OPINIÓN
Los 43 desaparecidos y reescribir la historia
Mujeres y Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
El caso Ayotzinapa está para libreto de Netflix. La realidad supera la mejor historia de narrativa que pueda crear la mente más creativa como Gabriel García Márquez.
Primero por tratarse de un suceso estremecedor, terrible que puedan desaparecer a 43 estudiantes a los ojos de todo mundo, algo que nunca habíamos visto en México reflejo el grado de descomposición a la que han llegado instituciones de gobierno carcomidas por la corrupción y que están al servicio del mal.
De la misma forma se exhibe el poder que tiene el crimen organizado.
Otro elemento es cómo se puede reescribir la historia, la facilidad para fabricar culpables en un país de instituciones débiles. Lo que vemos es que el poder no tiene límite alguno. De un gobierno a otro todo cambia.
Primero se tienen detenidos y confesos de haber desaparecido y asesinado a los 43 normalistas de Ayotzinapa; después llega otro gobierno de un color distinto y que apoyó las demandas de los familiares de las víctimas y de sus líderes, quienes deciden liberar a los indiciados.
Ahora se decide encarcelar a los que hicieron la investigación, cuya primera cabeza es el ex procurador general de justicia del país.
EL GRAN PROTAGONISTA
Uno de los protagonistas centrales de esta trama fue el otrora poderoso político hidalguense Jesús Murillo Karam, quien fungió como fiscal y le tocó investigar la desaparición de 43 estudiantes normalistas que sucedió en Iguala, Guerrero y que en su momento se señaló al grupo criminal “Guerreros Unidos”, como el que determinó su desaparición.
Todo esto es el mundo al revés, lo que hoy es blanco, mañana puede ser negro, o lo que es negro puede ser blanco.
Quién hubiera pensado que en aquella rueda de prensa donde Murillo Karam soltó la frase “la verdad histórica” con lo que pretendía cerrar el caso Ayotzinapa, el mismo Fiscal responsable de la investigación sería detenido años después como “un sujeto acusado de criminal”, por haber cometido supuestamente de delitos de “desaparición forzada, tortura, y obstrucción de la justicia”.
Un día antes de que se libraran 83 órdenes de aprehensión, 47 de ellas contra mandos militares y personal de tropa que estaban destacados en el municipio de Iguala, el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas había hecho algunas puntualizaciones de acuerdo a las conclusiones que llegó la Comisión de la Verdad que creó el gobierno de la 4T para tratar de “hacer justicia a las víctimas”:
Fue un crimen de Estado; no hay indicio alguno que los 43 normalistas se encuentren con vida; diversos testimonios determinan que fueron ultimados y desaparecidos por Guerreros Unidos; autoridades federales y locales se enteraron en tiempo real de los sucesos y no actuaron; se alteraron hechos, se ocultaron escenas del crimen y se escondieron nexos de autoridades con el grupo criminal, a los alumnos se les separó al menos en tres grupos y “la verdad histórica” fue fabricada desde el poder.
LAS REACCIONES
¿Qué reacciones hay sobre el paso que dio la Fiscalía General de la República al mando de Alejandro Gertz Manero de decidir incriminar a Jesús Murillo Karam, tomando como válido el informe de la Comisión de la Verdad?
Las opiniones se dividen: los seguidores de la 4T lo festejan y consideran un hecho histórico, de un gobierno que cumple en su misión de hacer justicia y que no lo para nadie; los detractores consideran que se trata de todo un teatro montado como cortinas de humo para desviar la atención de los problemas de fondo que vive el país y que cada vez se tornan más críticos, como es el tema de la violencia e inseguridad de un país que cada vez tiene más incendios.
PRISIÓN PREVENTIVA PARA MURILLO KARAM
El ex procurador de justicia, Jesús Murillo Karam después de haber sido llevado ante el juez de control en la primera audiencia tras su detención, precisó que “se derrotó la presunción de inocencia”. De los delitos de que se acusa al político hidalguense, los dos principales, como son desaparición forzada y tortura, abogados y expertos consideran que son difíciles que sean probados. ¿Se tienen videos o de qué testimonios se disponen? ¿Son los dichos de los presuntos miembros del cártel de Guerreros Unidos que habían sido detenidos y liberados por este gobierno?
Será hasta el próximo miércoles en el que Jesús Murillo Karam permanecerá preso cuando se determine si es vinculado a proceso, lo que se da por descontado que así será, de acuerdo a que el juez de control impuso la medida cautelar, al considerar que el ex procurador dispone de los medios económicos y con una red de amistades, debido a los altos cargos de nivel que ocupó, para sustraerse de la justicia.
Vamos a ver cómo actúan las instituciones de justicia de este país; los escépticos apuestan a que abonarán a la narrativa de la 4T, sin resolver de fondo el tema, alargándolo lo más posible, como lo hicieron con Rosario Robles, que estuvo tres años privada de la libertad por acusaciones de corrupción que no han podido acreditar después que un juez federal ligado al gobierno morenista dictó prisión preventiva y la tuvieron privada de su libertad tres años. El poder puede eso y más, aunque seas inocente. La prisión preventiva es una perversión del derecho.
Como libreto de Netflix estamos ante la segunda temporada del caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa; la historia seguirá con sus tramas los próximos dos años y seguramente se prolongará hasta el siguiente gobierno.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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