OPINIÓN
Recobra su importancia constitucional: El Senado, mascarilla de la política nacional
Opinión, por Pedro Vargas Avalos //
El Senado mexicano se ha puesto de moda en los tiempos recientes, sobre todo debido a que su líder, (guía de la Junta de Coordinación Política, Jucopo) Ricardo Monreal Ávila, busca afanosamente ser candidato presidencial, afirmando en su visita a Guadalajara el 25 de agosto, que es el mejor aspirante y que incluso, se considera “ el arma secreta de AMLO para las próximas elecciones”.
Además, en estos días dejará la presidencia senatorial la abogada Olga Sánchez Cordero, quien, al rendir informe de su gestión, afirmó que en la corporación se tiene “representada la diversidad social, política y cultural de una nación”. Ahora los miembros de ese organismo, están enfrascados en la sucesión de dicha presidenta.
Históricamente, desde las más sencillas formas de gobierno, las personas con experiencia tuvieron un lugar especial, desempeñándose ya como consejeros, ya como gobernantes. En Roma se conformó con miembros patricios de su sociedad, lo que ya fue una agrupación, y de allí proviene su nombre: “senatus”, que significa “consejo, asamblea de los ancianos”, en razón que cada personaje (senator, senador) integrante de esa junta era de edad avanzada: la palabra latina “senex”, que es la raíz etimológica de “senador”, quiere decir viejo o anciano.
Originalmente, los senadores pertenecían a la clase social de los “patricios”, en alusión a ser descendientes de los padres fundadores de la ciudad. Incluso, en ocasiones ser patricio era sinónimo de senador. Esto indica que al principio esa calidad solo la podían ostentar los que pertenecieran a esa clase social privilegiada.
Con el crecimiento de la urbe, y por consiguiente de su pueblo (plebe), hubo senadores de esta mayoría, la de los plebeyos. Sin embargo, estos individuos debían ser de los más sabios o juiciosos de su clase. En consecuencia, invariablemente ser senador quiere decir, persona con experiencia, sabiduría y distinción.
Esa especie de funcionario, fue transformándose y adaptándose a los períodos históricos de la grandeza romana: la república, la monarquía y el imperio. Casi siempre se desempeñaron como consultores, y por excepción en los interregnos, fungieron de gobernantes. Con el advenimiento de la monarquía, los reyes elegían senadores, los cuales eran los preferidos del monarca, y son el antecedente del senado-consejero del ejecutivo. Esto quiere decir que no eran propiamente parte del legislativo, salvo casos de excepción.
A partir del siglo XIII apareció el vocablo común de “Senado”, para designar a la institución, y de senador, para sus integrantes. En los albores del siglo XIX, (1808) se creó en España un tipo de Senado, que no tenía función legislativa, aun cuando si ciertas facultades hasta para suspender la Constitución. Su formación era elitista -generales, exministros, magistrados, e incluso infantes del reino- y se nombraba por el soberano. Ya de aquí pasamos a nuestra patria, donde se luchaba por la independencia política.
Hidalgo, estando en Guadalajara, ya meditaba forjar un Congreso nacional, según exposición que redactó durante su estancia en la Perla de Occidente (1810-1811), donde estableció el primer gobierno mexicano independiente. Truncado su movimiento, el gran Morelos lo reavivó y en 1814, en la llamada Constitución de Apatzingán, se insertó un antecedente del senado, al prevenir que cada Provincia elegiría representantes -entonces denominados diputados- en igualdad de número, para conformar un Congreso nacional.
Esos individuos, deberían probar: ser mayores de 30 años, poseer patriotismo acreditado con servicios positivos y “tener luces no vulgares para desempeñar las augustas funciones de este empleo”. (Decreto Constitucional del 22 de octubre de 1814, para la libertad de la América Mexicana).
El siguiente paso para el surgimiento del Senado, se dio entre 1823 y 1824, siendo estelar la participación de los jaliscienses, entre ellos Prisciliano Sánchez, Valentín Gómez Farías, Juan Pablo Anaya y Francisco Severo Maldonado. Con luces propias brilló el extraordinario Doctor José de Jesús Huerta Leal, nativo de Acatlán de Juárez y maestro de aquella pléyade de trascendentales federalistas. La culminación fue la expedición de la Constitución Federal de 4 de octubre de 1824, la cual adoptó el sistema bicameral (diputados y senadores), disponiendo en su articulo 25 que cada Estado sería representado por dos senadores, electos por sus legislaturas y renovándolos por mitad cada dos años. En Jalisco, la idea de los senadores caló a tal grado que también se estableció para la entidad, un Senado, el cual evolucionaría como Consejo del Ejecutivo.
Las luchas intestinas que desangraron a la nación, dieron al traste con el sistema federal en 1834-36, y luego, con el Senado, suprimido en 1845. En la Constitución de 1857, a pesar de esfuerzos de liberales como Francisco Zarco, la institución no se consideró. Empero se resintió su falta, porque ya no hubo cámara colegisladora, con funciones revisoras, así como faltar sus atribuciones de vigilancia de derechos tanto de individuos como de los Estados, incluso omisiones en el ramo de juicios políticos y evidente ausencia de contrapeso político.
El Benemérito Juárez promovió volviese el bicamarismo, fructificando el tema siendo ya primer mandatario D. Sebastián Lerdo de Tejada en 1874, reabriendo funciones el 16 de septiembre de 1875. En la época maderista, brilló el senador jalisciense Salvador Gómez, distinguido y valiente partidario del sacrificado Apóstol de la Democracia, hoy injustamente olvidado.
La presencia de la Cámara de Senadores se ratificó en la Carta Magna de Querétaro (1917) y con variaciones en su integración (que, de dos senadores por entidad, ahora son 3 y 32 de representación proporcional, sumando un total de 128, lo cual desvirtúa su primigenio fin) y renovación -antes era de cuatrienios y se elegían popularmente por mitad cada dos años- que ahora es sexenal.
Como quiera que sea, la Cámara Alta está presente actualmente en la vida de México, superando la etapa de dominio priista, cuando a ese organismo iban casi puros veteranos, desechados de la política real, y que por ello se le llegó a llamar, “cementerio de fósiles”.
El Senado mexicano actual, recobró su importancia constitucional. No solo reúne a la principal fuerza emanada del partido MORENA, natural respaldo de Amlo y la Cuatro T, sino que en él figuran críticos y adversarios del primer magistrado y su administración, que un día y otro también, lo impugnan y condenan (papel que practican la tránsfuga Lily Téllez y la impetuosa panista Kenia López Rabadán, por decir unos ejemplos) por ello es que consideramos que, el Senado, la Cámara Alta del poder legislativo mexicano, es genuina mascarilla de la política nacional.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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