OPINIÓN
Opinión: Usurpar el poder
Por Benjamín Mora //
Una vez leí que “el poder, en cualquiera de sus formas e intensidades, constituye una de las tentaciones más fuertes del ser humano” pues nace, generalmente, de la necesidad de autoafirmarse, lo cual, en sí mismo, no es negativo. Sin embargo, el abuso del poder, cabe señalar, se gesta en la mentira y el autoengaño al creer que se tiene derecho a ello.
En el ejercicio abusivo del poder es fácil encontrarse con claros ejemplos de políticos entretenidos en alimentar su ego, tal cual pudiera ser el caso del diputado por Movimiento Ciudadano, Jonadab Martínez García y su iniciativa legislativa para proscribir el derecho de los padres de elegir la educación de sus hijos, que se complementa de formación religiosa.
Recuerdo que mi padre me decía “nunca permitas que tus principios y valores sean avasallados por nadie sino quieres perder tu libertad”. Mi madre, por su parte, me enseñó que la defensa de los valores y principios son las únicas causas que han justificado toda sublevación popular en el pasado y lo serán siempre en el futuro.
El oscuro y falaz atrevimiento de Martínez García desborda sus ansias de control sobre los cimientos morales y éticos en que los padres de familia hoy forman a sus hijos e hijas, y se asume un derecho que no le pertenece… es, en palabras llamas, un ladrón de derechos. Que no se confunda este diputado, lo suyo no es ser liberal en el sentido juarista sino un rapaz insolente.
La historia es implacable ante quienes han pretendido erigirse en jueces de destinos populares llamándolos dictadores. Hay, como en todo, dictadores grandes y de muy reducida talla; por la manera en que actúa, Martínez García siempre será de ínfima medida.
Martínez García, al obnubilar sus razones, pierde el sentido del ejercicio de política y la práctica legislativa: Mejorar la convivencia en el contexto de cada persona y ello incluye, ante todo, a su familia. Pretender negar a los padres el derecho de elegir de entre las escuelas para sus hijos aquellas que incluyen la formación religiosa, es atribuir al gobierno un derecho que no le corresponde robando para sí el que es de los padres por derecho natural.
La posible oligofrenia de Martínez García le impide comprender que los padres tenemos el derecho y la obligación de alinear lo que trasciende y nos hace trascender a la formación de nuestros hijos e hijas, solo posible desde bases éticas y morales donde prevalecen, insisto, los principios y valores.
Martínez García abona, desde su ocurrencia, al desprestigio de la política, profundizando la brecha entre el Poder Legislativo y el ciudadano, y complica toda posible Reforma Educativa.
En el camino que ha elegido este diputado de Movimiento Ciudadano, la práxis política de su partido pierde sentido y rumbo pues desdeña la obligada búsqueda de las mejoras formas de organización de la vida familiar y comunitaria, así como del bienestar y la felicidad. ¿Cómo podría hacerse posible, desde la ocurrencia y la irreflexión, el reconocimiento por parte de los ciudadanos de la importancia, el sentido, la trascendencia y el mejor impacto que posee la política en nuestras vidas? ¿En qué momento perdieron sentido democrático las expectativas, los anhelos, los deseos, las exigencias y las potestades ciudadanas? ¿Cuándo dejó de emanar el poder desde el pueblo? ¿quién decidió que el mandato dejaba de ser popular y ciudadano?
Martínez García tergiversa a la razón primigenia de la política y olvida, o quizá desconoce, que las leyes deben contener el ideal de sociedad que la mayoría ciudadana anhela. Más allá de la formación religiosa por él atacada, está el derecho de los padres de elegir el mayor bien para sus hijos e hijas. La práctica legislativa no puede seguirse pensando como una actividad exclusiva de los legisladores, distante y negada a los ciudadanos. Jamás, ninguna ley debería aprobarse si ella limita derechos inherentes al ser humano por el solo hecho de ser parte de una sociedad.
Nadie, desde el poder, puede desdeñar las cogniciones ni las emociones ciudadanas y menos cuando hablamos de la mayor responsabilidad de los padres: Formar a sus hijos e hijas para hacer de ellos y ellas, ciudadanos de bien y exitosos en sus vidas.
He sostenido que el ejercicio de la política, como cualquier actividad humana, exige vocación de servicio, amor democrático, aptitudes, habilidades y empatía. Por lo que Jonadab Martínez ha mostrado, no lo creo digno para representar tan alto cargo pues no entiende la trascendencia de las relaciones que se establecen en el seno de la familia y por ello se atreve a atentar en su contra. ¿Cómo explicarle a alguien que mira con desprecio la transmisión de valores morales que estos son indispensables para la formación del llamado Cerebro Moral? ¿O cómo explicarle que los valores morales son fundamentales en el proceso de convertirse en persona de bien?
La escuela no puede quedarse en la simple transmisión de información que, en muchos casos, pronto dejará de tener vigencia. Los padres, al elegir una escuela pública o privada, laica o religiosa, esperan enriquecer su labor como creadores del ser humano que anida en cada uno de sus hijos e hijas, para que sean actores proactivos en la definición de un México más justo, inclusivo, competitivo y líder global.
Nuestros padres, al elegir los principios y valores éticos y morales que nos transmitieron y las escuelas en las que nos educaron, nos obsequiaron las capacidades y habilidades necesarias para la vida.
Difiero de quienes limitan a la democracia a una simple forma de vida; yo la entiendo y explico como aquella cosmovisión que organiza a cada sociedad según su propio devenir y destino, permitiéndole sortear todo con el mayor éxito, en el tiempo y forma, desde el consenso social para redimir sus problemas, dilemas, aspiraciones, particularidades y singularidades. La democracia debe, ante todo, cuidar la dignidad de la persona… ¿En dónde queda la dignidad de los padres a quienes el Estado arrebata el derecho de elegir la formación de sus hijos e hijas? ¿En dónde queda esa dignidad en su entender diputado Martínez García?
Quizá logren imponer la iniciativa de Martínez García, pero siempre habrá manera de que lo justo prevalezca o se recupere. Él pasará pero no así el derecho que tenemos los padres para velar por nuestros hijos e hijas. Su tiempo es tan efímero como la estrechez de su entendimiento.
Quiero terminar con un pensamiento de Mahatma Gandhi “Tus creencias se convierten en tus pensamientos, tus pensamientos se convierten en tus palabras, tus palabras se convierten en tus acciones, tus acciones se convierten en tus hábitos, tus hábitos se convierten en tus valores, tus valores se convierten en tu destino”.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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