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OPINIÓN

La opacidad obstáculo para mejoramiento de la justicia: Vinculación y extensión para fomentar la cultura jurídica

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Análisis del magistrado Luis Enrique Villanueva //

La opacidad en la que se ubica al Poder Judicial de Jalisco, encuentra su origen no solo en la ausencia de información respecto a sus formas de organización, administración de recursos y argumentos para la toma de decisiones, también es factor determinante que los tribunales que lo conforman poco o nada se interesen por acercar todo el contexto de la justicia a la ciudadanía desde sus muy diversos ángulos y menos aún muestran intención alguna por promover la cultura de la legalidad.

En efecto, basta adentrarse un poco en las estructuras organizacionales del Supremo Tribunal, el Consejo de la Judicatura y el Instituto de Justicia Alternativa para darse cuenta que existen direcciones administrativas duplicadas y hasta cuadruplicadas como las encargadas de capacitación que superan las cinco entre los tres órganos, pasando por las de contraloría y administración y sus órganos de comunicación y difusión, solo por señalar algunas.

Es cierto que presupuestalmente cada uno de los tres componentes por disposición constitucional son autónomos, esto es, que por su propia cuenta pueden disponer del destino y monto de sus recursos tanto para asegurar su operación ordinaria como para crear en su caso las dependencias administrativas que estime necesarias, sin embargo, desde siempre se ha considerado adecuado que ante la escasés de recursos deban coordinarse los esfuerzos para dar cumplimiento tanto a sus obligaciones como a las actividades comunes con menores inversiones de tiempo y dinero.

No obstante, en el Poder Judicial no se han emprendido tareas para compartir recursos humanos, materiales y económicos en un propósito común en actividades tan básicas y trascendentales como los es por ejemplo la capacitación y actualización del personal jurisdiccional, al que se le han destinado suficientes plazas y estructuras y si bien tienen sus programas cada uno de los tribunales, es evidente que mediante los correspondientes convenios y acuerdos los resultados se multiplicarían en beneficio no solo institucional sino los operadores del derecho y la sociedad en general, más aún en esta nueva realidad que vivimos donde las tecnologías de la información permiten superar las barreras de la distancia y los topes en los cupos de los espacios físicos.

Ahora bien, si al interior del Poder Judicial no se ha dado una adecuada vinculación, menos aún puede hablarse de acercamientos con otras instituciones públicas relacionadas tanto de nivel federal, estatal o municipal, ni con otros poderes u órganos autónomos, universidades públicas o privadas, organizaciones empresariales o instituciones militares incluso, como una política estratégica del Poder Judicial, por el contrario hay escasas, tímidas y aisladas aproximaciones que solo exhiben la ausencia de interés y confianza en esa ruta de colaboración.

Los convenios del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco que publica en su página oficial son los siguientes: Convenio Específico de Colaboración, Interinstitucional en Materia Académica entre el Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral, todos del Estado de Jalisco; Convenio de colaboración con la Fiscalía, Instituto Jalisciense de las Mujeres y DIF Jalisco; Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional con el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y Tribunal Electoral; Convenio de colaboración con la Fiscalía del Estado de Jalisco y el Instituto Jalisciense de las Mujeres, Instituto Jalisciense de las Mujeres y DIF Jalisco; Convenio de colaboración, por parte del Gobierno del Estado de Jalisco, el Poder Judicial del Estado de Jalisco, la Fiscalía Estatal, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y la Comisión Transitoria de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial; Convenio de Colaboración Académica con la Universidad Enrique Díaz de León; Convenio Específico en Materia de Prácticas Profesionales y Servicios Social con la Universidad Enrique Díaz de León.

Mientras que los convenios de colaboración del Consejo de la Judicatura consultables son para Prácticas profesionales con el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) y el Centro Universitario del Norte (Cu Norte) UDEG; específicos de colaboración con el Congreso del Estado de Jalisco LX; convenios Académicos, científicos y culturales con la Universidad Cuauhtémoc A.C. y el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco A.C.

Mención especial amerita el Instituto de Justicia Alternativa quien con más de 60 convenios en diversas y variadas materias como académicas, de colaboración científicas y culturales, lleva una considerable ventaja en relación a Supremo Tribunal y el Consejo de la Judicatura, sin embargo también es necesario precisar que esa es una función natural y fundamental en el objeto de su creación.

En este contexto me parece importante recalcar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene 740 convenios celebrados mientras que el Poder Judicial del Estado cuenta con 79 entre el Supremo Tribunal, el Consejo de la Judicatura y el Instituto de Justicia Alternativa.

Es evidente entonces que el acercamiento institucional y la colaboración con otros entes no es una fortaleza de los órganos integrantes del Poder Judicial no obstante que ya en diversas ocasiones le han dejado beneficios en su operación de lo que se destaca el Convenio con la Universidad Autónoma de Nuevo León que desde hace más de diez años ha impartido Doctorados a jueces y magistrados, logrando que Jalisco sea uno de las entidades en cuyos órganos de gobierno judicial cuenten con integrantes de muy alto nivel académico; o los convenios que ha celebrado con los sistemas DIF municipales y estatales que en su momento le permitieron conceder el beneficio de guardería para hijos pequeños de empleadas judiciales; o los celebrados en su tiempo con los Poderes Judiciales de Oaxaca, Nuevo León y el Estado de México que permitieron anticipar sus experiencias en justicia oral y métodos alternos en los que eran pioneros antes de su vigencia en Jalisco, solo por mencionar algunos.

Es verdad que dadas las decisiones tomadas recientemente por el Ejecutivo Federal convalidadas por el legislativo en torno a la desaparición de fideicomisos y otros fondos de financiamiento institucional, dificultarán acceder a esos beneficios en favor de los órganos del Poder Judicial de Jalisco, pero también es certero que las distintas secretarías federales aún sostienen programas específicos por concurso a los que se pude acudir presentando sólidos y bien armados proyectos prioritarios, por tanto, sigue siendo necesario tener acercamientos con esas instancias así como con las correspondientes estatales como la Secretaría de Innovación que pudiera estar en posibilidad de facilitar sus redes y estructuras para comunicar los juzgados ubicados al interior de la entidad u otras secretarías con la implementación de la firma electrónica judicial aprovechando su experiencia y calidad.

Por otra parte, ni duda cabe que las instituciones pares del Poder Judicial en otros estados, deben ser la principal referencia para la firma de convenios de colaboración sea por conducto de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores del País o en acercamientos directos con los propios tribunales vecinos o de entidades que guarden similitudes con el tamaño, población o capacidades con Jalisco, especialmente en temas de infraestructura tecnológica con aquellos que ya van muy avanzados en digitalizar el servicio de justicia como Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Nuevo león, Puebla, Tamaulipas y Veracruz que son los que según el más reciente informe de Transparencia Mexicana permiten el seguimiento completo de los asuntos a través del juicio en línea.

Desde luego que las limitaciones presupuestales para el próximo año ya anunciadas por la federación y el ejecutivo jalisciense, obligan a buscar soluciones prácticas y viables, por lo que una ruta inmediata y probada sería celebrar convenios con los poderes judiciales antes descritos para que gradualmente compartan sus softwares y plataformas de registro y control en tramites digitales para la recepción y trámite de demandas; recepción de promociones no iniciales, consulta de acuerdos, notificaciones; desahogo de audiencias o tribunales electrónicos, por mencionar algunos.

También los empresarios organizados han manifestado interés en compartir sus capacidades instaladas para el desarrollo de aplicativos para la justicia que deben ser aprovechados y potencializados ante la escasés de recursos ya anunciada, firmando los correspondientes convenios para compartir conocimientos en aras de fortalecer la estructura judicial.

Es claro entonces que la vinculación de las instituciones judiciales con las organizaciones de la sociedad, es y será de vital importancia para su adecuado desarrollo.

Y es que por definición, la vinculación es la relación, asociación o la unión de dos personas o cosas que comparten algún tipo de nexo o un elemento en común (Merino, 2010).

Por lo que al hablar de vinculación y extensión dentro del Poder Judicial del Estado de Jalisco se debe hacer referencia al contacto que esta dependencia tiene con otros sectores de la sociedad e instituciones gubernamentales, para así no solo estar en posibilidad de recibir apoyos y compartir aplicativos sino también para difundir y complementar las actividades jurisdiccionales y no jurisdiccionales del Poder Judicial.

Porque uno de los aspectos más importantes que se deben tomar en cuenta en los órganos impartidores de justicia, es la necesidad práctica de generar cultura jurídica en la ciudadanía, de forma tal que la cultura de la legalidad se vuelva una realidad, no solo para que pueden saber y reclamar sus derechos sino para que se propicie el respeto de los derechos de los demás y se pondere la trascendencia de la justicia en una sociedad como la nuestra, por ello es deber obligado de quienes están al frente de las instituciones, buscar vincularse con los entes nacionales, locales e internacionales, con la finalidad de generar espacios de inclusión para toda la sociedad mexicana.

Es prioritario entonces generar una cultura jurídica en la sociedad, toda vez que actualmente no se cuenta con una estructura de vinculación amplia que permita la difusión correcta de las actividades que se realizan en el Poder Judicial del Estado de Jalisco, lo que conlleva a una percepción de opacidad justificada pero más grave aún es que propicia que los gobernados no tengan confianza en sus instituciones judiciales.

La vinculación y extensión determinarán el nivel y los alcances que en la administración e impartición de justicia podrán o no tener debido a la amplitud y solidez que logren alcanzar las redes institucionales que el Poder Judicial de Jalisco logre establecer, fortalecer y en su caso consolidar con las autoridades que en los tres órdenes de gobierno sean responsables de las funciones legislativa, administrativa y jurisdiccional, en territorio nacional, así como en el extranjero.

En la agenda de vinculación y extensión será fundamental el número y la calidad de los programas conjuntos que los tribunales de Jalisco desarrollen con el sector empresarial, las instituciones académicas, los organismos no gubernamentales y demás actores involucrados en la implementación del Modelo de Gobernanza Judicial que se propone en cada uno de sus ejes rectores.

Por lo anterior será de vital importancia instrumentar coordinadamente la asignación a una dependencia específica ya creada, las tareas de realizar profesional y sistemáticamente la vinculación y extensión del Poder Judicial, así como alimentar los diagnósticos, las estadísticas y las estrategias de difusión institucional que permitan generar una cultura jurídica para la participación ciudadana ante la nueva realidad que los retos de la sociedad global demandan a jueces, magistrados y mediadores, mediante una ruta de estrategia para la celebración de nuevos convenios que ayuden al fortalecimiento del Poder Judicial y su imagen pública.

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JALISCO

¿Por qué el rechazo ciudadano a la reforma judicial en Jalisco?

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La participación del 7.07% en las elecciones judiciales del pasado domingo en Jalisco, la segunda más baja del país (detrás de Guanajuato que fue del 6.5), es un mensaje contundente de la ciudadanía: un rechazo claro a la reforma judicial impulsada por Morena y una señal de desconfianza hacia las instituciones. Este resultado no solo expone las fracturas internas del partido en el estado, sino que también pone en duda la legitimidad del proceso y plantea serios desafíos para el futuro político de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum en una región clave.

Un abstencionismo que habla

El 7.07% de participación –equivalente al 92.93 de abstención– no puede interpretarse de otra manera que como un fracaso estrepitoso de los operadores y liderazgos de Morena en Jalisco. Figuras como Carlos Lomelí, Claudia Delgadillo, Erika Pérez, Chema Martínez y Laura Imelda Pérez, así como la Universidad de Guadalajara, mostraron una incapacidad evidente para movilizar al electorado.

¿Dónde quedó el morenismo que prometía transformar el estado? El abstencionismo no solo refleja la falta de articulación del partido, sino también un rechazo público a lo que muchos perciben como un intento de Morena por controlar el Poder Judicial y socavar su independencia.

En mi columna del lunes, titulada “¿Democratización o control político?”, planteé si este proceso realmente democratiza la justicia o si es un mecanismo para consolidar el poder de Morena. Los números de Jalisco responden con claridad: los ciudadanos ven más allá de la narrativa oficial de “democratización” y perciben la reforma como una toma de poder, especialmente en un contexto donde Morena domina el Congreso de la Unión.

Líderes sociales como el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, han criticado el proceso como un ejercicio que favorece la agenda de Morena en lugar de mejorar el sistema judicial. Su descripción de un proceso “planchado” resuena con un electorado jalisciense históricamente receloso del control centralizado, lo que explica su decisión de abstenerse.

Fragmentación y divisionismo en Morena

Otro factor detrás de esta baja participación es la fragmentación interna de Morena en Jalisco. El partido carece de unidad y de una visión compartida; en su lugar, prevalece una lucha de intereses por el control y el poder. Los liderazgos locales, más preocupados por sus agendas individuales que por un proyecto colectivo, se comportan como “perros y gatos en disputa”, cada uno aferrado a su hueso. Desde la Ciudad de México, figuras como Leonel Cota Montaño y Alfonso Ramírez Cuéllar intentaron, sin éxito, alinear a los grupos locales. A pesar de sus declaraciones públicas de unidad y de promesas de duplicar la participación, el morenismo jalisciense quedó en evidencia.

La Universidad de Guadalajara, que se involucró en el proceso, tampoco logró movilizar al electorado. Su incapacidad para mantener el registro del partido Hagamos en elecciones pasadas ya había mostrado sus limitaciones, y esta elección judicial lo confirmó. Morena le falló a la presidenta Sheinbaum al no conectar con los jaliscienses, un estado donde el partido ha enfrentado dificultades históricas para consolidarse. Si en la elección federal de 2024 Morena obtuvo resultados en Jalisco, el mérito fue del liderazgo de Sheinbaum, no de las figuras locales, marcadas por el divisionismo, el egocentrismo y el individualismo.

Desconfianza institucional y desencanto ciudadano

El 92.93% de abstención no solo es un rechazo a la reforma judicial, sino también un reflejo del desencanto con el sistema político en general. La percepción de que estas elecciones carecen de legitimidad o de un impacto real en la justicia ha exacerbado la crisis de confianza en las instituciones. Los ciudadanos jaliscienses, conocidos por su tradición de autonomía y resistencia al poder central, ven en esta reforma un intento de Morena por imponer su agenda, más que una solución genuina a los problemas del Poder Judicial, como la corrupción, el nepotismo y la falta de acceso a la justicia.

Esta desconfianza se suma a la falta de información y a la complejidad del proceso electoral. Con miles de candidatos y cargos poco conocidos, muchos ciudadanos optaron por no participar, percibiendo el ejercicio como una farsa diseñada para favorecer a Morena. La baja participación en Jalisco, comparada con el promedio nacional del 13%, refleja un sentimiento anti-morenista que podría fortalecerse en el futuro, especialmente si el partido no ajusta su estrategia.

Implicaciones para el futuro político de Jalisco

El fracaso de Morena en movilizar a los ciudadanos en un proceso tan publicitado como las elecciones judiciales expone su vulnerabilidad en Jalisco, un estado donde ha luchado por consolidarse frente a fuerzas como Movimiento Ciudadano. Esta baja participación podría fortalecer a la oposición y al sentimiento anti-morenista, abriendo la puerta a que partidos locales capitalicen el descontento ciudadano. Además, el divisionismo interno de Morena podría llevar a una reconfiguración de sus liderazgos en el estado, un proceso que será crucial para su futuro político.

¿Quiénes podrían emerger como nuevos líderes? Esa es una pregunta que aún no tiene respuesta, pero lo que sí está claro es que Morena necesita un liderazgo más inclusivo y una comunicación efectiva para reconectar con los jaliscienses. Sin estos cambios, el partido seguirá enfrentando reveses en un estado estratégico para el panorama nacional. La presidenta Sheinbaum, quien ha apostado por esta reforma como un pilar de la 4T, también enfrenta un desafío: demostrar que puede unificar a su partido y ganar la confianza de regiones tradicionalmente reticentes al proyecto morenista.

Un mensaje claro para Morena

El 7.07% de participación en Jalisco es una combinación de factores: un rechazo a la reforma judicial, una profunda desconfianza en las instituciones, una división interna de Morena y un fortalecimiento del anti-morenismo local.

Este resultado plantea un reto significativo para el partido y para Sheinbaum, quien deberá replantear su estrategia en el estado si busca consolidar su proyecto político a nivel nacional. La ciudadanía jalisciense ha hablado con su abstención, y su mensaje es claro: no basta con discursos de democratización; se necesitan acciones que realmente.

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NACIONALES

Elección judicial en México: ¿Democratización o control político?

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La elección para renovar el Poder Judicial Federal, celebrada este domingo 1 de junio de 2025, fue presentada por Morena y la 4T como un hito de democracia directa. Sin embargo, el proceso, justificado con el discurso de un Poder Judicial corrupto y elitista, ha generado más dudas que certezas.

La baja participación ciudadana y las múltiples irregularidades sugieren que el objetivo real podría ser el control político de una institución clave para el equilibrio de poderes en México.

BAJA PARTICIPACIÓN: DESCONFIANZA Y DESINFORMACIÓN

Las encuestas de Infobae y El Economista anticipaban una participación de entre el 8% y el 23%, y el INE confirmó un 12% (unos 12.06 millones de votantes de un padrón de 100 millones). Esta abstención histórica no respalda la narrativa de Morena de un apoyo popular, sino que refleja desconfianza y falta de legitimidad. Una encuesta de Enkoll mostró que el 77% de los mexicanos no conocía a ningún candidato, evidenciando una desinformación generalizada.

La complejidad de las boletas, con 3,400 candidatos para 881 cargos y 60 distritos electorales (según la Universidad Iberoamericana), dificultó el voto informado, especialmente en zonas rurales con acceso limitado a información.

El diseño del proceso también parece haber sido opaco. La ausencia de debates públicos y la distribución de «acordeones» –listas de candidatos oficialistas– sugieren manipulación para favorecer a Morena. Estas prácticas, denunciadas por analistas, minaron el voto libre y desincentivaron la participación. La abstención masiva no es apatía, sino una protesta silenciosa contra un sistema que no garantiza transparencia ni equidad.

IRREGULARIDADES: UN PROCESO VICIADO

La jornada electoral estuvo marcada por irregularidades que refuerzan la percepción de un proceso diseñado para beneficiar a Morena. Reportes de El Universal e Infobae documentaron acarreo de votantes, compra de votos y distribución de «acordeones» por los «servidores de la nación». Estas acciones, lejos de ser aisladas, parecen coordinadas para controlar el Poder Judicial.

Además, hubo cargos «sin competencia», con candidaturas únicas en 51 posiciones federales, como en Durango (49 candidaturas para 49 cargos, según Integralia), lo que reduce la elección a una formalidad y cuestiona su pluralidad.

La complejidad del conteo, con casillas atendiendo hasta 2,250 electores (el triple que en elecciones ordinarias), generó dudas sobre la integridad del proceso. El INE enfrentó un desafío logístico sin precedentes, y la tardanza en los resultados —estimaciones para el 3 de junio en el caso de la Suprema Corte y el 5 de junio para el Tribunal Electoral— alimentan especulaciones sobre posibles manipulaciones.

EL DISCURSO DE LA CORRUPCIÓN

Morena justificó la elección señalando corrupción y nepotismo en el Poder Judicial, un discurso que resuena con una ciudadanía harta de la impunidad. Sin embargo, el análisis no resiste un escrutinio crítico. El Índice Global de Impunidad 2025 coloca a México en el último lugar de 69 países, y problemas como la falta de juzgados, la sobrecarga de casos (un juez mercantil en Monterrey maneja 15 mil casos, según Rubén Moreira) y la necesidad de capacitación persisten. Pero la solución propuesta no ataca estas raíces, sino que politiza el Poder Judicial. La presencia de candidatos alineados con la 4T, según El País, sugiere una captura institucional disfrazada de participación popular, más que una verdadera democratización.

IMPACTO EN LA DEMOCRACIA MEXICANA

La baja participación y las irregularidades tienen graves implicaciones. La abstención masiva refuerza la percepción de que las elecciones no son confiables para el cambio institucional. La manipulación del proceso amenaza la independencia judicial, pilar del equilibrio de poderes.

Si el Poder Judicial queda subordinado al Ejecutivo y Legislativo, ambos dominados por Morena, México podría deslizarse hacia un sistema de partido hegemónico, similar al viejo PRI, como advirtió PortalGuanajuato.mx.

La polarización también se ha profundizado. Mientras Claudia Sheinbaum defiende la elección como un hito democrático, críticos como Enrique Krauze y Javier Laynez Potisek la califican de «farsa» y «golpe de Estado». Esta división debilita la confianza en las instituciones y dificulta los consensos necesarios para abordar los problemas reales del sistema judicial.

UN EXPERIMENTO FALLIDO CON COSTOS ALTOS

La elección judicial del 1 de junio de 2025 no democratizó el Poder Judicial ni combatió la corrupción. Se convirtió en un ejercicio de control político que deja al sistema judicial más vulnerable. La baja participación y las irregularidades no son fallas accidentales, sino síntomas de un proceso diseñado para favorecer a Morena sobre los principios democráticos.

México necesita una reforma judicial que fortalezca la independencia, la capacitación y los recursos, no que lo someta al poder político. La factura será alta: un Poder Judicial debilitado, una democracia erosionada y una ciudadanía desencantada. La pregunta es si la sociedad mexicana exigirá una transformación real o si este episodio marcará un retroceso autoritario más profundo.

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JALISCO

Morena en Jalisco: El reto de convertir victorias en triunfos completos

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

La elección del Poder Judicial era, para Morena Jalisco, la oportunidad de ensayar lo que jamás ha podido articular con éxito: una estructura cohesionada, una movilización real, y un mensaje político claro. Pero como si de una tragicomedia se tratara, el guion ya estaba escrito. Porque en Morena Jalisco, ganar sigue siendo un accidente, no un plan. Y perder, una costumbre refinada a fuerza de simulación.

Desde la Ciudad de México llegó, otra vez, la señal. La dirigencia nacional apuntó a un nombre muy conocido en Jalisco Leonel Cota Montaño a quien lo volvieron a instalar como operador político.

Y junto a él, el incombustible Alfonso Ramírez Cuéllar. Correcaminos de la 4T, devorador de kilómetros, coleccionista de reuniones. Uno que parece estar siempre en campaña y nunca en territorio. Ambos, encargados de orquestar una elección interna con aroma de encuesta nacional, pero con la organización de una kermés sin comité.

La tropa local, esa que presume liderazgo y acarreo, se diluyó como siempre. Chema Martínez, cuya fama de gran operador quedó reducida a un murmullo; Alejandro Peña, diputado que no destacó por su estructura; y los de siempre, Carlos Lomelí y Claudia Delgadillo, que otra vez jugaron al solitario. Morena Jalisco, como en cada proceso, se convirtió en un archipiélago de egos.

Y es que no solo no se pusieron de acuerdo. Peor: se pisaron entre ellos.

En plena efervescencia del voto judicial, apareció el nombre de Fernando Delgadillo González, hermano de la excandidata Claudia Delgadillo. Compite por la magistratura laboral en el Distrito Judicial 1, y su candidatura aparece —curiosamente— en los acordeones que circulan en los chats morenistas. La conexión no es casual: fuentes internas afirman que Claudia es la operadora en los distritos 1 y 4, junto a Eduardo Almaguer, su abogado de campaña y estratega jurídico.

Pero los acordeones son la metáfora perfecta del desorden. Porque ni siquiera entre los grupos de Morena se pusieron de acuerdo en quiénes son «los buenos». El acordeón del grupo Delgadillo excluye a Yasmín Esquivel, ministra aún en funciones de la 4T, con quien Claudia tuvo un desencuentro en su última visita a Guadalajara. También desaparecieron a Sara Herrerías y armaron su lista con nombres que nadie reconoce como oficiales.

Lomelí, por su parte, solo incluye a las tres ministras actuales —Batres, Ortiz y Esquivel— y completa con perfiles propios. De los hombres, igual: cada quien tiene su santa lista. En resumen, Morena Jalisco produjo no una sola línea de voto, sino varias versiones piratas, como si cada grupo tuviera su propio Poder Judicial en mente.

Ni los diputados locales ni los federales hicieron gran cosa, más allá de asistir a los eventos que organizó la dupla Cota-Cuéllar. Los presidentes municipales guardaron silencio, quizás porque no entendieron, quizás porque no quisieron participar. Y la Universidad de Guadalajara —ese socio necesario en cualquier intento de estructura electoral— falló como pocas veces.

Carlos Trejo, el operador universitario, no solo entregó tarde los nombres de los candidatos, sino que no logró movilizar a nadie. La universidad está casi de vacaciones, los centros universitarios en manos de funcionarios nuevos sin control territorial, y con un desinterés tal que, siendo viernes previo a la elección, la mayoría de los diferentes equipos universitarios no habían recibido las indicaciones claras para operar el voto.

De los sindicatos, solo el del IMSS parece haber cumplido con el guion. Su candidata aparece en casi todos los acordeones. Pero fuera de eso, ni la Sección 47 del SNTE que fiel al estilo de esta administración está desaparecida, ni otros gremios han tenido un papel relevante. Se suman a la lista nacional como quien firma asistencia, pero no participan, no inciden, no mueven.

Así, la elección del Poder Judicial —que en otros estados se convirtió en una muestra de músculo político— en Jalisco se volvió otra escena patética de Morena perdiendo la oportunidad de ganar con contundencia.

Mientras tanto, el PAN ha aprovechado la coyuntura para aceitar su maquinaria. Sus liderazgos históricos —conservadores pero funcionales— han hecho lo que mejor saben: operar con disciplina. Movimiento Ciudadano, por su parte, sigue dividido. El pleito entre el grupo de Lemus y el de Alfaro no se ha curado, y en lugar de capitalizar la elección, se refugiaron en la crítica al proceso como pretexto de su inmovilidad.

Pero si Morena Jalisco es incapaz de articular algo tan básico como una línea común de votación, ¿qué se puede esperar para el 2027? ¿Otra vez la improvisación, otra vez los candidatos puestos desde la Ciudad de México, otra vez los liderazgos rotos?

En Jalisco, una vez más, Morena muestra su capacidad para perder ganando. Porque, aunque consiga algunas posiciones, lo hace sin rumbo, sin liderazgo real, sin estrategia. No hay plan, solo inercias.

Se dirán ganadores, pero, será por lo que a nivel nacional se estructuró, en lo regional se pulverizará el voto por no respetar acuerdos.

Quizás el verdadero problema de Morena Jalisco no es la derrota. Es la costumbre. Porque aquí, cada proceso es un simulacro. Cada liderazgo, un caudillo en miniatura. Y cada victoria, una oportunidad desperdiciada.

En política, como en la guerra, la estrategia lo es todo. Y Morena Jalisco sigue peleando sin mapa, sin brújula y lo peor: sin memoria.

En X @DEPACHECOS

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