OPINIÓN
Quien controla la historia tiene el futuro: La política como ficción
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
En la cumbre de nuestras sociedades modernas, entre campañas electorales, discursos ideológicos y banderas agitadas por la emoción, no hay nada más humano que contar historias. Historias que nos unan, nos movilicen, nos separen o nos enfrenten. Historias que no tienen que ser verdaderas en sentido estricto, sino creíbles, compartibles, contagiosas.
Así lo propone Yuval Noah Harari, quien sostiene que Homo sapiens no domina el mundo por su fuerza ni por su inteligencia, sino porque es capaz de crear y creer en ficciones colectivas. Desde las religiones hasta los derechos humanos, desde las constituciones hasta el concepto de nación, todo eso que consideramos el tejido de nuestra vida política no es más que un conjunto de relatos a los que elegimos dar sentido. No por falsos, sino por construidos. No por imaginarios, sino por compartidos.
Y en ese contexto, no hay escenario más adecuado para analizar esta condición narrativa de la humanidad que la política actual, donde las ideologías, más que sistemas racionales de ideas, operan como marcos míticos que nos dicen quiénes somos, quiénes son los otros y qué lugar merecemos en el mundo.
La política, más que una administración de recursos o una gestión técnica de lo público, es la batalla por imponer una historia.
El relato de la patria traicionada, el del pueblo humillado, el de la esperanza redentora, el de los buenos contra los malos. Todos estos relatos funcionan porque apelan al alma tribal que aún late dentro del animal narrador que somos.
Las campañas políticas no ganan por argumentos, sino por ficciones bien construidas. Por eso los partidos se parecen más a fábricas de sentido que a estructuras de gobierno. El político exitoso no es el que tiene el mejor plan técnico, sino el que cuenta la mejor historia. Uno que promete redención, futuro, orgullo, pertenencia.
Lo mismo ocurre con las identidades políticas. No se trata de convicciones racionales, sino de adhesiones emocionales a una narrativa que nos explica el mundo y nos ubica moralmente en él. “Soy de izquierda” o “soy conservador” se convierten en afirmaciones casi religiosas, que separan a los creyentes de los herejes. Las redes sociales amplifican este fenómeno: ahí, más que debatir ideas, competimos por imponer relatos que nos legitimen y deslegitimen al adversario.
De esta manera, Harari ofrece una lente aguda: las ficciones no son mentiras, son realidades intersubjetivas. Es decir, son reales porque todos creemos en ellas. El dinero, por ejemplo, no tiene valor por sí mismo, sino porque colectivamente hemos acordado tratarlo como valioso. Lo mismo puede decirse de una constitución, de una democracia, de una república. Su vigencia no depende de su fuerza material, sino de nuestra fe común. Lo peligroso —y lo fascinante— es que esa fe puede cambiar. Y cuando cambia, el edificio entero se tambalea.
Hoy vivimos un momento político en el que múltiples relatos compiten por el alma del ciudadano. Desde la narrativa tecnocrática que confía en los datos y la gestión, hasta la narrativa populista que apela al pueblo traicionado, pasando por las nuevas formas de activismo que reinventan las luchas sociales a través de lenguajes identitarios y emocionales. Cada uno de estos relatos propone una versión de la realidad, una épica, un enemigo y un destino. Y todos luchan por convertirse en verdad compartida.
Lo interesante —y peligroso— es que la eficacia de estos relatos no se mide por su veracidad, sino por su capacidad de producir adhesión. Una mentira que moviliza puede ser más efectiva que una verdad indiferente. Y en la era de la posverdad, esto se vuelve la norma. La verdad objetiva cede ante la verdad emocional. Lo que importa no es qué ocurrió, sino cómo se cuenta. El testigo se convierte en autor. La víctima en símbolo. El dato en anécdota. Y el poder no reside en tener la razón, sino en tener la palabra.
El riesgo de todo esto es que, en lugar de construir ficciones colectivas que nos unan, estamos creando burbujas narrativas que nos aíslan. Cada tribu política vive en su propia historia, con sus propios héroes, mártires y traidores. La deliberación democrática se convierte en un choque de mundos paralelos, donde ya no discutimos sobre la realidad, sino sobre cuál es la realidad válida. Esto erosiona la confianza en las instituciones, en el sistema y en el otro. Porque si el otro cree en una historia que yo considero falsa o perversa, entonces no es simplemente mi adversario: es mi enemigo.
Pero también hay una posibilidad esperanzadora en este diagnóstico. Si el ser humano es un animal narrador, entonces también puede reinventarse a través del relato. Puede crear nuevas ficciones que integren en vez de fragmentar, que unan sin uniformar, que en lugar de dividir entre “nosotros y ellos” propongan un “nosotros más amplio”. La política necesita recuperar su dimensión ética no desde la tecnocracia, sino desde la imaginación colectiva. Necesitamos historias mejores, no sólo gobiernos mejores.
Harari nos recuerda que, aunque nuestras creencias son construcciones, su impacto es tan real como un muro o una bala. No es menor lo que creemos. Creer que una elección es legítima o que fue un fraude; creer que un país está progresando o que se encamina al colapso; creer que se gobierna para todos o sólo para unos cuantos. Estas creencias moldean nuestras emociones, decisiones y acciones. Y lo hacen porque están narradas de forma convincente, repetidas hasta ser indiscutibles, convertidas en dogma.
Quizá la gran tarea del siglo XXI no sea descubrir nuevas verdades, sino contar nuevas historias. Historias donde el otro no sea el enemigo, donde el desacuerdo no sea traición, donde la verdad no sea monopolio de una sola voz. Harari nos invita a mirar de frente nuestra condición: no somos dioses, ni robots, ni ángeles caídos. Somos animales narradores. Y en esa capacidad —tan frágil y poderosa— reside tanto nuestro mayor peligro como nuestra mayor esperanza. Porque quien controla la historia, controla el futuro. Pero quien se atreve a reescribirla, puede cambiar el destino.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 804: Lo piden los expertos: Una nueva Corte de Justicia sin extremos ideológicos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
Desaparecen objetos de valor en la SCJN; la oficina de Norma Piña, la más impactada
Premier League: goles, drama y polémica en jornada vibrante
¡Charros ‘arrebata’ juego a Laguna y va a la Serie de Campeonato!
Pablo Lemus entrega el nuevo muelle de Las Ánimas
