujeres, Instituto Jalisciense de las Mujeres y DIF Jalisco; Convenio de colaboración, por parte del Gobierno del Estado de Jalisco, el Poder Judicial del Estado de Jalisco, la Fiscalía Estatal, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y la Comisión Transitoria de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial; Convenio de Colaboración Académica con la Universidad Enrique Díaz de León; Convenio Específico en Materia de Prácticas Profesionales y Servicios Social con la Universidad Enrique Díaz de León.

Mientras que los convenios de colaboración del Consejo de la Judicatura consultables son para Prácticas profesionales con el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) y el Centro Universitario del Norte (Cu Norte) UDEG; específicos de colaboración con el Congreso del Estado de Jalisco LX; convenios Académicos, científicos y culturales con la Universidad Cuauhtémoc A.C. y el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco A.C.

Mención especial amerita el Instituto de Justicia Alternativa quien con más de 60 convenios en diversas y variadas materias como académicas, de colaboración científicas y culturales, lleva una considerable ventaja en relación a Supremo Tribunal y el Consejo de la Judicatura, sin embargo también es necesario precisar que esa es una función natural y fundamental en el objeto de su creación.

En este contexto me parece importante recalcar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene 740 convenios celebrados mientras que el Poder Judicial del Estado cuenta con 79 entre el Supremo Tribunal, el Consejo de la Judicatura y el Instituto de Justicia Alternativa.

Es evidente entonces que el acercamiento institucional y la colaboración con otros entes no es una fortaleza de los órganos integrantes del Poder Judicial no obstante que ya en diversas ocasiones le han dejado beneficios en su operación de lo que se destaca el Convenio con la Universidad Autónoma de Nuevo León que desde hace más de diez años ha impartido Doctorados a jueces y magistrados, logrando que Jalisco sea uno de las entidades en cuyos órganos de gobierno judicial cuenten con integrantes de muy alto nivel académico; o los convenios que ha celebrado con los sistemas DIF municipales y estatales que en su momento le permitieron conceder el beneficio de guardería para hijos pequeños de empleadas judiciales; o los celebrados en su tiempo con los Poderes Judiciales de Oaxaca, Nuevo León y el Estado de México que permitieron anticipar sus experiencias en justicia oral y métodos alternos en los que eran pioneros antes de su vigencia en Jalisco, solo por mencionar algunos.

Es verdad que dadas las decisiones tomadas recientemente por el Ejecutivo Federal convalidadas por el legislativo en torno a la desaparición de fideicomisos y otros fondos de financiamiento institucional, dificultarán acceder a esos beneficios en favor de los órganos del Poder Judicial de Jalisco, pero también es certero que las distintas secretarías federales aún sostienen programas específicos por concurso a los que se pude acudir presentando sólidos y bien armados proyectos prioritarios, por tanto, sigue siendo necesario tener acercamientos con esas instancias así como con las correspondientes estatales como la Secretaría de Innovación que pudiera estar en posibilidad de facilitar sus redes y estructuras para comunicar los juzgados ubicados al interior de la entidad u otras secretarías con la implementación de la firma electrónica judicial aprovechando su experiencia y calidad.

Por otra parte, ni duda cabe que las instituciones pares del Poder Judicial en otros estados, deben ser la principal referencia para la firma de convenios de colaboración sea por conducto de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores del País o en acercamientos directos con los propios tribunales vecinos o de entidades que guarden similitudes con el tamaño, población o capacidades con Jalisco, especialmente en temas de infraestructura tecnológica con aquellos que ya van muy avanzados en digitalizar el servicio de justicia como Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Nuevo león, Puebla, Tamaulipas y Veracruz que son los que según el más reciente informe de Transparencia Mexicana permiten el seguimiento completo de los asuntos a través del juicio en línea.

Desde luego que las limitaciones presupuestales para el próximo año ya anunciadas por la federación y el ejecutivo jalisciense, obligan a buscar soluciones prácticas y viables, por lo que una ruta inmediata y probada sería celebrar convenios con los poderes judiciales antes descritos para que gradualmente compartan sus softwares y plataformas de registro y control en tramites digitales para la recepción y trámite de demandas; recepción de promociones no iniciales, consulta de acuerdos, notificaciones; desahogo de audiencias o tribunales electrónicos, por mencionar algunos.

También los empresarios organizados han manifestado interés en compartir sus capacidades instaladas para el desarrollo de aplicativos para la justicia que deben ser aprovechados y potencializados ante la escasés de recursos ya anunciada, firmando los correspondientes convenios para compartir conocimientos en aras de fortalecer la estructura judicial.

Es claro entonces que la vinculación de las instituciones judiciales con las organizaciones de la sociedad, es y será de vital importancia para su adecuado desarrollo.

Y es que por definición, la vinculación es la relación, asociación o la unión de dos personas o cosas que comparten algún tipo de nexo o un elemento en común (Merino, 2010).

Por lo que al hablar de vinculación y extensión dentro del Poder Judicial del Estado de Jalisco se debe hacer referencia al contacto que esta dependencia tiene con otros sectores de la sociedad e instituciones gubernamentales, para así no solo estar en posibilidad de recibir apoyos y compartir aplicativos sino también para difundir y complementar las actividades jurisdiccionales y no jurisdiccionales del Poder Judicial.

Porque uno de los aspectos más importantes que se deben tomar en cuenta en los órganos impartidores de justicia, es la necesidad práctica de generar cultura jurídica en la ciudadanía, de forma tal que la cultura de la legalidad se vuelva una realidad, no solo para que pueden saber y reclamar sus derechos sino para que se propicie el respeto de los derechos de los demás y se pondere la trascendencia de la justicia en una sociedad como la nuestra, por ello es deber obligado de quienes están al frente de las instituciones, buscar vincularse con los entes nacionales, locales e internacionales, con la finalidad de generar espacios de inclusión para toda la sociedad mexicana.

Es prioritario entonces generar una cultura jurídica en la sociedad, toda vez que actualmente no se cuenta con una estructura de vinculación amplia que permita la difusión correcta de las actividades que se realizan en el Poder Judicial del Estado de Jalisco, lo que conlleva a una percepción de opacidad justificada pero más grave aún es que propicia que los gobernados no tengan confianza en sus instituciones judiciales.

La vinculación y extensión determinarán el nivel y los alcances que en la administración e impartición de justicia podrán o no tener debido a la amplitud y solidez que logren alcanzar las redes institucionales que el Poder Judicial de Jalisco logre establecer, fortalecer y en su caso consolidar con las autoridades que en los tres órdenes de gobierno sean responsables de las funciones legislativa, administrativa y jurisdiccional, en territorio nacional, así como en el extranjero.

En la agenda de vinculación y extensión será fundamental el número y la calidad de los programas conjuntos que los tribunales de Jalisco desarrollen con el sector empresarial, las instituciones académicas, los organismos no gubernamentales y demás actores involucrados en la implementación del Modelo de Gobernanza Judicial que se propone en cada uno de sus ejes rectores.

Por lo anterior será de vital importancia instrumentar coordinadamente la asignación a una dependencia específica ya creada, las tareas de realizar profesional y sistemáticamente la vinculación y extensión del Poder Judicial, así como alimentar los diagnósticos, las estadísticas y las estrategias de difusión institucional que permitan generar una cultura jurídica para la participación ciudadana ante la nueva realidad que los retos de la sociedad global demandan a jueces, magistrados y mediadores, mediante una ruta de estrategia para la celebración de nuevos convenios que ayuden al fortalecimiento del Poder Judicial y su imagen pública.