OPINIÓN
Poder y Dinero: La CNTE le pone freno a la 4T
Por Benjamín Mora //
No hace mucho, en reunión con amigos, nos preguntábamos los por qué de nuestra endémica impuntualidad mexicana; hoy, confirmo, en mi fuero personal, que hemos sido impuntuales hasta con nuestro papel en el concierto de las naciones al punto de despreciar a nuestra incipiente democracia y tardía educación.
Una y otra vez, nos negamos a salir de nuestro caos pues lo interpretamos, ingenuamente, como parte de nuestro surrealismo sin comprender que paso a paso nos volvemos más y más nihilistas. Hoy, el ejercicio de la política se vuelve naif, redentora sin redimir, ante una transformación que no acepta el debate pues busca imponer la idea del comodino pensamiento único, sumiso y obediente hacia un solo hombre y, en dónde, cualquier denuncia del contrario se denigra desde la simplicidad peyorativa de ser fifí, conservadora o vinculada con la mafia del poder. Sin embargo, pocos advierten que las estructuras del poder anterior se mantienen intactas y de las del antisistema conviven con las primeras y se infiltran en el nuevo gobierno, complicándolo.
Sostengo que la legitimidad del gobernante se hace visible en el rostro del pueblo. Así pues, debemos preguntarnos qué ha empobrecido, saqueado, estigmatizado e invisibilizado a millones de familias en el pasado, y qué y cuáles de tales causas perviven hoy en día, quizá, solo quizá, con otra careta y distintas estrategias pero igual de perversas.
Debemos aceptar que, en el ejercicio de la política, los principios dan rumbo, diferencian, especifican y establecen los límites del poder y, con aquellos, los de la democracia. Hoy, como ayer, se advierte un ocultamiento sistemático de la verdad y la manipulación de los deseos de los ciudadanos. O, como bien se acepta en círculos más críticos, no toda acción que se desarrolle en el campo político puede ser considerada como legítimamente política.
La semana pasada, en este espacio, reconocí la capacidad negociadora de Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública federal, ante la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por lograr que, en breves horas, dejara libre el acceso a San Lázaro y los maestros regresaran a sus escuelas. Hoy, debo aceptar que la dirigencia gremial me engañó y nos mostró la ingenuidad de Esteban Moctezuma y, con él, también la del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Hoy, se nos refrenda que a la CNTE nadie podrá, jamás, satisfacer sus ansias de poder y dinero, y nada, absolutamente nada, la detendrá hasta hacerse dueña de la educación pública, de las plazas de maestros, del pago de las nóminas y doblegue a éste y los gobiernos que le sigan. Estamos ante un problema de rectoría educativa y Estado de derecho; estamos, también, ante un Gobierno de ingenuos con infiltrados pro CNTE.
Desde la semana pasada, poco hemos sabido de Moctezuma Barragán… bueno, a decir verdad, yo nada he sabido de él.
Una, tan solo una, sección de la CNTE trae en jaque al Gobierno federal y al Congreso de la Unión que no se atreve a legislar la Reforma Educativa de AMLO pues teme que no quedará ni una coma ni un punto de su propuesta. Ahora sí, ni cómo negarlo, el Estado mexicano cedió el Estado de derecho a una minoría gremial, dueña del chantaje y la extorsión.
Se abandona la educación pública y se toman calles, plazas y edificios públicos. Estamos ante un delito de múltiples cabezas, unas dentro de la coordinadora, otras en el propio Congreso y otras desde el propio gobierno; unas desde la violencia y la intimidación y las otras a partir de la omisión de sus obligaciones legislativas y administrativas. Estamos ante un delito pluri-ofensivo al que no persigue el Gobierno desde sus órganos de Procuración de Justicia en un Estado que aspira a ser de Derecho; un delito… muchos delitos… que atentan contra de la propiedad gubernamental, la integridad física de los maestros disidentes a la Coordinadora, el ejercicio transparente y correcto del presupuesto público y el derecho a la educación de decenas de miles de niñas y niños.
Sin parecer exagerado en mi comentario y respaldado en el pensamiento de Noam Chomsky, seguimos en la antesala de un Estado mexicano fallido pues carece de la capacidad y voluntad de proteger a los niños y niñas estudiantes de la violencia de la CNTE, e incluso, estamos ante un Estado dispuesto a ceder el sistema educativo gubernamental, hasta su destrucción, con tal de no confrontarse con los maestros de una sección sindical.
El Estado mexicano ha decidido dejar en abandono emocional y afectivo a nuestros niños y niñas, a nuestros hijos e hijas, pues son los menos importantes en las negociaciones gremiales bajo el discurso fácil de una Reforma Educativa mal implementada y peor estructurada por Enrique Peña Nieto. Lo que no es negable es que, en aquella, los estudiantes fueron más importantes que los maestros y maestras.
Hoy tenemos a millones de niños y niñas cuasi expósitos pues el Estado mexicano no los reconoce como su responsabilidad primera. El gobierno abandona su obligación de comunicar lo que ellos y ellas significan para el Estado mexicano; asimismo, hace el menor de los esfuerzos para construir las bases de una educación de excelencia y trascendencia; pasa semanas sin garantizar la educación ante el abandono irresponsable de las aulas por los maestros de la Coordinadora; no tiene un plan por el cual se escuche a los padres de familia y menos a los estudiantes, ni se preocupa por provocar la reflexión sobre lo que sucede a sus hijos e hijas; no responde a las advertencias internacionales sobre nuestra bajísima calidad educativa; no está dispuesto a sacrificar su imagen por el bien de México.
¿Cómo explicar lo absurdo que envuelve a nuestra educación pública? Solo encuentro una explicación: En México nos gustan los perdedores, como bien nos plantea Héctor Aguilar Camín en su La frontera nómada en donde se lee “la historia de México no la han escrito los triunfadores”.
El Gobierno de AMLO podría ser el gran derrotado de la Cuarta Transformación en materia educativa; pero, aun así, sentirse triunfador porque nadie derramó sangre, aunque sí ignorancia y arrogancia.
En el Triunfo de los derrotados, obra de Pablo Montoya, se lee “Lo nuestro fue siempre una causa ajena a la victoria. Ahora que puede recapacitar sobre lo sucedido, creo que amábamos por encima de todas las cosas la derrota (…) El progreso nos parecía el producto de una burguesía caduca, colmada de vicios, de individuos que anhelábamos eliminar como si ellos representaran la imperfección de la historia”.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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