OPINIÓN
Opinión: La tarea pendiente del fiscal anticorrupción: los corruptos siguen de pie
Por Mario Ávila //
De poco o nada ha servido el esfuerzo que se hizo para diseñar un modelo de justicia para combatir la corrupción en Jalisco, cientos de millones de pesos invertidos en un año que se fueron en sueldos, instalaciones, mobiliario, capacitación y una plantilla de funcionarios, a juicio de los ciudadanos se han ido a la basura simple y sencillamente porque no hay resultados concretos y los corruptos siguen en la calle.
Marzo ha sido el mes idóneo para evaluar el primer año de la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción que se trazó para Jalisco, con el visto bueno de todos los partidos políticos y presuntamente cuidando que los funcionarios designados cumplieran el requisito de autonomía e independencia de los entes de poder, para que no se vieran influenciados ni intimidades en sus determinaciones que tendrían que ser totalmente autónomas.
Esto bien podría tipificarse como una traición a la confianza que la ciudadanía le brindó a los entes de gobierno cuando desde el Congreso del Estado presentaron en sociedad aquel 24 de enero del 2018 a Gerardo de la Cruz Tovar como el primer Fiscal Anticorrupción de Jalisco.
En marzo compareció Gerardo de la Cruz ante los diputados integrantes de las Comisiones de Justicia y Vigilancia del Congreso del Estado, para rendir un informe de lo que han sido los resultados de su trabajo en el primer año en el cargo.
Un año atrás había dudas y quejas anticipadas entre las voces de la sociedad y de los integrantes de la LXI Legislatura local, por la posibilidad de que se presentara la designación en la Fiscalía Especial en Combate a la Corrupción, de una persona que resultara un auténtico fiscal a modo, un fiscal carnal, un fiscal subordinado.
Y a juzgar por los resultados a la luz del trabajo de un año, entre los temores que se expresaban antes de la designación y lo que hoy en realidad tiene Jalisco para combatir los actos de corrupción, no hay mucha diferencia.
Desde el día que se generó su nombramiento y rindió protesta ante la representación del pueblo en la sede del Poder Legislativo, a De la Cruz Tovar se le encomendaron tareas específicas, de viva voz y durante la misma sesión extraordinaria, en la que se encomendó trabajar puntualmente como primera tarea en las denuncias que se presentaban por acos de corrupción cometidos en la Secretaría de Salud, de donde habían tenido que sacar por la puerta trasera al secretario Antonio Cruces Mada, un asiduo visitante a los casinos de apuestas de la ciudad de Las Vegas.
Contaba también como paquete de salida, con las 13 denuncias criminales que había interpuesto el hoy finado contralor, Juan José Bañuelos Guardado y algunas más que se quedaron en el proceso, pero que en su totalidad hablaban de desvíos de recursos y daños al erario público por más de 7 mil millones de pesos.
También la contralora del Estado, Teresa Brito otro paquete de 16 denuncias penales que tiene que ver con presuntos malos manejos de recursos en dependencias públicas como el Instituto de Pensiones del Estado, el Seguro Popular, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Sistecozome, Jaltrade por la compra a sobre precio de la Casa Jalisco en Chicago y la Comisión Estatal de Agua.
Y no todo ha tenido que ver con las pasadas administraciones que encabezaron los ex gobernadores Emilio González Márquez y Jorge Aristóteles Sandoval, sino que también se han presentado ya denuncias por acciones u omisiones que han perjudicado al erario por presumibles actos de corrupción cometidos en la actualidad.
En concreto la Fiscalía Anticorrupción ha recibido en total 8 denuncias por actos que tienen que ver con irregularidades encontradas en dependencias públicas en el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez.
Sin embargo lo que desalienta a los jaliscienses es la timidez que se escucha en la voz del Fiscal Anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, cada que tiene un micrófono en su boca, buscando siempre confundir con cifras, tratando de responsabilizar a otros entes y pavoneándose con hechos que podrían considerarse victorias pírricas, frente al tamaño del problema de la corrupción y la impunidad que campea en Jalisco.
Así en su informe de un año de labores habló de seguimiento y atención a 1,456 casos que se presentaron en el 2018 y 145 asuntos que se le han presentado en lo que va del 2019, sin embargo advierte que la mayoría de esas denuncias no tiene que ver con el tema de la corrupción sino de abusos de autoridad.
También ha dicho que actualmente están vigentes 882 carpetas de investigación, de las que se han judicializado 6. Y además presume como su gran logro en un año de trabajo, que la Fiscalía Anticorrupción ha logrado vincular a proceso a dos personas, un policía y un inspector municipal.
Sobre el primer asunto que se encomendó desde el primer día que rindió protesta, también tiene listos argumentos que suenan más a pretextos, dice que en el caso de la Secretaría de Salud hasta un año después de que se lo anunciaron, la Contraloría le turnó los resultados de las auditorías.
Lo cierto es que los 63.5 millones de pesos que la Fiscalía Anticorrupción tiene como presupuesto operar en este año, está saliendo muy caro a juzgar por los resultados cuantitativos y cualitativos, que es como se debe hacer cualquier evaluación de desempeño.
Y en vista de que la opinión pública está a punto de expresar su hartazgo, las autoridades se han estado endureciendo el tono y en su oportunidad el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y el coordinador de la bancada de MC en el Congreso del Estado, diputado Salvador Caro Cabrera, están exigiendo resultados concretos.
Por lo pronto Caro Cabrera le solicitó a Gerardo Ignacio de la Cruz y a la contralora Teresa Brito, un informe con documentos fundados sobre la desembocadura de los procesos administrativos que han llevado a cabo para conocer también las sanciones que puntualmente se han determinado. “Queremos a la Contraloría ya la Fiscalía Anticorrupción trabajando a fondo para frenar ese flagelo de nuestra sociedad”, expuso.
“Necesitamos sancionados, necesitamos gente en la cárcel, mientras que no haya gente en la cárcel puesto esto es una broma para los ciudadanos”, dijo con claridad el diputado Salvador Caro.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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