OPINIÓN
Prensa y derechos humanos
Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
No deja de sorprendernos el gobernador Enrique Alfaro con las confrontaciones continuas que protagoniza con su estilo particular de atacar y descalificar a través de los mensajes que envía en los videos, mostrando ser un político diferente, sí, que le gusta hablar de frente, encarando los temas, presumiendo ser muy sincero. Y sí, tanto que se pasa con una lógica que no es la de la política concebida como el arte de construir consensos, acuerdos por medio del diálogo inteligente, con razones y argumentos.
Muy comentadas han sido las descalificaciones que realizó durante las últimas dos semanas contra el ombudsman de Jalisco Alfonso Hernández Barrón y la institución que representa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un organismo creado por la sociedad para que sirva de contra peso a los excesos y abusos del Estado. De igual forma el diario insignia de Jalisco, como se considera a El Informador, que cumplió ya un siglo de vida, fue centro de la descalificación, tildándolo Alfaro de prensa chantajista que tergiversa la realidad, atacando a su gobierno porque decidió no darle publicidad este año.
En el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfaro se molestó porque ésta preparaba una segunda Macro recomendación sobre la contaminación del río Santiago a la luz de la primera Macro recomendación al cumplirse diez años de la misma y once de la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, quien perdió la vida por el agua que ingirió al caer al río por accidente cuando jugaba en su colonia al lado de otros menores.
La forma de expresarse tan peyorativa tanto del gobernador como de su coordinador del gabinete de seguridad, Macedonio Tamez hacia la CEDHEJ, descalificando a su titular resultó muy penosa. Rudeza excesiva mostraron los dos personajes sin respeto a una institución.
Y durante la pasada semana, el gobernador Alfaro rompió lanzas con quien ha sido su gran aliado en este arranque tan complicado que ha tenido la administración que encabeza, cuando el diario se dedicó a apuntalar sus principales acciones y programas de gobierno, alineando incluso su política editorial en la confrontación que tuvo el líder de Movimiento Ciudadano desde antes que tomara posesión del Gobierno del Estado contra el Gobierno Federal y la política del Presidente López Obrador.
El apoyo que le brindó el dueño de este diario, Carlos Álvarez del Castillo, fue siempre muy generoso, haciendo sinergia con un grupo de empresarios jaliscienses con los que el editor ha hecho causa común desde hace varias décadas.
¿Cuál fue la causa de la irritación del gobernador con Carlos Álvarez? Hay diversas versiones, pero no creo se circunscriba al tema de la publicidad como el gobernador ha asegurado y que comentario aparte, en forma discrecional este gobierno la ha manejado, como se puede percibir con cerca de 70 millones de pesos que le otorga a las tres empresas que han estado ligadas a su proyecto político y que en la construcción de la imagen de su gobierno poca utilidad le han dado, si advertimos la imagen tan deteriorada que tiene actualmente el gobernador.
LA NARRATIVA DE LA SEGURIDAD
¿Qué saca de quicio al gobernador Alfaro? ¿Qué su narrativa sobre la seguridad no se la repliquen los medios como ellos la buscan imponer y los culpa de la percepción negativa que tienen los ciudadanos hacia su gobierno?
Si los funcionarios que tiene en el campo de la seguridad no ofrecen resultados, qué culpa tienen los periodistas y la prensa. Si el 99.5 por ciento de los homicidios quedan impunes, es porque las áreas de gobierno para darnos seguridad simplemente son inoperantes. Si en el primer año de gobierno fueron 2,100 las personas desaparecidas que ya no regresaron a sus casas, ¿qué culpa tenemos los periodistas?
No es un invento, el Gobierno Federal lo publicó en su Informe sobre Localización de Fosas Clandestinas y Desapariciones en México.
Pero como medio informativo, ¿cómo quedarse callado ante los miles desaparecidos que se registran en Jalisco y las decenas o centenas ya de tumbas clandestinas en las que se descubren muchos cuerpos sin vida que aparecen desmembrados una semana sí y otra tmabién? ¿Cómo generar una percepción positiva de que el modelo y la estrategia de seguridad que instrumenta este gobierno es exitosa?
A lo mejor tiene razón Alfaro en que los delitos patrimoniales van a la baja, pero como advierte el maestro e investigador del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, Alfonso Partida Caballero, la gente ya no denuncia, los estudios del Inegi así lo señalan, únicamente el 6.3% de los delitos se denuncian, el 92.7% no se denuncian. ¿Cuántos robos hemos o han sufrido alguno de nuestros familiares en los últimos dos años y cuántos hemos denunciado?
La inseguridad nos golpea a todos, descalificar las críticas no es la forma inteligente de resolver problemas, es agravarlos y esos arrebatos del gobernador Alfaro lo están conduciendo a un negro tobogán que le hará cada vez más complicado encontrar la luz en la oscuridad. El rompimiento con El Informador es una señal ominosa de un gobierno perdido en su laberinto por derecho propio.
Los Leones Negros en la era Postpadilla. Los retos y desafíos que enfrentan Ricardo Villanueva y Karla Planter. El análisis de Gabriel Ibarra Bourjac y Nadia Madrigal, con Amaury Sánchez y Lucio Becerra, en Conciencia TV.
JALISCO
Edición 810: Claroscuros de la reforma a la Ley de Amparo de Sheinbaum: Javier Hurtado ve la mano de EEUU, GAFI y T-MEC
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Fernando Espinoza de los Monteros: Reforma a la Ley de Amparo, una traición a su esencia
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En el intrincado tablero de la política jalisciense, donde cada movimiento puede significar el avance hacia el progreso o el retroceso hacia el estancamiento, una pregunta resuena con fuerza: ¿quiénes son más efectivos para gobernar, los políticos tradicionales, maestros de la retórica y las promesas, o los empresarios, forjados en la disciplina de los resultados financieros y la toma de decisiones pragmáticas?
En Zapopan, la respuesta no se encuentra en discursos grandilocuentes ni en teorías abstractas, sino en una década de hechos concretos, números impresionantes y transformaciones visibles en las calles y la vida de sus habitantes.
Bajo el liderazgo de Pablo Lemus y Juan José Frangie, este municipio ha emergido como un modelo de gestión pública que combina la eficiencia empresarial, transparencia, eficiencia y compromiso social, transforma realidades, superando deudas heredadas y presupuestos limitados para construir municipios más fuertes, equitativos y sostenibles
Demuestra que la buena administración no es un lujo, sino una necesidad imperiosa para combatir la desigualdad, fomentar el desarrollo económico y construir un futuro sostenible.
Cuando Lemus y Frangie asumieron las riendas de Zapopan, encontraron un municipio sumido en una crisis financiera y administrativa. El presupuesto municipal apenas alcanzaba los 5 mil millones de pesos, lastrado por deudas a proveedores cercanas a los mil millones. Los procesos administrativos eran lentos y opacos, con demoras de hasta dos años para pagar a los proveedores, lo que generaba una percepción de ineficiencia y desconfianza hacia el gobierno local.
En un contexto nacional donde los municipios dependen en gran medida de las aportaciones federales —en Jalisco, el 86% de los ingresos municipales provienen de estas, según datos recientes de la Secretaría de Hacienda—, Zapopan enfrentaba el desafío de revertir esta situación sin recurrir a nueva deuda, una trampa que ha hundido a muchos gobiernos locales en un ciclo de insostenibilidad financiera.
Diez años después, el panorama es radicalmente distinto. Zapopan ha triplicado su presupuesto hasta alcanzar los 13 mil millones de pesos anuales, un logro que no se debe a milagros contables, sino a una estrategia fundamentada en tres pilares: transparencia, eficiencia y compromiso social.
La transparencia ha sido el antídoto contra la desconfianza que permeaba las relaciones entre el gobierno y sus proveedores. Al asumir el mando, Frangie y su equipo implementaron mecanismos digitales y procesos estandarizados que redujeron los tiempos de pago de dos años a tan solo dos o tres semanas.
Este cambio no solo agilizó las operaciones administrativas, sino que convirtió a Zapopan en un referente nacional de confiabilidad. En un México donde la corrupción ha erosionado la fe en las instituciones públicas, esta transformación representa un acto de justicia restaurativa, devolviendo la confianza a los proveedores y fortaleciendo la relación entre el gobierno y el sector privado.
La eficiencia en la recaudación ha sido el segundo pilar del éxito zapopano. A diferencia de muchos gobiernos locales que heredan deudas insostenibles, Zapopan logró triplicar su presupuesto sin incurrir en nueva deuda. El logro se debe a una recaudación responsable, impulsada por actualizaciones catastrales bien diseñadas y alianzas estratégicas con cámaras empresariales como CANACO.
Estas políticas han liberado recursos para financiar proyectos de alto impacto: 600 kilómetros de calles pavimentadas, hospitales modernos, plazas públicas renovadas y programas sociales que atienden directamente a los sectores más vulnerables.
En un país donde la recaudación tributaria municipal permanece estancada, a pesar de incentivos federales como el Fondo de Fomento Municipal, Zapopan destaca por su enfoque en la corresponsabilidad, incentivando la inversión privada y la generación de empleo.
El compromiso social, el tercer pilar, ha sido la brújula ética de esta administración. Frangie ha enfatizado que los avances financieros no son un fin en sí mismos, sino un medio para mejorar la calidad de vida de los habitantes, especialmente de aquellos en condiciones de vulnerabilidad.
Este enfoque se materializa en obras que fomentan la convivencia y la inclusión, como escuelas equipadas, comedores comunitarios, unidades deportivas modernizadas y espacios públicos revitalizados.
Los proveedores, lejos de ser meros contratistas, son considerados aliados estratégicos cuya experiencia y calidad humana impulsan un ecosistema económico próspero. Este modelo ha permitido a Zapopan liderar la generación de empleo en México, creando miles de puestos de trabajo que fortalecen la base tributaria y generan un círculo virtuoso: más ingresos locales se traducen en mayor inversión en infraestructura, servicios y programas sociales que combaten la desigualdad.
Los resultados de esta visión son innegables. En una década, Zapopan ha invertido 14 mil millones de pesos en infraestructura, renovado 600 kilómetros de calles, modernizado 73 de 90 unidades deportivas y 135 escuelas, y reducido la deuda municipal del 40% al 8%.
Estos logros reflejan una planeación de largo plazo que ha transformado la vida de cientos de miles de habitantes, particularmente en colonias marginadas donde los contrastes entre riqueza y pobreza eran más marcados.
La capacidad de respuesta del gobierno ante la desigualdad ha cambiado la realidad de estas comunidades, brindando oportunidades y mejorando las condiciones de vida a través de una infraestructura que prioriza el bienestar colectivo.
En su cuarto informe, Frangie destacó que Zapopan se ha consolidado como el motor económico de Jalisco, captando la mayor inversión extranjera directa del estado. Con más de 40 parques industriales y el 70% de las empresas de semiconductores, el municipio se ha convertido en un polo de desarrollo económico.
Alberga los mejores centros comerciales, las empresas más innovadoras y los empleos mejor remunerados del Occidente del país, ofreciendo salarios competitivos que fortalecen la economía local.
Esta fortaleza no solo alivia la pobreza, sino que posiciona a Zapopan como un modelo replicable para otros municipios que buscan reducir su dependencia de las aportaciones federales y fortalecer su autonomía financiera.
La continuidad ha sido un factor determinante en el éxito de este proyecto. A diferencia de administraciones marcadas por el oportunismo electoral y las soluciones de corto plazo, el liderazgo de Lemus y Frangie ha priorizado una visión de largo alcance.
La colaboración con los proveedores, reconocida en eventos como el reciente encuentro con 300 de ellos, refleja un modelo de gestión que valora la corresponsabilidad y mide el éxito en resultados tangibles.
Este enfoque ha permitido a Zapopan no solo superar sus desafíos financieros iniciales, sino también sentar las bases para un futuro sostenible, donde la eficiencia administrativa y el compromiso social van de la mano.
La continuidad de este proyecto, respaldada por cuatro victorias electorales consecutivas, es una prueba de que la confianza ciudadana se gana con resultados, no con promesas. Zapopan no solo es un faro de esperanza para Jalisco, sino un ejemplo de lo que es posible cuando el liderazgo combina visión, disciplina y un compromiso inquebrantable con el bienestar de su comunidad.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Hay batallas políticas que no se libran con discursos, sino con recetas médicas y hojas de hospital. Y pocas son tan reveladoras del rostro real del poder como la que hoy enfrenta al Gobierno de Jalisco y al modelo federal del IMSS-Bienestar.
De un lado, la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, morenista, lanza un exhorto “urgente y prioritario” para que el estado se adhiera al sistema federal de salud. Del otro lado, el gobernador Pablo Lemus Navarro, emecista, responde con un portazo político: “No, gracias, yo a esa fiesta no voy”.
El intercambio, que podría parecer una disputa técnica sobre medicamentos y hospitales, es en realidad un duelo de ideologías, de proyectos de nación, y —como casi siempre— de egos.
En el Congreso de Jalisco, Ochoa Ávalos tomó la tribuna con una frase que resonó más allá de los muros: “La salud no puede ser rehén de los intereses políticos.” Denunció lo que ya es una verdad a voces: el desabasto de medicamentos en hospitales estatales, el endeudamiento de familias con pacientes oncológicos y la ineficiencia del sistema local de compras.
Con cifras en mano, la legisladora recordó que el propio Gobierno del Estado reconoció que solo el 24% de los medicamentos oncológicos provienen de la federación, mientras el 76% restante corre a cuenta del erario jalisciense. En tres años, dijo, se han gastado más de 160 millones de pesos en compras de emergencia, sin que haya transparencia sobre a quién se compró, cómo se licitó o quién rindió cuentas.
No es un asunto menor. En un país donde la salud pública ha sido el botín favorito de las burocracias, hablar de transparencia equivale a destapar un cajón con demasiados esqueletos.
Ochoa pidió tres cosas: que Jalisco se adhiera de inmediato al Pacto Federal del IMSS-Bienestar; que el Ejecutivo rinda un informe pormenorizado de los gastos en medicinas; y que se establezca coordinación permanente con la Federación para evitar más muertes por desabasto.
Pero en política —y en Jalisco más que en ningún otro lugar— los buenos propósitos rara vez viajan solos.
El gobernador Pablo Lemus Navarro, empresario de origen y político por accidente, no tardó en responder. Desde el Palacio de Gobierno, con la serenidad del que ya tiene la respuesta antes de escuchar la pregunta, declaró que no firmará el convenio con el IMSS-Bienestar.
Su argumento: “la Federación solo garantiza el 24 % de los medicamentos; sus clínicas están en mal estado y sus médicos mal pagados”.
A eso añadió una pregunta con filo: “¿Estaría dispuesta la Universidad de Guadalajara a entregar su red de Hospitales Civiles al IMSS-Bienestar?”
Era un golpe calculado. Porque si algo duele en el imaginario jalisciense es tocar al Hospital Civil de Guadalajara, esa institución centenaria que ha sido refugio de pobres, campo de batalla política y símbolo de autonomía universitaria.
Lemus convirtió la defensa de la soberanía sanitaria en una bandera de orgullo local. Dijo que Jalisco tiene un modelo propio, con 82% de abasto general y 85% en segundo nivel, y que lo reforzará con una Red de Hospitales-Escuela impulsada junto con la Universidad de Guadalajara.
En 2026, prometió, comenzará la construcción del Hospital Civil de la Costa, en Puerto Vallarta; en 2027, el Hospital Civil del Sureste, en Zapotlán el Grande. El mensaje era claro: Jalisco no necesita tutela.
Lo que Lemus no dijo —o prefirió no subrayar— es que el Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), con el que el estado mantiene convenios, establece que la federación debe cubrir el 70% del suministro de medicamentos especializados. Y que, según sus propios datos, apenas ha cumplido con el 4%, luego ampliado a 24% tras presiones locales.
En otras palabras, Jalisco sigue pagando la mayor parte del costo, pero también conserva el control político del sistema. En el tablero del poder, eso se llama equilibrio… o cálculo.
Mientras el debate estatal se enciende, el contexto nacional no ofrece mejores noticias. Las quejas contra el IMSS-Bienestar se han multiplicado en los estados que ya firmaron el pacto. Tamaulipas y Oaxaca registran denuncias por hospitales insalubres y paros de personal. En Chiapas y Veracruz, trabajadores protestan por recortes de prestaciones y la incertidumbre sobre sus jubilaciones.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado que en Durango aumentaron las quejas por la falta de pensiones y la prestación incompleta de servicios médicos. La lista de motivos es larga y deprimente: desabasto, infraestructura deficiente, caos administrativo, precarización laboral, deudas, bloqueos presupuestarios.
El IMSS asegura que el 81 % de las quejas ya fueron atendidas. Pero incluso sus propios reportes reconocen que el modelo sufre una transición jurídica frágil y falta de solvencia presupuestal. La pregunta es inevitable: ¿se puede construir un sistema de salud universal sobre cimientos burocráticos carcomidos?
Entre los extremos del debate – la fe federal y la soberbia local – se esconde el ciudadano. Ese paciente que espera turno en un hospital público donde falta lo mismo una jeringa que una esperanza.
En Guadalajara, las familias de niños con cáncer siguen organizando colectas. En Zapotlán, los hospitales saturados improvisan camas con camillas. En la costa, el mar sigue más cerca que los medicamentos.
Ambos discursos —el de Ochoa y el de Lemus— presumen de buenas intenciones. Pero el primero olvida los fracasos de la centralización, pues omite que en los estados gobernados por su partido el IMSS-Bienestar arrastra la misma crisis que promete resolver; el segundo ignora los límites del aislamiento.
La diputada confía en un sistema federal que todavía no cura sus propias heridas. El gobernador defiende un modelo estatal que no garantiza equidad ni cobertura universal. En el fondo, uno y otro se disputan el relato de quién cuida mejor al pueblo, no necesariamente su salud.
Hay algo profundamente revelador en la frase de Lemus: “No gracias, yo a esa fiesta no voy”. El gobernador, que se jacta de tecnócrata, se permite ironizar sobre un programa que atiende, con todos sus defectos, a los que no tienen seguridad social. Su “no gracias” no es solo una postura política, es una declaración de clase.
El resultado es un país fragmentado en sistemas de salud que compiten entre sí: unos por recursos, otros por legitimidad. Y mientras, los funcionarios debaten porcentajes, las farmacias públicas siguen vacías.
La disputa por la salud pública no es, entonces, una diferencia de modelos; es una guerra por el control político del bienestar. El gobierno federal quiere una bandera nacional que presuma justicia social; el gobierno estatal quiere conservar un timón de un sistema que da votos, contratos y visibilidad.
Entre ambos se extiende una realidad que ni los comunicados ni las ruedas de prensa alcanzan a maquillar. México vive una crisis sanitaria estructural, donde el acceso a una medicina depende del código postal.
Pero en el fondo, la pelea por el IMSS-Bienestar no es sobre medicamentos ni presupuestos: es sobre quién manda en el cuerpo del pueblo. Y en Jalisco, por ahora, ese cuerpo sigue enfermo… de política.
En X @DEPACHECOS
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