Por Gabriel Ibarra Bourjac //

El Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo necesario para que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) pague adeudos que tiene desde 2004 con la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Jalisco, al disponer de 269 mil metros cuadrados de tierras comunales para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.

Una deuda de más de dos décadas

En 2004, el Gobierno federal amplió la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río a cuatro carriles, ocupando tierras de Mezquitán. Un convenio con la SICT estableció una compensación de casi 40 millones de pesos para las 333 familias afectadas, pero solo se pagaron 4 millones (10% del total) y un abono de 1.6 millones por extracción de materiales, dejando un adeudo de 35 millones.

Para hacer efectivo el pago, en cumplimiento de las sentencias de los tribunales agrarios, INDAABIN debe actualizar los valores catastrales del terreno, a valor comercial, como lo ordena la sentencia, ya que los valores de hace 21 años están desfasados.

“Llevamos 21 años luchando por nuestro pago. La SICT no ha cumplido, y ahora INDAABIN debe actualizar el avalúo para que el pago refleje el valor comercial de nuestras tierras”, denunció Saúl Rodríguez Barajas, Presidente del Comisariado de la Comunidad Indígena de Mezquitán.

Este monto, pendiente por la ocupación de 269 mil metros cuadrados de tierras comunales para la ampliación de la carretera federal Guadalajara-Ixtlahuacán del Río, para hacer efectivo el pago, en cumplimiento de las sentencias de los tribunales agrarios, deben actualizarse los valores del terreno, a valor comercial, ya que así lo ordenan las sentencias de los tribunales, indicó a su vez el abogado de la comunidad, Luis Antonio Rocha.

Los dirigentes de la comunidad desconfían de la prontitud de INDAABIN, señalando antecedentes de retrasos en procesos similares. “Exigimos que INDAABIN con base en nuestro derecho constitucional de justicia pronta y expedita, dentro del término señalado, dé respuesta a lo ordenado por el Tribunal Agrario y, a la mayor brevedad, elabore el avalúo como lo ordenan las sentencias, para que se nos pague lo justo.

“Llevamos más de 21 años esperando, y no confiamos en que actúen con rapidez”, afirmó Saúl Rodríguez Barajas, presidente de la Comunidad Indígena de Mezquitán.

Las mujeres de la Comunidad Indígena de Mezquitán, piden a la Presidenta Claudia Sheimbaum, gire instrucciones para que se agilice el pago de sus tierras ocupadas por la SICT.

Desconfianza y exigencia de justicia

La instrucción del Tribunal Agrario busca agilizar un proceso estancado, pero la comunidad permanece escéptica debido al historial de dilación de INDAABIN. “No es solo una deuda, es una cuestión de respeto a nuestros derechos. Queremos justicia pronta y expedita y un avalúo justo y que se cumpla la ley”, añadió el líder indígena.

La carretera, originalmente de dos carriles y construida hace más de 50 años, se amplió sin que se pagara una compensación adecuada, evidenciando los abusos contra las comunidades indígenas frente a proyectos de infraestructura de los gobiernos anteriores.

Un caso clave para los derechos indígenas

El plazo de 10 días pone a prueba la capacidad de INDAABIN para cumplir con el mandato del Tribunal y actualizar el avalúo, un paso crucial para saldar la deuda de la SICT. La resolución de este caso no solo beneficiará a las 333 familias de Mezquitán, sino que también sentará un precedente sobre el respeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

La comunidad advierte que no cejará en su lucha hasta que se haga justicia y se cumpla con el pago ordenado en las sentencias.

Por Mario Ávila //

La importancia de la armonía política y la buena relación entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador Pablo Lemus es un factor clave para el desarrollo del estado. La legisladora morenista Marta Arizmendi Fombona, presidenta del Congreso de Jalisco, subrayó que el diálogo y la coordinación han permitido superar los desencuentros del pasado, cuando la falta de colaboración entre el gobierno estatal y federal generó perjuicios para Jalisco.

En una entrevista realizada para Conciencia Pública en su oficina del Palacio Legislativo, Arizmendi destacó que el objetivo de Morena en Jalisco y México es “el bienestar de la población, con justicia y desarrollo”. En la LXIV Legislatura local, los acuerdos entre Morena y Movimiento Ciudadano (MC) se limitan a propuestas que beneficien a los jaliscienses, sin compromisos ocultos.

Marta Arizmendi Fombona, a lo largo de la entrevista, destaca la importancia del diálogo, la transparencia y la participación ciudadana, y su visión busca superar divisiones políticas, priorizando resultados tangibles para Jalisco.

Aborda también los retos pendientes, desde reformas judiciales hasta temas sociales como las infancias trans que exigen un trabajo conjunto que ella está decidida a liderar, siempre con el bienestar de la población como eje rector. La colaboración con el Ejecutivo, sin comprometer principios, es clave para una legislatura efectiva que responda a las demandas de los jaliscienses.

HAY DIÁLOGO, NO PACTOS

Al mismo tiempo, la presidenta del Congreso negó enfáticamente la existencia de pactos entre su grupo parlamentario y MC, la fracción mayoritaria y partido en el gobierno. Esta claridad se refleja en la aprobación de la reforma constitucional que extingue el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), lograda mediante diálogo respetuoso con todas las fuerzas políticas, tras no concretarse en el primer semestre.

Arizmendi aclaró que la ausencia de acuerdos secretos se evidencia en la oposición de Morena a varias decisiones del gobierno de Pablo Lemus. Por ejemplo, rechazaron el endeudamiento, el “paquetazo” —considerando la verificación, un programa recaudatorio— y la compra de patrullas Cybertrucks de Tesla, criticadas por no combatir el crimen, sino por buscar mejorar la percepción de seguridad de cara al Mundial de Fútbol 2026.

“Y hemos sido muy abiertos”, abundó, señalando que, aunque su grupo parlamentario es crítico, está comprometido con el bienestar de los jaliscienses y apoyará propuestas beneficiosas, sin importar su origen. Esta postura refleja un equilibrio entre fiscalización y colaboración.

FEDERALIZAR PROGRAMAS NACIONALES

Arizmendi criticó la falta de coordinación del exgobernador con el gobierno federal, que perjudicó a Jalisco, y apostó por el diálogo para priorizar el bienestar ciudadano. Señaló que la negativa de Jalisco a adherirse a programas federales de salud, educación y apoyo a personas con discapacidad ha generado inconvenientes, obligando a la federación a intervenir directamente.

Elogió la colaboración entre Sheinbaum y Lemus, destacando las visitas presidenciales para supervisar proyectos de movilidad, obra pública y agropecuarios, pero urgió al gobernador a reconsiderar la adhesión a programas federales clave para maximizar beneficios para el estado.

CARGADA LA AGENDA PARLAMENTARIA

La presidenta enlistó las prioridades legislativas para el segundo semestre de la LXIV Legislatura. Entre ellas, destacó la aprobación de 19 leyes secundarias en 90 días para implementar la extinción del ITEI, pendiente de ratificación por la mayoría de los 125 cabildos municipales. Aseguró que los derechos a la información pública y protección de datos están garantizados bajo la Contraloría, y se trabajará con la iniciativa del gobernador para su seguimiento.

Arizmendi lamentó los desacuerdos iniciales de la legislatura, resueltos bajo su presidencia gracias al diálogo inclusivo. Otro tema es la reforma al Poder Judicial estatal, inspirada en la elección federal de junio de 2025. Aunque la elección de magistrados y jueces será en 2027, la armonización con la ley federal comenzará pronto, abordando preocupaciones sobre el proceso de insaculación o “tómbola”.

TEMAS PENDIENTES PARA ANALIZAR

Un exhorto reciente de la Suprema Corte obliga al Congreso a legislar sobre infancias trans, atendiendo ocho puntos específicos, con plazo hasta el 3 de julio. Arizmendi aclaró que esta decisión recaerá en el voto libre de los deputados, no en la presidencia. También abordó el desabasto y la mala calidad del agua, un problema histórico que requiere soluciones urgentes sin alzas fiscales. Morena, afirmó, no apoyará incrementos de impuestos sin proyectos claros que garanticen beneficios, priorizando la economía ciudadana.

EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Arizmendi destacó la importancia del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, resultado de la participación de más de 600 mil ciudadanos, incluyendo niñas, niños y adolescentes. Propuso mesas de trabajo con legisladores para enriquecerlo, asegurando su cumplimiento en beneficio de Jalisco.

Subrayó la necesidad de un Presupuesto de Egresos 2026 equitativo, trabajado con la Comisión de Hacienda, liderada por Gabriela Cárdenas, para evitar prisas y atender necesidades estatales. Criticó que la legislatura anterior ignoró propuestas de Morena, por lo que ahora buscan un proceso inclusivo.

UN CONGRESO CERCANO A LA CIUDADANÍA

Finalmente, Arizmendi delineó los objetivos de la LXIV Legislatura en su segunda etapa: mejorar la imagen del Congreso, abrirlo a la ciudadanía, eliminar barreras y acercarse a los municipios mediante reuniones regionales con alcaldes. Este enfoque busca conocer de cerca las necesidades locales y consolidar un legislativo accesible, comprometido con el bienestar de los jaliscienses, promoviendo justicia y desarrollo.

Por Gabriel Ibarra Bourjac //

La aprobación de la Agencia Metropolitana de Gestión Integral de Residuos, conocida como el “Siapa de la Basura”, es un “suceso histórico” para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), según el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos.

En entrevista con Conciencia Pública, Chávez relató la batalla de tres años para lograr este organismo, aprobado el pasado viernes pese a la oposición inicial de Tlaquepaque. “Es una propuesta nacida de la crisis en Tonalá, inspirada en Barcelona, donde 16 municipios gestionan residuos juntos”, afirmó.

Chávez Dávalos, quien planteó la idea en el Imeplan en 2022, enfrentó resistencias políticas y electorales, pero tras su reelección insistió hasta lograr el consenso. La agencia, que integrará a los nueve municipios con un capital semilla de 200 millones de pesos que aportará el Gobierno del Estado, priorizará recolección, reciclaje y sanciones a ciudadanos que no separen residuos. “Picachos, el único vertedero público, pronto se saturará. Necesitamos un nuevo sitio para los próximos 30 años”, advirtió.

Tonalá, receptor histórico de basura metropolitana, sufrió daños ambientales en Matatlán y Los Laureles, donde se acumularon 11,000 millones de toneladas. Chávez responsabilizó a la “comodidad” de exalcaldes y a Caabsa, obligada ahora a invertir 341 millones en remediación.

«Los lixiviados siguen contaminando el río Santiago. La regeneración tomará 10 a 20 años”, lamentó. La agencia, debe tener un director técnico y sin politización. Será clave para evitar repetir errores del SIAPA», aseguró. “Gobernar es responsabilidad. No podemos dejar la basura a empresas que solo lucran”, concluyó.

LA INSPIRACIÓN FUE BARCELONA

Sergio, ¿qué impresiones te deja la lucha y la aprobación ayer de la Agencia Metropolitana de Gestión de Residuos, tras la oposición inicial de Tlaquepaque?
Es una propuesta nacida de la crisis de basura en Tonalá. En 2022, cuando cuestioné fuertemente a Caabsa por su manejo, planteé en el Imeplan un sistema metropolitano, inspirado en la Zona Metropolitana de Barcelona, donde 16 municipios gestionan residuos de forma conjunta.

Los esfuerzos aislados de cada municipio no funcionan. Convencer al entonces gobernador Alfaro, al hoy gobernador Lemus y a los alcaldes metropolitanos tomó tiempo. Hubo resistencias, campañas electorales y un año de estancamiento en 2024.

Tras mi reelección, insistí, perfeccionamos la propuesta y, aunque Tlaquepaque votó en contra el jueves, ayer viernes logramos la aprobación por mayoría en la Junta de Coordinación Metropolitana. Es un primer paso firme.

¿Cuáles son los objetivos prioritarios de la agencia y cómo transformará la gestión de basura en la AMG?
El siguiente paso es que los cabildos de los nueve municipios aprueben su integración. Con al menos dos municipios aprobados, el gobernador destinará 200 millones de pesos como capital semilla. Buscamos un director técnico, no político, para evitar los errores del SIAPA, que Tlaquepaque señaló como ineficiente.

Con estos recursos, invertiremos en necesidades urgentes, como tres unidades de recolección para Juanacatlán o la segunda etapa de la estación de transferencia oriente en Tonalá, que costará 50 millones. A mediano plazo, debemos definir un nuevo vertedero para los próximos 30 años, ya que Picachos, el único público, pronto se saturará.

La recolección, el destino, el tratamiento y el reciclaje, ¿los asumirá la agencia?
Sí, la agencia tendrá un enfoque integral. Debe educar a los ciudadanos para separar residuos en hogares y comercios, reduciendo la basura cruda en vertederos. También proponemos que tenga facultades sancionadoras para infraccionar a quienes no separen o dejen basura en las calles. Además, establecerá rutas logísticas adaptadas, con horarios diurnos o nocturnos según las necesidades de cada colonia, para optimizar la recolección.

¿Cuántas toneladas de basura se producen diariamente en la AMG, y cuántas van a Picachos?
Según el Imeplan, generamos entre 4,800 y 5,200 toneladas diarias. A Picachos van unas 2,500 a 3,000 toneladas, principalmente de Guadalajara, Zapopan, parte de Tlajomulco y Tlaquepaque. El resto, de Tonalá, Juanacatlán, El Salto y otra parte de Tlajomulco, se distribuye en vertederos privados en Zapotlanejo e Ixtlahuacán de los Membrillos.

¿Cómo funciona la planta de transferencia oriente en Tonalá?
Funciona bien desde hace tres meses, procesando 800 a 1,000 toneladas diarias de Tonalá, El Salto, Juanacatlán y algunas empresas privadas. La agencia también regulará a estas empresas para integrarlas y generar recursos adicionales.

El SIAPA lleva 40 años gestionando el agua, un servicio vital. ¿Por qué no se había logrado un sistema metropolitano para la basura, siendo una metrópoli?
Durante tres décadas, cuatro partidos han gobernado la Área Metropolitana de Guadalajara, pero la falta de visión metropolitana predominó. En los 90, tras las explosiones de Guadalajara, el Consejo Ciudadano, presidido por Alberto Mora López, concesionó la basura a Caabsa por 30 años, seguido por Tonalá, Tlajomulco y El Salto. Esta comodidad permitió que Tonalá, con vertederos como Matatlán y Los Laureles, recibiera la basura metropolitana sin condiciones claras, causando un daño ambiental grave.

¿Fue un error de visión o incumplimiento de los alcaldes?
Fue comodidad. Algunos alcaldes de Tonalá evitaron conflictos con Guadalajara. Por ejemplo, un exalcalde permitió más basura en Matatlán a cambio de que Ramírez Acuña pavimentara Avenida Río Nilo. Esto no es negociación; es no defender el territorio. Tonalá sufrió las consecuencias de recibir más de 1,000 toneladas diarias a solo 15 km de Guadalajara.

Caabsa está obligada a invertir 341 millones en la remediación de Matatlán y Los Laureles. ¿Cómo se garantizará esto?
Es un compromiso firmado con fianzas, respaldado por el gobierno estatal. Caabsa tiene 24 meses para remediar ambos vertederos, con plantas tratadoras para lixiviados y ductos para gases. Si no cumple, los municipios y el estado ejecutarán las fianzas. Desde antes de la gestión de Lemus, presentamos denuncias ante la FGR por delitos ambientales, congelamos cuentas de Caabsa vía SAT y logramos que negociaran.

¿Cómo se resarcirá el daño ambiental en Tonalá, especialmente por los lixiviados en el río Santiago?
El daño es mayor y parcialmente irreversible. Aunque los vertederos cerraron hace año y medio, los lixiviados siguen contaminando el río Santiago. La remediación incluye tratar estos lixiviados y quemar gases 24/7. Consultaremos a 85,000 tonaltecas en Matatlán y 42,000 en Los Laureles (Tonalá y El Salto) para decidir el uso de las 140 hectáreas, como bosque urbano o reserva ecológica. Según la Secretaría de Medio Ambiente, la regeneración tomará 10 a 20 años.

¿Cuánta basura se depositó en Matatlán y Los Laureles?
Entre 9,000 y 11,000 millones de toneladas. Los Laureles, un terreno plano, ahora es un cerro de 68 metros de altura, una montaña de basura.

¿Qué lecciones deja esta experiencia?
Los gobernantes deben priorizar el medio ambiente sobre intereses económicos o compromisos. No podemos dejar la basura a empresas que solo buscan negocio. Espero que los próximos alcaldes fortalezcan la agencia, como el SIAPA, que, pese a sus fallos, garantiza el agua. Con el Mundial de Fútbol 2026 acercándose, la basura en las calles evidencia la falta de una cultura ciudadana y una ruta clara, que la agencia debe resolver.

Tlaquepaque votó en contra, comparando la agencia con the SIAPA. ¿Cómo respondes?

El síndico tiene razón: el SIAPA no es un buen ejemplo, pero son cosas distintas. La agencia tendrá voz y voto para los municipios en su consejo, a diferencia del SIAPA, que opera como una secretaría estatal. Debemos blindarla contra politización y colocaciones, como el modelo del Zoológico de Guadalajara, que funciona sin injerencia política.