OPINIÓN
La sombra que acecha a «Va por México»: El ego es el verdadero rival
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Después de ver a la oposición presumir en redes sociales su unidad inquebrantable y decirse listos para enfrentar el proceso electoral del 2024 y arrebatarle a Morena la presidencia, esto tras votar en contra de la Reforma Eléctrica que propuso el Presidente López Obrador, se vino a mi mente una frase que leí hace tiempo de Dean Acheson, secretario de Estado de los Estados Unidos de 1949 a 1953: «El gran corruptor del hombre público es el ego. Mirar a los espejos distrae la atención de los problemas».
Dean Acheson como funcionario de los Estados Unidos jugó un papel muy importante en los comienzos de la guerra fría y además, su trabajo aparece en muchos de los momentos más relevantes de la historia del siglo pasado, por lo que creo este personaje tiene la relevancia suficiente como para que nos tomemos en serio su frase, sobre todo en esta etapa de la política en nuestro país que está llena de ‘’pactos’’ y/o ‘’alianzas por México’’.
Por ello, cuando las voces de la oposición aseguran que en el 2024 le arrebatarán la presidencia a Morena, deberíamos pedirles que se tomen las cosas con más calma, que dejen de mirar por un momento los espejos y que entienda que ese triunfalismo que les calienta la sangre, puede que sea solamente un efecto placebo, ya que hay mucho que analizar del panorama político electoral de aquí al 2024, como por ejemplo, quién tiene mayor representación social.
La respuesta de esta pregunta es importante y debería tomarse en serio por parte de la oposición porque la respuesta que le den puede ser un factor fundamental para determinar el futuro que le depara a esta alianza toda vez que probablemente esto provoque un choque de intereses, de visión y de ego entre el PRI y el PAN.
En ese tenor, es necesario analizar un poco los datos de las elecciones que tuvieron lugar el pasado 2021, ya que si se analizan detenidamente, circunscripción por circunscripción, y estado por estado, se puede llegar a la conclusión que en la alianza electoral ”Va por México” conformada por los tres partidos mencionados anteriormente, el más fuerte es el PAN.
Esto en virtud de que en la mayoría de los distritos electorales pertenecientes a los estados que conforman las 5 circunscripciones en las que se divide electoralmente el país y en los que el PAN, el PRI y el PRD fueron por separado, el PAN sacó un mayor porcentaje de votos que sus aliados, lo cual los dota de una mayor representatividad social.
Solo por dar un ejemplo, en la segunda circunscripción que comprende Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, el Partido Acción Nacional obtuvo un porcentaje de votos del 26.4%, que le permitió consolidarse, en las elecciones legislativas, como primera fuerza sin la coalición en Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, mientras que en Nuevo León y Tamaulipas se consolidó como segunda fuerza bajo las mismas condiciones.
En cuanto al PRI, en la misma circunscripción solo lograron consolidarse como primera fuerza sin la necesidad de la alianza en Coahuila, entidad que actualmente cuenta con un gobierno priísta.
Por otro lado, si bien es cierto que ésta hasta ahora inquebrantable alianza tuvo éxito en algunas circunscripciones, como por ejemplo, la primera que comprende Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, región donde la coalición obtuvo un porcentaje de votos total superior al de la alianza entre Morena, Partido Verde y PT, la creencia de que este resultado es un reflejo de lo que sucederá en el 2024 se suma a la lista de errores que la oposición puede estar cometiendo.
Esto es así debido a que para que existan posibilidades de que esto se replique, lo primero que se debe de asegurar es que la coalición se mantendrá firme los próximos dos años, y lo segundo que necesita asegurar es que estos partidos tengan la voluntad suficiente y la humildad necesaria para ponerse de acuerdo en la designación de las candidaturas más importantes para el 2024.
Aunado a esto, otro factor que probablemente los protagonistas de esta alianza no se han dignado a voltear a ver es Movimiento Ciudadano, partido en crecimiento que tan solo en Jalisco y sin necesidad de coaliciones, obtuvo un porcentaje de votos superior al de la alianza Va por México y que ahora tiene la oportunidad de aprovechar el impulso que el eslogan ‘’Ahora sí, Colosio Presidente’’ puede darles.
Sin embargo, el movimiento naranja también deberá definir su ruta con claridad y resolver si se sumarán a estos partidos que tachan de corruptos, o si cometerán el posible suicidio político de ir solo esperanzados en Colosio.
En razón de lo anterior, asegurar entre líneas que la candidatura a la presidencia de la república por parte de los grupos opositores está definida, es un error más, principalmente porque para el PAN, partido miembro de esta alianza, aceptar esto sería un error político y de calculo que terminaría por borrarlos del panorama político de relevancia nacional en el que han sido protagonistas desde el 2000, pero no solo eso, sino que también, estarían un paso más cerca de convertirse en un partido satélite más de nuestro sistema.
En ese orden de ideas y retomando el nombre que lleva esta columna, el verdadero rival a vencer para la oposición no es Morena, sino el ego que dominará en gran medida la discusión para seleccionar al abanderado o abanderada que encabezará el proyecto de nación que esta quimérica alianza que aglomera ideologías totalmente distintas intentará diseñar para contrarrestar el proyecto de nación del partido del presidente, que pese a sus errores y deficiencias, ha logrado penetrar en un sector de la población que se siente identificado con su narrativa.
Por esta razón, esta etapa tan activa, llena de debates y posicionamientos por parte de la oposición, debe de ser el momento perfecto para que cada uno de los líderes de estos grupos empiece a poner las cartas sobre la mesa para que de una manera verdaderamente pragmática, proponga una ruta a seguir con el objetivo de obtener mayor aprobación social de cara al 2024 y convertirse así en una opción para la ciudadanía, ya que si algo queda claro es que, como dirían por ahí, con las canicas que traen ahorita, se quedan cortos.
O bien, es el momento perfecto para que como en las relaciones sentimentales, cada uno diga qué es lo que quiere y lo que necesita, para que si los caminos no coinciden, cada uno pueda seguir su rumbo y trabajar en lo que considere pertinente para alcanzar el éxito.
Lo que sí es una realidad hoy, es que los tiempos apremian y mientras el Presidente aprovecha el momento y sus fracasos para comenzar a construir una narrativa política centrada en la idea de ‘’traición a la patria’’, la oposición sigue en la nubes soñando con su efímero triunfo en las tribunas del Congreso de la Unión al rechazar una reforma que ya estaba muerta.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Rechaza ser deportado Hernán Bermúdez Requena de Paraguay
Mirza Flores expresa apoyo a Canelo Álvarez
Tlajomulco celebrará el primer Festival de Biodiversidad Etnomicológica
Se rasga bandera gigante en Guanajuato
