OPINIÓN
Opinión: La tarea pendiente del fiscal anticorrupción: los corruptos siguen de pie
Por Mario Ávila //
De poco o nada ha servido el esfuerzo que se hizo para diseñar un modelo de justicia para combatir la corrupción en Jalisco, cientos de millones de pesos invertidos en un año que se fueron en sueldos, instalaciones, mobiliario, capacitación y una plantilla de funcionarios, a juicio de los ciudadanos se han ido a la basura simple y sencillamente porque no hay resultados concretos y los corruptos siguen en la calle.
Marzo ha sido el mes idóneo para evaluar el primer año de la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción que se trazó para Jalisco, con el visto bueno de todos los partidos políticos y presuntamente cuidando que los funcionarios designados cumplieran el requisito de autonomía e independencia de los entes de poder, para que no se vieran influenciados ni intimidades en sus determinaciones que tendrían que ser totalmente autónomas.
Esto bien podría tipificarse como una traición a la confianza que la ciudadanía le brindó a los entes de gobierno cuando desde el Congreso del Estado presentaron en sociedad aquel 24 de enero del 2018 a Gerardo de la Cruz Tovar como el primer Fiscal Anticorrupción de Jalisco.
En marzo compareció Gerardo de la Cruz ante los diputados integrantes de las Comisiones de Justicia y Vigilancia del Congreso del Estado, para rendir un informe de lo que han sido los resultados de su trabajo en el primer año en el cargo.
Un año atrás había dudas y quejas anticipadas entre las voces de la sociedad y de los integrantes de la LXI Legislatura local, por la posibilidad de que se presentara la designación en la Fiscalía Especial en Combate a la Corrupción, de una persona que resultara un auténtico fiscal a modo, un fiscal carnal, un fiscal subordinado.
Y a juzgar por los resultados a la luz del trabajo de un año, entre los temores que se expresaban antes de la designación y lo que hoy en realidad tiene Jalisco para combatir los actos de corrupción, no hay mucha diferencia.
Desde el día que se generó su nombramiento y rindió protesta ante la representación del pueblo en la sede del Poder Legislativo, a De la Cruz Tovar se le encomendaron tareas específicas, de viva voz y durante la misma sesión extraordinaria, en la que se encomendó trabajar puntualmente como primera tarea en las denuncias que se presentaban por acos de corrupción cometidos en la Secretaría de Salud, de donde habían tenido que sacar por la puerta trasera al secretario Antonio Cruces Mada, un asiduo visitante a los casinos de apuestas de la ciudad de Las Vegas.
Contaba también como paquete de salida, con las 13 denuncias criminales que había interpuesto el hoy finado contralor, Juan José Bañuelos Guardado y algunas más que se quedaron en el proceso, pero que en su totalidad hablaban de desvíos de recursos y daños al erario público por más de 7 mil millones de pesos.
También la contralora del Estado, Teresa Brito otro paquete de 16 denuncias penales que tiene que ver con presuntos malos manejos de recursos en dependencias públicas como el Instituto de Pensiones del Estado, el Seguro Popular, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Sistecozome, Jaltrade por la compra a sobre precio de la Casa Jalisco en Chicago y la Comisión Estatal de Agua.
Y no todo ha tenido que ver con las pasadas administraciones que encabezaron los ex gobernadores Emilio González Márquez y Jorge Aristóteles Sandoval, sino que también se han presentado ya denuncias por acciones u omisiones que han perjudicado al erario por presumibles actos de corrupción cometidos en la actualidad.
En concreto la Fiscalía Anticorrupción ha recibido en total 8 denuncias por actos que tienen que ver con irregularidades encontradas en dependencias públicas en el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez.
Sin embargo lo que desalienta a los jaliscienses es la timidez que se escucha en la voz del Fiscal Anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, cada que tiene un micrófono en su boca, buscando siempre confundir con cifras, tratando de responsabilizar a otros entes y pavoneándose con hechos que podrían considerarse victorias pírricas, frente al tamaño del problema de la corrupción y la impunidad que campea en Jalisco.
Así en su informe de un año de labores habló de seguimiento y atención a 1,456 casos que se presentaron en el 2018 y 145 asuntos que se le han presentado en lo que va del 2019, sin embargo advierte que la mayoría de esas denuncias no tiene que ver con el tema de la corrupción sino de abusos de autoridad.
También ha dicho que actualmente están vigentes 882 carpetas de investigación, de las que se han judicializado 6. Y además presume como su gran logro en un año de trabajo, que la Fiscalía Anticorrupción ha logrado vincular a proceso a dos personas, un policía y un inspector municipal.
Sobre el primer asunto que se encomendó desde el primer día que rindió protesta, también tiene listos argumentos que suenan más a pretextos, dice que en el caso de la Secretaría de Salud hasta un año después de que se lo anunciaron, la Contraloría le turnó los resultados de las auditorías.
Lo cierto es que los 63.5 millones de pesos que la Fiscalía Anticorrupción tiene como presupuesto operar en este año, está saliendo muy caro a juzgar por los resultados cuantitativos y cualitativos, que es como se debe hacer cualquier evaluación de desempeño.
Y en vista de que la opinión pública está a punto de expresar su hartazgo, las autoridades se han estado endureciendo el tono y en su oportunidad el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y el coordinador de la bancada de MC en el Congreso del Estado, diputado Salvador Caro Cabrera, están exigiendo resultados concretos.
Por lo pronto Caro Cabrera le solicitó a Gerardo Ignacio de la Cruz y a la contralora Teresa Brito, un informe con documentos fundados sobre la desembocadura de los procesos administrativos que han llevado a cabo para conocer también las sanciones que puntualmente se han determinado. “Queremos a la Contraloría ya la Fiscalía Anticorrupción trabajando a fondo para frenar ese flagelo de nuestra sociedad”, expuso.
“Necesitamos sancionados, necesitamos gente en la cárcel, mientras que no haya gente en la cárcel puesto esto es una broma para los ciudadanos”, dijo con claridad el diputado Salvador Caro.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
