OPINIÓN
La oportunidad para avanzar: Igualdad y equidad
Educación, por Isabel Venegas //
Un año nuevo, una oportunidad más para repensarnos y plantear posibilidades, formas diferentes de encontrarnos. ¿Será este el año en que demos pasos sólidos hacia la consolidación de trabajos encaminados a vivir con mayor justicia y libertad?
Ya sea por la pandemia, por la crisis económica, o por asuntos locales de cada región, la mayoría de las agendas en cuestión de derechos humanos, equidad de género, democracia y mejora social frenaron su ritmo durante el 2020, teniendo un ligero repunte a finales del 2021.
Estamos ante el umbral de un año que puede ser el nuevo acelerador de grandes acciones orientadas a la transformación social. Puede ser este el momento en el que todos los proyectos se concreten, pero eso solo se logrará a partir de la conciencia de la realidad que estamos viviendo, y de la suma de fuerzas coordinadas.
Debemos trabajar rápida y conjuntamente para que el diálogo se retome: En el tema de la agenda de las mujeres es importante poner sobre la mesa desde enero, que los movimientos que se han suscitado, surgen de demandas que no han sido escuchadas por décadas, por siglos, y es por eso que los síntomas de la enfermedad no deben ser el foco de atención, sino la afección en sí misma. Términos que se entienden como sinónimos, dan cuenta de la necesidad que se ha tenido de adjudicar a cada uno con el sentido que concibe a aspectos diferentes; Hagamos pues, un recorrido por los conceptos de Igualdad y Equidad para la educación, viajando por un carril paralelo al de las agendas de género.
Igualdad se refiere a la base que concibe a todos los seres humanos como personas con los mismos derechos y obligaciones, cuyas capacidades y circunstancias no son consideradas por ninguna otra valoración. Las políticas encaminadas a atender a toda la población por igual, asumen que –por ejemplo- al entregar una tableta digital a todos los individuos en condición de pobreza, tendrían la oportunidad de conectarse para poder elevar los niveles de educación a través de acceder a clases en línea, además de digitalizar su economía (depósitos y abonos de sus pagos y compras en banca por internet), así como poder tener una mayor comunicación y mejores experiencias globales.
Sin embargo, estas políticas suelen tener poco impacto porque desconocen que de entrada, hay una serie de carencias que imposibilitan el hecho de la manipulación y apropiación de esta tecnología, aun y cuando se está regalando el dispositivo; no hay luz, no hay internet y no hay capacitación para el manejo de una Tablet en ciertas comunidades, no necesariamente “rurales” o no siempre las más pobres.
Ciertamente ese tipo de experiencias y acercamientos a apoyos nos han dejado ver que son la forma más fácil y rápida –además de popular- de atender a comunidades con rezago desde la implementación de operativos generalizados; sin embargo, siguiendo con la analogía de las tabletas digitales, la evaluación al Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD), lanzado en el 2013 y cancelado en el 2016 tuvo un costo aproximado de seis mil 662 millones de pesos, con un resultado negativo en términos de fortalecer el sistema de educación por medio de la entrega de dispositivos a niños de educación básica, con la intención de reducir la brecha digital.
Este tipo de políticas públicas tienen una mala calificación, no solo por el “desperdicio” en función de la inversión económica, sino en el impacto por un decremento en la calidad de la educación, es decir, la brecha de desigualdad se profundiza puesto que aquellos que cuentan con recursos propios y se encuentran en condiciones favorables, accionan estos mecanismos con lo cual reciben más beneficios todavía, sin embargo, aquellos que ya se concebían con carencias, habrán tenido un dispositivo que probablemente nunca llegarán a utilizar, sin tomar en consideración el tiempo lectivo que se dejó de atender desde las experiencias profundas en la vida de la educación infantil.
La equidad por su parte, se distingue al procurar tener una visión de la justicia a partir de la diferenciación de las condiciones de base, y propone establecer políticas pro-positivas encaminadas a subsanar lo que puede ser un estancamiento en la propia circunstancia de carencia y pobreza, ya sea económica o cultural. Atender las condiciones de los individuos desde una categorización de apoyo resulta mucho más complejo por la serie de componentes que se deben establecer, a fin de ser más comprensivos de los contextos particulares para poder dar “tiros certeros”.
En las acciones para impulsar el desarrollo de las mujeres, se contempla el término en plural “mujeres”, porque no es una sola característica la que se atiende; indígenas, empresarias, madres adolescentes, ejecutivas, deportistas, agricultoras, artistas, políticas, etc. Mujeres que viven en escenarios diferentes, que tienen demandas distintas y que en su mayoría se han encargado de conquistar cada escenario a través de su talento, su pasión y sus ganas de salir adelante. Mujeres que han querido o tenido que entrar a los campos de la minería, del autotransporte o de la construcción, saben perfectamente lo que tienen pendiente dentro de este caminar constante, pero saben también que el reto sigue siendo encontrar armonía para sí mismas, de la mano de hombres talentosos que comparten esos espacios.
La lucha en contra de los aspectos negativos tanto del machismo como del feminismo, se dará en función de identificar las carencias puntuales, de dejar de generalizar los términos, y de potenciar la generosidad y bondad de las personas. ¡Construyamos un muy feliz 2022!
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa_venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años, es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que éste último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos ahora, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México, nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio lópezobradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción
Charros se quedó sin gas: Diablos, digno campeón
