Si quiere descargar el PDF: CLICK AQUÍ

Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online girar a la posición horizontal

-Por Francisco Junco

Mery Gómez Pozos, diputada federal por el Distrito 11 de Guadalajara y presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, expresó en entrevista con Conciencia Pública su confianza en que Morena ganará las elecciones en Jalisco en 2027.

“En el 27 vamos a ganar en Jalisco y eso lo saben los emecistas, lo saben todos los jaliscienses. En la elección del 2024 ganamos 15 de 20 distritos en el estado, aquí la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo un millón 750 mil votos, una votación histórica, muy por arriba de la que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador”, afirmó.

Esta declaración refleja el optimismo de Gómez Pozos sobre el crecimiento de Morena en un estado tradicionalmente dominado por el Movimiento Ciudadano (MC), destacando el respaldo ciudadano como base para el triunfo futuro.

Gómez Pozos subrayó la necesidad de cerrar filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum, priorizando el proyecto colectivo de la Cuarta Transformación sobre ambiciones personales. “Hay confianza en este movimiento y lo que tenemos que hacer es cerrar filas, en torno a la presidenta”.

“Esto trasciende las aspiraciones personales de cualquier personaje que se diga morenista en este estado. Tenemos que cerrar filas alrededor del movimiento y lo que sea mejor para el movimiento y hacer lo que nos toca a cada quien en nuestra trinchera”, señaló.

Su mensaje enfatiza la unidad y el trabajo desde las bases para consolidar la presencia de Morena en Jalisco, un estado clave donde el partido busca desbancar al MC en 2027.

“VAMOS A GANAR EN EL 27”

En cuanto al futuro de Jalisco, Gómez Pozos reiteró su optimismo: “Vamos a ganar en el 27, porque tenemos la confianza de la gente y el hartazgo de los gobiernos naranjas”. Subrayó la votación histórica de Sheinbaum en 2024 como un indicador del respaldo ciudadano, que superó significativamente los votos obtenidos por López Obrador en elecciones previas.

Además, destacó la importancia de mantener la mayoría en el Congreso y ganar municipios clave en 2027, consolidando la presencia de Morena en el estado.

SU CANDIDATURA PARA EL 2027

Preguntada sobre su posible candidatura en 2027, Gómez Pozos evitó centrarse en ambiciones personales, enfocándose en su trabajo actual. “Yo le decía a la gente, me caen muy gordos los políticos que prometen, ganan y ya están pensando en la siguiente silla. Hay que fijarnos en qué están haciendo los que ya favorecieron con el voto”, afirmó.

Como presidenta de la Comisión de Presupuesto, destacó logros como un aumento de más de 8 mil millones de pesos para Jalisco en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, además de presentar siete iniciativas legislativas relevantes y atender sin rezagos los 90 turnos asignados a su comisión.

“Estoy haciendo lo que me toca, no pueden decir que soy una diputada que no va, que no vota, que no se involucra, que no volvió al territorio”, aseguró, enfatizando su compromiso con el trabajo legislativo y territorial.

Mery Gómez Pozos proyecta una visión de unidad y trabajo colectivo para que Morena conquiste Jalisco en 2027. Su confianza se basa en los resultados electorales de 2024, el fortalecimiento de la estructura partidista y el respaldo ciudadano a la Cuarta Transformación.

Con un enfoque en la transparencia, la justicia y la atención a las necesidades locales, Gómez Pozos llama a cerrar filas en torno al proyecto de Sheinbaum, dejando claro que el éxito de Morena dependerá de la solidez de su estructura y la calidad de su trabajo en beneficio de los jaliscienses.

LAS DECISIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE MORENA

Durante la entrevista, la diputada detalló los temas abordados en el Consejo Nacional de Morena, celebrado el 20 de julio de 2025, que considera fundamentales para el fortalecimiento del partido. Entre los puntos destacados está la creación de una estructura territorial sólida mediante la instalación de comités seccionales en todo el país, incluyendo 3,579 en Jalisco, de los cuales mil estarán en Guadalajara.

“Esto nos va a garantizar una estructura tan sólida, para que haya un espacio de participación de toda la gente que quiera formar parte, aportar su granito, y te permite garantizar que no va a haber ni cacicazgos, ni referentes que se crean que tienen el poder de toda la estructura”, explicó.

Este enfoque busca democratizar la participación y evitar liderazgos que concentren el poder, asegurando que los candidatos sean seleccionados exclusivamente por encuestas, basadas en el reconocimiento positivo de los aspirantes.

Otro aspecto clave del consejo fue la conformación de un comité de evaluación para nuevas incorporaciones al partido, integrado por figuras como Luisa María Alcalde, Alfonso Durazo, Carolina Rangel, Epigmenio Ibarra y Armando Bartra. Este comité tiene como objetivo cuidar los principios de Morena, especialmente ante el crecimiento del partido, que ya cuenta con más de siete millones de afiliados.

“Somos un movimiento tan grande, más se van a querer sumar, pero tenemos que cuidar los principios del movimiento y no permitir que personajes que vayan contra los principios formen parte de ello”, afirmó Gómez Pozos, destacando la importancia de mantener la integridad ideológica.

El tercer punto relevante es el plan municipalista, que busca que los gobiernos locales de Morena prioricen necesidades básicas como agua, alcantarillado, seguridad, alumbrado público y bacheo. “Los presidentes municipales que ya forman parte de Morena tienen que ceñirse a que sus presupuestos contemplen puntos súper básicos para la gente”, indicó, subrayando que los 880 municipios gobernados por Morena deben distinguirse por su enfoque ciudadano y eficiencia, evitando “ocurrencias” y consolidando gobiernos cercanos a la población.

-Por Gabriel Ibarra Bourjac

En México, el juicio de amparo es el bastión constitucional que protege al ciudadano contra los abusos de la autoridad, un faro de justicia en un sistema a menudo opaco. Sin embargo, una distorsión creciente en su aplicación está golpeando a los empresarios de grúas, quienes, en un giro aberrante, son señalados como autoridades responsables en demandas de amparo, privándolos del derecho a cobrar por sus servicios legítimos.

Juan Francisco Treviño, asesor de la Asociación Nacional de Empresarios de Grúas (AGRUAS), alza la voz en esta entrevista para denunciar una práctica que no solo vulnera el estado de derecho, sino que condena a los prestadores de servicios a un vasallaje moderno, donde el trabajo solicitado por la autoridad se convierte en un castigo sin paga.

Esta problemática, que Treviño describe con indignación y claridad, revela un Poder Judicial que, lejos de impartir justicia, perpetúa desigualdades al equiparar a un particular con una autoridad, despojándolo de sus derechos procesales.

Lo que debería ser una herramienta de defensa se transforma en un arma que favorece intereses oscuros, con despachos que lucran ofreciendo liberar vehículos de corralones sin costo, mientras los empresarios de grúas enfrentan pérdidas y multas.

En un país que clama por equidad, esta entrevista expone una verdad incómoda: la justicia, cuando se basa en mentiras procesales, es solo una ilusión que deja a los ciudadanos en indefensión.

GRAVE ERROR DE LA JUSTICIA FEDERAL

Gabriel Ibarra Bourjac (GIB): Juan Francisco nos hablabas de la problemática con la Ley de Amparo y su impacto en los empresarios de grúas. ¿Puedes explicarnos en qué consiste esta distorsión?

Juan Francisco Treviño (JFT): Claro, Gabriel. El problema radica en que los jueces de distrito, en materia de amparo, están admitiendo demandas donde se señala como autoridades responsables a particulares, como los prestadores de servicios de grúas. Esto es un error grave, porque un particular no ejerce actos de autoridad. La Ley de Amparo, tras recientes reformas, ha simplificado procesos de manera burocrática, pero en perjuicio de los ciudadanos.

GIB: Recordemos que el juicio de amparo es una herramienta clave para los mexicanos. ¿Cómo se supone que debería funcionar?

JFT: Exacto. El juicio de amparo es el mecanismo constitucional para proteger a los ciudadanos de abusos de autoridad o violaciones a sus derechos humanos. La Constitución garantiza que ninguna autoridad puede vulnerar nuestras garantías. Sin embargo, la ley contempla que, al defender el derecho de una persona, puede afectarse el de otra. Por eso existe la figura del tercero interesado (antes llamado tercero perjudicado), que permite a un particular afectado participar en el juicio para defender sus derechos antes de que se resuelva algo en su perjuicio.

GIB: Entonces, ¿cuál es el problema específico con los empresarios de grúas?

JFT: Cada vez con mayor frecuencia, los jueces de distrito aceptan demandas de amparo donde no se señala a la autoridad que ordenó el servicio de grúa —como el Ministerio Público, la Guardia Nacional o un juez estatal—, sino al prestador del servicio, un particular, como si fuera la autoridad responsable. Lo más aberrante es que se considera el acto de cobrar por el servicio como un acto de autoridad, cuando no lo es. El prestador no actúa unilateralmente; cobra conforme a un reglamento o tarifa establecida por ley, y solo presta el servicio porque una autoridad se lo solicita.

GIB: Déjame entender: ¿los empresarios de grúas son obligados por una autoridad a prestar un servicio, y luego se les niega el derecho a cobrar?

JFT: Precisamente. La autoridad solicita el servicio —por ejemplo, mover un vehículo para cumplir con una investigación o custodia— y el prestador lo realiza conforme a un reglamento que establece tarifas. Esto es una actividad mercantil legítima, protegida por la Constitución, que garantiza el derecho a recibir el fruto del trabajo. Sin embargo, algunas resoluciones de amparo están privando a los permisionarios de grúas de cobrar por su servicio, argumentando que el vehículo, por ejemplo, tiene reporte de robo. Pero eso no debería eximir a la autoridad de cubrir el costo del servicio, ya que fue ella quien lo solicitó.

GIB: Esto suena como una injusticia flagrante. ¿Cómo justifican los jueces estas decisiones?

JFT: Es una distorsión total del estado de derecho. Los jueces equiparan al prestador de servicios con una autoridad, lo que rompe el equilibrio procesal. En un juicio de amparo, deberíamos tener dos particulares con intereses opuestos: el quejoso y el tercero interesado. Pero al tratar al empresario de grúas como autoridad, se le imponen cargas procesales que no le corresponden, como plazos más cortos o amenazas de multas, sin la capacitación que tienen las verdaderas autoridades para enfrentar estos procesos. Esto deja al prestador en completa indefensión.

GIB: ¿Y qué tan extendido está este problema?

JFT: Ha ido en aumento en los últimos años, y hay evidencias de que se ha convertido en un esquema de corrupción. Existen despachos que se anuncian ofreciendo sacar vehículos de corralones sin pagar, dejando al prestador del servicio sin retribución.

Esto es un robo descarado al empresario, que invierte tiempo, recursos y esfuerzo en cumplir con una solicitud de la autoridad. Es una práctica discriminatoria que recuerda al vasallaje medieval: si la autoridad me pide ayuda, ¿tengo que trabajar gratis?

GIB: ¿Qué soluciones propones para corregir esta distorsión?

JFT: Primero, el Poder Judicial debe actuar con ética y dejar de considerar a los particulares como autoridades para su conveniencia. Esto vulnera la equidad procesal. Segundo, el Poder Legislativo debería reformar la Ley de Amparo para aclarar que solo las verdaderas autoridades pueden ser señaladas como responsables, y no los particulares que actúan bajo su mandato. Finalmente, necesitamos que la reforma judicial en curso elimine estas prácticas deshonestas y garantice una justicia real, porque mientras el juicio de amparo se base en mentiras, la justicia en México será solo una ilusión.

GIB: Queda clarísimo, Francisco. Esto es un abuso que afecta no solo a los empresarios de grúas, sino al estado de derecho en general. ¿Un mensaje final?

JFT: Los mexicanos merecemos un sistema judicial que respete la verdad y proteja a todos por igual. Los empresarios de grúas no son autoridades; son ciudadanos que cumplen con su trabajo y merecen el fruto de su esfuerzo. Basta de distorsiones que nos dejan en indefensión.

GIB: Muchas gracias, Francisco, por tu claridad y valentía. Tu voz es fundamental para visibilizar estas injusticias. Seguimos en contacto.