OPINIÓN
Los Hombres del Poder: El infierno mexicano de la violencia
Por Gabriel Ibarra Bourjac //
No es exageración: México se nos va de las manos. La violencia que vivimos nos convierte en el país más violento del mundo, superando a Brasil.
La Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se fue espantada por lo que aquí vio, con tantos homicidios, desaparecidos, cuerpos destrozados y sin identificar que están abandonados en Los Semefos de los estados del país.
Vaya, y eso que la señora Bachelet vivió y fue víctima de “la guerra sucia” de la dictadura militar de Chile entre 1973 y 1990, o sea 17 años, lapso en el que se acusa al Estado de desaparecer a 3,065 personas desaparecidas y 40 mil víctimas afectadas. ¿Qué son ante las más de 300 mil pérdidas de vida en México en los últimos 13 años?
La guerra desatada por el Presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado y el narcotráfico y que continuó el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto fue un rotundo fracaso. Las cifras de víctimas que aceptó y validó la ex presidenta de Chile son como de un país en guerra:
Desde 2006 son 252.538 personas asesinadas. 40 mil desaparecidos y 26 mil cadáveres sin identificar, que sumados, nos dan más de 300 mil víctimas.
Durante 2018, el último año del gobierno de Peña Nieto se cometieron 33,341 homicidios, lo que le convirtió en el año más sangriento de la historia de la lucha contra el narcotráfico, conflicto activo desde 2006 y principal causa de muerte violenta en el país.
La Alta Comisionada de la ONU que visitó nuestro país a invitación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, expresaría antes de partir de México:
“Debo señalar que tan trascendental como resolver los casos de abusos y violaciones del pasado es evitar que se reproduzcan nuevas atrocidades. México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra: 252.538 desde 2006. Un país con enormes recursos humanos y económicos como México debería poder revertir esta situación sin recurrir a falsos atajos”.
LAS CIUDADES MÁS VIOLENTAS DEL MUNDO
La síntesis que hizo la ex presidenta de Chile, refleja lo que han dado a conocer las diversas ONG,s que se dedican al monitoreo de homicidios para medir la violencia, partiendo de las muertes violentas por cada 100 mil habitantes. Aunque polémico el estudio realizado por la ONG mexicana Seguridad, Justicia y Paz del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC, correspondiente a la violencia durante 2018, 43 ciudades de América Latina forman parte del ránking de las ciudades más peligrosas del mundo, 5 mexicanas están en el top ten, lo encabezan en los dos primeros lugares Tijuana y Acapulco con 138 y 110 homicidios por cada 100 mil habitantes. En ese top ten están de la misma forma Ciudad Victoria, cuarto lugar con 86 homicidios por cada 100 mil habitantes; Ciudad Juárez, quinto lugar con 85 homicidios por cada 100 mil habitantes e Irapuato, sexto lugar con 81.
En la lista aparecen también Cancún, lugar 13 con 64 homicidios por cada 100 mil habitantes; Culiacán en lugar 16 con 60 homicidios; Uruapan en lugar 18 con 54 homicidios; Ciudad Obregón, Sonora, con 52 homicidios; Coatzacoalcos con 48 homicidios por cada 100 mil habitantes; Celaya en lugar 32 con 46.67 homicidios por cada 100 mil habitantes; Ensenada lugar 34 con 46.60; zona metropolitana de Tepic en lugar 36 con 44.89; Reynosa en lugar 42 con 41 homicidios por cada 100 mil habitantes; Chihuahua en 49 con 37.50 homicidios por cada 100 mil habitantes.
LA GUARDIA NACIONAL
En la pasada semana estuvo en la rueda de prensa mañanera del Presidente López Obrador el periodista de Univision Jorge Ramos, quien vino a señalar lo que los periodistas mexicanos lo hemos marcado y remarcado, pero como escribimos en México, no le dan valor, que es precisamente el horror de violencia que vivimos en el país y que el político tabasqueño no ha podido contener. Claro está, son cuatro meses y en ese corto tiempo las estrategias no van a cambiar este infierno, porque apenas ésta se está desdoblando.
El Presidente López Obrador cuando menos hace algo diferente a sus antecesores y cambia la estrategia de Calderón y Peña Nieto al crear la Guardia Nacional y utilizar a más de 40 mil militares para enfrentar el clima de violencia y descomposición que vive el Estado Mexicano, que cada vez se asemeja a lo que es un Estado fallido, cuando otro poder le impide establecer el orden y ofrecer seguridad a los ciudadanos, como lo hace el crimen organizado.
López Obrador hará uso de los militares a quienes la ONU ayudará a capacitarlo en materia de respeto a los derechos humanos, para tratar de recuperar el país que conforme pasa el tiempo se hunde en el caos, cuando el Estado es incapaz de cumplir con su cometido fundamental que es darnos seguridad y castigar a quienes quebrantan la ley.
Más nos vale que la Guardia Nacional funcione, porque el infierno que vive el país, que han sufrido en estos últimos 13 años más de 300 mil familias, puede aún ser mucho peor, de allí que no le escatimemos al Presidente los recursos para que México recupere la paz que se ha ido perdiendo en los últimos 30 años.
México pasa por el momento más crítico y severo de viabilidad como país, cuando el gobierno es desplazado por los malosos que en regiones y zonas del país son los que mandan, eso es una triste realidad. Mucho hay por hacer en este país.
El espanto que se llevó la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, nos indica el tamaño del problema que sufre México.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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