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OPINIÓN

La sucesión adelantada por el presidente: El juego de Monreal, entre ser y no ser de Morena

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Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

El superior objetivo de los partidos políticos es alcanzar el poder, con el fin de aplicar sus principios y cumplir compromisos cuando formen gobierno. Todas las demás metas, por importantes que sean, las sujetan a esos principios sustanciales. De allí que a veces se avisten escenarios como los que ahora contemplamos: institutos antes enemigos, resulta que son “amigos” (como el PAN, PRI y PRD) y forman la incongruente coalición “Va por México”.

Por otra parte, la victoriosa “Juntos Haremos Historia”, transformada en 2020 en “Juntos Hacemos Historia”, encabezada por MORENA, ha tenido aliados de chile y picadillo: organismos confesionales como el PES, o logreros como el Verde Ecologista (PVEM) e inexorables como el de los Trabajadores (PT).

La alianza morenista detenta el poder político fundamental, por lo que lógicamente, su principal lucha es conservarlo y en lo posible, incrementarlo sumando entidades federativas: para cristalizar sus ideales instrumentó lo que denomina la Cuarta Transformación, o sencillamente Cuatro T. En cuanto a la oposición, su búsqueda denodada es desbancar a los anteriores, y pugnar por no perder porciones de lo que aún conservan dentro de los ámbitos estatales; su principal defecto hasta ahora es la carencia de programa, inconveniente que todo mundo le echa en cara.

Por separado anotamos al partido Movimiento Ciudadano (MC): es la evolución de Convergencia Democrática (fundado como Agrupación Política en 1996, con registro como partido en 1999) que presidió su fundador Dante Delgado Rannauro -expriísta- quien se sumó a la “Alianza por México” en 2000 (con el PRD, PT y otros) apoyando al candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas. En 2002 recortó su nombre a solo “Convergencia”, reeligiendo a su directiva, o sea, a Dante Delgado. En 2005 y 2006, obtuvo sus primeras gubernaturas (Guerrero y Chiapas) en alianzas con otros institutos, como el PRD. Con este formó nueva coalición (Por el Bien de Todos) para apoyar a Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial del PRD y PT en 2006. Luego constituyó distintas uniones, como el FAP (Frente Amplio Progresista) hasta el “Salvemos a México”, que sumó numerosos organismos, entre ellos el del sol azteca, para caminar unidos desde 2009.

Por fin en julio de 2011 adoptó su vigente denominación: Movimiento Ciudadano, que hoy por hoy “coordina” el senador Dante Delgado, virtual dueño de la institución, a la que había coordinado (eufemismo por dirigido) de 2012 a 2018. Los estados donde participó aliado el partido fueron 7 y solo ganó en Jalisco, donde quien realmente triunfó fue el alfarismo. Ahora tiene además Nuevo León, y podemos incluir a la ciudad de Monterrey con su flamante alcalde, el junior heredero del apellido mágico: Luis Donaldo Colosio -Riojas-.

La inquietud de quien sucederá al actual primer mandatario federal, desde el principio del sexenio ha sido motivo de acotaciones, porque para los mexicanos eso es un verdadero entretenimiento, instigado por los comentócratas con domicilio en la capital de la nación, quienes, si antes lo hacían por rutina, ahora, al perder favores, lo asumen como encomienda. Esa ocupación, encontró tierra fértil cuando AMLO mismo adelantó el tiempo de la sucesión, mencionando a varios de sus colaboradores (Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Tatiana Cloutier, Juan Ramón de la Fuente, etc.) como viables candidatos presidenciales: a todos los mexicanos asombró que entre ellos no incluyera al senador Ricardo Monreal Ávila, líder del Senado.

A la par se llevaron a cabo varias encuestas en las Entidades federativas donde habrá elecciones para gobernador este año: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Las dos coaliciones y el partido MC, han ido nombrando sus candidatos, generando con tal causa, varias confrontaciones, pues en una y otra alianza, los que no fueron nominados han mostrado su inconformidad y amagan hasta con salirse de su partido. En tal tesitura destacan por lo general miembros de MORENA, y en menor grado, en la otra liga, integrantes del PRI o del PAN.

En MC los problemas son menores, porque se dedica a recoger aspirantes de cualquier origen. Dice el diario “Contrapeso Ciudadano” del 11 de este mes: “Dante Delgado a la pepena de inconformes de otros partidos”, aunque dicho personaje, veleidoso como ha sido (antes prefería perredistas) escoge panistas, pues 5 de sus 6 aspirantes provienen de las filas blanquiazules: Patricia Flores Elizondo, cercana colaboradora de Felipe Calderón, ya es abanderada naranja en Durango; Dulce Alejandra García Morlán, precandidata al gobierno oaxaqueño; en Aguascalientes, dos expanistas llegaron a la final del MC: Antonio Martín del Campo y Fernando Herrera Ávila, exvocero con Marko Cortés.

En Quintana Roo, Marybel Villegas Canché confía en darle una nueva entidad a Movimiento Ciudadano; y hasta al saltimbanqui Francisco Xavier Berganza, dos veces candidato a gobernador por el PAN, luego diputado morenista dimitente, ahora aceptó ser postulado a la gubernatura hidalguense. Solo le resta Tamaulipas, en donde el dueño de MC ya le echó la vista a la morenista inconforme, la ex alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, antes panista.

En la coalición “Va por México”, también se han dado las confrontaciones, como la sostenida entre el gobernador hidalguense Omar Fayad contra Alejandro Moreno “Alito” -dirigente del partido tricolor-, a quien acusó de haber entregado al PAN la candidatura, siendo la elegida la señora Carolina Viggiano, secretaria del CEN priísta, pero primero postulada por el panismo. Como respuesta, “Alito” le dijo al “gober” Fayad, que gobernaba para que Hidalgo fuera para MORENA, por lo que no se le tomó en cuenta para la designación. Ahora ya fumaron la pipa de la paz y se toman fotos juntos, campantes cual si no hubiese pasado nada.

Sin embargo, gracias a una ductilidad increíble, los panistas postularon otros dos candidatos, de 4 en que acordaron ir unidos los de “Va por México”: la antedicha candidatura de Hidalgo (priísta, como ya dijimos) más Tamaulipas y Aguascalientes, donde aseguran que tienen mayorías para ganar; pendiente quedó Durango. En vilo están Oaxaca y Quintana Roo, donde Laura Fernández Piña, dejó al Verde para que la postulara el PRD, que, si no logra el respaldo de sus otros colegas, está destinado a perder.

En Oaxaca, la pesca está difícil porque la senadora Susana Harp, perdedora interna en Morena, declaró que “Ella no traiciona”, por lo que no oye cantos de sirena. De allí que ya se constituyeron dos ligas para competir contra el abanderado de Morena (senador Salomón Jara), el favorito para ganar la elección: esas alianzas son “Con Rumbo y Estabilidad por Oaxaca” (Creo), convenida por el alicaído PRD y el PAN; la otra se denomina “Juntos Hacemos Más”, compuesta por el PRI, el Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal).

En cuanto a MORENA, que se cree ganará 4 o 5 gubernaturas de las 6 que estarán en juego, por medio de encuestas muy sigilosas, ya nominó de entre 156 suspirantes, a sus seis abanderados: Por Aguascalientes, Nora Ruvalcaba: en Durango, Marina Vitela; Mara Lezama competirá en Quintana Roo; y Salomón Jara irá por Oaxaca. En Hidalgo y Tamaulipas se eligió a Julio Menchaca y Américo Villareal, respectivamente. Las inconformidades han estado presentes, según anotamos anteriormente, pero las más críticas y que ya impugnaron el proceso ante el Tribunal Electoral, son Durango, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo. Los argumentos de los perdidosos en general son de que las encuestas fueron amañadas, y que la solución para escoger vencedores, fue cupular. No se descarta que algunos de esos aspirantes frustrados, acepten ofertas de partidos distintos.

Ahora bien, el otro reto electoral, de mayor escala que los de este año, es el de la elección federal de 2024. A simple vista, se ve distante, pero el mismísimo presidente de la republica abrió la competición, cuando el año pasado (muy anticipadamente, se asegura) puso sobre la mesa una lista de presuntos aspirantes, llamando la atención de que entre ellos no figurara Ricardo Monreal, notoria figura morenista y líder del Senado. Interrogado este zacatecano, exculpó a López Obrador, diciendo que su enumeración consideró el respeto a los demás poderes de la Unión, y él pertenece al legislativo.

Como es evidente, cada día que pasa se aviva el ambiente en torno a la sucesión de AMLO. Y hasta la fecha, lo claro es que los nombres que se barajan, son de MORENA, y en cuanto a la oposición todo son conjeturas e inferencias: recientemente el líder del PRI se dijo listo para participar, ante la incredulidad de los mexicanos. Por el panismo, sigue en su macho el desmerecido Ricardo Anaya, y a veces se mencionan sujetos como Claudio X. González jr., o hasta a Lorenzo Córdova, el del INE: pero todo son desazonadas suposiciones. Por su lado, MC sigue en su idea de no aliarse, y que con sus políticos mas destacados tiene suficiente para competir; estos no pasan de los gobernadores de Jalisco, de Nuevo León y el alcalde de Monterrey.

Según el primer mandatario nacional, la sucesión arrancó ya, porque, a diferencia del pasado, “ahora no habrá tapadismo” y los aspirantes deben estar a la vista de todos. El excluido, Ricardo Monreal, afirma que “Se vive una sucesión adelantada…sucesión precipitada, fuera de toda lógica institucional, y muy muy alejada de cualquier ortodoxia; para mí no fue oportuna, correcta ni conveniente, incluso no lo creí necesario”. (entrevista de Roberto Zamarripa, Reforma, 9.ene.22). Estas consideraciones ponen de manifiesto la confrontación entre el Presidente y el dirigente del Senado, lo cual puede devenir en lamentable fractura para el partido en el poder.

El adalid real de MORENA (AMLO), secunda la idea de que las encuestas determinen quien será el representante de su partido en esa contienda de 2024, subrayando que él apoyará a quien salga adelante en esos sondeos. En cambio, Monreal plantea como mejor método el de elecciones primarias, propuesta que al parecer no tiene mucha aceptación en las filas morenistas, ni en el movimiento lopezobradorista, que es más amplio. Esta confrontación aleja más al Senador, de su meta de ser candidato; empero, porfiado como es, alega que ganará la postulación.

Pedro Miguel, intelectual morenista importante, declaró: El Presidente ha sido claro, en decir que él no es el factor decisivo de quien será candidato. Que apoyará a quien las encuestas digan es el más popular, y si Monreal como dice, es el más popular, pues no hay problema, él sería el candidato. (Entrevista con Rubén Luengas, En contexto, 9-ene-22).

Según Juan Ignacio Zavala -panista- la actitud de Monreal es medida, al salir a declarar en medios hostiles a la Cuatro T., con lo cual persevera en su empeño. Pero a la vez lo acerca más al descarte, si quien puede (el mandatario), decide quitarlo de guía senatorial. Según Héctor Aguilar Camín, el juego de Monreal es ambiguo y hace valer sus buenas relaciones con diversos partidos, además de que en los comicios de junio hizo sentir su poder, factor por el que hubo fracasos morenistas. Finalmente, dice este intelectual orgánico, estamos en el juego democrático, y se debe tener en cuenta -para el caso de que Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, se frustren- otros posibles jugadores de la sucesión, como el Secretario de Gobernación, al embajador en la ONU y hasta al coordinador de asesores de López Obrador, Lázaro Cárdenas Batel. (Botepronto, Milenio, 13-oct-2021).

Otro frente de confrontación lo ilustra la declaración de Monreal a Roberto Zamarripa, sobre que, si se da opción a los radicales, estos acabarán al país. En su libro “La Larga Travesía” (repaso de la campaña presidencial de 2012), propone saber recorrerse de la izquierda al centro, para poder ganar; por ello, afirma que “Yo no estoy de acuerdo con radicalismos”, agregando, “…concuerdo más con la democracia social que con los extremismos de la izquierda. El presidente sabe que yo no soy de ninguna extrema posición, ni de derecha ni de izquierda”. (Reforma, 9 ene 22). Pedro Miguel opinó al respecto: ¿No habrá país? suena muy apocalíptico. (En contexto, 9-ene-22). AMLO abundó que ser radical, es profesar de raíz los principios de izquierda, y reiteró en una mañanera: que reprueba lo de correrse al centro, buscar quedar bien con todos; se debe ser auténtico, estar anclados en nuestros principios, no zigzaguear, pronunciándose siempre por los pobres y la justicia, para tener simpatía de los de abajo, de la zona lúcida y humana de la clase media y alta, con lo que es suficiente para derrotar a los reaccionarios.

A propósito de lo anterior, dice Alejandro Páez: Cada que replica Monreal, saca ventajas: la pasada vez en 2018, al perder la candidatura a la Ciudad De México, salió ganando senaduría y liderazgo de la Cámara Alta. Total, siempre tiene a donde ir, aunque sostiene: “Estoy en Morena, sigo en Morena, porque en Morena hay muchas visiones, hay quienes coinciden conmigo, hay quienes no, que han viciado este proceso anticipado de la sucesión …” (Sin Embargo, 10-ene-22). Y a Zamarripa le expresó que “estoy viviendo una etapa difícil en mi vida pública, en mi vida política, una etapa que a nadie se la deseo”.

Hace unos días, Monreal, en conjunto a Dante Delgado, se querelló contra Cuitláhuac García, ejecutivo veracruzano, por la detención del cercano colaborador en el Senado, el emecista José Manuel del Río, acusado de homicidio, con lo cual abrió otra confrontación intramorenista: Monreal acusa al juez del caso como “de consigna”, y a la fiscalía estatal como servidora del ejecutivo, calificando al asunto de absurdo, ilegal, “de risa” en cuanto a lo jurídico, porque a él le consta lo recto del detenido. López Obrador, advirtió que esas rencillas dañan a Morena y a la Cuatro T, y que el gobernador es muy recto.

Así las cosas, el senador morenista está confrontado con Cuitláhuac García, con Claudia Sheinbaum, con varios senadores que ya no lo siguen como líder, con muchísimos lopezobradoristas, y sobre ello, contesta: que fue fundador de Morena, que es independiente de criterio y de opinión, que tiene diferencias con quienes abusan del poder porque cometen los excesos que cuestiona Morena.

Dice no tener rencillas, sino diversos puntos de vista. Que él lucha por que las ideas predominen sobre “este proceso de aniquilamiento que pretenden instaurar las facciones”. Por ello, “voy a luchar en el interior del partido, aunque no en igualdad de circunstancias, porque no las hay, no hay piso parejo”: pero no es mi intención confrontarme con el mandatario, porque “creo que la aportación que él ha hecho a este capítulo de la vida nacional, es sorprendente y es admirable”, es un demócrata, lo conozco muy bien luego de luchar 24 años juntos; es muy fuerte, “goza de apoyos no solo en Morena, sino con aliados y fuerzas independientes, por lo que, lo que haga por uno u otro de los aspirantes, es muy pesado: a uno se le apapacha, a otro se le reconoce y a uno más se le ignora”, por lo que la expresión de la militancia es un reflejo de esa conducta; pero “yo estoy muy tranquilo, he jugado las reglas de la política toda mi vida, nunca he corrido con la ventaja de la nomenclatura, y no reclamo trato diferente, ni patrocinio ajeno, solo quiero que se democratice la decisión del partido en el momento de tomarla”. Por ello ahora no debe haber confrontación irracional, “estamos a tiempo de evitar que la pugna y purga sean características de Morena”, eso a nadie le conviene.

Por lo supra escrito, muchos opinadores estiman que la única boleta para que Monreal sea candidato, no es por Morena sino en la oposición. Según Alejandro Páez, Ricardo “no es del PRI, pero no lo descarten; no es de MC, pero tiene un pie ahí; no es del PRD, pero lo tienen de aliado; no es del PT, pero el PT ha sido de él; es de Morena, pero en Morena se entiende por sus propios mensajes que no lo es tanto: ahora está en el reniega y vencerás, caminando hacia el ganar perdiendo, sino es que se revienta la liga…”. A eso de abanderar otro partido, el senador contestó pronto: “Espero que no, ya pasó una historia con un presidente de la república”.

Finalmente, en cuanto a su relación con el primer magistrado, trata de poner punto final con el siguiente mensaje difundido en sus redes sociales: “Hace casi un cuarto de siglo inicié una larga travesía de lucha política con el Lic. Andrés Manuel López Obrador para transformar las instituciones de la nación. Fue la mejor decisión; nunca confrontaré al presidente ni me alejaré de mis ideales por un mejor país. ¡Viva México!”.

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NACIONALES

La presidenta Sheinbaum: ¿Acatará tratados internacionales?

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De primera mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín //

EL CLAROSCURO de la reforma judicial. Por un lado, los opositores a esta reforma promovida por López Obrador y consumada por Claudia Sheinbaum, tienen en el Artículo Primero de la Constitución y en la actuación de los organismos internacionales que vigilan el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos para la defensa de los derechos humanos, un argumento más de lucha.

Por el lado oficial, dueña de los tres poderes del Estado Mexicano y seguidora de la “cuarta transformación” -que ha hecho a un lado los criterios de organizaciones internacionales que exponen sus opiniones con respecto al gobierno de México-, la presidenta Sheinbaum podría promover de una vez por todas las reformas constitucionales que harían a un lado el actual ordenamiento contemplado en la Carta Magna para dejar de considerar todo tratado internacional como Ley Suprema.

No podemos olvidar que en el paquete de reformas constitucionales para establecer la “Ley Suprema” del Congreso de la Unión por encima del Poder Judicial Federal, se contemplaba una reforma para hacer a un lado del texto lo relativo a los “tratados internacionales”, pero al final del día no se contempló.

Hasta ahora, el Artículo 1 de la Constitución se contempla así:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

Por parte de los organismos internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos, hay un tema neurálgico en relación a México, luego de la reforma judicial y la expectativa de una posible violación a los derechos humanos ante la selección de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal a través del voto popular, porque los nuevos juzgadores podrían sujetarse a las consignas políticas y no a la Ley.

Una abogada experta en el sistema interamericano de derechos humanos –Tamara Taraciuk-, dijo a “Proceso” lo siguiente:

“Si el Estado Mexicano ignora las eventuales recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este organismo se transforma en una suerte de Fiscalía y lleva el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica y este tribunal inicia un proceso que podría culminar en una sentencia condenatoria vinculante que el Estado Mexicano tendría la obligación de cumplir como firmante de la Convención Interamericana de Derechos Humanos”

Aparte, de forma paralela, en la Organización de las Naciones Unidas se desarrolla un proceso en el que el Estado mexicano tiene que responder. La reforma también está en la mira de la relatora especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados y de la Comisión de Venecia, un organismo de la Unión Europea que vela por el constitucionalismo y el Estado de derecho y del cual México forma parte. De parte de estas organizaciones no hay sentencias vinculantes pero sí pronunciamientos políticos.

Aparte, el artículo 133 de la Constitución establece que los tratados internacionales son parte de la Ley Suprema de la Unión, junto con la Constitución y las leyes del Congreso.

Palabras más, palabras menos, ante el inminente riesgo de violaciones a los derechos humanos por la puesta en práctica de una reforma judicial cuyos jueces electos por el voto popular atenderían las recomendaciones de quienes los colocaron para “administrar la justicia” y no a la interpretación de la Constitución en sus primeros 29 artículos relativos a las garantías individuales o derechos del hombre y la mujer, el gobierno de México podría recibir una condena internacional y verse obligado a modificar parte de su reforma al Poder Judicial de la Federación.

Eso por un lado, pero por otro, podría ser una oportunidad para que el régimen impuesto por López Obrador y perfeccionado por Claudia Sheinbaum, quite los candados constitucionales que le oprimen aún, el propósito de establecer de una vez por todas un régimen en manos de una sola persona, es decir, una autocracia en la que las libertades y derechos humanos de sus ciudadanas y ciudadanos se sujetarían a la voluntad del Estado, el mismo que sería capaz de declarar de utilidad pública, toda propiedad privada.

NO HABRÁ DIÁLOGO CON LA OPOSICIÓN

SI LA presidenta Sheinbaum hizo de manera personal una crítica pública al nuevo dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, es porque está enviando un mensaje de que no habrá diálogo alguno con la oposición… Decir que Romero es “el jefe del cartel inmobiliario” en la ciudad de México, podría haber corrido a cargo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez o de la presidenta de MORENA, Luisa María Alcalde, pero no fue así… Un asunto de bajo perfil fue tomado como un pretexto para decir a todos los mexicanos que esta “construcción del segundo piso de la cuarta transformación”, solo gobernará para los simpatizantes, haciendo a un lado a todo aquel o aquella que piense diferente… Adiós entonces a la aspiración de un llamado desde palacio nacional a la unidad de las y los mexicanos…

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JALISCO

Madruguete legislativo: El pacto silencioso que define la política jalisciense

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

El reloj marcaba las 2:33 de la madrugada cuando la 64 Legislatura del Congreso de Jalisco, bajo el tenue resplandor de la noche, decidió consumar lo que muchos en el recinto describieron como un “madruguete”. En una sesión cargada de tensión, se aprobó la integración de las 20 comisiones legislativas, un acto que, más que ser un simple trámite administrativo, reveló la maquinaria oculta que mueve los hilos del poder en el estado.

Mientras la mayoría de los legisladores dieron su voto favorable, los cinco integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) se opusieron con firmeza. Claudia Murguía Torres, coordinadora de la bancada panista, alzó la voz contra lo que calificó como un “acuerdo vergonzoso” entre Movimiento Ciudadano (MC) y Morena. Con un tono severo, señaló la falta de transparencia y la premura innecesaria de una sesión que, según ella, podría haberse realizado con luz de día y mayor deliberación.

La crítica de Murguía resonaba más allá del recinto: “No hay urgente necesidad”, afirmó, cuestionando la prisa por votar cuando aún quedaban días para cumplir el plazo legal. Y, sin embargo, su voz parecía ahogarse en un entorno donde las alianzas veladas y los intereses partidistas ya habían definido el resultado.

El coordinador de MC, José Luis Tostado, respondió con la habilidad retórica que caracteriza a los políticos experimentados. Negó cualquier pacto exclusivo con Morena y afirmó que los acuerdos fueron alcanzados con siete de los ocho grupos parlamentarios. Pero los hechos hablan más alto que las palabras, y el reparto de las presidencias de las comisiones legislativas parece contar una historia distinta.

EL REPARTO DEL PODER

Movimiento Ciudadano, como era de esperarse, se quedó con las comisiones clave: Hacienda y Presupuestos, Seguridad y Justicia, Movilidad y Transporte, entre otras. Con estas posiciones, MC asegura su dominio sobre los recursos financieros, la agenda de seguridad y los proyectos de movilidad, consolidando así su narrativa de partido hegemónico en Jalisco.

Morena, por su parte, tomó el control de comisiones que, aunque importantes, carecen del impacto presupuestal que caracteriza a las de MC. Igualdad Sustantiva y de Género, Vigilancia y Sistema Anticorrupción, y Participación Ciudadana son comisiones que encajan con la retórica progresista del partido, pero cuyo alcance real en términos de poder legislativo es limitado.

El PAN, relegado a un papel testimonial, mantuvo las comisiones de Asistencia Social, Familia y Niñez, así como Gobernación. Estas presidencias son más un consuelo simbólico que una herramienta de influencia real. Mientras tanto, el PRI y los partidos minoritarios —Hagamos, PVEM, PT y Futuro— obtuvieron presidencias que parecen más un intento de mantenerlos en la mesa de negociación que una concesión de poder auténtico.

LA SOMBRA DE UN PACTO NO TAN SILENCIOSO

El PAN, con razón o sin ella, parece haber sido el único partido dispuesto a denunciar públicamente lo que otros solo murmuran en los pasillos: la existencia de un acuerdo entre MC y Morena. Aunque ambos partidos lo niegan, su coordinación para sacar adelante esta votación en una sesión de madrugada sugiere que hay más en juego que el cumplimiento de un plazo legal.

En este contexto, la declaración de Julio Hurtado, diputado panista, resulta especialmente elocuente: “El que hoy estemos debatiendo este tema a las 2 de la mañana habla por supuesto de lo vergonzante que es para Movimiento Ciudadano arrancar esta Legislatura entregándole el control de lo que hoy es la gran coyuntura nacional”.

EL PESO DE LOS NOMBRAMIENTOS

La sesión no solo fue polémica por la distribución de las comisiones. También se tomó protesta a Eduardo Fabián Martínez Lomelí como secretario general del Poder Legislativo. Martínez Lomelí, cercano al gobernador Enrique Alfaro, es una figura clave en la operación legislativa y su continuidad refuerza la influencia de MC dentro del Congreso.

Su permanencia no es un detalle menor; representa el control administrativo y técnico del Legislativo, un poder que muchas veces opera lejos de los reflectores, pero que es crucial para la agenda de cualquier partido en el gobierno.

LA GLOSA 2024: OBRA DE TEATRO EN PUERTA

Otro de los puntos aprobados fue la realización de la Glosa 2024 los días 20, 21 y 22 de noviembre. Este ejercicio de rendición de cuentas, en teoría, debería ser una oportunidad para que los legisladores cuestionen a los titulares de las dependencias gubernamentales sobre su gestión. Sin embargo, los antecedentes nos enseñan que estas sesiones suelen ser más un espectáculo político que un verdadero ejercicio de fiscalización.

LA COREOGRAFÍA DEL PODER

Lo ocurrido en esta primera sesión de madrugada de la 64 Legislatura no es un hecho aislado; es una muestra del entramado político que define a Jalisco. Movimiento Ciudadano, Morena y los demás partidos están inmersos en un juego donde la prioridad no es el bien común, sino la consolidación de poder. Las críticas del PAN, aunque legítimas, también deben ser vistas con escepticismo; ningún partido está libre de pecados en esta danza de intereses y no podemos olvidar que, la legislatura pasada el PAN tenía en Claudia Murguía a la diputada más naranja de los azules.

Si algo dejó claro esta sesión inaugural, es que el Congreso de Jalisco no será el espacio para el debate plural. Los acuerdos entre MC y Morena marcarán la pauta, mientras el resto de las fuerzas políticas se adaptan o perecen. En la penumbra de la madrugada, las decisiones se tomaron con una urgencia cuestionable y una opacidad indignante. Para los ciudadanos, queda la amarga certeza de que, en este juego de poder, su voz sigue siendo un eco perdido en el vacío legislativo.

En X @DEPACHECOS

 

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NACIONALES

El costo de la transparencia

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Opinión, por Salvador Romero Espinoza //

La propuesta de reforma al artículo 116 de la Constitución para desaparecer a los 32 institutos de transparencia locales del país, nos costará casi 20 veces más de lo que actualmente nos cuestan dichos institutos, de acuerdo a la distribución de funciones y obligaciones que establece para las contralorías de cada una de las casi 7,000 autoridades estatales y municipales del país.

En primer lugar, hay que señalar que el presupuesto aproximado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es de 1,000 millones de pesos anuales, mientras que el presupuesto aproximado de los 32 institutos de transparencia locales del país, ronda los 1,300 millones de pesos al año; el Instituto de Transparencia Jalisciense (ITEI), por ejemplo, tiene un presupuesto aproximado de 60 millones de pesos anuales, básicamente el mismo desde hace 12 años; es decir, la totalidad de los 33 institutos de transparencia cuestan a cada mexicana y mexicano alrededor de $17 pesos al año, menos de lo que cuesta un refresco.

De esos presupuestos, alrededor del 70% de los recursos se destina a lo que se conoce como “Capítulo 1000”, es decir, al pago de sueldos, salarios, prestaciones y honorarios de las personas que apoyan a dichos institutos de transparencia a cumplir con sus funciones, que en el INAI son alrededor de 800 personas y en el resto de los institutos de transparencia del país alrededor de 1,200 personas; el ITEI, por ejemplo, tiene una plantilla de personal de 94 personas.

Por su parte, la propuesta de reforma constitucional, denominada de “simplificación administrativa”, cuya finalidad es la destrucción de 39 organismos constitucionales autónomos (creados como contrapesos al poder público), establece también una propuesta de modificación al artículo 116 (relativo a las atribuciones de las entidades federativas), que violenta completamente el esquema federalista mexicano y el principio de soberanía de los estados que forman nuestra República, pues prohíbe a las entidades el que puedan preservar a sus institutos de transparencia, a pesar que dicho artículo fue concebido para reconocerles atribuciones a las entidades federativas, no para imponerles prohibiciones.

En dicha propuesta de reforma se establece la desaparición obligatoria de los 32 institutos de transparencia del país para que cada contraloría o equivalente de cada autoridad, realice las atribuciones que actualmente realizan dichos institutos, entre otras, conocer de las quejas, impugnaciones, recursos e inconformidades que presente la sociedad en contra de la opacidad de las instituciones públicas, así como las verificaciones a sus portales de transparencia y la capacitación a su personal y a la sociedad civil.

Este esquema conllevaría un enorme gasto presupuestal, dado que -haciendo a un lado a la Federación- actualmente existen casi 7,000 sujetos obligados (o autoridades) estatales y municipales (en Jalisco rondan los 600), por lo que una debida tutela de los derechos fundamentales a la información y a la protección de datos personales, que actualmente está encomendada a los institutos de transparencia, implicaría que en cada contraloría de cada autoridad se contrataran, al menos, 3 tres nuevas personas: una responsable de la resolución de recursos en materia de acceso a la información y de las denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia; otra responsable de las verificaciones a los portales de transparencia y de la capacitación; y otra especializada en resolver controversias relacionadas con la protección de datos personales.

En otras palabras, en el discurso oficial para justificar la destrucción de los institutos de transparencia, se ha señalado que son costosos para el presupuesto y que su desaparición implicaría un ahorro para el erario público, sin embargo, con el esquema propuesto, si en verdad se quieren proteger adecuadamente estos derechos humanos, se tendrían que contratar a alrededor de 21,000 personas nuevas para tutelarlos de manera eficiente por los sujetos obligados estatales y municipales (en contraste con las alrededor de 1,200 personas que actualmente laboran en los 32 institutos locales), por lo que, en realidad, este esquema propuesto, además de todas las implicaciones negativas que tiene, también nos costaría a las y a los mexicanos, cuando menos 17 veces más de lo que actualmente nos cuestan los institutos de transparencia locales del país.

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