OPINIÓN
Proteger la biodiversidad de los océanos
Comuna México, por Benjamín Mora Gómez // (primera de tres partes)
Por la trascendencia del tema, llamo la atención al prólogo de la memoria del Seminario “Autoridad Marítima Nacional, una perspectiva global” llevado a cabo el 22 y 23 de agosto de 2017, en la Heroica Escuela Naval Militar “Antón Lizardo”, en Veracruz, Veracruz, en que se lee, del secretario de Marina Armada de México, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz: “En cuanto a la Organización Marítima Internacional, es necesario adoptar los lineamientos que ésta establece, con el objetivo de hacer de los mares un entorno más seguro, de manera que la observancia de la legislación internacional debe ser un compromiso, ya que contribuye a tener un comercio más ordenado que favorezca la competencia y la estabilidad en el intercambio de mercaderías y servicios entre las naciones. A su vez, cumplir con los ordenamientos estipulados garantiza la sustentabilidad de los mares para su uso y aprovechamiento actual, así́ como el de las futuras generaciones”.
Desde aquel seminario, la Organización Marítima Internacional de Naciones Unidas, en voz de su secretario general Kitack Lim, al reconocer al transporte marítimo como el eje principal del comercio mundial por ser el medio más eficaz para transportar mercancías, por sus costos dados por los volúmenes atendidos y el uso más eficiente del combustible, llamó a no dejar de lado el equilibrio necesario para mantener la buena salud y biodiversidad de los océanos. Con los años, el tema del combustible tomó de mayor eficiencia al exigir menores velocidades y el uso de combustibles ultra bajos en azufre y así como el combinar el diésel fósil con biodiesel hacia 2024. A partir del 1 de enero de 2020, se permitirá que los buques utilicen únicamente combustible con un máximo de 0.5 por ciento de contenido de azufre; el estándar actual es de un contenido de azufre del 3.5 por ciento. Varias compañías navales y puertos marítimos ya lo cumplen.
Este 30 de agosto, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, concluyeron los trabajos de la tercera ronda de negociaciones convocada por la Organización Marítima Internacional, para redactar un ambicioso tratado internacional que proteja la biodiversidad en las zonas de alta mar fuera de las jurisdicciones nacionales, en medio de la decepción y críticas de las organizaciones no gubernamentales ahí presentes, provenientes de todo el mundo.
Desde un principio, Rena Lee, presidenta de ésta y las dos anteriores conferencias (septiembre de 2018 y marzo de 2019), fue clara y contundente al instar a los representantes de los 193 países participantes, a evolucionar sus posturas para proteger la biodiversidad global, en una realidad en que solo el 4 por ciento de los océanos están protegidos.
Las cuatro rondas previstas centran sus propósitos en cuatro aspectos clave: 1) Adoptar medidas que favorezcan la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina, 2) Definir los métodos y parámetros de las futuras evaluaciones del impacto ambiental, 3) Definir el uso de los recursos genéticos marinos, incluyendo la distribución de sus beneficios como la biotecnología marina y, 4) Desarrollar capacidades y transferir tecnología marina hacia los países en desarrollo que carezcan de ellas.
Al inicio de la tercera ronda, organizaciones como Greenpeace llamaron a evaluar los impactos de la actividad humana en los océanos como su acidificación; asimismo, a asumir acuerdos en lo que sería el Tratado de los Océanos, a fin de reducir tales impactos hasta un 30 por ciento hacia 2030, aunque la Organización Marítima Internacional pugna por llegar al 40 por ciento en 2030 y al 50 por ciento en 2050. Greenpeace y otras organizaciones buscan consolidar la red de santuarios oceánicos que la ciencia demanda para que la protección sea efectiva, en un contexto alarmante en que, aproximadamente, un 40 por ciento de los océanos del mundo son sumamente afectados por las actividades humanas que devienen en contaminación, agotamiento de los recursos pesqueros y pérdida de hábitats costeros, así como daño en los polos y glaciales.
Según cálculos de la Organización Marítima Internacional, en 2007, las embarcaciones de alta mar liberaron 1,120 millones toneladas métricas de dióxido de carbono y predijo que, si no se introducían medidas para reducir las emisiones procedentes de los barcos, las emisiones de dióxido de carbono podrían pasar a ser de 1,480 millones de toneladas métricas antes del año 2020.
Organizaciones como Océana han señalado que, si el transporte naval del mundo, con una flota de 90 mil buques, fuese un país, sería el sexto emisor de gases con efecto invernadero, sólo después de China, Estados Unidos, Rusia, India y Japón. Océana es una organización dedicada a proteger y restaurar los océanos del mundo a escala global.
En éste, como en otros grandes temas medioambientales, enfrentamos a una alarmante falta de voluntad política. En relación al Tratado de los Océanos pretendido, mientras los gobiernos de Rusia, Islandia y Corea del Sur buscan retrasar las negociaciones, otros gobiernos como los de Estados Unidos, Noruega, Australia, Japón, Canadá, Nueva Zelanda y Ecuador parecen estar a favor de un tratado diluido, y otros más, claramente favorecen la explotación de los recursos marinos. Para la doctora Sandra Schoettner, de la campaña de Océanos de Greenpeace, en esta jornada de negociaciones, “el ritmo y la ambición presentes (…) no coinciden con el nivel de urgencia necesario para salvar nuestros océanos y proteger nuestro planeta contra la emergencia climática y la pérdida masiva de biodiversidad que afrontamos.»
El tema merece de toda nuestra conciencia pues, mientras el 3 por ciento de las emisiones globales de dióxido de carbono pueden relacionarse con el transporte naval, los océanos absorben casi el 30 por ciento del producido por los seres humanos, reduciendo así el impacto del calentamiento global; es decir, los océanos revierten con crecen nuestra huella de carbono, realidad que debe avergonzarnos.
E-mail: benja_mora@yahoo.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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