OPINIÓN
Las sanciones del INE a Movimiento Ciudadano: El fosfo-engaño
Opinión no pedida, por Armando Morquecho Navarro //
Es evidente que quienes imparten justicia no pueden quedar bien y jamás lo harán, y tal y como dice el dicho, parece ser que Lorenzo Córdova y el INE están como el cohetero, si truenan le chiflan, y si no, también. Irónicamente, quienes hace apenas un par de meses defendían y aplaudían las determinaciones del instituto, hoy inician, en redes sociales, una campaña de desprestigio en su contra.
Me refiero a la determinación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que después de acreditar que Samuel García financió su campaña mediante un esquema ilegal de triangulación de recursos que incluyó a su madre, a sus hermanos, y obviamente, a su esposa Mariana Rodríguez, decidió sancionar al Gobernador electo de Nuevo León y al partido Movimiento Ciudadano.
Este tema ha despertado mucha polémica en redes sociales, sobre todo, en cuanto al apoyo que le dio su esposa a través de sus redes que tienen millones de seguidores. Por un lado, hay quienes dicen que este apoyo debió ser fiscalizado y por otro lado, hay quienes señala que no se debe fiscalizar, ya que el apoyo de la pareja de un candidato siempre ha sido una fórmula política de facto.
Ciertamente hay argumentos bastante interesantes, y no cabe duda que las autoridades tendrán un trabajo muy interesante y también, un enorme reto, ya que este caso en concreto, va a sentar un precedente fundamental que probablemente cambiará la forma en la que concebimos la interacción entre proceso electoral, redes sociales y ciudadanos.
Pero, como no trabajo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hoy prefiero abordar otros aspectos que son igual de importantes respecto a este asunto: la incongruencia que ha caracterizado a la oposición, y las constantes campañas de desprestigio contra los impartidores de justicia.
Desde que se anunciaron estas medidas en contra del gobernador electo, ha sido posible ver, a través de muchas redes sociales, pero en especial, en instagram, campañas de presión por parte de militantes de Movimiento Ciudadano y de seguidores de Mariana Rodríguez, a través de las cuales se está cuestionando la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y además, se está catalogando a Lorenzo Córdova como un ‘’bufón’’ e ‘’incompetente’’.
De hecho, el día de ayer, Mariana Rodríguez compartió cerca de 40 historias en Instagram en las que grababa fragmentos de la sesión, en esas historias, se burló en un tono muy sarcástico, de quienes esgrimían argumentos en su contra, pero aplaudía los argumentos de quienes se mostraban a su favor… ¿Qué no eran ellos quienes criticaban a Andrés Manuel López Obrador por ese tipo de comportamientos con la prensa y los medios de comunicación?
Pero bueno, creo que uno de los aspectos más preocupantes de toda esta telenovela política mexicana es que la campaña mediática que han iniciado en redes sociales para defender a estas dos figuras públicas es un claro ejemplo de que en realidad la oposición, o al menos Movimiento Ciudadano, no tienen muy claras sus posturas: o estás a favor de los organismos autónomos y su independencia a la hora de emitir resoluciones, o mejor te quedas callado cuando sean atacados, ya que esto no se trata de defender y atacar conforme te convenga.
Asimismo, este caso se suma a la polémica que han generado últimamente las redes sociales, ya que este tipo de campañas, así como la que empezaron los seguidores de YosStop, así como su pareja, para liberarla, o bien, la maña del Partido Verde en plena veda electoral, deja muy claro que no solo los políticos carecen de respeto por las instituciones y sus determinaciones, sino que cualquier figura pública con cierto número de seguidores en redes sociales cree estar por encima de las autoridades e instituciones, y más peligroso aun, cree que su poder en las redes sociales es suficiente para doblegar, pero la verdad, no es así.
Si los políticos y los partidos, no deben y no pueden doblegar a nuestros organismos autónomos, créanme, los influencers, sin importar su número de seguidores, menos.
Tengamos claro algo, si la decisión es justa o no, no se resolverá en las redes sociales, no se resolverá en Twitter o en encuestas de Instagram, será resuelto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez que los interesados presente el mecanismo legal de impugnación correspondiente en la oficialía de partes de dicho organismo, el cual que se encuentra ubicado en Avenida Insurgentes Sur 88, en la Ciudad de México.
Probablemente, en virtud de esta situación, Movimiento Ciudadano debería entender que iniciar una campaña a través de redes sociales para cuestionar las decisiones del INE, puede llegar a desvirtuar la bandera de defensa de los organismos autónomos y al mismo tiempo, puede darle elementos a aquellas campañas que plantean su desaparición.
Y sí, ya sé que Movimiento Ciudadano impugnará a través del TEPJF, pero, de todas formas, creo que vale la pena hacernos un par de preguntas.
Primero: en realidad en dónde está la verdadera lucha ¿en los tribunales o en las redes sociales? y segundo: ¿cuál sería la postura de Movimiento Ciudadano si esta lucha la emprendieran actores políticos del PRI o Morena?
En ese orden de ideas, creo que sería muy interesante si el INE anunciara alguna medida de la misma naturaleza en contra de algún actor político de Morena o del PRI y estos dos partidos, impugnaran dicha decisión y cuestionaran el actuar del Instituto, digo, nomás para ver como actuarían los paladines de la superioridad moral.
Ciertamente, como ya lo mencioné, esta situación se presta para mucho debate y análisis, y obviamente, no podemos dejar de lado que a nuestra legislación electoral, claramente aun le hace falta avanzar mucho en temas de redes sociales y definitivamente, debemos trabajar en esos aspectos, hay que prestarles más atención, para así evitar más problemas de este estilo los próximos procesos electorales, y obviamente, no solo por Movimiento Ciudadano, sino también, por el Partido Verde o por cualquier otro que tenga pensado financiar a más influencers para hacerse no solo de votos, sino de simpatizantes.
Pero también, esto debe hacer reflexionar a todos los partidos, ya que gracias a este tipo de polémicas, es que vivimos en una sociedad que no puede ver a los impartidores de justicia con otros ojos que no sean de desprecio o ingratitud. Al parecer, a muchos se les ha olvidado que en un país de leyes y de democracia, la sanciones deben aplicarse, incluso cuando a algunos no les gusten; y la clase política, debe ser la primera en poner el ejemplo de respeto a estas sanciones.
La defensa de las instituciones no es un chiste, es una bandera y una lucha que debe llevarse con todo seriedad, e insisto, si las determinaciones no son de su agrado, recúrranlas con apego a derecho, no con videos o algún hashtag en redes sociales que solamente buscan doblegar a las autoridades.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Muere el reconocido actor estadounidense Robert Redford
Rechaza ser deportado Hernán Bermúdez Requena de Paraguay
Mirza Flores expresa apoyo a Canelo Álvarez
Tlajomulco celebrará el primer Festival de Biodiversidad Etnomicológica
