OPINIÓN
No estábamos preparados, pero ¿ahora sí?
Educación, por Isabel Venegas //
Acepto el debate de utilizar el término de pandemia por su nivel de letalidad y no por su alcance en el contagio. Entiendo que lo que se quería era impactar en la prevención y aunque hemos caído en una crisis de angustia y desasosiego, para algunos de tanto escuchar la palabra terminó por perder su sentido original; en parte eso justifica que en la ciudad de México se haya convocado a los mejores creativos para hacer una campaña publicitaria dura, tal vez cruel, pero al final contundente.
Esos genios de la mercadotecnia y la manipulación de masas, muchos de ellos rivales profesionales, hoy se ven unidos para crear una estrategia dado que el ¡Quédate en casa! ya se desgastó; dicen las autoridades locales que eso ya llegó a los que tenía que llegar y ahora están pensando en leyendas, espectaculares, audiovisuales, etc. para convencer a todos aquellos que hoy siguen diciendo “esto no es cierto”, “de algo me he de morir” y “que sea lo que Dios quiera”.
Una particularidad de esos estrategas suele ser la visión tan amplia con la que contemplan los problemas; ellos saben que el ser humano no es una máquina de un comportamiento simple, que si bien lo reduce a una forma ordenada de comunicación por conveniencia, ésta no deja de ser compleja y viva, es decir, cada uno de nosotros puede llegar a ser tan impredecible como las circunstancias que le toque enfrentar a cada momento.
El hombre está lleno de paradojas y contradicciones, interrogantes, simulaciones, muchos arrepentimientos llenos de frustración por haber sabido lo que se debía hacer, pero haber reaccionado de manera diferente ante un momento de crisis. Ahí está la emergencia, la sorpresa, esa falta de capacidad que tenemos para predecir cómo vamos a actuar ante determinadas circunstancias; si alguna vez te has quejado porque la señorita del clima no ha tenido buen tino advirtiendo que llovería y has tenido que cargar con el paraguas en vano, no te imaginas cómo les va a los investigadores sociales.
La cantidad de herramientas con las que nos vamos haciendo para enfrentar la adversidad, proviene tanto de nuestra herencia genética, de la escolaridad, de la capacidad de observación y de los referentes más o menos cercanos que nos permiten aprender de sus experiencias. Gracias a las redes sociales, para la crisis del COVID19 pudimos observar lo que sucedía en China, en Italia, en España, en Estados Unidos, por ejemplo.
Algo que hemos venido a descubrir es el enorme parecido que tenemos con la mayoría de los países extranjeros en el funcionamiento de los sistemas de educación pública. Según la oficina regional para América Latina son 156 millones de estudiantes los que han dejado de ir a las aulas físicas para tratar de seguir estudiando desde sus casas, pero como apunta la cadena alemana Deutsche Welle (DW) el internet ayuda pero ha abierto un debate sobre la doble brecha de desigualdad que está acentuando.
Con lo anterior queda claro que, si por un lado tenemos dificultad para reaccionar de manera correcta ante una crisis con todo y con que tengamos bastante información para actuar, no es seguro que lo hagamos de la mejor manera, mucho menos si esa información se mezcla con noticias falsas, con referentes confusos, con contradicciones de las mismas fuentes, etc.
Ya hemos visto cómo nos fue en estas semanas de trabajo escolar a distancia: no ha sido fácil, había quienes ni siquiera manejaban su cuenta de correo electrónico desde hacía mucho tiempo, el whatsapp se volvió tan glorioso como demoníaco y el classroom fue el guapo de la fiesta al que antes de ese baile nadie había puesto atención; pero al mismo tiempo de seguir revisando cómo nos está yendo sigue una tarea obligada, pensar en cómo va a ser el regreso a clases porque si un día nos sorprendió esta situación, no nos debe sorprender ni la Fase 4 y mucho menos la 5; tratar de prepararnos contemplando diferentes escenarios, incluso sabiendo que la sorpresa estará ahí, debemos analizar las posibilidades y recursos con que contamos para hacerlo lo mejor posible, estando abiertos a la incertidumbre y dispuestos para el factor sorpresa.
Dice el secretario Esteban Moctezuma que nos “preparamos” para regresar considerando el apoyo de los padres de familia para que los alumnos ingresen a los planteles con la hoja firmada de compromiso de no estar enfermos; en entrevista con Azucena Uresti, periodista de Milenio TV, afirma que ya no hay grupos de 60 alumnos y que el promedio está entre 15 y 20 estudiantes, y que los comités de participación social serán los encargados, junto con los profesores de resolver la problemática de aquellos planteles a los que ni siquiera llega el agua, solicitando pipas, con tambos e incluso con cubetas.
El funcionario insiste con que llegará el momento en el que habremos de “recuperar” el tiempo perdido, y que de una u otra manera tendremos que habilitar el espacio para asegurar que no se pierda el ciclo escolar.
La escuela mexicana debe superar la visión de un sistema mecanicista, que piensa que debe actuar como si fueran líneas de producción en la que la calidad de sus productos responde a ciertas variables controlables y que se puede medir al final con un instrumento de revisión. El sistema educativo ya no puede ni debe ser visto como la cantidad de horas clase, de días vividos en el salón y de respuestas correctas en un examen. El resultado de un sistema educativo se ve en la capacidad de sus ciudadanos de reaccionar de manera correcta ante una emergencia, y aunque en el primer momento puede “destantear” la situación, finalmente las herramientas cognitivas que hayamos desarrollado serán la pieza clave para salir mejor parados al final de la contienda.
Hoy debemos empezar a sopesar propuestas para el resto de la contingencia y para la vuelta a clases:
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Manejar proyectos interdisciplinarios que fortalezcan el trabajo por academias, que no requieran tantas horas de trabajo segmentadas por materias con lo cual los niños se ven agotados por una cantidad de trabajo extenuante puesto que no cuentan con la asesoría y el acompañamiento de los profesores para resolverlos, pero también ha generado un desgaste emocional y laboral en los docentes que ven una suma desbordada de tareas por revisar, así como de los padres de familia que tratan de ayudar a sus hijos entre su trabajo que no se acaba, las angustias del momento y las labores cotidianas del hogar.
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Al volver a los salones se deberá programar la asistencia por grupos reducidos, que mantengan la sana distancia y que favorezcan una verdadera asesoría por parte de los profesores para que se privilegie la tutoría real y el desarrollo emocional y psicosocial de cada estudiante, porque habrá que decirle al secretario Moctezuma que en Zapopan, por lo menos, nuestros grupos tienen registrados en la lista de asistencia a más de 60 estudiantes en secundaria.
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Reconvertir la figura de los supervisores y jefes de zona, cuyo perfil obedecía a una manera de ver a la educación desde la administración gerencial. Hoy la escuela pública requiere una mirada sistémica y no lineal, una concepción de comunidad y no de trabajo a destajo.
A todos los maestros que conozco los he escuchado decir que añoran sus escuelas, que extrañan a sus estudiantes con todo y lo agobiante que pueda ser el trabajo frente a grupo. Aseguremos que esa alegría no se esfume en cuanto empiece la revisión de “evidencias”; vivimos una situación inédita y como tal debe ser nuestra respuesta.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
– Crónica de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
La Universidad de Guadalajara, esa institución que presume de ser la “casa de la cultura” y el “espacio del pensamiento crítico”, se ha convertido principalmente los últimos días en escenario de lo que mejor ilustra su contradicción: los golpes sustituyendo a la palabra, la represión disfrazada de orden académico y la violencia encubierta tras comunicados oficiales firmados por nadie que se haga responsable… llenos de buenas intenciones sin nada de autocrítica.
Lo ocurrido en el CUCSH y en el CUCEI en estos días no es un accidente ni un exabrupto aislado: es la expresión de una estructura política enquistada que se resiste a morir.
Los funcionarios que deberían administrar aulas y presupuestos han terminado con las manos metidas en la gresca. No es metáfora: ahí están los videos donde José Antonio González Orozco, alias “Pepino”, antiguo operador de la FEU que ahora cobra como jefe del complejo deportivo, aparece repartiendo manotazos contra los estudiantes que exigían elecciones limpias. No fue diálogo, fue puño.
Y mientras tanto, la Rectoría General guarda silencio. Una omisión que grita más fuerte que cualquier consigna. Porque si los estudiantes pintan un muro, la indignación institucional es inmediata; pero si un funcionario golpea a los alumnos, la sanción se pierde en el laberinto del archivo muerto, asegurando las protecciones para quienes, en nombre de la “institución”, repartan golpes a los alumnos inconformes.
Encapuchados que lanzan mobiliario, vacían extintores y rodean a estudiantes en paro. Los testimonios y las imágenes difundidas no dejan lugar a dudas: la violencia tiene rostro, y varios de esos rostros se identifican con la vieja militancia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ese brazo corporativo que durante décadas ha operado como correa de control a favor del grupo universitario en el poder.
Pero también aparecen los rostros de grupos políticos externos que han participado en movimientos políticos universitarios sin llegar a ser de los “ungidos”, pero que, ahora apoyados por un personaje de la estructura universitaria, vuelven a buscar un lugar en el feudo.
Se habla de “diálogo” en los comunicados, pero en los pasillos los que dialogan son los puños. La contradicción es evidente: las autoridades centrales rechazan la violencia en boletines, pero sus hombres de confianza y familiares aparecen entre los agresores.
Lo que demandan los estudiantes no es menor: baños dignos, comedor subsidiado, protocolos contra acoso, contratación estable de docentes, transporte seguro, participación real en las decisiones universitarias. No son exigencias revolucionarias, son derechos elementales que cualquier institución pública debería garantizar sin necesidad de paros ni barricadas.
¡Ojo! La petición de tener un área para fumar mariguana es simplemente una charlotada que en ninguna circunstancia puede proceder; sean serios si quieren ser tomados en serio como disidencia.
Pero el punto neurálgico, el que prende las alarmas en los pasillos del poder, es la exigencia de cancelar las elecciones del Consejo General Universitario y limitar la intervención de la FEU. En otras palabras: quitarles el monopolio de la representación. Y eso, para los jefes y jefas universitarios, es inadmisible.
Mientras las pedradas y los empujones manchan el nombre de la UdeG, la rectora general Karla Planter ha optado por la estrategia del silencio. No se presenta a dialogar, no encabeza el proceso, no frena la violencia. Desde su llegada, “La Planter” solo ha servido como la imagen que asiste a reuniones y eventos sociales, pero, en todo este tiempo, usted no va a encontrar UNA situación en la que la primera mujer rectora de la UdeG hubiera destacado por su capacidad de decisión y liderazgo; lo peor, NINGUNO de su equipo ha ocupado el lugar de liderazgo y decisión que la UdeG requiere.
En esta ocasión, parece que la rectora espera que el tiempo, las fiestas patrias o el desgaste natural diluyan la protesta, si es por recomendación estratégica, queda claro que, ¡Su asesor le odia!
Lo extraño es que los choques más fuertes ocurrieron justo en los días en que Planter se ausentó, ¿casualidad o decisión de quien sabia no estaría disponible la rectora? Coincidencia que huele a cálculo: dejar que otros enciendan el fuego para luego presentarse como bombera institucional o la aparición de un “líder” que rescate la situación.
Mientras, el equipo de comunicación externo que apoya a los disidentes a manejado bien las notas en los principales medios de comunicación alertando a la ciudadanía de lo que pasa al interior de la Universidad a la que asisten sus hijos, generando buenas piezas de comunicación visual en redes con mensajes claros y específicos que pueden digerir e indignar los consumidores de TikTok, X, Facebook e Instagram. Logrando en días lo que el viejo sistema de comunicación universitario no ha podido lograr, UN mensaje que permee a nivel social, porque desde sus oficinas, los dirigentes universitarios repantigados creen que la gente común está esperando leer el más reciente comunicado pagado por los “abajo firmantes”, que servirá de indicación de lo que se debe creer y entender.
El saldo es claro: estudiantes golpeados, aulas cerradas, comunidades académicas divididas, puertas de ingreso soldadas y una autoridad que administra comunicados -Muy malitos, por cierto- mientras sus operadores administran golpes y porras —siempre los mismos rostros en escena desde hace años, por cierto—.
La Universidad de Guadalajara enfrenta un espejo incómodo: aquel en el que se refleja como un aparato político que prefiere la represión a la reforma, la simulación a la democracia y la obediencia ciega a la crítica estudiantil… Oiga, ¿ya se dio cuenta de que en toda esta rebatinga la FEU tampoco ha aparecido? Y no me refiero a otro comunicado anodino firmado por la “primera mujer presidenta de la FEU”, yo hablo de esa estructura política de estudiantes que defiendan sus procesos por democráticos y transparentes, y den la cara por sus líderes que saben que los representan.
¡Bueno! Hasta los centros universitarios tienen que ser defendidos por grupos externos porque los flamantes “rectores” carecen de equipo que les respalde. Lo bueno es que la disidencia avisa con tiempo sus manifestaciones; si atacaran al mismo tiempo, se quedarían con varios centros universitarios, pues los rectores no alcanzan a defender ni su oficina. ¿O será que las manifestaciones están muy bien ordenadas en tiempo y lugar desde dentro de la misma UdeG para propiciar la aparición de un “líder” solucionador?
Las siguientes semanas serán importantes en esta historia, porque lo que está en juego no es solo un proceso electoral universitario, sino la credibilidad de una institución que presume autonomía, pero se comporta como un feudo… Donde cada vez es más recurrente escuchar: ¡Qué falta nos hace Raúl!
En X @DEPACHECOS
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