OPINIÓN
Quédate en Jalisco: Vallarta post COVID; una nueva era para el viajero
Comuna México, por Benjamín Mora //
Dejé de ser turista y me volví viajero cuando leí “Las ciudades invisibles” de Ítalo Calvino que mi padre me regaló y en el que nos narra, desde su imaginación, lo que pudo ser el encuentro de Marco Polo con Kublai Kan, el grande del imperio mongol, y en el que descubrimos ciudades solo existentes en la enorme imaginación del veneciano.
En los días que dediqué a Calvino, comprendí mi deseo ferviente, desde mi primer viaje a Europa, cuando apenas tendría 14 años, de llegar a Madrid, Sevilla, Granada, París, Roma, Florencia, Venecia, Bruselas, Brujas, Salzburgo y Londres, de perderme por sus calles, plazuelas, restaurantes abiertos a la calle, lugares de encuentro anónimo, de horas de ocio creativo, y de escuchar y convivir para descubrirla e imaginar su devenir comunitario, como sentí a Calvino hacer con Marco Polo.
Soy viajero de y en la vida, para y con ella, soy su partícipe y me gusta llegar a sus confines rompiendo sus límites. En la vida sigo mis caminos.
Soy y seré viajero y nunca jamás un turista más pues me encanta ir por vivencias con la gente del lugar. Sentirme parte de la comunidad que elegí y me acoge. Disfruto de la sorpresa y me dejo sorprender por el caos de lo espontaneo. Para mí, el viaje perfecto es libre y me lleva a los lugares en dónde la historia se ha escrito y la identidad comunitaria se ha conformado.
Por ello, en Madrid disfruto comer un cochinillo asado en horno de leña en el restaurante Sobrino de Botín y brindar con un vino de la Rioja Alta por Ernest Hemingway, a quien tanto gustaba el restaurante y el vino. Sé que una escapada gastronómica con sabor a historia en el Sobrino de Botín es viajar en el tiempo hasta 1725, en que abrió sus puertas -es el restaurante más antiguo del mundo occidental- y beber un rojo de la casa de la Rioja Alta, una vitivinícola con 125 años de vida. O qué decir del restaurante Rules de Londres, fundado en 1798, en dónde puedo beber su porter, una cerveza oscura, acompañada de ostras. Y así por todo el mundo. No voy a los lugares de moda pues ésta es efímera y yo busco trascender.
Hoy, en que el mundo se da la oportunidad de salir del encierro Covid, debemos elegir el trascender sobre quienes fuimos antes del coronavirus. Elegir a quiénes tendremos cerca, cómo los haremos sentir, de qué y con quiénes llenaremos nuestros recuerdos, qué elegiremos aprender y con quiénes lo compartiremos, en dónde y con quienes gozaremos del ocio creativo y consciente… siempre con quienes pues la vida es vivencia y ésta, para merecer recordada, siempre está ligada con alguien más.
No me gustan las fotos del lugar sino de la gente en el lugar, y si logro meterme entre la gente, mejor.
Hoy, el turismo debe dejar su lugar a algo que pudiera asumirse desde la Ley de la Impermanencia, y entender que los buenos momentos desaparecerán y que debemos aprender a fluir con la vida, es decir, a dejarnos llevar por la magia de las vivencias compartidas.
No nos creamos el discurso de que habrá una nueva normalidad… una normalidad aun desfigurada… una normalidad aun etérea… una “anormalidad” de geles, cubre bocas, guantes y caretas, de insanas rupturas sociales por una sana distancia, de temores al contacto, de sanitizaciones permanentes en todos lados. La nueva normalidad es invento de los gobernantes que jamás comprendieron aquella otra normalidad, la que dicen se nos fue, aquella en la que abusaron, en la que mintieron, en la que robaron, en la que engañaron sin cansarse.
Esa nueva normalidad que tampoco les vendrá como anillo al dedo a los de la 4T, que tienen sus 10 dedos muy ocupados rasgando las instituciones, las leyes, la economía, lo social, las ilusiones ciudadanas y tomando lo que no les es propio desde concesiones, cesiones y asignaciones de compras y obras públicas sin reglas de operación.
Habrá un nuevo turismo necesitado de personal que se comunique de forma verbal y no verbal, consciente, haciendo consciente lo inconsciente para modificar los procedimientos inconscientes, aunque parezca un trabalenguas.
Este turismo renacido deberá ofrecer, en los días de descanso de miles y miles de viajeros, una nueva forma de sentir, de pensar, de decir y de actuar. Un turismo para el viajero dispuesto a diferenciar la fantasía y la meta realidad de la realidad, lo trascendente de lo perene, el pasado inerte del presente vivo y el futuro incierto, y darle sentido y rumbo al cambio elegido. Un turismo que sepa redireccionar la memoria procedimental libre del viajero hacia el propósito elegido en su viaje. Dimensionar el valor de la reflexión profunda sobre las vivencias y experiencias de viaje en los detalles más pequeños, pero no menos trascendentes. Tomar conciencia de las dinámicas del interjuego de los opuestos descubiertos en su andar de explorador. Reestructurar todo lo que duele y alivia al viajero para que se vuelva un proconsumer e influencer del destino mexicano.
Merecemos viajeros que minimicen la huella ecológica de su estancia, respeten la cultura local y se adentren en ella, y dejen un impacto positivo en el destino. Merecemos una Secretaría de Turismo que sepa visibilizarnos de manera responsable y sostenible, así como liderar iniciativas impulsadas por bloggers ambientalistas, y sepa imponerse ante toda conducta inapropiada del visitante y los lugareños. Necesitamos de narradores de aventuras cautivadoras que atraigan la atención y decisión de miles de nuevos viajeros de venir a Jalisco y México. Los hoteleros deberían convertirse en apasionados promotores de la cultura, las artes, la naturaleza y las comunidades locales.
Esto y más es lo que propongo a amigos del turismo para Vallarta y otros lugares de Jalisco, para que pasemos de un “quédate en casa” a otro “quédate en Jalisco”.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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