OPINIÓN
Más allá de la estadística: En época de COVID-19 ¿cómo va el ciclo escolar?
Educación, por Isabel Venegas //
En este momento muchos investigadores de las ciencias sociales se plantean varias interrogantes acerca del fenómeno que estamos viviendo tanto por la emergencia de las situaciones, como por las implicaciones de lo que esto representa en un corto y mediano plazo.
Desde marzo hemos vivido la educación pública y privada en el confinamiento; a la fecha nos encontramos sin todavía poder dimensionar qué tanto estamos aprovechando los instrumentos que nos permiten hacer trabajo desde casa, aunque ya podemos ir notando elementos que llaman la atención.
El punto es que para las ciencias humanas, las estadísticas nos dicen mucho pero no todo; las experiencias, las vivencias y los contextos, son analizados desde la complejidad de los estudios cualitativos, los cuales suelen dar mucha luz sobre cómo abordar las particularidades de cada región, pero tienen la desventaja de requerir mucho más tiempo para su análisis y composición.
Los números nos dicen cosas, pero nos dan alertas que luego debemos desmenuzar con el análisis del contexto. En el informe que presenta el Secretario de Educación Pública. Esteban Moctezuma, titulado “Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2019-2020” revela que la tasa de escolarización en la educación básica es una curva parabólica desde el 2011, con un punto de inflexión entre el 2014 y el 2015; a partir de entonces se ha registrado un descenso en la matricula vinculado a la capacidad de cobertura.
Durante el ciclo escolar 2019-2020 la tercera y última parte se desarrolló a distancia. La dinámica sorprendió a la mayoría de los colectivos escolares, pero dieron atención (como pudieron) a la emergencia y a la sorpresa. Al arranque del ciclo escolar 2020-2021 la lógica indica que debimos estar mejor preparados para dar más empuje al tema de las modalidades como el aula invertida, el manejo de plataformas virtuales, o los apoyos que la Secretaría de Educación Pública ofrecía por televisión; grosso modo se alcanza a visualizar que el resultado está siendo mucho menor, y que la participación de los alumnos en educación básica no parece significativa, la labor de los profesores tiene una evaluación negativa, a pesar de que se haya triplicado el trabajo por estar contactando a cada alumno en particular.
Hay un supuesto preocupante: los padres de familia no están priorizando la educación de los hijos menores, además de que carecen de las herramientas para gestionar sus tiempos, espacios y los recursos con los que deben contar (libros, cuadernos, televisión o computadora, etc.), los tutores están requiriendo a los chicos para que ayuden en la casa, cuiden a los hermanitos menores mientras ellos trabajan, o involucrándolos en labores comerciales como colaborar en el negocio familiar.
Hablamos de menores de edad, de chicos que no pueden estar registrados formalmente en ningún trabajo, pero que están siendo demandados por más de 5 o 6 horas en tareas que consumen mucha de su energía.
Cuando se hicieron encuestas rápidas para ver si los estudiantes contaban con computadora, internet y celular, o en todo caso televisión para seguir los programas de “Aprende en Casa” los resultados vaticinaban un éxito en el programa, resultado que está lejos de la realidad, y que hoy (como suele suceder) busca en la figura de los profesores, al culpable responsable de no estar encontrando los medios que superen esta y otras situaciones igual de graves.
La educación pública ha sufrido un grave golpe, porque en el momento en que regresemos a las aulas ¿Cómo podremos revertir el impacto negativo en la apreciación de valor al trabajo escolar? Más allá de recuperar los conocimientos que se dejaron de tener durante ya casi 8 meses de trabajo a distancia está el hecho de no haber trabajado como “comunidades educativas”, una enorme desconexión entre padres de familia, maestros, directivos y administrativos en general.
Ese impacto puede cobrar factura en la configuración de los modelos con los que se siga atendiendo a la educación pública en nuestro país. Si bien es cierto que las alertas se suelen prender cuando plataformas políticas de ciertas líneas –digamos de derecha- parecen empujar las carteras hacia la iniciativa de privatizar la educación argumentando que es demasiado cara e ineficiente, ahora parece que de a poco se va dejando morir sola para que esa pugna no sea tan evidente, a pesar de tener gobiernos que se dicen ser –de izquierda-.
Ese segundo supuesto es alarmante, no por el hecho de privatizar la educación, cosa que tiene sus peligros y sus bondades, sino por lo que eso implique al no ejercer un acto de autoridad y dejar que sea la generación de estudiantes actual la que tenga que agonizar para justificar algo que, de lo contrario, tendría altos costos electorales.
Una brecha enorme se abre entre la escuela pública y la privada, entre la educación básica y los que alcanzaron a brincar el momento y están ahora en el nivel medio o superior, pero ese cuadrante que ahora ubica a nuestros niños de entre 7 y 15 años, está siendo terriblemente golpeado por un cúmulo de situaciones que la pandemia deja ver.
La única salida que podemos encontrar es la de utilizar la mejor herramienta con la que contamos: la comunicación. El ser humano tiene ese valioso instrumento y no se da cuenta de su potencial; hoy necesitamos escuchar a los padres de familia, a los alumnos y a los profesores, entender cuáles son sus situaciones y poder colaborar de manera eficiente y efectiva para solucionarlos. Grupos de directores y actores políticos ya están dando la lucha por defender el presupuesto para las escuelas de tiempo completo, y hará falta dar seguimiento a la recuperación del ciclo escolar para muchos otros planteles a los que también estará golpeando gravemente la situación.
La estructura del sistema educativo tiene la obligación de operar para resolver la mayor cantidad de problemas que hoy surgen en las escuelas públicas, pero si no se están atendiendo desde las particularidades, primero con su maestro, luego con las directivas, y así en escalas directas e inmediatas, se terminará con indicaciones como las de junio del ciclo escolar pasado: ¡Que se apruebe a todos con por lo menos un mínimo de calificación, y que se ayude a aprobar a aquellos que tenían materias pendientes! En un sistema altamente complejo, vemos que esa también es una implicación que cobra costos, y que hace que de un grupo de 60 alumnos, la respuesta sea de entre unos 7 o 10 estudiantes en promedio, mientras que estando en la misma pandemia, el ciclo escolar pasado la respuesta era exactamente al revés.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa_venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción
Charros se quedó sin gas: Diablos, digno campeón
