OPINIÓN
Palabra perdida
Comuna México, por Benjamín Mora Gómez //
Una de mis pasiones es la historia, y de ella he aprendido valores que definen mi vida. Hoy quiero recordar a Marco Atilio Régulo, quien tras su derrota en los llanos del río Bagradas ante Jantipo, fue hecho prisionero junto a centenas de sus hombres en Cartago, y enviado a Roma a gestionar la paz y el rescate de los demás prisioneros, empeñando su palabra de que regresaría a Cartago si fracasaba en su misión.
Marco Atilio Régulo, convenció al Senado de Roma para que desoyera a los cartagineses; luego regresó a Cartago, en donde fue torturado de las maneras más atroces hasta su muerte. Marco Atilio sabía qué era lo que le aguardaba a su regreso y aun así lo hizo pues estaba de por medio el valor de su palabra y con ella, su propio valor como hombre. Hoy pareciera que la palabra fuese moneda de cambio sin valor, en especial en política.
Cuando Alejandro Moreno Cárdenas buscaba la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, aseguró que era leyenda urbana que tuviera el espaldarazo de Andrés Manuel López Obrador. Ante el sector obrero del revolucionario institucional dijo: “Somos priístas, tenemos orgullo, carácter y vamos a enfrentar al gobierno de la República con firmeza, crítica y viendo al futuro”. Hasta hoy, la leyenda urbana ha demostrado ser verdad.
El PRI parece condenado a su extinción no solo tras su gran derrota en las elecciones del año pasado sino, principalmente, por la complacencia, que raya en complicidad, de su presidente nacional con Andrés Manuel López Obrador.
Todos los días, López Obrador nos regala motivos para la crítica y el debate político; todos los días hay material para presentar una propuesta alterna de gobierno; sin embargo, Alejandro Moreno se limitar a pronunciar vacuidades que a nadie convencen ni a nadie interesan como aquello de que “el mundo va a dejar de ser partidos de masas para convertirse en partidos de causas” sin definir ni defender causa alguna. En otro momento, Alejandro Moreno ha dicho “al final del camino estamos fuertes, trabajando siempre firmes y hacia adelante”, pero cuál es esa fortaleza, cuál la firmeza y en dónde está lo que aguarda al PRI en adelante.
Es de sabiduría popular que “quien calla, otorga”, y Alejandro Moreno, hoy, al callar, otorga motivos para creer que lo que se decía de él, era verdad.
Hace poco, un buen amigo priista me decía: Alejandro Moreno no es amlover, solo está confundido… quizá, le respondí. Sin embargo, es tal la posible confusión política y estatutaria del Alejandro Moreno que afirma que él “prefigura un partido sin siglas, sin sectores” y, en el mismo día y a la misma hora señala que “nuestros sectores y organizaciones son la fortaleza del PRI”.
¿Qué significa un partido sin siglas si éstas nacen de su nombre? ¿cómo es ese partido que él prefigura sin sectores cuando estos son la fortaleza del pri? ¿al prefigurar al pri sin sus sectores, acaso prefigura su desaparición?
Hoy, el PRI está ausente de la vida política nacional; Alejandro Moreno no defiende ni siquiera a los presidentes municipales priístas reprimidos por el gobierno de López Obrador, con gas pimienta, en la puerta de Palacio Federal. Su apatía es total. ¿Por qué tal represión no mereció una respuesta firme y contundente del priismo nacional, convocando a todos los gobernadores, presidentes municipales, síndicos y regidores, así como a senadores y diputados federales y locales priistas? ¿Por qué del silencio de los comités estatales y municipales, así como de los seccionales del PRI? ¿En dónde quedó la promesa de ser contestatario del gobierno federal?
Por los hechos, se cumple lo que Ivonne Ortega Pacheco advirtió: que con Moreno Cárdenas “… vamos a ser un partido satélite de Morena”.
Alejandro Moreno ha dicho “somos un partido renovado, que hoy tiene el compromiso de estar al lado de la gente (…). Hacer un partido (…) que escuche a la sociedad”. Pregunto pues, por qué el PRI no ha emprendido acción legal ninguna que lleve a juicio político a Luz Beatriz Rosales Esteva, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, hasta su inhabilitación como servidora pública, por no ejercer el presupuesto destinado a las organizaciones de la sociedad civil en 2019. Entendamos, el subejercicio en el Indesol impacta de manera negativa en el bienestar social, los programas para reducir la pobreza y combatir la desigualdad, y dejemos en claro, por tanto, que el PRI de Moreno ni está al lado de la gente ni escucha a la sociedad. Alejandro Moreno y el CEN parecen decididos a no hacer del PRI un partido de causas sociales.
El PRI de Alejandro Moreno divaga entre el Revolucionario Institucional y Morena. Hay claridad, pero no coincidencia con el ser del priismo de base; los afectos están con su apellido, pero en femenino.
Alejandro Moreno se atrevió a llamar “reptiles agonizantes” a quienes, en el PRI, son sus adversarios. Nada más ruin forma de expresión, cercana a aquellas que AMLO usa en contra de quienes se oponen a sus decisiones.
Fátima Ibarrola, en su espléndido artículo La mentira como táctica de poder, escribió: “El doble discurso, la falsedad, la demagogia, el engaño y la mentira son la principal herramienta de los malos y perversos políticos en nuestros tiempos (…) Mentir en política es un descaro vil, causa muchos daños y todos estos son irreversibles para una sociedad todavía crédula, pero sobre todo y dolorosamente ignorante”.
Todo indica que Alejandro Moreno sí tiene sus querencias y lealtades en López Obrador, Morena y la Cuarta Transformación. A él le corresponda demostrar, con hechos, lo contrario; si no cambia, podría – ¿o caso, debería? – ser el primer presidente del PRI en ser renunciado y expulsado por traición. Alejandro Moreno tiene el tiempo medido. Ojalá, la base priista despierte de su letargo.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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