Pandemia y derechos sin gobierno

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

Iniciamos el primer mes del año 2022, el país así como el estado están combatiendo una vez más al Covid-19 con nueva oleada de la variante Ómicron, sin embargo, el alto grado de contagio que presenta nos mantiene al margen de personas positivas, en consecuencia las fuentes laborales, hospitales privados y públicos, dependencias gubernamentales y de servicios a la población, se encuentran con poco personal de todo tipo provocando actividades parciales e intermitentes en sectores de alta prioridad. Con grandes posibilidades de violaciones a los derechos humanos, laborales y de seguridad social del que se desprende la atención médica para personas con actividad productiva laboral.

Además no olvidemos que nuestro país es abusivo en materia laboral, en las actividades obreras o empresariales, la evasión en derechos de seguridad social es alta, poniendo en riesgo la atención y el derecho a la salud, sumándole lo deficiente e insuficiente de los sistemas de salud públicos.

En este sentido, nos toca de manera individual hacer frente a la nueva ola de Covid-19, iniciando el tercer año pandémico, en el entendido evidente de que nuestros gobiernos son incapaces de ver más allá del posicionamiento político y la demagogia, las problemáticas de sus gobernados no están en su papel administrador, lo único que realmente les importa es que no los critiquen por sus omisiones y simulaciones, para que sus grupos políticos mantengan liderazgos ante sectores importantes en tiempos electorales, la sociedad no está en su lista de prioridades, somos un vehículo al poder, ni la pandemia, la violencia, la inseguridad, los desaparecidos o la violación de derechos humanos, los enfrentarán a sus deberes gubernamentales, son otro virus que contamina el acceso a la dignidad humana.

La vía a los servicios de salud están al borde del colapso, para que un trabajador o empleado consiga una pruebas que acrediten un resultado positivo y aislarse sin repercusión laboral se ha vuelto caro y las pruebas escasean durante los últimos 15 días.

Los gobiernos y los servicios de salud no logran abarcar la gran cantidad de posibles casos, en las fuentes laborales se les requiere una incapacidad o una prueba positiva para poder ausentarse laboralmente. Adquirirlas está costando días de filas en los servicios de salud, formados entre positivos y negativos, las incapacidades de los sistemas de salud pública son de 5 a 7 días, cuando la realidad del contagio así como la sintomatología en casos leves y moderados, sigue durando de 10 a 15 días como las variantes anteriores.

Sin embargo, es más importante no detener actividades económicas que colapsarse. Se minimiza para normalizar los contagios por Covid-19 en la nueva variante, por su baja posibilidad de hospitalizaciones y muertes, aunque el contagio, los síntomas y la recuperación sean equivalentes a la variante Delta, lo que produce trasgresiones a los derechos de las personas en materia de salud y trabajo.

Jalisco, es una entidad federativa que al inicio de la pandemia la tomó de manera política y reaccionaria, en ese afán reiterado de ser punta de lanza y a modo de reto competitivo con el gobierno federal. Durante el último año ha cambiado, en realidad se enfoca en la protección de los sectores empresariales y obreros, evitando se detengan aún por encima de la salud.

Dicta medidas a los jaliscienses que sientan preventivas y protectoras, pero funcionan para mantener el comercio y la actividad de servicio sin cierres, no emite pronunciamientos de respeto, inspección y vigilancia dentro de sus obligaciones de velar por los derechos laborales y de salud a los sectores obrero-patronales, empresariales y ni en sus propias secretarias de gobierno

Los servicios de seguridad social a los que tiene derecho todo trabajador o empleado están al límite, algunos trabajadores no cuentan con la seguridad social a la que obliga la Ley Federal del Trabajo y la infección de la nueva variante mantiene a familias enteras en casa, con el riesgo de quedar sin trabajo, con salario parcial o sin él, con necesidades económicas, de atención médica durante y después del tiempo de incapacidad.

El derecho a vivir una vida digna, no es para los que más tienen más o menos, es una obvia generalidad del derecho humano y el respeto a las garantías que debe ofrecer el gobierno, están en duda una vez más, durante la pandemia se han destapado todo tipo de simulaciones, deficiencias e inoperancias en los poderes del Estado, gobiernos en todos los niveles y autoridades responsables; el ciudadano enfrenta en abandono, con grandes consecuencias y pérdidas en materia laboral, económica y de salud, en salud el obstáculo a la falta o acceso a la atención médica pública por derecho laboral o el desequilibrio económico ante el uso de atención médica privada urgente, la relación entre ambos factores provoca omisiones o violaciones en el ciudadano y su entorno familiar.

De ser operante nuestro poder Ejecutivo, el trabajador activo tendría grandes posibilidades de afrontar esta situación sanitaria, con básicos estándares de respeto a los derechos humanos y constitucionales en los que se amparan los derechos laborales y de seguridad social, para una vida digna.