OPINIÓN
La sana distancia: Peripecias mexicanas
Opinión, por Pedro Vargas //
Tiempos difíciles. Otra crisis. Días de guardar. Nueva ocasión para mostrar fortaleza y salir avante.
Dicen los expertos contra las epidemias, que ahora es el momento de practicar la “sana distancia”. Ya todos sabemos que el motivo es el embate de la enfermedad declarada pandemia, denominada “coronavirus”, que es un padecimiento infeccioso que ataca las vías respiratorias; ahora se le rebautizó como COVID 19, y prácticamente ha invadido al orbe entero.
Iniciada en China, flageló a esta gran nación y provocó una especie de nerviosismo internacional. Luego pasó a otros países y entonces, cual jinete del apocalipsis, generó un desolador panorama y su consiguiente estado de depresión universal.
En ese momento ya no fue solo la salud el área más agredida, sino que también se provocó pánico en la economía del globo, desplomando las bolsas de valores, y como a la par se suscitó una insólita guerra del petróleo, que llevó al derrumbe del precio de tan valioso hidrocarburo, las consecuencias negativas repercutieron mundialmente.
Como suele suceder cuando de tragedias se trata, los más perjudicados son los pobres, ya sean personas o naciones. La respuesta debería haber sido un frente internacional, el cual con medidas apropiadas determinaran que esa aciaga amenaza no avanzara. A pesar de ello, las naciones más ricas se dedicaron con olímpica actitud a solo cuidar sus territorios e intereses, dejando a sus semejantes en absoluto desamparo, o como se dice popularmente, a que se rascaran con sus uñas.
Las medidas inmediatas que se recomendaron fueron simples pero efectivas: lavarse las manos constantemente, no tocarse la cara y evitar los abrazos, saludos y besos; todo ello acompañado de un necesario aislamiento, es decir, practicando una evidente “sana distancia” en el trato de persona a persona.
La sana distancia para los mexicanos nos obliga a recordar la aplicación de ese principio. En los tiempos del priáto, existía una innegable fusión entre el partido dominante (el partidazo, se le decía) y el presidente de la República en turno. A ese régimen el afamado peruano Mario Vargas Llosa lo intituló, la dictadura perfecta.
Pero como todo evoluciona, aunque sea lentamente, también avanzó, ante muchos reclamos sociales, el sistema del “partido casi único”: luego de muchas vicisitudes, incluida la desaparición trágica del candidato Luis Donaldo Colosio, el poderoso dedo del salinismo decidió que Ernesto Zedillo fuese el nuevo ejecutivo de México. Y así fue.
Ya en el poder el flamante mandamás, decretó “in péctore”, que entre él y su partido dominante, hubiese una “sana distancia”. Y el alejamiento entre el mandatario con el priísmo se notó. Este hecho, aunque para los beneficiados del sistema no era bien visto, para el pueblo en general y los líderes que luchaban por la democratización, fue excelente.
Desde entonces, la sana distancia entre gobierno y partido, fue creciendo y a la vuelta de unos años, ya era una “enorme distancia”, como dice la popular canción de José Alfredo Jiménez. De esa manera se preparó la transición democrática.
Con los panistas en el poder, lo que se esperaba fuese el arribo de la democratización que los mexicanos ansiaban, se echó por la borda. El señor Fox no fue más que un frívolo personaje que decepcionó a la población y mal encarriló a sus correligionarios. Por ello hubo necesidad de echar mano del fraude electoral para en 2006 imponer a su sucesor, el cual se encargó de ensanchar la distancia entre las acciones del gobierno y los intereses del pueblo. Estas contrahechuras facilitaron el regreso del viejo partidazo, que ya sin las antiguas orientaciones del priísmo revolucionario de la justicia social, se hundieron con todo y administración. La enorme distancia pueblo-gobierno siguió imperando, en detrimento de la sana distancia.
Ahora estamos en los días de la 4T, o cuarta transición. El régimen impuso una “sana distancia” entre los funcionarios y los medios de comunicación; y otro saludable alejamiento con los grandes beneficiarios de las obras públicas conseguidas “haiga sido como haiga sido”. Si Juárez separó al clero del Estado, la 4T busca apartar al gran capital de la dirección del gobierno, solo manteniendo una necesaria “sana distancia”, pues ambas fuerzas se complementan en aras del bien nacional.
Pero he aquí que no contábamos con el “coronavirus” o COVID-19. Y se tienen que implementar con urgencia, medidas para salir avante de tan formidable contingencia. Y una de las más recomendables es, junto al lavado de manos, la sana distancia entre la gente.
No hagamos caso a las falsas noticias, que solo alarman y descaminan. Serenidad y buen ánimo para encarar esta calamidad que ha enlutecido a decenas de países. La sana distancia de persona a persona es altamente recomendable, de observarla puntualmente tendremos con certeza el éxito esperado para vencer al aterrador coronavirus, y con ello llevar a nuestro México a otra página estelar, dentro de su larga lucha por dominar a los infortunios.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción
Charros se quedó sin gas: Diablos, digno campeón
