OPINIÓN
Reformas educativas, y el cierre del ciclo escolar
Educación, por Isabel Venegas Salazar //
La paradoja de un país diverso y revolucionario como el nuestro, se encuentra en una de las soluciones que todos claman como evidente: La educación. Pareciera ser muy claro que, lo que todos y todas los mexicanos necesitan, es asegurar el acceso a la educación, pero una vez teniendo un espacio físico en las aulas, la masificación se contrapone con todas las lógicas de calidad y los principios básicos de formación para la convivencia.
Afortunada y desafortunadamente, la pandemia nos obligó a explorar el territorio de la virtualidad; tratar de resolver el tema de la atención global a través de pantallas y digitalización puso en evidencia que el contacto, la sonrisa, el saludo de la llegada, las conversaciones en el patio de la escuela, el sabor del lonche y las despedidas de cada día, es decir, el tema físico se volviera imprescindible, y con ello medular en la “extrañanza” de los ritmos que apenas comenzamos a recuperar, tal vez todo esto se pueda ir resolviendo, en la medida en la que no nos tome por sorpresa la implementación.
Y es que, a la mayoría nos ha costado volver a la presencialidad; a mí por lo menos, todavía no me carga toda la configuración que antes tenía; hoy me parece que tengo un agotamiento mayor y no logro rendir igual ¿Será que la recuperación va cuesta arriba? Tal parece que se nos está juntando la chamba: atender la recuperación escolar (la operatividad), cuidar lo que nos demandan las reformas educativas (la normatividad), y apoyar a los padres de familia, que también están en un momento de crisis muy particular (la comunidad).
A unos días de cerrar este ciclo escolar, y de cara a los cursos de fortalecimiento docente, es importante recordar que tenemos en curso las últimas reformas educativas: La del año 2013, cuando se implementó la reforma que buscaba mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Ella se centró en la evaluación de los maestros y la mejora de su formación, la modernización del sistema educativo y la promoción de la inclusión y la igualdad de oportunidades. Cabe recordar que esta reforma fue muy polémica y generó protestas en todo el país.
Para el 2019 se aprobó una reforma constitucional en materia educativa que buscaba revertir algunos de los cambios implementados en la Reforma Educativa de 2013. Esta reforma se centró en la participación de los maestros en la toma de decisiones, la eliminación de la evaluación punitiva de los profesores (que bien cabría volver a tomar el debate de esta definición), y la reducción de la centralización del sistema educativo.
Para ese mismo periodo se presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que incluye una serie de medidas para mejorar la calidad de la educación en México. Entre estas medidas se contempla la mejora de la formación de los maestros, la ampliación de la oferta educativa en áreas rurales y marginadas, y la promoción de la inclusión y la igualdad de oportunidades.
De ahí que la Nueva Escuela Mexicana sea un modelo educativo que busca promover una educación de calidad basada en principios como la equidad, la inclusión, el humanismo y la excelencia. El objetivo es renovar y modernizar el sistema educativo mexicano, promoviendo la formación integral de los estudiantes y el desarrollo de habilidades para la vida. Se enfatiza la individualización del aprendizaje, el uso de tecnología y la inclusión de la educación emocional y cultural. La Nueva Escuela Mexicana se define como un modelo flexible y dinámico que busca responder a las necesidades y contextos de cada comunidad escolar en particular.
En conclusión, en menos de diez años hemos vivido reformas, revoluciones y conmociones en nuestro sistema educativo, que de nuevo nos plantean una paradoja: hablar de la Nueva Escuela Mexicana desde una concepción flexible y dinámica, implica tener calendarios escolares más largos, programas de capacitación más agotadores, y menos tiempo para dedicar al centro de la demanda de atención: los alumnos. La humanización de la escuela se sigue manteniendo a merced de los tiempos y los ritmos del mercado. Este es un conflicto que muestra su gravedad en lo micro, con lo cual habrá que observar cada centro escolar: evaluar el estado en el que se encuentra, la temperatura con la que se puede evidenciar la paz y la armonía entre los miembros de la colectividad, para resolver también desde ahí, desde el individuo como prioridad.
Cerrar el 2022-2023 es agradecer el contacto con cada miembro de la comunidad, la sonrisa, el saludo a la llegada, las conversaciones en el patio de la escuela, el sabor del lonche y las despedidas de cada día; y elevar una plegaria para que la masificación deje de ser el lastre de tantas décadas de desatención.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Muere el reconocido actor estadounidense Robert Redford
Rechaza ser deportado Hernán Bermúdez Requena de Paraguay
Mirza Flores expresa apoyo a Canelo Álvarez
Tlajomulco celebrará el primer Festival de Biodiversidad Etnomicológica
