Morena y la reforma judicial en Jalisco: ¿Democracia o improvisación?

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

Es curioso cómo se habla de democracia cuando se actúa con premura. Morena ha lanzado su propuesta para reformar el Poder Judicial de Jalisco con la misma velocidad y determinación con la que alguien se sacude el polvo de los hombros. Con palabras grandilocuentes y promesas de austeridad, el grupo parlamentario de la autodenominada «cuarta transformación» ha presentado una iniciativa que, según dicen, pondrá a jueces y magistrados en manos del pueblo.

La diputada Marta Arizmendi, con un entusiasmo desbordado, nos asegura que el objetivo es tener un Poder Judicial «austero y democrático». Traducido al lenguaje común: una estructura que se ajuste a la narrativa de su partido, y de paso, a sus intereses. En su versión del futuro, las magistraturas, los jueces y hasta el titular del Instituto de Justicia Alternativa (IJA) serán elegidos por voto popular. Al parecer, los requisitos para aspirar a estos cargos incluyen no solo credenciales académicas, sino también una cuota de suerte: los mejores serán elegidos mediante un sorteo público. La lotería judicial, si se quiere.

Se elimina el Consejo de la Judicatura del Estado, ese ente oscuro que, dicen, concentraba demasiado poder. En su lugar, Morena nos ofrece dos instituciones con nombres pomposos: el «Órgano de Administración Judicial» y el «Tribunal Estatal de Disciplina Judicial». A simple vista, suena a un ajuste bien pensado, pero la realidad es que estas figuras se convertirán en espacios politizados, con integrantes nombrados a discreción de los tres poderes.

El calendario es otro ejemplo del afán de inmediatez: en apenas unas semanas se pretende tener en marcha el proceso electoral judicial. Todo debe estar listo antes del 31 de enero, con elecciones para la primera mitad de los cargos en junio y la otra mitad en 2027. Un plan que parece más una carrera contra el tiempo que una reforma responsable. Y como si la prisa no fuera suficiente, se presume de austeridad: los candidatos no tendrán recursos para sus campañas, los partidos no podrán participar y todo se hará en 30 días. Si esto suena a improvisación, es porque probablemente lo sea.

Pero la oposición no se ha quedado callada. Desde Movimiento Ciudadano, el diputado José Luis Tostado Bastidas agradece, con un aire de condescendencia, que Morena haya abierto el debate, aunque advierte que «no hay condiciones» para llevar a cabo la reforma de manera exprés. Dice que falta presupuesto, que el Instituto Electoral de Jalisco no tiene capacidad para organizar la elección y que, como siempre, las promesas de recursos del gobierno federal son una quimera. Según él, en Jalisco «debemos ser serios», y no dejarse llevar por ocurrencias disfrazadas de cambio.

Lo cierto es que el sistema judicial de Jalisco necesita una transformación profunda, pero las prisas nunca han sido buenas consejeras. La elección de jueces y magistrados mediante el voto popular es un experimento arriesgado que podría derivar en una politización extrema del sistema judicial. ¿Qué pasa si los candidatos judiciales terminan siendo avalados por grupos políticos? La independencia judicial, un pilar fundamental del Estado de derecho, podría quedar comprometida.

Otro aspecto preocupante es el presupuesto. Morena asegura que hay recursos adicionales para realizar la elección, pero la realidad es que Jalisco enfrenta una situación fiscal compleja. Movimiento Ciudadano señala que no hay una partida presupuestaria designada para llevar a cabo este ejercicio democrático, lo que podría traducirse en un recorte de fondos para otras áreas clave, como salud o educación.

La incertidumbre también reina entre los actores judiciales. Magistrados y jueces se preguntan cómo podrá funcionar un sistema donde el profesionalismo y la experiencia pueden quedar relegados a un segundo plano ante la popularidad. En un contexto donde la desconfianza en las instituciones está en su punto más alto, apostar por una reforma sin un análisis profundo podría generar más problemas de los que se busca resolver.

Además, la desaparición del Consejo de la Judicatura plantea dudas sobre la administración de la justicia. Morena promete que los nuevos órganos garantizarán la transparencia y la eficiencia, pero la realidad es que su composición, basada en cuotas políticas, podría hacerlos vulnerables a intereses partidistas.

A pesar de las críticas, la maquinaria de Morena sigue avanzando. Con un discurso de transformación y combate a la corrupción, el partido apuesta a que la ciudadanía apoyará la idea de elegir a sus jueces. La pregunta es: ¿cuántos jaliscienses estarán realmente interesados en participar en una elección judicial? La baja participación podría traducirse en una legitimidad cuestionable para los futuros juzgadores.

En definitiva, la reforma al Poder Judicial de Jalisco es, sin duda, uno de los cambios más relevantes de los últimos 30 años. Pero la pregunta que flota en el aire es: ¿realmente se busca fortalecer la justicia o simplemente se están acomodando las piezas para tener un tribunal a modo? Porque si algo hemos aprendido en esta era de transformaciones rápidas, es que lo que empieza como un discurso de democracia suele terminar en un control mucho más vertical y opaco.

Por ahora, Morena sigue en su carrera contra el tiempo. Quieren que todo esté listo en unas semanas, sin importar que la justicia, como todo en la vida, requiere de un poco más de paciencia y mucho menos de politiquería.

En X: @DEPACHECOS