OPINIÓN
Pronto tendremos una nueva norma política: La perversamente manoseada Constitución de Jalisco
Opinión, por Remberto Hernández Padilla //
Hacer periodismo de investigación es uno de los placeres de quien tiene como oficio escribir. El periodista cumple cuando informa, y el periodista investigador, aparte de informar, aporta opinión con antecedentes históricos y datos concretos.
A diez años tiempo de que había iniciado la lucha armada por la Independencia de México ésta quedó debidamente integrada el lunes 4 de octubre de 1824 con la Constitución federal que es la base de nuestro sistema jurídico político: por la cual nació a la vida pública internacional un nuevo país: los Estados Unidos Mexicanos. Con ese antecedente en Jalisco se instaló un Congreso Constituyente el martes 14 de septiembre de 1824; sus 19 integrantes reconocieron la soberanía e independencia de la entidad como integrada a la federación.
El Estado de Jalisco ha tenido, oficialmente, tres constituciones: la de 1824, la de 1857 y la de 1917; aunque en la práctica han sido seis y la que se ha propuesto para que tenga vigencia en el 2021 sería la séptima.
JALISCO Y SUS CONSTITUCIONES
La primera Constitución Política de Xalisco (así, con X fue firmada y decretada) tomó vigencia el jueves 18 de noviembre de 1824, como eco de la Constitución Mexicana por la cual nuestra entidad quedó constituida como Estado de la federación. “Quedó conformada por 272 artículos, declarándose al libre al Estado de Jalisco; fue dividido en 8 cantones, 26 departamentos y 134 ayuntamientos. El constituyente dejó referido que el Congreso del Estado estaría formado por 30 diputados elegidos cada dos años y el Poder Ejecutivo recaería en un gobernador y un vicegobernador (que durarían en el encargo cuatro años). Esta norma refería también de la existencia de un Senado compuesto por cinco vocales.
LA SEGUNDA CONSTITUCIÓN
La segunda Constitución Política de Jalisco. En Guadalajara, un indignado clero político polarizaba a la sociedad tapatía; pretendía quitar de la Constitución de 1824 varios artículos que les habían quitado hegemonía. El pleito entre liberales y conservadores hizo indispensable que el gobernador del Estado Anastasio Parrodi convocara a un Congreso Constituyente, mismo que con 11 diputados liberales diera vida a esa norma que fue promulgada el domingo 6 de diciembre de 1857.
El antecedente de nuestra particular Constitución de 1857 es el siguiente: la conocida Ley Juárez (1855) suprimía los fueros del clero y declaraba a todos los ciudadanos iguales ante la Ley y la sociedad, con la consecuente oposición de un influyente Partido Conservador; y como respuesta el Partido Liberal, con el presidente de la República Ignacio Comonfort, convocó a un Congreso Constituyente que, al legislar, dejó redactados artículos contrarios a los intereses del Partido Conservador, mismo que se opuso a la promulgación de la liberal nueva Carta Magna, jurada por el Partido Liberal el lunes 5 de febrero de 1857.
La consecuencia, nos informa Wikipedia, “…fue que se inició la Guerra de Reforma y, las pugnas entre liberales y conservadores se prolongaron por la Segunda Intervención francesa y por el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano. Diez años más tarde, con la República Restaurada, la Constitución tuvo vigencia en todo el territorio nacional”.
LA TERCERA CONSTITUCIÓN
La tercera norma tomó vigencia el lunes 10 de abril de 1865 en el Estado de Jalisco. En el tiempo de la Regencia y el Segundo Imperio el Presidente Sustituto Ignacio Comonfort implementó un “Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana”. Y, en acatamiento a esa norma nacional, la ciudadanía de Jalisco, en su mayoría católica, implementó un “Estatuto Provisional”, documento que, ahora, política e históricamente, nos guste o no, fue una Constitución.
LA CUARTA CONSTITUCIÓN
La cuarta Constitución Política de Jalisco. Como un producto del movimiento armado de 1910 se implementó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917; en Jalisco quedó instalado el Congreso Constituyente local, mismo que dio vida a la Constitución Política del Estado de Jalisco; este documento fue aprobado el domingo 8 de julio de 1917, con vigencia a partir del jueves 2 de agosto, documento que quedó promulgado por el gobernador interino Emiliano Degollado.
La quinta Constitución Política de Jalisco. Es muy importante reconocer que el miércoles 6 de julio de 1994 la Constitución Política de Jalisco sufrió una radical transformación. Sus 67 artículos tuvieron un profundo cambio estructural y gramatical. Se le adicionaron otros 45 artículos, más 8 transitorios. Luego, sufrió el aumento de los artículos 113 al 119, más 15 transitorios mediante decreto 16541 del lunes 28 de abril de 1997.
En la actualidad cualquier jurisconsulto bien puede afirmar que mediante decreto número 15424 (publicado el día 13 de julio de 1994) nuestra norma estatal es, en esencia, otra Constitución, pero por conveniencia política del partido político gobernante: PRI, se optó por dejarla con el mismo nombre; y, además, como no existió un Congreso Constituyente no se le reconoce oficialmente como otra norma.
La sexta Constitución Política de Jalisco. Mediante Decreto número 16541 del 28 de abril de 1997, se hizo reformar 78 artículos y fracciones de otros 18 artículos, así como la derogación de capítulos de los títulos segundo y octavo. En octubre 17 de ese mismo año mediante el Decreto 12788 reformó otros 14 artículos y 3 transitorios; y, fue así que con el gobierno “panista” se tuvo un diferente texto Constitucional, pero con el mismo nombre y estructura que la de 1917.
La séptima Constitución Política de Jalisco sería la que viene:
En la zaga de artículos que en torno de la Constitución de Jalisco que he venido publicado ha quedado de manifiesto que el programa “Refundación de Jalisco”, requiere una propia norma legal, por ello, el gobernador Enrique Alfaro motivó a los diputados que integran la LXII Legislatura para que se creara una nueva Constitución Política de Jalisco; él, motivó esa idea en su expresión: “Actualmente los derechos fundamentales de los jaliscienses establecidos en la Constitución son letra muerta; la desconfianza en las instituciones llegó a niveles nunca vistos y la distancia entre ciudadanos y autoridades es abismal”.
Ante ello se modificó la “vigente” norma legal creando el del Artículo 117 Bis con su respectiva Ley Reglamentaria para instituir un Congreso Constituyente que tenga como único objetivo el de redactar un nueva Constitución Política para el Estado de Jalisco, documento que bien podría entrar en vigor en el mes de marzo de 2021, cuando menos noventa días antes de las elecciones del domingo 6 de junio del 2021, porque los candidatos a diputados locales deberán ajustarse a las nuevas reglas electorales.
ADENDA PARA EL BUEN ENTENDEDOR
1.- El periodista investigador concluye que por la información oficial de la que aquí se hace referencia, la “vigente” Constitución Política de Jalisco de 1917 es la más perversamente manoseada de todas las que tienen las entidades federativas.
2.- No hay duda, el pregonado programa “Refundación de Jalisco”, con el gobernador Enrique Alfaro a la cabeza, y su partido Movimiento Ciudadano, pondrán todo su poder político para hacer realidad una nueva Constitución Política.
3.- Lo escrito en este medio de comunicación lo ratifico hoy: ¡No! a una norma legal que solo sea partidista, y elaborada por burócratas. ¡Sí! a una Constitución redactada por representantes de la ciudadanía.
* El autor es el periodista y escritor Remberto Hernández Padilla, Premio Nacional de Periodismo y Premio México de Periodismo, Presidente H.V. del Colegio de Periodistas de Jalisco.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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