OPINIÓN
Las matemáticas y la democracia
Educación, por Isabel Venegas //
Una de las ramas más bonitas de la matemática es la estadística, aunque creo que cada día se enfrenta a retos más complicados por varios factores. Recordemos que las últimas encuestas han fallado: desde el Brexit, el triunfo electoral de Donald Trump, el plebiscito por la paz de Colombia, las elecciones en México.
Un día me preguntaba un buen amigo ¿Las matemáticas son invento del ser humano, o es el ser humano queriendo representar lo que ya existe? Me gusta pensar que ambas premisas son ciertas porque básicamente son lo mismo; es el ser humano el que crea un sistema de símbolos para representar los fenómenos que suceden a su alrededor y que procesa desde la evolución de su propio pensamiento.
¿Sabes cuánto trabajo filosófico requirió concebir al elemento cero? ¿Cómo se fundamentó el pensamiento de la nada? O al extremo opuesto ¿Cómo pudo un día el ser humano definir al infinito? Para nosotros es fácil hablar de ello desde el cúmulo de conocimientos que tenemos ya cargado en nuestro ADN, producto de una evolución de millones de años.
Tanto es creación del ser humano, como también es explicación de lo que vamos observando. A mí por ejemplo, de niña me gustaba jugar a encontrar las paralelas en mi camino a la escuela, o igual que a mis hermanos me divertía ir contando vochos de color amarillo, formar figuras con las nubes, etc. De una manera u otra, observamos, aprendemos y hacemos conjeturas. Creo que los matemáticos son solo seres que tienen ojos grandes y sus sentidos bien abiertos; que se divierten con encontrar patrones, similitudes, repeticiones, y con base en eso que identifican, luego pretenden argumentar una ley que explique cómo se comporta cada fenómeno. Asegurar a partir de esas leyes el modo en el que se generaliza el desarrollo de las enfermedades, las tormentas, las constelaciones, o la más enigmática de todas: la conducta del ser humano.
Una de las ramas más bonitas de la matemática es la estadística, aunque creo que cada día se enfrenta a retos más complicados por varios factores.
Recordemos que las últimas encuestas han fallado: desde el Brexit, el triunfo electoral de Donald Trump, el plebiscito por la paz de Colombia, las elecciones en México y recientemente los resultados en el proceso electoral de Argentina; en casi todos los casos la evaluación es que justo cuando más se les necesitaba la estadística falló, y aunque hay aspectos que debemos considerar para contradecir eso, en general la concepción de la eficiencia es muy negativa.
Las aristas a considerar son muchas, pero vayamos a una, y es que entre los mismos encuestadores no se ponen de acuerdo para establecer si están ahí para pronosticar resultados o no. En el caso de la aplicación para el tema electoral, Roy Campos de Consulta Mitofsky decía que si tuviéramos la posibilidad de predecir los resultados finales, ya no sería necesario hacer el gasto de la jornada electoral, haríamos las encuestas y ¡Cierren el changarro, vámonos ya!”. La estadística tiene un análisis predictivo y descriptivo, entonces en primera instancia nos está narrando una situación, que se refiere a cómo vive la sociedad esa contienda, amén de considerar más urgente la necesidad de predecir lo que va a suceder.
¿Qué sucede con las casas encuestadoras que fallaron en sus estimaciones? Ciertamente en nuestro país no hay esquemas de sanción para aquellas que manipularon información, tampoco para las que emitieron resultados sin mostrar los esquemas de operación, los tipos de muestreo o alteran los márgenes de confianza, dejando al lector en las manos de una interpretación que desafortunada e indebidamente, influye en su intención de voto.
¿Cuántos se preguntaron más de una vez, si debían votar mejor por un candidato que estaba en segundo lugar para que fuera un “voto útil” en el supuesto de que su primera elección fuera en tercer lugar?, independientemente de la propuesta que ese candidato representaba. No hay juicio para esas “empresas” que lucraron con información y que más allá de ser un mecanismo de apoyo, fueron un distractor de las bases que cada candidato dio en su plataforma electoral.
Pero en defensa de ese trabajo, suponiendo honestidad y ética por parte de esas compañías, deberíamos señalar un punto que llama mucho la atención, la mayoría de las casas encuestadoras operan con el hipotético de que la ciudadanía habría de ir a votar, en un proceso en el que “todos” valoramos y cuidamos la democracia; pero ese supuesto es un imaginario que opera solo en las redes sociales y el marketing de la medianía social. A más de un año de haber pasado una de las elecciones más caras, complejas y complicadas de nuestra historia, es momento de hacer una evaluación desde uno de los ángulos más simples y a la vez, menos evidentes: el procesamiento y la organización de la información.
Ya por la omnipresencia de los medios de comunicación, y por una voracidad de las campañas políticas por conquistar el mercado de la información, durante las pasadas elecciones comenzamos a ver fluir una cantidad de encuestas que querían justificar desde cada esquina del cuadrilátero, a su candidato.
Es cierto que todos los que hayan pasado por lo menos por primaria, ya cuentan con nociones de estadística elemental, sin embargo, el sesgo de no tener herramientas avanzadas, dificulta entender por qué los resultados que arrojan ciertas casas encuestadoras con altos niveles de confiabilidad contradecían los resultados de mi estadística de facebook. Sería tal vez porque yo hago la encuesta con mis amigos, que por algo son mis amigos, La elección del muestreo es un factor clave para una buena representación de la investigación.
Aunado a esa condición que a la mayoría se nos suele olvidar, también hay que considerar factores que hacen más complejo el trabajo del manejo de datos, como por ejemplo los costos que representa hacer una encuesta, de la capacitación que deben tener los aplicadores, desde el modo en el que abordan a los ciudadanos y si le hacen preguntas, cómo plantean las opciones o si le entregan una boleta en blanco, etc. La metodología más común distribuye la muestra entre las opciones Partido A, Partido B, Partido C, y los indecisos quienes en el transcurso de la campaña electoral tomarían posicionamiento sobre alguna de las propuestas.
El 2 de julio del 2018, el candidato Andrés Manuel López Obrador se erguía como el ganador de la contienda electoral, cuando habiendo sido convocados 89.1 millones de mexicanos a votar, sólo acudió el 62.65%.
El hecho de que casi el 40% de la ciudadanía no haya acudido a la fiesta de la democracia, no era garantía de que se pudieran definir como indecisos. Esa es una categoría que fluctúa entre la falta de precisión y la mentira, ya sea por el ciudadano o por el aplicador. Debemos empezar a proponer como medida urgente para las siguientes elecciones, el hecho de que el voto no sea tan solo un derecho, sino dar el siguiente paso para que se vuelva una obligación. Desde esa perspectiva ahora sí podríamos estar evaluando el trabajo de las casas encuestadoras, pero más aún, tendríamos un esquema de compromiso social mucho mayor.
Por la calle se percibe mucha molestia hacia la clase política, alejándola cada vez más de la ciudadanía por ella misma. Pareciera que los diputados, regidores, senadores o gobernadores no fueran ciudadanos, pero entre las prebendas de unos cotos de poder, sueldos magnánimos, impunidad, etc. hacen que no operen como el resto de la población. Al mismo tiempo, los votantes consideran que el momento de la vida democrática se restringe sólo al tiempo de elección y cuando se vienen las campañas políticas, se siente ese dolor de cabeza con lo que ya se conoce que va a suceder.
El momento que se vive ante las demandas populares ya no puede esperar a la benevolencia de un pueblo que se conforma con “lo que hay”, pero al mismo tiempo reclama el compromiso de la contraparte que se debe elevar.
La propuesta para volver obligatorio el voto, habla de una conciencia de participación ciudadana que no se ha enfrentado por el cómodo status quo que trajo beneficios para ciertos cotos de poder, pero que ahora mismo ven temblar su supervivencia ante el reclamo del pueblo a un gobierno que llegó para cambiar esquemas, no siempre desde una profunda evaluación pero que de una manera u otra, han generado la crisis que nos puede servir para mejorar nuestro nivel de compromiso comunitario.
Las matemáticas nos dicen cosas, nos hablan de nuestras realidades, pero en este momento nos están diciendo que no podemos seguir operando con lo que se consiguió hace años como libertad de elección y derecho a la secrecía del voto. Si la vida democrática está en nuestras manos, entonces asumamos ese compromiso con la obligatoriedad que trae consigo cada libertad. Hashtags: #VotoObligatorio, #EducacionDemocratica, #ParticipacionEfectiva.
Las matemáticas y la democracia
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
isa venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
– Crónica de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
La Universidad de Guadalajara, esa institución que presume de ser la “casa de la cultura” y el “espacio del pensamiento crítico”, se ha convertido principalmente los últimos días en escenario de lo que mejor ilustra su contradicción: los golpes sustituyendo a la palabra, la represión disfrazada de orden académico y la violencia encubierta tras comunicados oficiales firmados por nadie que se haga responsable… llenos de buenas intenciones sin nada de autocrítica.
Lo ocurrido en el CUCSH y en el CUCEI en estos días no es un accidente ni un exabrupto aislado: es la expresión de una estructura política enquistada que se resiste a morir.
Los funcionarios que deberían administrar aulas y presupuestos han terminado con las manos metidas en la gresca. No es metáfora: ahí están los videos donde José Antonio González Orozco, alias “Pepino”, antiguo operador de la FEU que ahora cobra como jefe del complejo deportivo, aparece repartiendo manotazos contra los estudiantes que exigían elecciones limpias. No fue diálogo, fue puño.
Y mientras tanto, la Rectoría General guarda silencio. Una omisión que grita más fuerte que cualquier consigna. Porque si los estudiantes pintan un muro, la indignación institucional es inmediata; pero si un funcionario golpea a los alumnos, la sanción se pierde en el laberinto del archivo muerto, asegurando las protecciones para quienes, en nombre de la “institución”, repartan golpes a los alumnos inconformes.
Encapuchados que lanzan mobiliario, vacían extintores y rodean a estudiantes en paro. Los testimonios y las imágenes difundidas no dejan lugar a dudas: la violencia tiene rostro, y varios de esos rostros se identifican con la vieja militancia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ese brazo corporativo que durante décadas ha operado como correa de control a favor del grupo universitario en el poder.
Pero también aparecen los rostros de grupos políticos externos que han participado en movimientos políticos universitarios sin llegar a ser de los “ungidos”, pero que, ahora apoyados por un personaje de la estructura universitaria, vuelven a buscar un lugar en el feudo.
Se habla de “diálogo” en los comunicados, pero en los pasillos los que dialogan son los puños. La contradicción es evidente: las autoridades centrales rechazan la violencia en boletines, pero sus hombres de confianza y familiares aparecen entre los agresores.
Lo que demandan los estudiantes no es menor: baños dignos, comedor subsidiado, protocolos contra acoso, contratación estable de docentes, transporte seguro, participación real en las decisiones universitarias. No son exigencias revolucionarias, son derechos elementales que cualquier institución pública debería garantizar sin necesidad de paros ni barricadas.
¡Ojo! La petición de tener un área para fumar mariguana es simplemente una charlotada que en ninguna circunstancia puede proceder; sean serios si quieren ser tomados en serio como disidencia.
Pero el punto neurálgico, el que prende las alarmas en los pasillos del poder, es la exigencia de cancelar las elecciones del Consejo General Universitario y limitar la intervención de la FEU. En otras palabras: quitarles el monopolio de la representación. Y eso, para los jefes y jefas universitarios, es inadmisible.
Mientras las pedradas y los empujones manchan el nombre de la UdeG, la rectora general Karla Planter ha optado por la estrategia del silencio. No se presenta a dialogar, no encabeza el proceso, no frena la violencia. Desde su llegada, “La Planter” solo ha servido como la imagen que asiste a reuniones y eventos sociales, pero, en todo este tiempo, usted no va a encontrar UNA situación en la que la primera mujer rectora de la UdeG hubiera destacado por su capacidad de decisión y liderazgo; lo peor, NINGUNO de su equipo ha ocupado el lugar de liderazgo y decisión que la UdeG requiere.
En esta ocasión, parece que la rectora espera que el tiempo, las fiestas patrias o el desgaste natural diluyan la protesta, si es por recomendación estratégica, queda claro que, ¡Su asesor le odia!
Lo extraño es que los choques más fuertes ocurrieron justo en los días en que Planter se ausentó, ¿casualidad o decisión de quien sabia no estaría disponible la rectora? Coincidencia que huele a cálculo: dejar que otros enciendan el fuego para luego presentarse como bombera institucional o la aparición de un “líder” que rescate la situación.
Mientras, el equipo de comunicación externo que apoya a los disidentes a manejado bien las notas en los principales medios de comunicación alertando a la ciudadanía de lo que pasa al interior de la Universidad a la que asisten sus hijos, generando buenas piezas de comunicación visual en redes con mensajes claros y específicos que pueden digerir e indignar los consumidores de TikTok, X, Facebook e Instagram. Logrando en días lo que el viejo sistema de comunicación universitario no ha podido lograr, UN mensaje que permee a nivel social, porque desde sus oficinas, los dirigentes universitarios repantigados creen que la gente común está esperando leer el más reciente comunicado pagado por los “abajo firmantes”, que servirá de indicación de lo que se debe creer y entender.
El saldo es claro: estudiantes golpeados, aulas cerradas, comunidades académicas divididas, puertas de ingreso soldadas y una autoridad que administra comunicados -Muy malitos, por cierto- mientras sus operadores administran golpes y porras —siempre los mismos rostros en escena desde hace años, por cierto—.
La Universidad de Guadalajara enfrenta un espejo incómodo: aquel en el que se refleja como un aparato político que prefiere la represión a la reforma, la simulación a la democracia y la obediencia ciega a la crítica estudiantil… Oiga, ¿ya se dio cuenta de que en toda esta rebatinga la FEU tampoco ha aparecido? Y no me refiero a otro comunicado anodino firmado por la “primera mujer presidenta de la FEU”, yo hablo de esa estructura política de estudiantes que defiendan sus procesos por democráticos y transparentes, y den la cara por sus líderes que saben que los representan.
¡Bueno! Hasta los centros universitarios tienen que ser defendidos por grupos externos porque los flamantes “rectores” carecen de equipo que les respalde. Lo bueno es que la disidencia avisa con tiempo sus manifestaciones; si atacaran al mismo tiempo, se quedarían con varios centros universitarios, pues los rectores no alcanzan a defender ni su oficina. ¿O será que las manifestaciones están muy bien ordenadas en tiempo y lugar desde dentro de la misma UdeG para propiciar la aparición de un “líder” solucionador?
Las siguientes semanas serán importantes en esta historia, porque lo que está en juego no es solo un proceso electoral universitario, sino la credibilidad de una institución que presume autonomía, pero se comporta como un feudo… Donde cada vez es más recurrente escuchar: ¡Qué falta nos hace Raúl!
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