OPINIÓN
Polémicos fallos de la justicia federal: Los jueces en los tiempos la Cuarta Transformación
El Análisis, por Pedro Vargas //
Casi no hay semana en la cual los medios de comunicación nos informen que algún juez -específicamente del ámbito federal- concedieron un amparo a favor de alguna o varias organizaciones, en contra de actos de la autoridad emanada del actual gobierno general, mismo que se autodefinió como de la Cuarta Transformación Nacional (4T).
Dos aspectos de fondo resaltan a la vista ante ese panorama: en primer lugar, la división de poderes constitucionales que impera en la república; en segundo término, el proyecto de nuevo régimen (4T) encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
El artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice claramente: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. En los Estados, es el artículo 116 que en su primer párrafo establece: “El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo”. Por lo tanto, debemos entender que existe un solo poder público, que es el “Supremo Poder de la Federación”, siendo su concomitante en las Entidades federativas, el poder público estatal.
Bajo esa idea, es que marcha el gobierno, lo cual presupone colaboración entre los tres poderes, puesto que realmente existe solo uno dividido en triple función, cuyo fin inmediato es aplicarse cada uno en su ramo: el legislativo, decretar normas para el adecuado desarrollo nacional; el ejecutivo, dirigir la administración pública, y Poder Judicial, aplicar la ley impartiendo justicia. El objeto mediato de todos, es servir al pueblo y consolidar la nación, para lo cual deben observar invariablemente la Carta Magna con sus leyes secundarias.
En vista de lo antedicho, los poderes no son adversarios sino complementarios; eso sí, deben ser respetuosos de sus competencias, a lo cual suele decírsele “independencia” con lo que se evita haya confusiones interpoderes. De surgir estas, la misma suprema norma señala el sendero para resolverlas.
Por lo que ve al orden ejecutivo, lo encabeza el Presidente de la República, o sea, es unipersonal, en tanto que los otros dos poderes son colegiados y multiorgánicos: las Cámaras de Diputados y Senadores, en el Legislativo y, para el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), un Tribunal Electoral (TEF) y Plenos Regionales, los Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito. Además, existe un Consejo de la Judicatura encargado de la administración, vigilancia y disciplina de esos entes, con excepción de la SCJ y el TEF con sus Plenos Regionales.
Tradicionalmente, el poder que en los hechos resulta preeminente, es el Ejecutivo, pues al ser unitario, emanar de la voluntad soberana del pueblo y encargarse de las distintas responsabilidades que tiene cada secretaría y múltiples dependencias (que forman el Gabinete Ampliado), resalta su trascendental significación.
Los defectos que resintió políticamente nuestra democracia, que repercutieron en la vida institucional del país, generaron un presidencialismo desmedido, a tal grado que a los períodos presidenciales solía llamárseles “monarquía sexenal”, pues la presencia del ejecutivo en todos los órdenes hacía que los demás poderes y organismos, parecieran subordinados a él.
Por lo anterior, surgieron las inconformidades y reclamos, las protestas y demandas de la sociedad civil, es decir de los ciudadanos y sus organismos. Hasta que en los comicios de 2018 se eligió al actual presidente, quien enarbola un proyecto de nación en el cual los principios de “por el bien de todos, primero los pobres”, la austeridad republicana, la lucha contra la corrupción y la impunidad, así como tener una democracia plena y consolidar la soberanía nacional en todos los renglones, son sus bases. En cuanto a los individuos miembros del nuevo gobierno, su divisa sería no robar, no mentir, no traicionar y respetar al prójimo, es decir, al pueblo, a los gobernados.
Esos ideales son el motor de la Cuarta Transformación (Cuatro T, 4T), la cual emerge teniendo en cuenta que la Primera nos dio la independencia, la Segunda trajo la Reforma, y la Tercera, fue la Revolución Mexicana que buscó la reivindicación ciudadana y la justicia social. Los tres movimientos tuvieron de común denominador la lucha armada. La Cuarta Transformación es de índole pacífica, respeta la ley y los derechos humanos, lo que conlleva la práctica de los valores culturales, morales, el fortalecimiento de la familia y de las comunidades.
Bajo esos lineamientos, la Cuatro T (4T) planeó obras emblemáticas, entre las que destacan el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Refinería de Dos Bocas bautizada como Olmeca (ambas obras ya inauguradas); en construcción, está el Tren Maya; el corredor Transístmico que une al Pacífico con el Golfo de México; y una serie de edificaciones formidables como el Tren México-Toluca, Parque Ecológico del Lago de Texcoco, vía Oaxaca a Puerto Escondido, una ampliación del tren que va de Lechería a Buenavista, etc., etc. Esto además de rescatar las dos empresas descentralizadas más esenciales del país: Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Así las cosas, tanto las obras ya estrenadas como las que están en construcción, constantemente fueron o han sido suspendidas por juicios de amparo, promovidos generalmente por organismos de los llamados ONG´S, soterradamente impulsados por personas o fuerzas políticas antagónicas a la 4T, destacando al respecto, el señor Claudio X. González por medio de sus variados ONG’S y la alianza Va por México que conforman el PAN, el PRI y el PRD; dentro de esta amalgama, figuran sujetos que brillaron en cargos y posiciones de anteriores gobiernos, y que anhelan regresar a usufructuarlos de nuevo.
El juzgador federal Juan Pablo Gómez Fierro, es quizás el más destacado de los impartidores de justicia que han concedido suspensiones. A él acuden variadas corporaciones que, como la sablista hispana Iberdrola, lucran a costa de los mexicanos y a diario burlan nuestras leyes.
Recientemente a esta compañía se le impuso una multa por más de nueve mil millones de pesos, y ya consiguió la suspensión para evitar pagarla: el juzgador Ramón Lozano Bernal, titular del Juzgado Tercero especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, tomó la decisión de suspender la multa.
Volviendo a Gómez Fierro, ya es célebre, porque ha otorgado amparos contra la reforma a la ley eléctrica, y contra la Ley de Hidrocarburos; el lunes 19 de julio concedió la suspensión definitiva en contra de la política de la Secretaría de Energía que obliga a comprar gas a Pemex y CFE. El 25, concedió el primer amparo contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), a favor del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), con sentencia de efectos generales y ordenó que se aplique el estatuto anterior a la reforma publicada en marzo de 2021, no obstante que la Corte ya dejó en claro la constitucionalidad esa norma: el legista argumentó que la amparista aduce una violación a su derecho a un ambiente sano al entrar en vigor la LIE: bajo tal criterio, todo sujeto puede ampararse, puesto que tenemos universalmente esa prerrogativa, lo cual abona la cachaza de este fustigador ataviado de juez.
Otro censor con toga que se lució, fue uno residente en Jalisco, quien concedió una suspensión para evitar el traslado rápido a Estados Unidos del capo de capos, Rafael Caro Quintero. El juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Jalisco, Francisco Reséndiz Neri, otorgó la “suspensión de plano” contra la extradición inmediata y luego declinó la competencia, aduciendo que el competente está en la prisión del Altiplano, y por lo tanto debe conocer su caso un juez federal de Toluca o de la capital azteca.
El organismo “Defendiendo el Derecho a Un Medio Ambiente Sano” (DMAS) logró la suspensión de la edificación del Tren Maya en su tramo cinco; el juez primero Adrián Novelo Pérez, con sede en Mérida, fundado en que “existe peligro inminente” de que la obra genere daños al medio ambiente, “se concede a DMAS A.C. la suspensión definitiva para el efecto de que Sedatu, Fonatur y Fonatur Tren Maya suspendan o paralicen cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del Tramo cinco del proyecto Tren Maya”. (Por Esto, 19-IV; Excelsior y El Financiero, 30-V-2022). Ante esa situación obstruccionista, el Consejo de Seguridad Nacional declaró que la construcción del Tren Maya es una obra de seguridad nacional. (Milenio, 20-07-022). Y de esa manera prosiguió su fabricación.
Lo anterior solo son botones de muestra; casos que llaman la atención, como el concederle un amparo por un tribunal de Nuevo León (luego de rechazos de otros en diversas Entidades) al inefable Alejandro Moreno (a) Alito, para que no se publiquen grabaciones -que lo han exhibido en la justa dimensión de lo marrullero que es- que él mismo ordenó, son asuntos frecuentes en que juzgadores federales en aras de la “independencia” judicial, conceden esos amparos suspicaces.
Las cosas han llegado a posicionar dos bandos: el que alega que los jueces son los salvadores frente a la Cuatro T, y el gobierno que lucha por todos los medios para sacar avante sus proyectos. Para Enrique Quintana, director editorial de El Financiero, “hasta ahora varios jueces han mantenido la integridad de la Constitución y la ley” (20-07-2022) lo que traduce aí: “De AMLO, nos salvan los jueces”.
En conclusión, todo lo anterior y muchas otras cosas que son evidentes y hacen que el país siga adelante, permiten acreditar que: a) en México existe un verdadero estado de derecho; b) los jueces gozan de plena autonomía, y c) los medios de comunicación, así como sus integrantes, gozan de cabal libertad.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
– Crónica de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
La Universidad de Guadalajara, esa institución que presume de ser la “casa de la cultura” y el “espacio del pensamiento crítico”, se ha convertido principalmente los últimos días en escenario de lo que mejor ilustra su contradicción: los golpes sustituyendo a la palabra, la represión disfrazada de orden académico y la violencia encubierta tras comunicados oficiales firmados por nadie que se haga responsable… llenos de buenas intenciones sin nada de autocrítica.
Lo ocurrido en el CUCSH y en el CUCEI en estos días no es un accidente ni un exabrupto aislado: es la expresión de una estructura política enquistada que se resiste a morir.
Los funcionarios que deberían administrar aulas y presupuestos han terminado con las manos metidas en la gresca. No es metáfora: ahí están los videos donde José Antonio González Orozco, alias “Pepino”, antiguo operador de la FEU que ahora cobra como jefe del complejo deportivo, aparece repartiendo manotazos contra los estudiantes que exigían elecciones limpias. No fue diálogo, fue puño.
Y mientras tanto, la Rectoría General guarda silencio. Una omisión que grita más fuerte que cualquier consigna. Porque si los estudiantes pintan un muro, la indignación institucional es inmediata; pero si un funcionario golpea a los alumnos, la sanción se pierde en el laberinto del archivo muerto, asegurando las protecciones para quienes, en nombre de la “institución”, repartan golpes a los alumnos inconformes.
Encapuchados que lanzan mobiliario, vacían extintores y rodean a estudiantes en paro. Los testimonios y las imágenes difundidas no dejan lugar a dudas: la violencia tiene rostro, y varios de esos rostros se identifican con la vieja militancia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ese brazo corporativo que durante décadas ha operado como correa de control a favor del grupo universitario en el poder.
Pero también aparecen los rostros de grupos políticos externos que han participado en movimientos políticos universitarios sin llegar a ser de los “ungidos”, pero que, ahora apoyados por un personaje de la estructura universitaria, vuelven a buscar un lugar en el feudo.
Se habla de “diálogo” en los comunicados, pero en los pasillos los que dialogan son los puños. La contradicción es evidente: las autoridades centrales rechazan la violencia en boletines, pero sus hombres de confianza y familiares aparecen entre los agresores.
Lo que demandan los estudiantes no es menor: baños dignos, comedor subsidiado, protocolos contra acoso, contratación estable de docentes, transporte seguro, participación real en las decisiones universitarias. No son exigencias revolucionarias, son derechos elementales que cualquier institución pública debería garantizar sin necesidad de paros ni barricadas.
¡Ojo! La petición de tener un área para fumar mariguana es simplemente una charlotada que en ninguna circunstancia puede proceder; sean serios si quieren ser tomados en serio como disidencia.
Pero el punto neurálgico, el que prende las alarmas en los pasillos del poder, es la exigencia de cancelar las elecciones del Consejo General Universitario y limitar la intervención de la FEU. En otras palabras: quitarles el monopolio de la representación. Y eso, para los jefes y jefas universitarios, es inadmisible.
Mientras las pedradas y los empujones manchan el nombre de la UdeG, la rectora general Karla Planter ha optado por la estrategia del silencio. No se presenta a dialogar, no encabeza el proceso, no frena la violencia. Desde su llegada, “La Planter” solo ha servido como la imagen que asiste a reuniones y eventos sociales, pero, en todo este tiempo, usted no va a encontrar UNA situación en la que la primera mujer rectora de la UdeG hubiera destacado por su capacidad de decisión y liderazgo; lo peor, NINGUNO de su equipo ha ocupado el lugar de liderazgo y decisión que la UdeG requiere.
En esta ocasión, parece que la rectora espera que el tiempo, las fiestas patrias o el desgaste natural diluyan la protesta, si es por recomendación estratégica, queda claro que, ¡Su asesor le odia!
Lo extraño es que los choques más fuertes ocurrieron justo en los días en que Planter se ausentó, ¿casualidad o decisión de quien sabia no estaría disponible la rectora? Coincidencia que huele a cálculo: dejar que otros enciendan el fuego para luego presentarse como bombera institucional o la aparición de un “líder” que rescate la situación.
Mientras, el equipo de comunicación externo que apoya a los disidentes a manejado bien las notas en los principales medios de comunicación alertando a la ciudadanía de lo que pasa al interior de la Universidad a la que asisten sus hijos, generando buenas piezas de comunicación visual en redes con mensajes claros y específicos que pueden digerir e indignar los consumidores de TikTok, X, Facebook e Instagram. Logrando en días lo que el viejo sistema de comunicación universitario no ha podido lograr, UN mensaje que permee a nivel social, porque desde sus oficinas, los dirigentes universitarios repantigados creen que la gente común está esperando leer el más reciente comunicado pagado por los “abajo firmantes”, que servirá de indicación de lo que se debe creer y entender.
El saldo es claro: estudiantes golpeados, aulas cerradas, comunidades académicas divididas, puertas de ingreso soldadas y una autoridad que administra comunicados -Muy malitos, por cierto- mientras sus operadores administran golpes y porras —siempre los mismos rostros en escena desde hace años, por cierto—.
La Universidad de Guadalajara enfrenta un espejo incómodo: aquel en el que se refleja como un aparato político que prefiere la represión a la reforma, la simulación a la democracia y la obediencia ciega a la crítica estudiantil… Oiga, ¿ya se dio cuenta de que en toda esta rebatinga la FEU tampoco ha aparecido? Y no me refiero a otro comunicado anodino firmado por la “primera mujer presidenta de la FEU”, yo hablo de esa estructura política de estudiantes que defiendan sus procesos por democráticos y transparentes, y den la cara por sus líderes que saben que los representan.
¡Bueno! Hasta los centros universitarios tienen que ser defendidos por grupos externos porque los flamantes “rectores” carecen de equipo que les respalde. Lo bueno es que la disidencia avisa con tiempo sus manifestaciones; si atacaran al mismo tiempo, se quedarían con varios centros universitarios, pues los rectores no alcanzan a defender ni su oficina. ¿O será que las manifestaciones están muy bien ordenadas en tiempo y lugar desde dentro de la misma UdeG para propiciar la aparición de un “líder” solucionador?
Las siguientes semanas serán importantes en esta historia, porque lo que está en juego no es solo un proceso electoral universitario, sino la credibilidad de una institución que presume autonomía, pero se comporta como un feudo… Donde cada vez es más recurrente escuchar: ¡Qué falta nos hace Raúl!
En X @DEPACHECOS
Exige PRI catalogar como terroristas a grupos criminales que operan en México
INE dio por concluida la primera elección del Poder Judicial
Hijos de AMLO se amparan para no ser detenidos en relación al huachicol fiscal
Entregan la presea “La Paz hecha a mano”
