OPINIÓN
México como tapete
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
El gobierno encabezado por Manuel Andrés López Obrador MALO, acaba de cometer un monumental error en la negociación del Tratado Comercial celebrado con Estados Unidos y Canadá T-MEC, dado que les urgía tanto el anuncio de la firma del mismo, que en forma inconcebible aceptaron la propuesta de los Estados Unidos sin chistar y ahora están llorando, ya que de los hechos se desprende que no leyeron lo que firmaron.
Curiosa la doble moral del señor López ya que en todos sus años de campaña él y sus seguidores criticaban agriamente el aún vigente TLC, símbolo total de eso que tanto odian y que ellos llaman “Neoliberalismo”, cuya paternidad le atribuyen a su gran enemigo, Felipe Calderón y que los que hemos al menos ojeado un libro le llamamos “Libre Mercado”. Pues ahora el gran promotor para sustituir el TLC con un nuevo tratado era precisamente MALO, el cual presionó a todos para su firma. Con esa actitud y sus declaraciones se confirma que la economía del país está pésima y que se tiene imperiosa necesidad de inversión privada tanto nacional y extranjera, la cual no fluye dada la poca confianza hacia las erróneas políticas y conducción de nuestro gobierno.
El Presidente le apostaba a que, como por arte de magia, por su simple anuncio, esas calificadoras que tanto odia, cambiarían las expectativas sobre nuestra economía a rangos mas positivos, en especial la de Pemex, esta firma también resolvería la abierta recesión que enfrentamos, y que no se puede remediar, insisto sin inversión privada, y que el milagroso T-MEC solucionaría al ya no requerir inversión nacional, ya que fluiría a grandes caudales la extranjera, lo que también provocaría la creación de miles de empleos y mejores salarios para los trabajadores. Fue tanta la urgencia de su firma que aceptamos condiciones impensables, incluso ya firmado en una inusitada nueva imposición del Gobierno americano con condiciones aún peores, se modificó firmando, en tiempo récord, un adendum, el pasado 10 de diciembre ante el presidente MALO, la viceprimer ministra de Canadá, el representante Comercial de Estados Unidos y el subsecretario de Relaciones Exteriores Jesús Seade. Lopitos señaló que el T-MEC ahora sí daba las condiciones para invertir en México ya que es un acuerdo de dimensión mundial que atraerá inversiones de todo el mundo. Festejaron todos, incluyendo sus bots de redes sociales, y algunos hasta señalan que en una entrega del país, (afortunadamente), sacaron de México al dictador Evo Morales como muestra de buena fe (o entreguismo).
Aquellos seguidores del señor López que antes odiaban al neoliberal TLC ahora aplaudían como focas este gran logro y el documento complementario se mandó de inmediato al Senado y como la mayoría de Morena en esa cámara ni le entiende, se aprobó de inmediato sin el detallado análisis indispensable, dada la alta responsabilidad de su necesaria ratificación. Algunos Senadores reconocían que ni siquiera tenían una traducción y otros que no lo conocían, pero acabaron votando 107 a su favor, pero ni lo leyeron porque le urgía al Presidente. En el país vecino tanto demócratas como republicanos se tallaban las manos de la emoción y los poderosos líderes sindicales felices, la legisladora estadunidense Nancy Pelosi dijo “nos comimos su lunch”, pues entonces ¿qué estaba pasando?
La respuesta inició como un rumor, varios periodistas dieron a conocer que dentro de los documentos de la modificación del T-MEC se establecía la figura de “agregados laborales” quienes supervisarían, dentro de territorio mexicano, que el país cumpliera sus obligaciones en materia laboral. Para variar la Secretaría de Relaciones Exteriores lo negó, y el Presidente envuelto en el lábaro patrio y a punto de lanzarse al vacío desde el Castillo de Chapultepec, señaló que no se permitiría intervencionismo alguno que violara la soberanía nacional.
Varios previamente lo advirtieron, alguien twitteo “Si con tal de firmar el T-MEC, México aceptó ceder a inspecciones unilaterales para el cumplimiento del capítulo laboral…..Es el acto de entreguismo de nuestra soberanía y dignidad que ni el peor de los neoliberales ha hecho.” El sábado el señor subsecretario graba un video señalando que los gringos se habían aprovechado de la buena fe. No podemos decir que lo chamaquearon dada su senilidad. Lo que no dice el señor Seade es que en esta última etapa crítica de la negociación del T-MEC se ignoró totalmente al grupo de expertos reunidos en el llamado “cuarto de junto”, especialistas dedicados durante años a esta negociación, tanto de la iniciativa privada como reconocidos negociadores de la Secretaría de Economía, precisamente porque se oponían a modificar lo ya acordado por los tres países, y la instrucción del presidente MALO era firmar a como diera lugar.
Seade informó en su video que se presentó al Congreso de los Estados Unidos la iniciativa de ley de implementación del T-MEC como parte del proceso de aprobación que se tiene en el país vecino, y precisamente contempla la designación de “agregados laborales estadunidenses” (hasta 5) con la responsabilidad de monitorear la implementación de la reforma laboral que está en curso en nuestro país. Se queja que esa iniciativa no fue consultada con México, que no estaba de acuerdo, y que iría este domingo a Washington a reclamar, sin embargo, sí está incluida en el T-MEC ¿porque debían consultarla? El mismo viernes envió una carta al embajador Robert E. Lightizer mostrando su indignación, más bien debería renunciar al cargo. Su único as bajo la manga es amenazar a los americanos con adoptar medidas recíprocas, y lo más probable es que las autoridades americanas se rían de él.
Es tiempo que el presidente MALO reconozca sus errores, involucre nuevamente a los expertos en la negociación, no es posible que vaya Seade solo, a negociar. La máxima presidencial de “10% capacidad y 90% de honestidad” no funciona, lo barato sale caro, mas bien 90% inútiles y 10% ciegos.
Por cierto, ¿Ya bajo tu recibo de luz?
E-mail: hromerof@lgrrabogados.com
Twitter: @hectorromerof2
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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