OPINIÓN
Las matemáticas y la democracia
Educación, por Isabel Venegas //
Una de las ramas más bonitas de la matemática es la estadística, aunque creo que cada día se enfrenta a retos más complicados por varios factores. Recordemos que las últimas encuestas han fallado: desde el Brexit, el triunfo electoral de Donald Trump, el plebiscito por la paz de Colombia, las elecciones en México.
Un día me preguntaba un buen amigo ¿Las matemáticas son invento del ser humano, o es el ser humano queriendo representar lo que ya existe? Me gusta pensar que ambas premisas son ciertas porque básicamente son lo mismo; es el ser humano el que crea un sistema de símbolos para representar los fenómenos que suceden a su alrededor y que procesa desde la evolución de su propio pensamiento.
¿Sabes cuánto trabajo filosófico requirió concebir al elemento cero? ¿Cómo se fundamentó el pensamiento de la nada? O al extremo opuesto ¿Cómo pudo un día el ser humano definir al infinito? Para nosotros es fácil hablar de ello desde el cúmulo de conocimientos que tenemos ya cargado en nuestro ADN, producto de una evolución de millones de años.
Tanto es creación del ser humano, como también es explicación de lo que vamos observando. A mí por ejemplo, de niña me gustaba jugar a encontrar las paralelas en mi camino a la escuela, o igual que a mis hermanos me divertía ir contando vochos de color amarillo, formar figuras con las nubes, etc. De una manera u otra, observamos, aprendemos y hacemos conjeturas. Creo que los matemáticos son solo seres que tienen ojos grandes y sus sentidos bien abiertos; que se divierten con encontrar patrones, similitudes, repeticiones, y con base en eso que identifican, luego pretenden argumentar una ley que explique cómo se comporta cada fenómeno. Asegurar a partir de esas leyes el modo en el que se generaliza el desarrollo de las enfermedades, las tormentas, las constelaciones, o la más enigmática de todas: la conducta del ser humano.
Una de las ramas más bonitas de la matemática es la estadística, aunque creo que cada día se enfrenta a retos más complicados por varios factores.
Recordemos que las últimas encuestas han fallado: desde el Brexit, el triunfo electoral de Donald Trump, el plebiscito por la paz de Colombia, las elecciones en México y recientemente los resultados en el proceso electoral de Argentina; en casi todos los casos la evaluación es que justo cuando más se les necesitaba la estadística falló, y aunque hay aspectos que debemos considerar para contradecir eso, en general la concepción de la eficiencia es muy negativa.
Las aristas a considerar son muchas, pero vayamos a una, y es que entre los mismos encuestadores no se ponen de acuerdo para establecer si están ahí para pronosticar resultados o no. En el caso de la aplicación para el tema electoral, Roy Campos de Consulta Mitofsky decía que si tuviéramos la posibilidad de predecir los resultados finales, ya no sería necesario hacer el gasto de la jornada electoral, haríamos las encuestas y ¡Cierren el changarro, vámonos ya!”. La estadística tiene un análisis predictivo y descriptivo, entonces en primera instancia nos está narrando una situación, que se refiere a cómo vive la sociedad esa contienda, amén de considerar más urgente la necesidad de predecir lo que va a suceder.
¿Qué sucede con las casas encuestadoras que fallaron en sus estimaciones? Ciertamente en nuestro país no hay esquemas de sanción para aquellas que manipularon información, tampoco para las que emitieron resultados sin mostrar los esquemas de operación, los tipos de muestreo o alteran los márgenes de confianza, dejando al lector en las manos de una interpretación que desafortunada e indebidamente, influye en su intención de voto.
¿Cuántos se preguntaron más de una vez, si debían votar mejor por un candidato que estaba en segundo lugar para que fuera un “voto útil” en el supuesto de que su primera elección fuera en tercer lugar?, independientemente de la propuesta que ese candidato representaba. No hay juicio para esas “empresas” que lucraron con información y que más allá de ser un mecanismo de apoyo, fueron un distractor de las bases que cada candidato dio en su plataforma electoral.
Pero en defensa de ese trabajo, suponiendo honestidad y ética por parte de esas compañías, deberíamos señalar un punto que llama mucho la atención, la mayoría de las casas encuestadoras operan con el hipotético de que la ciudadanía habría de ir a votar, en un proceso en el que “todos” valoramos y cuidamos la democracia; pero ese supuesto es un imaginario que opera solo en las redes sociales y el marketing de la medianía social. A más de un año de haber pasado una de las elecciones más caras, complejas y complicadas de nuestra historia, es momento de hacer una evaluación desde uno de los ángulos más simples y a la vez, menos evidentes: el procesamiento y la organización de la información.
Ya por la omnipresencia de los medios de comunicación, y por una voracidad de las campañas políticas por conquistar el mercado de la información, durante las pasadas elecciones comenzamos a ver fluir una cantidad de encuestas que querían justificar desde cada esquina del cuadrilátero, a su candidato.
Es cierto que todos los que hayan pasado por lo menos por primaria, ya cuentan con nociones de estadística elemental, sin embargo, el sesgo de no tener herramientas avanzadas, dificulta entender por qué los resultados que arrojan ciertas casas encuestadoras con altos niveles de confiabilidad contradecían los resultados de mi estadística de facebook. Sería tal vez porque yo hago la encuesta con mis amigos, que por algo son mis amigos, La elección del muestreo es un factor clave para una buena representación de la investigación.
Aunado a esa condición que a la mayoría se nos suele olvidar, también hay que considerar factores que hacen más complejo el trabajo del manejo de datos, como por ejemplo los costos que representa hacer una encuesta, de la capacitación que deben tener los aplicadores, desde el modo en el que abordan a los ciudadanos y si le hacen preguntas, cómo plantean las opciones o si le entregan una boleta en blanco, etc. La metodología más común distribuye la muestra entre las opciones Partido A, Partido B, Partido C, y los indecisos quienes en el transcurso de la campaña electoral tomarían posicionamiento sobre alguna de las propuestas.
El 2 de julio del 2018, el candidato Andrés Manuel López Obrador se erguía como el ganador de la contienda electoral, cuando habiendo sido convocados 89.1 millones de mexicanos a votar, sólo acudió el 62.65%.
El hecho de que casi el 40% de la ciudadanía no haya acudido a la fiesta de la democracia, no era garantía de que se pudieran definir como indecisos. Esa es una categoría que fluctúa entre la falta de precisión y la mentira, ya sea por el ciudadano o por el aplicador. Debemos empezar a proponer como medida urgente para las siguientes elecciones, el hecho de que el voto no sea tan solo un derecho, sino dar el siguiente paso para que se vuelva una obligación. Desde esa perspectiva ahora sí podríamos estar evaluando el trabajo de las casas encuestadoras, pero más aún, tendríamos un esquema de compromiso social mucho mayor.
Por la calle se percibe mucha molestia hacia la clase política, alejándola cada vez más de la ciudadanía por ella misma. Pareciera que los diputados, regidores, senadores o gobernadores no fueran ciudadanos, pero entre las prebendas de unos cotos de poder, sueldos magnánimos, impunidad, etc. hacen que no operen como el resto de la población. Al mismo tiempo, los votantes consideran que el momento de la vida democrática se restringe sólo al tiempo de elección y cuando se vienen las campañas políticas, se siente ese dolor de cabeza con lo que ya se conoce que va a suceder.
El momento que se vive ante las demandas populares ya no puede esperar a la benevolencia de un pueblo que se conforma con “lo que hay”, pero al mismo tiempo reclama el compromiso de la contraparte que se debe elevar.
La propuesta para volver obligatorio el voto, habla de una conciencia de participación ciudadana que no se ha enfrentado por el cómodo status quo que trajo beneficios para ciertos cotos de poder, pero que ahora mismo ven temblar su supervivencia ante el reclamo del pueblo a un gobierno que llegó para cambiar esquemas, no siempre desde una profunda evaluación pero que de una manera u otra, han generado la crisis que nos puede servir para mejorar nuestro nivel de compromiso comunitario.
Las matemáticas nos dicen cosas, nos hablan de nuestras realidades, pero en este momento nos están diciendo que no podemos seguir operando con lo que se consiguió hace años como libertad de elección y derecho a la secrecía del voto. Si la vida democrática está en nuestras manos, entonces asumamos ese compromiso con la obligatoriedad que trae consigo cada libertad. Hashtags: #VotoObligatorio, #EducacionDemocratica, #ParticipacionEfectiva.
Las matemáticas y la democracia
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
isa venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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