OPINIÓN
Mi amistad con Enrique Ibarra
Mujeres y Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Cuando iniciaba mi camino por el periodismo en Guadalajara, había llegado de mi natal Hermosillo, oficio que abrace motivado por mi gran pasión por el beisbol, que desde niño me nació; mi vida giraba en torno a este hermoso deporte que tanto hace sentir y vibrar.
El beisbol lo jugaba al lado de los amigos del barrio en la calle donde estaba la casa de mis padres, que como tantas de aquella ciudad estaban sin pavimentar, pero eran nuestras, allí convivíamos, armábamos nuestros equipos y cada quien se soñaba con ser un Héctor Espino, un Celerino Sánchez, un Alfredo “Zurdo” Ortiz o un Sergio “Kalimán” Robles.
Y como me emocionaba tanto el beisbol y admiraba a estos peloteros, me dio por hacerme periodista y así empecé a escribir de beisbol, invitado por quien era Director General de El Periódico El Sonorense, Enguerrando Tapia Quijada, que se convirtió en mi gran benefactor y padrino.
Así empecé a entrevistar a los peloteros, a las estrellas del beisbol, el retratarme con ellos, el poder platicar, comentar jugadas, récords y tantos tópicos. Y salía en las fotos con mis personajes favoritos. Me sentía lo máximo.
Me llegó la oportunidad de estudiar en Guadalajara, en la Escuela de Periodismo y Comunicación de la UAG. Además de estudiar lo que quería era escribir de beisbol.
Pero o decepción, era 1978 y aquí ya no había beisbol profesional, por un conflicto entre socios Charros había desaparecido.
Entonces, tuve que adaptarme a la circunstancia y fue así como de repente llegué al periodismo político.
Un día mi jefe de redacción en el extinto Diario Ocho Columnas, don Francisco Martín Sauceda, me envió a cubrir una manifestación de priistas descontentos con alguna postulación de candidato a la alcaldía de un municipio cuyo nombre no me acuerdo. Era presidente estatal del PRI el maestro Reyes Rodolfo Flores Zaragoza. Redacté una crónica de color, le gustó al maestro Sauceda y de pronto me convierto en el reportero de la fuente política, que comentario aparte, no me resultaba extraña y estaba al día de lo que en ese mundo sucedía, claro, con una perspectiva limitada de lo que significaba este mundo de poder.
Y fue en ese tiempo cuando conocí a un joven político inteligente, culto, agradable, fresco, ameno, empático que era regidor de deportes en el Ayuntamiento de Guadalajara, que presidía otro político brillante, como don Arnulfo Villaseñor Saavedra.
Ese joven político se llama Juan Enrique Ibarra, con quien desde el primer momento tuve empatía y el tema que nos identificó y que fue el inicio de una larga amistad fue y es el beisbol, que tiene mucha similitud con la política, ya que la estrategia es un elemento fundamental en la competencia; el trabajo en conjunto, fundamental para alcanzar el éxito. El manager -guía- y el coach.
La identificación del periodista y el político se dio en forma natural; aquel me compartía su visión de las cosas, me presentaba a otros actores de la política y el servicio público; me compartió a sus amigos y en el transcurso del tiempo parte de mi vida social empezó a desarrollarse en ese entorno.
Nació una amistad natural, movida por la empatía, tanto que cuando decidí pedir la mano de mi hoy esposa, le pedí a Enrique si me acompañaba a la petición, junto con otro joven que en aquel tiempo ya descollaba, como Alejandro Ontiveros, hoy también de mis grandes amigos.
Fue pasando el tiempo, fuimos madurando y fuimos caminando por la vida. Estoy convencido que he sido muy afortunado, porque gracias a esos amigos generosos que me compartieron parte de sus conocimientos, resulté beneficiado, sin que hubiera de por medio algún interés económico. Ese aprendizaje me permitió abrirme paso en el difícil mundo del periodismo en Guadalajara. Nunca tuve la inquietud de participar en el gobierno, en ningún campo.
Ni tampoco mis amigos me lo ofrecieron; otros sí lo hicieron y no acepté.
El pasado miércoles 5 de octubre cuando le organizaron a Enrique este homenaje por sus 55 años de una trayectoria con historia, al que acudieron cerca de mil personas que le tenemos reconocimiento y/o gratitud, me permití hacer una retrospectiva de mi vida y de cómo nuestros caminos se cruzaron, lo cual me hace sentirme afortunado.
Soy testigo de la destacada y útil vida política de Enrique, todo lo que se dijo en esas dos horas que duró el evento, es resultado de la siembra por la vida que ha hecho Enrique, que tomó la política como un proyecto de vida, basado en convicciones con las que ha sido congruente e intransigente.
Fue priista durante la mayor parte de su vida; lo representó en el IFE, donde dio sus grandes batallas, pero cuando lo engañaron y lo traicionaron, tomó lo que seguramente ha sido la decisión más difícil de su vida, su renuncia a la militancia de cerca de cuatro décadas.
Su decisión permitiría que un grupo de jóvenes soñadores lo siguieran, encabezado por Enrique Alfaro, Alberto Uribe, Ismael del Toro y Salvador Caro, para dar vida a lo que es hoy Movimiento Ciudadano, que gobierna Jalisco y Nuevo León y que aspira a más.
Este movimiento no se entendería sin aquella decisión disruptiva de Ibarra.
Como bien resaltó Alejandro Ontiveros en su intervención en el homenaje, Enrique Ibarra es un maestro formador de varias generaciones de políticos que destacan en diversas áreas del servicio público.
Enrique ha tenido grandes responsabilidades en la política y el servicio público, y como bien subrayó Lupita Gallo, su esposa y compañera, como Fray Antonio, personaje que tanto admira el de Tototlán, después de los 70 años tuvo su mayor vida productiva.
Enrique bien podría cerrar su carrera política con la suplencia en el último año de Enrique Alfaro, como gobernador interino, quien después de junio del 2023, seguramente solicitará licencia para participar en el proyecto presidencial y qué mejor que el maestro y formador de este grupo se quedé al frente del gobierno de Jalisco.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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