OPINIÓN
Opinión: Los maestros y los exámenes
Por Isabel Venegas //
Parece que las aguas se han calmado y que la tempestad por lo menos nos da un poco de tregua, aunque todavía no podemos cantar victoria, seguimos en el tema: Los maestros no quieren ser evaluados, o por lo menos no de manera punitiva, o no de manera estandarizada; y es que el asunto sigue y seguirá en boga, dado que el Presidente Andrés Manuel López había tomado como principal bandera de campaña la cancelación de la reciente reforma educativa, pero a pesar de estar ya sobre la mesa la nueva propuesta, todo parece indicar que las evaluaciones continuarán.
En particular, el Estado de Jalisco también hizo un ejercicio de análisis que implicó una fuerte participación social, con lo cual pretende construir una iniciativa propia. A todo esto ¿Qué tanto sabemos sobre el proceso de evaluación y su evolución en la práctica?
Enfoquemos la atención en un solo aspecto: el examen como instrumento de evaluación.
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Las pruebas estandarizadas son herramientas objetivas que más allá de los sentimientos, emociones y apreciaciones sesgadas, ayudan en la identificación de qué tanto se han cumplido las metas; es bueno tener en consideración el contexto para el diseño de los ambientes de aprendizaje, pero no para la evaluación de los avances y/o resultados. Un niño que vive en la bella ciudad de Puebla, debería saber leer y escribir igual que un niño de la majestuosa sierra tarahumara, u otro de la fascinante Ciudad de México,… eso siempre y cuando la intención sea que esos niños aprendan a “leer y escribir”
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Uno de los elementos que más abona al proceso de enseñanza – aprendizaje es la evaluación formativa, esa que, durante el transcurso del ciclo escolar nos permite ir identificando qué tanto ha aprendido el alumno y de qué elementos sigue careciendo a pesar de haberlos trabajado en clase. Para ello la información inmediata que arrojan los exámenes continuos, es imprescindible.
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Tanto en tiempo como en recursos, es mucho más factible evaluar de manera estandarizada, máxime si estos cuestionarios se tienen en plataformas digitales y se califican de manera automática.
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Nota interesante: los primeros cuestionarios que se aplicaron datan de 1840, cuyo interés era el de medir temas del psicoanálisis. La pedagogía no solo ha venido a apropiarse del utensilio, sino de los aportes que la misma psicología, las neurociencias, la sociología y todas las áreas del conocimiento han ido arrojando.
Considerando esto, queda claro que las evaluaciones dotan de información precisa al profesor para poder regresar a la planeación didáctica y hacer las adecuaciones pertinentes, generando así lo que en el argot docente se conoce como “planeación argumentada”; es decir, los profesores se tienen que enfocar en la elaboración de la planeación previa (anual, semestral, cuatrimestral), al diseño de cada una de las secuencias didácticas con la construcción del ambiente de aprendizaje idóneo, y después de su ejecución, retornar a la documentación “base” a través de un cuestionario breve, estandarizado y objetivo que al final de la semana (por ejemplo) le dota de la capacidad para identificar las áreas de oportunidad, tanto individual como colectivamente.
No se trata de hacer un análisis lastimero, llevando de trasfondo cuánto tiene que trabajar un profesor a quien le pagan por hora-clase; al contrario, hoy por hoy vivimos en una cultura en la que se suele usar como referencia estándares de calidad. Ciertamente hasta ahora no terminamos por consensuar qué es una “educación de calidad” lo que sí podemos extrapolar de la cultura empresarial, es la preocupación por aprovechar y cuidar nuestros recursos. El tiempo de los maestros es un recurso muy valioso y no renovable, pero el de la Secretaría de Educación también, porque cada generación de alumnos es la esperanza de nuestro éxito como comunidad.
Los exámenes estandarizados son necesarios y su diseño debe ser pertinente y eficiente con el ánimo de medir la distancia entre los objetivos (inherentes a su contexto y circunstancias) y la realidad de su ejercicio diario; el profesor que imparte clase en Tamaulipas debiera tener las mismas competencias que uno que se desempeña en Puerto Vallarta o en el Municipio de Tlajomulco, al igual que el caso de los niños de Puebla, de Chihuahua o la Ciudad de México.
No estoy hablando de cuánto sufre un profesor para llegar a su escuela, si trabaja debajo de un árbol o tiene pizarrón interactivo, hablo de una medición certera que proporcione luz acerca de cuánto se aproxima a un perfil como el que propone Perrenoud, quien lo define como un ser capaz de:
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Organizar y animar situaciones de aprendizaje
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Gestionar la progresión de los aprendizajes
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Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación
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Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y su trabajo
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Trabajar en equipo
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Participar en la gestión de la escuela
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Informar e implicar a los padres
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Utilizar las nuevas tecnologías
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Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión
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Organizar la propia formación continua
¿Hasta dónde posibilitan los exámenes la exploración de cada uno de estos aspectos? ¿Cuáles serían los mecanismos complementarios que nutrieran de información sólida y bien estructurada para el mapeo completo de la situación académica? El padre de familia debe poder tener la certeza que le permita devolver su confianza al cuerpo académico a quién confía a sus hijos, muchas veces sin tener otra opción; para el docente (que en gran porcentaje también tiene hijos en etapa escolar), es apremiante recuperar el crédito de sus acciones, pero más aún, darles el valor agregado que éstas merecen; por su parte para la Secretaría, las evaluaciones estandarizadas deben ser pieza de una estrategia sólida de enseñanza-aprendizaje: una documentación abierta tanto de los datos que va arrojando al aplicarse, como de la forma en la que se construye cada uno de sus reactivos.
Si el niño es evaluado por su profesor, el profesor por la secretaría y la SEP por la comunidad, entonces la institucionalidad está funcionando, y aunque hay corrientes que prefieren menos “estado” y más “ciudadanía”, en tanto el Sistema siga asumiendo el compromiso de la educación, deberá hacer mucho más eficiente la escuela a través de una correlación evidente entre sus objetivos y sus estrategias, socializando ambas; si es así ¡Enhorabuena! ¡Vamos bien! Ya nada más hará falta… todo lo demás y de lo cual, ya hablaremos después.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa_venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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