Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

La integración de la Suprema Corte y del Poder Judicial, en los términos en que fue concebido por la mente de un expresidente que gobernó por impulsos, haciendo leyes por sus caprichos y venganzas, privilegiando su popularidad y paso por la historia por encima del interés nacional, merece sin duda un repaso por los desatinos que le siguieron.

El primero: la aprobación de la reforma constitucional que permitió la elección por voto popular en forma irreflexiva, apresurada y por lo tanto defectuosa. Tanto que ya requirió una reforma para corregir la temporalidad del ejercicio del presidente de la Corte y además 307 acuerdos del INE para ajustar el procedimiento y poder llevar a cabo la elección mandatada.

El segundo: ante el desinterés por la elección y la falta de registros de aspirantes, de alguna de las áreas del oficialismo ─sospeche de la que quiera… Atinará─ surgió una instrucción y en solo un fin de semana se registraron más de 10 mil, particularmente en las áreas de los comités de selección del Poder Legislativo y del Ejecutivo; un sospechoso alud de solicitudes que volvió imposible el escrutinio de antecedentes.

Tercero: el comité del Poder Judicial se declaró impedido de seleccionar candidatos por existir recursos legales en curso y por lo tanto, el comité legislativo insaculó por tómbola, sin calificar atributos ni revisar antecedentes, lo que llevó a integrar en sus listas hasta delincuentes.

Cuarto: el INE los registró sin cribar, pese a advertencias y solicitudes, y mandó imprimir boletas confusas e inmanejables. Eliminó el escrutinio ciudadano, el conteo inmediato y aprobó no eliminar ni manifestar las boletas sobrantes, quedando el proceso en manos de trabajadores del Instituto. Con ello, la transparencia y confiabilidad quedaron eliminadas.

Quinto: el INE otra vez, permitió la difusión de “acordeones” e hizo oídos sordos de las denuncias de participación del partido oficial y sus seguidores en la distribución. Se incluyó también al gobierno en dicha operación a través de los servidores de la nación, empleados públicos. Ante las denuncias y evidencias, el instituto electoral emitió un acuerdo tardío e ignorado.

Sexto: En la votación hubo concordancia en más de un 70 por ciento entre los candidatos señalados en los “acordeones” y los que resultaron electos. Se detectaron irregularidades como boletas planchadas, rebase de votantes superior al listado y otras mapacherías en 1,322 casillas y la insólita cifra de 3.7 millones de votos nulos. Cinco consejeros fueron certeros y enfáticos en señalar las causales diversas para anular la elección; seis votaron en contra, pese a que una de ellas razonó favorablemente los argumentos para la anulación y, sin embargo, votó en sentido contrario a su opinión. Oficialmente, la elección fue aprobada en el INE, aunque de panzazo.

Séptimo: Pasado el proceso han encontrado que más de 70 candidatos que fueron electos no reúnen las condiciones que la constitución exige para su elegibilidad y el INE se prepara para, ahora sí, declararlos inelegibles. Curiosamente la mayoría de los señalados tienen carrera judicial o están en funciones y cuentan con maestrías y doctorados, pero pueden ser inhabilitados, tal vez por ser parte del “engranaje corrupto” y buscarán la forma de que sean sustituidos y no declarar vacante el puesto, existiendo una laguna procesal pues la improvisada reforma no contempló el supuesto.

Conclusión: la Suprema Corte ha quedado integrada por los ministros “acordoneados” con un presidente que se niega a usar la toga y convierte su origen étnico en mérito suficiente. El Tribunal de Justicia Judicial, también consecuencia del acordeón votado, integrado por afines al partido oficial y por ende al Poder Ejecutivo; los magistrados y jueces en proceso de criba y será cuestión de tiempo y procedimientos para que el Poder Judicial quede totalmente colonizado por el movimiento y quien lo encabeza.

No sin tropiezos, salvados a la moda vieja, por consignas y siguiendo instrucciones, el golpe de Estado al Poder Judicial está consumado. Se lleva en el camino a las instituciones encargadas del proceso democrático de elección de autoridades (INE Y TSJE) que han perdido confiabilidad, entregadas ostensiblemente a la voluntad del Poder Ejecutivo. Elecciones limpias con resultados indiscutibles no las veremos en este país en los próximos años.

La tendencia a convertir el sistema judicial en un instrumento de reivindicaciones sociales, sumiso al Ejecutivo, y no en un imparcial y justo protector de los derechos individuales, especialmente frente a los excesos y abusos del poder a lo que se han manifestado tan proclives ─anoten las últimas resoluciones y leyes en contra de periodistas y la libertad de expresión─ delinean un Estado autoritario con el poder concentrado en un grupo sin controles ni equilibrios institucionales.

La Suprema Corte se ha quedado sin toga y sin mallete, ese ya está en otras manos.

*Mallete: mazo de madera utilizado en contextos judiciales.

Opinión, por Iván Arrazola //

Durante una de sus conferencias mañaneras, el expresidente López Obrador expresó que gobernar “no tiene mucha ciencia”. Tal afirmación, aparentemente inofensiva, cobra nuevas dimensiones cuando se observa cómo algunos funcionarios han intentado llevar esa lógica a la práctica.

Un ejemplo reciente fue el del director general del Infonavit, Octavio Romero, quien —también en una conferencia mañanera— presentó una propuesta para regularizar viviendas abandonadas que se encuentran bajo control del Instituto.

El planteamiento es sencillo en apariencia, pero de gran complejidad en sus implicaciones: aquellas personas que actualmente habitan viviendas desocupadas y no tienen vínculo legal con el instituto podrían regularizar su situación mediante el pago de una renta o la adquisición de la propiedad. Es decir, quienes hayan ocupado una vivienda del Infonavit sin tener derechos sobre ella podrían, eventualmente, convertirse en propietarios si se someten a un esquema de regularización.

Esta propuesta, expuesta sin mayor detalle técnico ni jurídico, provocó una inmediata ola de reacciones. Aunque la secretaria de Gobernación y la presidenta Claudia Sheinbaum intentaron contener las críticas y asegurar que la propiedad privada está protegida en México, se ha generado un amplio debate. Organizaciones empresariales y representantes del sector inmobiliario reaccionaron con firmeza. En comunicados públicos, señalaron:

Diversas organizaciones empresariales manifestaron su firme rechazo a la propuesta anunciada por el director del Infonavit, que plantea la regularización de viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra, ofrecidos además a precios subsidiados.

Consideran que este tipo de iniciativas representan un incentivo a la ocupación ilegal de inmuebles y, por tanto, rechazaron categóricamente cualquier intento por premiar estas prácticas. Asimismo, exigieron a las autoridades competentes —y en particular a la Asamblea del Infonavit— que frenen cualquier esfuerzo orientado a legalizar la tenencia irregular de viviendas.

Las organizaciones también señalaron que el Instituto no cuenta con facultades legales para otorgar créditos, contratos de arrendamiento ni escrituras a personas que no sean derechohabientes, y recordaron que la atención a la población no afiliada corresponde a otras instancias del Estado, como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) o la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Los datos del propio gobierno muestran la magnitud del problema: de las 168 mil viviendas censadas por la Secretaría del Bienestar, en un universo estimado de 843 mil —con una inversión de 700 millones de pesos—, el 86 % están ocupadas por personas sin vínculo jurídico con el Instituto ni con los propietarios originales.

Es cierto que el acceso a la vivienda es un derecho fundamental y que se trata de una problemática social urgente. El gobierno de Sheinbaum ha anunciado su apuesta por la construcción de un millón de viviendas como parte de su estrategia para garantizar el derecho a una vivienda digna, un objetivo prioritario para millones de personas.

Sin embargo, la gran interrogante no radica solo en si existen los recursos económicos suficientes, sino en si el Estado cuenta con la capacidad institucional y operativa para llevar a cabo un proyecto de tal magnitud. Esta duda se acentúa considerando los antecedentes de gestión del actual director del Infonavit, Octavio Romero, cuya administración en Pemex fue ampliamente cuestionada por su falta de resultados, así como el historial de un gobierno poco habituado a rendir cuentas de manera transparente y eficaz.

Gobernar —aunque lo niegue López Obrador— sí tiene ciencia. Requiere planeación, conocimiento, responsabilidad institucional y, sobre todo, respeto al estado de derecho. Presentar una idea de regularización sin una estructura normativa sólida ni una estrategia clara para evitar incentivos perversos —como la ocupación ilegal de viviendas— es irresponsable.

Con esta propuesta, el gobierno parece haber creado un nuevo paradigma: el del populismo inmobiliario, una fórmula que privilegia las decisiones de alto impacto mediático sin sustento técnico, legal o presupuestal.

Además, la medida ignora causas estructurales de fondo: muchas de estas viviendas fueron abandonadas por carecer de servicios básicos, por ubicarse en zonas con altos índices de inseguridad, o porque sus propietarios originales no pudieron continuar pagando ante condiciones laborales precarias. El problema, por tanto, no es solamente de propiedad, sino de habitabilidad y de política pública de desarrollo urbano.

La verdadera discusión debería centrarse en cómo rehabilitar esas viviendas, cómo hacerlas atractivas para nuevos compradores, y a quién deben dirigirse: personas en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, madres jefas de familia o personas con discapacidad. Eso implica diseñar políticas públicas serias, bien focalizadas y evaluables, no generar expectativas basadas en promesas vagas o mal diseñadas.

La idea de que “gobernar no tiene ciencia” es peligrosa. Revela una visión simplista de la administración pública que puede conducir a decisiones con efectos negativos duraderos. Lo que se presentó, más que una propuesta articulada y reflexionada, parece una ocurrencia que busca aplausos fáciles y simpatías electorales. Tal vez, y lamentablemente, eso es lo que algunos entienden por gobernar sin ciencia.

 

Opinión, por Gerardo Rico //

Cuando Pemex se hunde en deudas y existe la amenaza de sus proveedores de suspender cualquier tipo de servicios y aún no opera la refinería de Dos Bocas al 100% se informó sobre el desmantelamiento de una refinería clandestina, que operaba en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, de donde se recuperaron más de 500.000 litros de crudo.

Las autoridades identificaron una planta destinada al tratamiento de residuos industriales, -se indicó- reconvertida para procesar ilegalmente hidrocarburos como diésel artesanal, nafta ligera, solventes y combustóleo, un residuo pesado de la refinación del petróleo utilizado principalmente en procesos industriales para la generación de calor y vapor, así como en algunas plantas de energía. Todos estos eran refinados sin permisos y con alto riesgo ambiental.

En un cambio de actitud de 180 grados con relación al gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno actual de México ha realizado múltiples acciones para combatir el huachicol, incluyendo el decomiso de combustible, la clausura de refinerías ilegales y la vigilancia de ductos. El huachicoleo, como se conoce en México, implica la extracción ilegal de combustible de los ductos de Pemex o de otras instalaciones petroleras, y el gobierno ha enfrentado este problema con diversas medidas.

De acuerdo a publicaciones nacionales, durante el periodo presidencial de López Obrador el huachicol creció en 117% con relación al sexenio del priísta Enrique Peña Nieto, mientras que en el caso del primero las tomas clandestinas llegaron a 62 mil 441 con el mandatario tricolor apenas llegaron a 28 mil 835. De estas, en el caso de López Obrador, 51 mil 779 fueron ductos de gasolina y 10 mil 662 de gas LP, y con Peña Nieto 28 mil 384 en ductos de gasolina y 451 en ductos de gas LP.

Las tomas de gas LP de un sexenio a otro superaron el crecimiento 24 veces más. Hay que destacar que buena parte del huachicol se da en territorios controlados por grupos del crimen organizado, lo que representa un reto monumental para la actual administración federal.

EL QUIEBRE SHEINABUM- GARCÍA HARFUCH

En un operativo federal, el 28 de marzo de este año se informó del decomiso de 8 millones de litros de hidrocarburos en Ensenada, Baja California, almacenados ilegalmente en un operativo federal. El decomiso se realizó en un predio ubicado en el kilómetro 100 de la carretera Ensenada-Tijuana. Las autoridades, incluyendo elementos del Ejército, la Guardia Nacional y personal de PEMEX, aseguraron el lugar y encontraron el combustible en contenedores, remolques tipo cisterna, tractocamiones y motobombas, según informes.

Tres días después, el 31 de marzo se anunció el decomiso de 10 millones de litros de hidrocarburos de un buque en el puerto de Altamira, Tamaulipas. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, un buque arribó al puerto de antes mencionado desde el 19 de marzo, presuntamente con carga de aditivos para aceites lubricantes, por lo que fue interceptado y fueron asegurados 192 contenedores, un buque, 29 tractocamiones, armamento y vehículos.

Versiones periodísticas afirman que desde hace varios años es común ver el arribo de buques con banderas de otros países para descargar directamente los hidrocarburos a través de mangueras a cientos y cientos de trailers pipas-tanque que permanecen hasta 24 horas formados para llevarlo a destino desconocido. Las mismas acciones se repien en los puertos de Tampico, Ciudad Madero y en Tuxpan, Veracruz.

Para el 26 de mayo se ejecutaron cuatro órdenes de cateo en tres predios del municipio de Salamanca, Guanajuato -donde está una refinería de Pemex-; se localizaron varios contenedores para el almacenamiento de hidrocarburos y, para no variar, quien informó sobre estas acciones fue el secretario de Seguridad Omar García Harfuch. En dicho operativo fueron detenidos 11 elementos de la Guardia Nacional, acusados de robo de combustible en el municipio de Apaseo el Alto, a unos kilómetros de Salamanca.

El 29 de mayo se anunció el “mayor decomiso” de huachicol, en Tabasco más de 3 millones de litros de hidrocarburo, se aseguraron 18 vehículos, tres equipos de maquinaria, 3 mil 904 contenedores con estructura metálica que contenían 3 millones 123 mil 200 litros de un líquido derivado del petróleo.

Los decomisos de hidrocarburos y las detenciones de implicados en el tráfico ilegal del mismo se realizan luego de las constantes reuniones que García Harfuch ha sostenido con altos funcionarios del área de seguridad del gobierno de Estados Unidos y de sus constantes acuerdos con el Pentágono, el FBI y la DEA con el respaldo total de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Mientras la presidenta se cansa de justificar la crisis que enfrenta Pemex y de afirmar que Dos Bocas continuará con la producción de 100 mil barriles, a pesar de que ha suspendido actividades en varias ocasiones, diversos medios mencionan nombres de personajes allegados al expresidente López Obrador como operadores del tráfico de huachicol.