OPINIÓN
Opinión: La tarea pendiente del fiscal anticorrupción: los corruptos siguen de pie

Por Mario Ávila //
De poco o nada ha servido el esfuerzo que se hizo para diseñar un modelo de justicia para combatir la corrupción en Jalisco, cientos de millones de pesos invertidos en un año que se fueron en sueldos, instalaciones, mobiliario, capacitación y una plantilla de funcionarios, a juicio de los ciudadanos se han ido a la basura simple y sencillamente porque no hay resultados concretos y los corruptos siguen en la calle.
Marzo ha sido el mes idóneo para evaluar el primer año de la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción que se trazó para Jalisco, con el visto bueno de todos los partidos políticos y presuntamente cuidando que los funcionarios designados cumplieran el requisito de autonomía e independencia de los entes de poder, para que no se vieran influenciados ni intimidades en sus determinaciones que tendrían que ser totalmente autónomas.
Esto bien podría tipificarse como una traición a la confianza que la ciudadanía le brindó a los entes de gobierno cuando desde el Congreso del Estado presentaron en sociedad aquel 24 de enero del 2018 a Gerardo de la Cruz Tovar como el primer Fiscal Anticorrupción de Jalisco.
En marzo compareció Gerardo de la Cruz ante los diputados integrantes de las Comisiones de Justicia y Vigilancia del Congreso del Estado, para rendir un informe de lo que han sido los resultados de su trabajo en el primer año en el cargo.
Un año atrás había dudas y quejas anticipadas entre las voces de la sociedad y de los integrantes de la LXI Legislatura local, por la posibilidad de que se presentara la designación en la Fiscalía Especial en Combate a la Corrupción, de una persona que resultara un auténtico fiscal a modo, un fiscal carnal, un fiscal subordinado.
Y a juzgar por los resultados a la luz del trabajo de un año, entre los temores que se expresaban antes de la designación y lo que hoy en realidad tiene Jalisco para combatir los actos de corrupción, no hay mucha diferencia.
Desde el día que se generó su nombramiento y rindió protesta ante la representación del pueblo en la sede del Poder Legislativo, a De la Cruz Tovar se le encomendaron tareas específicas, de viva voz y durante la misma sesión extraordinaria, en la que se encomendó trabajar puntualmente como primera tarea en las denuncias que se presentaban por acos de corrupción cometidos en la Secretaría de Salud, de donde habían tenido que sacar por la puerta trasera al secretario Antonio Cruces Mada, un asiduo visitante a los casinos de apuestas de la ciudad de Las Vegas.
Contaba también como paquete de salida, con las 13 denuncias criminales que había interpuesto el hoy finado contralor, Juan José Bañuelos Guardado y algunas más que se quedaron en el proceso, pero que en su totalidad hablaban de desvíos de recursos y daños al erario público por más de 7 mil millones de pesos.
También la contralora del Estado, Teresa Brito otro paquete de 16 denuncias penales que tiene que ver con presuntos malos manejos de recursos en dependencias públicas como el Instituto de Pensiones del Estado, el Seguro Popular, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Sistecozome, Jaltrade por la compra a sobre precio de la Casa Jalisco en Chicago y la Comisión Estatal de Agua.
Y no todo ha tenido que ver con las pasadas administraciones que encabezaron los ex gobernadores Emilio González Márquez y Jorge Aristóteles Sandoval, sino que también se han presentado ya denuncias por acciones u omisiones que han perjudicado al erario por presumibles actos de corrupción cometidos en la actualidad.
En concreto la Fiscalía Anticorrupción ha recibido en total 8 denuncias por actos que tienen que ver con irregularidades encontradas en dependencias públicas en el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez.
Sin embargo lo que desalienta a los jaliscienses es la timidez que se escucha en la voz del Fiscal Anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, cada que tiene un micrófono en su boca, buscando siempre confundir con cifras, tratando de responsabilizar a otros entes y pavoneándose con hechos que podrían considerarse victorias pírricas, frente al tamaño del problema de la corrupción y la impunidad que campea en Jalisco.
Así en su informe de un año de labores habló de seguimiento y atención a 1,456 casos que se presentaron en el 2018 y 145 asuntos que se le han presentado en lo que va del 2019, sin embargo advierte que la mayoría de esas denuncias no tiene que ver con el tema de la corrupción sino de abusos de autoridad.
También ha dicho que actualmente están vigentes 882 carpetas de investigación, de las que se han judicializado 6. Y además presume como su gran logro en un año de trabajo, que la Fiscalía Anticorrupción ha logrado vincular a proceso a dos personas, un policía y un inspector municipal.
Sobre el primer asunto que se encomendó desde el primer día que rindió protesta, también tiene listos argumentos que suenan más a pretextos, dice que en el caso de la Secretaría de Salud hasta un año después de que se lo anunciaron, la Contraloría le turnó los resultados de las auditorías.
Lo cierto es que los 63.5 millones de pesos que la Fiscalía Anticorrupción tiene como presupuesto operar en este año, está saliendo muy caro a juzgar por los resultados cuantitativos y cualitativos, que es como se debe hacer cualquier evaluación de desempeño.
Y en vista de que la opinión pública está a punto de expresar su hartazgo, las autoridades se han estado endureciendo el tono y en su oportunidad el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y el coordinador de la bancada de MC en el Congreso del Estado, diputado Salvador Caro Cabrera, están exigiendo resultados concretos.
Por lo pronto Caro Cabrera le solicitó a Gerardo Ignacio de la Cruz y a la contralora Teresa Brito, un informe con documentos fundados sobre la desembocadura de los procesos administrativos que han llevado a cabo para conocer también las sanciones que puntualmente se han determinado. “Queremos a la Contraloría ya la Fiscalía Anticorrupción trabajando a fondo para frenar ese flagelo de nuestra sociedad”, expuso.
“Necesitamos sancionados, necesitamos gente en la cárcel, mientras que no haya gente en la cárcel puesto esto es una broma para los ciudadanos”, dijo con claridad el diputado Salvador Caro.
JALISCO
Quirino, a paso firme y veloz

De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //
Debemos admitir que Gerardo Quirino es una grata revelación.
Hace meses comenté en este espacio que el alcalde de Tlajomulco tiene la oportunidad de convertirse en el nuevo rostro de la política local, y todo indica que la está aprovechando de modo total.
Su agenda diaria atiende una buena dosis de calle y comunidades, lo que sugiere que está cumpliendo con la promesa que hizo en campaña en el sentido de que pasaría mucho tiempo recorriendo el municipio para verificar que los trabajos se concreten en tiempo y forma.
Cercanos a él me aseguran que está disfrutando la chamba y que es obsesivo con los resultados.
“Nos trae asados”, me dijo uno de sus colaboradores.
Me platican también que hasta hoy mantiene la sencillez y que no trae nubes en la cabeza, es decir, que no está futureando con saltar a Guadalajara o brincar a Morena, cosa que lo tiene concentrado, sin distracciones.
Lo cierto es que en Tlajomulco se observan obras por todas partes.
Consulté sobre el particular y me dicen que para este año se destinarán casi dos mil millones de pesos en labores de mantenimiento y construcción, cifra sin precedente si la comparamos con las inversiones del inicio de las pasadas administraciones emecistas.
Quizás por lo anterior es que, en su más reciente medición, la firma internacional Massive Caller lo coloca como el mejor evaluado de la zona metropolitana con una aprobación del 60.7 por ciento.
Nadie más alcanza un promedio del 60 %
Al respecto, vale la pena poner sobre la mesa del análisis, que de continuar así, el escenario político del 2027 no le será nada sencillo a Morena.
Conquistar el triunfo dependerá de enviar al campo de batalla electoral a su propuesta más competitiva.
Y es que aunque diversos estudios arrojan que el movimiento guinda empata con la marca naranja en la cuna del alfarismo, la realidad es que el nivel de aceptación social con el que cuenta Gerardo pinta para mejorar en el futuro.
Así pues, estamos ante un personaje con altas posibilidades, en efecto, de ser un referente inevitable en la arena pública.
Pocas veces se ve a un presidente municipal que arranque a toda velocidad y no tropiece en el camino.
@DeFrentealPoder
*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista social, escritor y analista político.
OPINIÓN
Más Mujicas, más coherencia…

Opinión, por Miguel Anaya //
José “Pepe” Mujica nació en 1935 en Montevideo, Uruguay, creció en una familia humilde de ascendencia vasca. Desde joven estuvo ligado a las luchas sociales y a los movimientos populares. En la década de 1960 se unió al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, una guerrilla urbana que enfrentó a un sistema político percibido por su movimiento como desigual e injusto.
Fue capturado y pasó 13 años en prisión, gran parte de ellos en condiciones extremas, aislado y sometido a torturas. Esa experiencia no lo quebró; al contrario, lo transformó. Salió de la cárcel con una visión profunda sobre la libertad, la justicia y la dignidad humana. Su ideología y lucha es tema de opiniones encontradas, pero su coherencia, honestidad y cabalidad son reconocidas por propios y extraños.
Mujica asumió la presidencia de Uruguay en 2010, en un contexto de estabilidad democrática, pero con desafíos importantes: consolidar los avances económicos de gobiernos anteriores, profundizar la inclusión social y marcar una agenda ética en la gestión pública.
Su llegada al poder no fue la de un tecnócrata ni la de un político tradicional, sino la de un hombre que había vivido en carne propia el precio de sus ideas, y que ahora tenía la oportunidad de gobernar con esa misma convicción, logrando un gobierno abierto a la diversidad de opiniones.
Durante su mandato, promovió políticas progresistas que colocaron a Uruguay en el centro del debate global: legalizó el matrimonio igualitario, reguló el mercado de la marihuana y defendió con firmeza la redistribución del ingreso. Este tipo de agenda es aplaudida por algunos y desdeñada por otros.
Lo que no cabe duda es de que Mujica supo hablar con firmeza, convicción y argumentos alrededor de lo que él creía correcto; finalmente, lo que lo convirtió en una figura internacional no fue solo su agenda legislativa, sino su forma de vivir el poder.
Mujica renunció a los privilegios de su cargo. Vivía en una casa modesta, manejaba un Volkswagen viejo, vestía ropa sin marca y donaba la mayor parte de su sueldo. Su austeridad no era una estrategia de imagen: era la coherencia hecha costumbre. No hablaba desde arriba, sino desde el mismo lugar que había habitado siempre. Decía lo que pensaba y vivía como decía. Esa congruencia entre palabra y acción, entre idea y estilo de vida, fue su mayor acto político.
En tiempos donde la política se ha vuelto un desfile de discursos vacíos y gestos ensayados, la coherencia se vuelve un bien escaso y, por tanto, valioso. El problema de muchos líderes no es su ideología, sino la distancia que existe entre lo que prometen y lo que practican.
La mayoría opta por lo conveniente, lo inmediato, lo que proyecta popularidad, aunque carezca de profundidad. Mujica, en cambio, nos recordó que la verdadera influencia consiste en inspirar desde el ejemplo.
Más allá del personaje, lo que nos urge recuperar es el principio que encarnó: la coherencia. Pensar, decir y hacer en una misma línea. Defender las ideas no como pancartas para la tribuna, sino como principios que modelan la vida diaria. En un mundo saturado de superficialidad, las ideas con sustancia son las que sobreviven, las que arraigan, las que transforman.
Hoy necesitamos más Mujicas, sí, pero sobre todo más ciudadanos comunes dispuestos a vivir con honestidad intelectual y ética práctica. Más liderazgos que no se construyan sobre slogans, sino sobre valores vividos. Más ciudadanos capaces de exigir, pero también de asumir. Porque la coherencia no es solo una virtud personal: es un acto político, una herramienta de transformación colectiva.
En una época donde lo aparente suele ganarle a lo auténtico, tal vez el mayor gesto de rebeldía sea volver a lo esencial. A lo que no necesita adornos. A la congruencia como brújula, y a la sustancia como motor.
El cambio verdadero no comienza con nuevas promesas, sino con verdades vividas con convicción.
NACIONALES
The black list

Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //
Lo que algunos definían como “política ficción” se ha tornado en una realidad.
La “lista de Marco”, puede llamarse la “lista del Narco “y ha dejado de ser una “leyenda urbana”. Marco Rubio, secretario de Estado (homónimo de un inolvidable amigo periodista y locutor) confeccionó una “black list” o lista negra, mediante la cual se expone -según ese listado- el contubernio que hay entre criminales…de todos los ámbitos, raleas, partidos, dependencias y sectores.
Apenas se ha medio publicado la primera parte. Se dice que hay más de lo que exhibe la lista inicial que alude a 44 personajes de la política, la administración, militares, vigentes y/o en retiro que, afirma, están ligados a los cárteles criminales ya como beneficiarios de sus tropelías, como cómplices, beneficiarios o protectores.
The black list, era considerada un mito. Otra ocurrencia (dijeron los eruditos de kermés) del gobierno norteamericano para presionar al mexicano que se ha hecho de la vista gorda en lo referente a los delitos que rodean a los facinerosos.
¿Por qué se tildó a la mencionada lista como improbable, inviable o de plano una mentira? Porque Marco Rubio, el secretario de Estado, no ha vociferado sobre ella; tampoco ha fanfarroneado y mucho menos alertado a los implicados.
Es, dicen los entendidos, un “trabajo de inteligencia”, que se puede traducir como de espionaje, cooperación de “fuentes anónimas” (ya ni tanto…algunas están cruzando la frontera bajo el esquema de “protección de testigos”) y de intervención de “soplones”, algunos pagados, otros no.
El morbo que ha despertado the black list en México va “in crescendo”. Surgió misteriosamente hace unas semanas; se decía que era una falacia; que era -en términos mexicanos- un “petate de muerto”, para espantar a quienes estuvieran enredados con esas mafias.
La “lista de Marco” aseguran informaciones “no oficiales” tiene bases jurídicas. Usa a la Ley Patriótica- de seguridad interior de USA- para fundamentarla. También se apoya en la controvertida Ley de Designación de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs por sus siglas en inglés) y, por supuesto que en el marco legal de la OFAC que es la Office of Foreign Assets Control.
Al estilo de este gobierno norteamericano, esa black list se maneja de manera discrecional.
El Departamento de Estado, Justicia, CBP, HSI y OFAC otorgan autonomía a agencias estadounidenses para actuar contra el crimen sin informar ni cooperar judicialmente con México.
La “Black List” de Trump genera enojo y temor en México, mientras la presidenta Sheinbaum admite desconocer su propósito, ante la inacción frente a los cárteles, considerados por Trump el mayor problema del país.
¿Cómo se destruye esa afirmación de algunos “entendidos” que consideraban o consideran, una ficción la existencia de la lista de marras y su aplicación?
Con los hechos. La cancelación de las visas norteamericanas a la gobernadora de Baja California y su cónyuge, así como a la familia de Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, son los primeros actos oficiales del gobierno de EEUU emanados de dicha Black List.
Se afirma en los sótanos de los rumores, que además de los citados gobernadores y gobernadora, también tienen su expediente los de Nuevo León y señora; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán; Alfonso Durazo, de Sonora; Layda Sansores, de Campeche y, por supuesto y con subrayado doble, Rubén Rocha Moya, de Sinaloa.
Estas suposiciones que cobran cada día más consistencia, cual, si fueran lista de malos deseos y mala leche, exhiben nombres como los de Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Mario Delgado, Clara Luz Flores, incluso el de Enrique Alfaro Ramírez, así como cuatro o cinco militares, NN, y, por supuesto, Manuel Barttlet Díaz.
En el ámbito municipal, The Black List alcanza a los alcaldes de Ciudad Victoria, Ciudad Madero, Ciudad Juárez, San Luis Río Colorado
Todos estos nombres, que conste, sólo son -hasta ahora- especulaciones, suposiciones, quizá perversidad de quienes los propagan, pero ¿cómo saber si son o no verdaderas esas acusaciones, si no hay pronunciamientos oficiales del gobierno norteamericano y menos del gobierno mexicano?
Otra constante en estos rumores es la aseveración de que personajes ligados a los negocios sucios de los malandrines operaron en toda la república como mecenas de todos, sí todos, los candidatos de Morena.
Cada día crecen los rumores sobre una “Black List” que señala la infiltración de mafias en gobiernos, según Donald Trump, sin que el gobierno mexicano desmienta estas acusaciones.
Por ello, urge se aclare si es verdad o mentira, aquí no importa el cristal con que se mira, lo que ha producido en nuestro país esa Black List que ha resultado más vista y misteriosa que la serie de televisión.
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