OPINIÓN
López Obrador unifica grupos y partidos en su contra: Del PRI y el PAN antagonistas al prianismo aliado
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Desde que México logró su independencia de España, las pugnas políticas ocuparon protagónico papel en la vida de la nación. En la cruenta guerra de independencia (1810-1821), los bandos se habían dividido con suma claridad: por un lado, los realistas, y en la otra parte, luchando contra ellos, los insurgentes.
Al lograse la independencia nacional, en 1821, los partidarios de la monarquía pugnaron por imponer un sistema imperial, surgiendo en 1822 el primer imperio mexicano, con Agustín de Iturbide como soberano. Ese gobierno fue efímero, terminando al año siguiente con la abdicación del ambicioso Iturbide.
Los realistas-monarquista, ahora ya denominados conservadores, se transformaron en centralistas, y sus adversarios políticos en liberales. En ambos bandos se abrazó la idea de pronunciarse republicanos, pero adoptando los conservadores la forma centralista, en tanto que los liberales fueron federalistas.
Finalmente se impusieron los federalistas y en 1824 se inició la vida de ese sistema, teniendo como primer presidente al antiguo insurgente Gral. Guadalupe Victoria, y como último presidente del Congreso Constituyente, al respetado maestro jalisciense de los federalistas de ese tiempo, Doctor José de Jesús Huerta Leal, oriundo de Santa Ana Acatlán, hoy de Juárez.
Esa etapa liberal fue breve, los conservadores volvieron a la carga y con su caudillo Antonio López de Santa Anna, derrumbaron la república federal y con sus intrigas establecieron el centralismo, sistema que en 1836 produjo la constitución centralista llamada de las Siete Leyes. Es de mencionar que en 1833 se había registrado el primer experimento de Reforma política, con el Dr. Valentín Gómez Farías como encargado de la presidencia del país, ensayo que bloquearon los conservadores, y por tanto quedó como precedente de la reforma juarista.
En la década de 1840-50, los liberales (donde destacó Mariano Otero) que sostuvieron los estandartes federalistas, no pudieron evitar las desgracias nacionales, como la pérdida de territorio y el arribo de la dictadura santanista, que con el aplauso de los conservadores, en el clímax del paroxismo de su caudillo, aceptaron llamarlo Alteza Serenísima.
La revolución de Ayutla (1854) vino a salvar nuestra República, teniendo como su líder a Juan Álvarez y como su primer mártir a Don Gordiano Guzmán, el de Tamazula. Sin embargo, los testarudos reaccionarios (conservadores) emponzoñaron el pensamiento y desataron la Guerra de Tres años (1857-1860), en la cual de nueva cuenta fueron derrotados, ahora por el abanderado de la Reforma, D. Benito Juárez.
Moral y militarmente vencidos, los conservadores buscaron apoyos en el extranjero y de esa manera volvieron a poner, como en la injusta guerra contra Estados Unidos, en predicamento a la nación mexicana, pues trajeron a un príncipe extranjero para dizque gobernar un quimérico imperio. Esta caricatura de monarquía se derrumbó en 1866-67, siendo fusilado Maximiliano y sus corifeos Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas.
Tal parecía que los conservadores ahora se encubrirían de plano. Acogotados verían las luchas entre liberales, hasta que se impuso el oaxaqueño Porfirio Díaz en 1876. El vencedor de Tecoac, se convirtió en árbitro nacional y con mano férrea dirigió a la república. Sus lineamientos fundamentales fueron tres: 1) Ese pollo quiere “máiz”, es decir, a todo ciudadano que proteste y destaque, hay que cooptarlo, otorgándole premios y prebendas. 2) Poca política y mucha administración, o sea, que la actividad política quedó reducida al accionar del presidente y sus portavoces, debiéndose dedicar toda la burocracia a sus tareas administrativas. 3) Mátenlos en caliente, extremo procedimiento para aplicar a quienes no se sujetasen a los dos anteriores principios.
Agazapados, adheridos y camuflajeados en el porfirismo, los conservadores pervivieron hasta la revolución de 1910. Sus zarpazos fulguraban de vez en vez: se levantaron contra Madero y lo asesinaron. Tras el constitucionalismo vencedor, procuraron enquistarse con algunos generales o ciertos intelectuales, pero no pudieron evitar la entrada en vigor de la Constitución de 1917, redactado su proyecto por el liberal jalisciense Luis Manuel Rojas, presidente además de la Asamblea de Querétaro. ¡Cuánto le debemos a este enorme mexicano, y ni en México ni en su tierra le hemos hecho justicia!
Los conservadores volvieron a la carga en la década de los veintes, estremeciendo a todo México con la rebelión cristera. Apagado ese incendio, se unificó a la supuesta familia “revolucionaria”, la cual se aglutinó en el PNR (Partido Nacional Revolucionario) en marzo 4 de 1929. Quien lo impulsó, el Gral. Plutarco Elías Calles, se proclamó “Jefe Máximo” hasta que fue expulsado por Lázaro Cárdenas, quien trocó el partido callista en el PRM o Partido de la Revolución Mexicana en 1938. Al año siguiente en septiembre se fundó el PAN, por Manuel Gómez Morín y el jalisciense Efraín González Luna, entre otros, y desde ese momento fue enconado el forcejeo ideológico político entre ambos institutos. El PRM se “modernizó” en 1946, con Ávila Camacho, y se transformó en PRI (Partido Revolucionario Institucional): los encontronazos entre ambos partidos crecían a cada momento, si bien su común denominador fue siempre civilizado, a diferencias de otros grupos de derecha, que propiciaron la violencia.
Entre esas agrupaciones de ultraderecha, se encontraron los sinarquistas, los pedemistas, el Yunque, el MURO y contemporáneamente, el FRENAAA, etc. Sin embargo, de una manera u otra, todos concuerdan en el panismo.
Los enfrentamientos entre priistas y blanquiazules, fueron colosales. No había semana en que no se lanzaran puyas y embestidas. Sus posiciones parecían irreconciliables.
Sin embargo, tras el gobierno de López Portillo se observó un giro gubernamental, que vale decir priista: De La Madrid, el presidente de una falsa “renovación moral” dio un golpe de timón y encausó a la república rumbo a la derecha, pues privatizó muchas empresas estatales, y lo peor, entregó el timón al peor exponente del neoliberalismo: Carlos Salinas de Gortari. Este dio una vuelta al reloj de la historia, devolviendo derechos políticos y civiles a la iglesia y clero, acelerando la privatización de organismos del Estado y casi acabando con la propiedad social. El colmo fueron los asesinatos políticos.
Con Zedillo y su “Sana Distancia” del priismo, la crecida derecha se preparó para el asalto al poder, lo cual realizó el año 2000, al asumir el poder ejecutivo federal un locuaz cuanto frívolo sujeto: Vicente Fox. Éste le falló a los mexicanos que esperaban mucho de la transición democrática. La administración replicó el sistema priista, endeudó al país no obstante el boom petrolero que hubo entonces y a la democracia la apuñaló al auspiciar el desafuero del jefe de gobierno del DF y conspirar contra la democracia electoral, entregando el poder a Felipe Calderón, quien aceptó haber ganado “haiga sido como haiga sido”.
El PRIAN, o sea, la unión del PRI con el PAN, algo que parecía contranatural unos años antes, ahora se volvía un hecho. Y el colmo llegó con Enrique Peña Nieto, el tricolor que hundió al país en la corrupción y la impunidad, a tal grado que daba la impresión podría haber un desquiciamiento social.
Los comicios de 2018 demostraron que cuando el pueblo se decide, él manda. Y cansado de tanto gatopardismo de panistas y priistas, dio la oportunidad a una tercera vía: la de una izquierda nacionalista con cimiento popular. De acuerdo a ese mandato, se implementó una serie de cambios que se dio en denominar la cuarta transformación, o Cuatro T.
Ante este panorama, en el afán de bloquear el sendero del lopezobradorismo, que en esencia es la Cuatro T, sus adversarios acordaron lo que si bien en los hechos se había registrado, formalmente se estaba muy lejos de documentar: y se firmó una especie de alianza para luchar contra el partido en el poder y, en las vecinas elecciones de junio, quitarle la mayoría de la Cámara de Diputados Federal, con lo cual creen maniatarían al presidente y el avance de la Cuatro T. por si fuera poco esa unión pragmática, se les agregó lo que resta de un partido que erró su senda y ahora es una especie de cascajo, el PRD. Y con ellos, grupos empresariales de la derecha furibunda.
Afirma el investigador Hervey Rivera, de la universidad de Puebla, que esa alianza electoral, es sin ideología y solo busca objetivos pragmáticos, iniciando con ganar los comicios de junio. El historiador Enrique Semo, agrega que de darse ese hecho, estaríamos ante la antesala de una especie de golpe de estado blando.
Como quiera que sea, lo cierto es que el pacto entre PAN y PRI, confirma que los tiempos cambian y que ahora el prianismo existe y amaga con volver por sus fueros, que no son otros que gobernar al estilo de Calderón y Peña Nieto. La ciudadanía tiene la última palabra: ojalá acredite que como se dice, son un pueblo sabio y así lo demuestre el 6 de junio.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
– Crónica de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
La Universidad de Guadalajara, esa institución que presume de ser la “casa de la cultura” y el “espacio del pensamiento crítico”, se ha convertido principalmente los últimos días en escenario de lo que mejor ilustra su contradicción: los golpes sustituyendo a la palabra, la represión disfrazada de orden académico y la violencia encubierta tras comunicados oficiales firmados por nadie que se haga responsable… llenos de buenas intenciones sin nada de autocrítica.
Lo ocurrido en el CUCSH y en el CUCEI en estos días no es un accidente ni un exabrupto aislado: es la expresión de una estructura política enquistada que se resiste a morir.
Los funcionarios que deberían administrar aulas y presupuestos han terminado con las manos metidas en la gresca. No es metáfora: ahí están los videos donde José Antonio González Orozco, alias “Pepino”, antiguo operador de la FEU que ahora cobra como jefe del complejo deportivo, aparece repartiendo manotazos contra los estudiantes que exigían elecciones limpias. No fue diálogo, fue puño.
Y mientras tanto, la Rectoría General guarda silencio. Una omisión que grita más fuerte que cualquier consigna. Porque si los estudiantes pintan un muro, la indignación institucional es inmediata; pero si un funcionario golpea a los alumnos, la sanción se pierde en el laberinto del archivo muerto, asegurando las protecciones para quienes, en nombre de la “institución”, repartan golpes a los alumnos inconformes.
Encapuchados que lanzan mobiliario, vacían extintores y rodean a estudiantes en paro. Los testimonios y las imágenes difundidas no dejan lugar a dudas: la violencia tiene rostro, y varios de esos rostros se identifican con la vieja militancia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ese brazo corporativo que durante décadas ha operado como correa de control a favor del grupo universitario en el poder.
Pero también aparecen los rostros de grupos políticos externos que han participado en movimientos políticos universitarios sin llegar a ser de los “ungidos”, pero que, ahora apoyados por un personaje de la estructura universitaria, vuelven a buscar un lugar en el feudo.
Se habla de “diálogo” en los comunicados, pero en los pasillos los que dialogan son los puños. La contradicción es evidente: las autoridades centrales rechazan la violencia en boletines, pero sus hombres de confianza y familiares aparecen entre los agresores.
Lo que demandan los estudiantes no es menor: baños dignos, comedor subsidiado, protocolos contra acoso, contratación estable de docentes, transporte seguro, participación real en las decisiones universitarias. No son exigencias revolucionarias, son derechos elementales que cualquier institución pública debería garantizar sin necesidad de paros ni barricadas.
¡Ojo! La petición de tener un área para fumar mariguana es simplemente una charlotada que en ninguna circunstancia puede proceder; sean serios si quieren ser tomados en serio como disidencia.
Pero el punto neurálgico, el que prende las alarmas en los pasillos del poder, es la exigencia de cancelar las elecciones del Consejo General Universitario y limitar la intervención de la FEU. En otras palabras: quitarles el monopolio de la representación. Y eso, para los jefes y jefas universitarios, es inadmisible.
Mientras las pedradas y los empujones manchan el nombre de la UdeG, la rectora general Karla Planter ha optado por la estrategia del silencio. No se presenta a dialogar, no encabeza el proceso, no frena la violencia. Desde su llegada, “La Planter” solo ha servido como la imagen que asiste a reuniones y eventos sociales, pero, en todo este tiempo, usted no va a encontrar UNA situación en la que la primera mujer rectora de la UdeG hubiera destacado por su capacidad de decisión y liderazgo; lo peor, NINGUNO de su equipo ha ocupado el lugar de liderazgo y decisión que la UdeG requiere.
En esta ocasión, parece que la rectora espera que el tiempo, las fiestas patrias o el desgaste natural diluyan la protesta, si es por recomendación estratégica, queda claro que, ¡Su asesor le odia!
Lo extraño es que los choques más fuertes ocurrieron justo en los días en que Planter se ausentó, ¿casualidad o decisión de quien sabia no estaría disponible la rectora? Coincidencia que huele a cálculo: dejar que otros enciendan el fuego para luego presentarse como bombera institucional o la aparición de un “líder” que rescate la situación.
Mientras, el equipo de comunicación externo que apoya a los disidentes a manejado bien las notas en los principales medios de comunicación alertando a la ciudadanía de lo que pasa al interior de la Universidad a la que asisten sus hijos, generando buenas piezas de comunicación visual en redes con mensajes claros y específicos que pueden digerir e indignar los consumidores de TikTok, X, Facebook e Instagram. Logrando en días lo que el viejo sistema de comunicación universitario no ha podido lograr, UN mensaje que permee a nivel social, porque desde sus oficinas, los dirigentes universitarios repantigados creen que la gente común está esperando leer el más reciente comunicado pagado por los “abajo firmantes”, que servirá de indicación de lo que se debe creer y entender.
El saldo es claro: estudiantes golpeados, aulas cerradas, comunidades académicas divididas, puertas de ingreso soldadas y una autoridad que administra comunicados -Muy malitos, por cierto- mientras sus operadores administran golpes y porras —siempre los mismos rostros en escena desde hace años, por cierto—.
La Universidad de Guadalajara enfrenta un espejo incómodo: aquel en el que se refleja como un aparato político que prefiere la represión a la reforma, la simulación a la democracia y la obediencia ciega a la crítica estudiantil… Oiga, ¿ya se dio cuenta de que en toda esta rebatinga la FEU tampoco ha aparecido? Y no me refiero a otro comunicado anodino firmado por la “primera mujer presidenta de la FEU”, yo hablo de esa estructura política de estudiantes que defiendan sus procesos por democráticos y transparentes, y den la cara por sus líderes que saben que los representan.
¡Bueno! Hasta los centros universitarios tienen que ser defendidos por grupos externos porque los flamantes “rectores” carecen de equipo que les respalde. Lo bueno es que la disidencia avisa con tiempo sus manifestaciones; si atacaran al mismo tiempo, se quedarían con varios centros universitarios, pues los rectores no alcanzan a defender ni su oficina. ¿O será que las manifestaciones están muy bien ordenadas en tiempo y lugar desde dentro de la misma UdeG para propiciar la aparición de un “líder” solucionador?
Las siguientes semanas serán importantes en esta historia, porque lo que está en juego no es solo un proceso electoral universitario, sino la credibilidad de una institución que presume autonomía, pero se comporta como un feudo… Donde cada vez es más recurrente escuchar: ¡Qué falta nos hace Raúl!
En X @DEPACHECOS
Entregan la presea “La Paz hecha a mano”
Expulsan a Hernán Bermúdez Requena de Paraguay y vuela rumbo a México
Realizan Sexto Congreso de Cultura de Paz, reúne voces por la justicia y la igualdad en Jalisco
Mensaje a comunidad de la UdeG: Dentro del marco legal se respetará la libre expresión y se atenderán necesidades, Karla Planter
