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OPINIÓN

Regulación a Airbnb: ¿Un paso necesario o un ataque a la propiedad privada?

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A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

La reciente decisión de la Ciudad de México de limitar a 180 días el tiempo que una vivienda puede ser rentada a través de plataformas como Airbnb ha desatado una controversia. Como era de esperarse, no han faltado quienes acusan al gobierno de estar implementando medidas “comunistas” o interfiriendo indebidamente en el derecho de propiedad.

Uno de los argumentos más recurrentes en contra de la regulación de plataformas como Airbnb es que el gobierno no debería interferir en lo que los dueños hacen con sus propiedades. Sin embargo, este razonamiento ignora un hecho fundamental: el uso de la propiedad siempre ha estado sujeto a regulación. Desde los permisos de construcción hasta las zonas delimitadas para uso habitacional o comercial, el gobierno tiene la facultad de regular cómo y para qué se utiliza el suelo y los inmuebles en su jurisdicción.

De hecho, los límites al uso de la propiedad no son una excepción, sino la norma en todas las sociedades organizadas. ¿Acaso alguien podría construir una fábrica en medio de una zona residencial o abrir un club nocturno en una calle tranquila sin ningún tipo de restricción? La respuesta es no, porque las normativas urbanas existen para garantizar el bienestar común y el equilibrio en el desarrollo urbano. En ese sentido, la medida de limitar el tiempo que una propiedad puede ser utilizada para rentas temporales no es tan diferente de las regulaciones que ya existen para negocios o construcciones en zonas habitacionales.

Es importante mencionar que esta no es una medida aislada. Varias de las principales ciudades del mundo han implementado restricciones similares, buscando frenar la creciente gentrificación y el aumento de los precios de las rentas que se ha relacionado con plataformas como Airbnb. Ámsterdam, Barcelona, Nueva York y París son solo algunos ejemplos de ciudades que han limitado o regulado el uso de propiedades para rentas de corto plazo.

En muchos casos, estas medidas han sido una respuesta directa al impacto que Airbnb ha tenido en el mercado inmobiliario local, donde los propietarios prefieren alquilar a turistas a corto plazo, obteniendo más ganancias, en lugar de rentar a residentes permanentes. Esto ha provocado una disminución de la oferta de viviendas accesibles para quienes viven y trabajan en esas ciudades.

En la Ciudad de México, el problema no es tan diferente. En algunas zonas, como la colonia Roma o la Condesa, los precios de las rentas han aumentado de manera considerable en los últimos años, en parte debido a la proliferación de propiedades que se ofrecen en plataformas de alquiler temporal. Esto ha empujado a muchos residentes tradicionales fuera de sus vecindarios, ya que no pueden competir con los ingresos que los propietarios obtienen alquilando a turistas.

No obstante, aunque la regulación de Airbnb es necesaria en ciertos contextos, vale la pena reflexionar sobre un problema más profundo: el concepto de vivienda como activo financiero. En muchas ciudades, la vivienda ha dejado de ser vista como un derecho fundamental y se ha convertido en un vehículo para la especulación comercial. Los bienes raíces se compran no tanto para ser habitados, sino como inversiones a largo plazo que pueden generar rendimientos mediante la compra, venta o alquiler a precios elevados.

Este fenómeno ha distorsionado gravemente el mercado inmobiliario, llevando los precios de las propiedades a niveles que están fuera del alcance de una gran parte de la población. En lugar de ser un refugio para las familias, la vivienda se ha convertido en un bien de lujo. Mientras persista esta visión, el problema de la vivienda será difícil de resolver, con o sin plataformas como Airbnb.

Eso no significa que la vivienda no pueda ser vista como un activo financiero en absoluto. Después de todo, muchos propietarios dependen de sus propiedades para generar ingresos, ya sea mediante rentas a largo plazo o alquileres temporales. Lo que se necesita es un equilibrio que permita a los propietarios obtener un rendimiento justo de sus inversiones sin que esto signifique la exclusión de la población más vulnerable de los centros urbanos.

El verdadero problema que subyace en esta situación no es Airbnb en sí, sino la especulación descontrolada en el mercado inmobiliario. Los grandes inversionistas, fondos de inversión y desarrolladores han visto en el sector inmobiliario una mina de oro, comprando enormes bloques de propiedades con el único objetivo de maximizar sus beneficios. Este fenómeno ha generado una burbuja que eleva los precios de las viviendas, pero no mejora necesariamente la calidad de vida de quienes las habitan. En lugar de crear comunidades vibrantes, esta tendencia fomenta la creación de ciudades que son accesibles solo para unos pocos, mientras que el resto se ve obligado a mudarse a la periferia.

La regulación de Airbnb es, en ese sentido, solo una parte de la solución. Mientras no se tomen medidas más amplias para frenar la especulación inmobiliaria y garantizar que la vivienda sea accesible para todos, seguiremos enfrentando los mismos problemas de gentrificación y desplazamiento de comunidades. Es aquí donde el gobierno tiene un papel crucial que desempeñar, no solo regulando plataformas digitales, sino también estableciendo políticas de vivienda que pongan a las personas, y no a las ganancias, en el centro de la ecuación.

La medida de limitar a 180 días al año el uso de propiedades para Airbnb en la Ciudad de México tiene sentido en un contexto donde se busca regular el mercado de las rentas y evitar el desplazamiento de comunidades locales. No obstante, la discusión no debe centrarse exclusivamente en si el gobierno tiene el derecho de regular la propiedad privada, sino en cómo se puede encontrar un equilibrio entre permitir que los propietarios obtengan un rendimiento de sus inversiones y garantizar que la vivienda siga siendo accesible para quienes la necesitan.

Es posible, y de hecho necesario, que la vivienda sea vista tanto como un activo financiero como un derecho humano. Pero para lograr ese equilibrio, es esencial que se combata la especulación inmobiliaria que ha convertido a las ciudades en terrenos de juego para inversionistas y que se implementen políticas que pongan un límite a la comercialización indiscriminada de la vivienda. Si bien Airbnb puede no ser el problema de fondo, es un síntoma de un mercado inmobiliario desbalanceado que necesita una intervención cuidadosa y medidas que protejan tanto a los propietarios como a los inquilinos.

La regulación de Airbnb en la Ciudad de México es un paso en la dirección correcta para frenar el aumento desmedido de los precios de las rentas y combatir la gentrificación. Sin embargo, para abordar el problema de raíz, es necesario un cambio más profundo en cómo entendemos la vivienda.

Mientras sigamos viéndola únicamente como un activo financiero sujeto a especulación, seguiremos enfrentando los mismos desafíos. El gobierno tiene la responsabilidad de equilibrar los intereses de los propietarios con el derecho de las personas a tener acceso a una vivienda digna y asequible. Solo así podremos construir ciudades que sean justas, inclusivas y accesibles para todos.

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JALISCO

Elección del Poder Judicial: Democracia o fachada

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Tras meses de polarización, el 1 de junio de 2025 México elegirá, por primera vez, 881 cargos judiciales, incluyendo nueve ministros de la Suprema Corte, mediante seis boletas y sin campañas mediáticas intensas. La participación ciudadana, limitada por la complejidad del proceso y el desconocimiento general, difícilmente superará el 20 % del padrón electoral.

Morena domina el proceso, respaldando a candidatos afines, especialmente para ministros, así como para el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral, prioridades de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, jueces y magistrados buscan alianzas con sindicatos y organizaciones civiles, en un proceso que despierta dudas sobre su verdadera independencia.

La elección del 1 de junio promete democratizar el Poder Judicial, pero se tambalea en un laberinto de confusión. Elegir entre 2,682 y 881 cargos mediante seis boletas por votante es una hazaña titánica. Sin financiamiento público ni respaldo partidista, las campañas son prácticamente invisibles: los y las aspirantes son poco conocidos.

El desconocimiento del rol del Poder Judicial, sumado a una educación cívica prácticamente inexistente, augura apatía. ¿Democracia o fachada? Morena apuesta por controlar la justicia, mientras los ciudadanos, desorientados, podrían quedarse al margen.

La falta de financiamiento público para campañas y la prohibición de que los partidos promuevan candidatos limitan la difusión de plataformas, lo que podría generar aún más confusión o desinterés entre los votantes.

La legitimidad del nuevo Poder Judicial Federal dependerá de la participación ciudadana en la elección del 1 de junio de 2025.

Estimaciones generales de participación

A diferencia de elecciones previas, en esta ocasión no existen encuestas específicas de opinión pública que detallen con precisión el porcentaje de participación esperado. Sin embargo, diversas fuentes ofrecen estimaciones.

Se espera una participación de entre el 8 % y el 24 % del padrón electoral (95-98 millones de votantes), según proyecciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y de analistas independientes.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, estimó una participación de entre 8 % y 15 %, considerando la reducción en el número de casillas (85,000 frente a 170,000 en 2024) y la ausencia de conteo de votos en las mismas, lo que podría desincentivar a los votantes.

Pronósticos optimistas

Morena y sus aliados proyectan hasta 20 millones de votos, equivalente al 20-21 % del padrón. Operadores políticos del partido promueven en todo el país lo que han llamado una “elección ejemplar”, aprovechando su supermayoría en la Cámara de Diputados y la popularidad de Claudia Sheinbaum (80 % de aprobación, Pew Research, febrero-marzo de 2025).

La movilización de bases, sindicatos y organizaciones afines podría acercar la participación al 20-25 %, aunque sin alcanzar los niveles de la elección presidencial de 2024 (61.05 %, es decir, 60 millones de votantes).

La consultora Poder y Estrategia, citada en redes, estima una participación del 20 %, reflejo de un escenario en el que el entusiasmo por la “democratización” judicial y el respaldo a Morena impulsen a sus votantes leales, pese a la complejidad del proceso.

Pronósticos pesimistas

Analistas independientes sugieren que la participación podría caer al 10-15 % si únicamente votan los ciudadanos más informados o movilizados, dadas el desconocimiento sobre el Poder Judicial y la falta de campañas visibles.

Algunos escenarios extremos mencionan estimaciones aún más bajas por estado (Mass Behavior Research) o incluso un 9 %, si se cumple el pronóstico de abstención del 91 % elaborado por Appting Corp. Estos reflejan un escepticismo profundo, alimentado por la desconfianza en el voto tras eventos políticos recientes y la complejidad logística del proceso.

INE y WOLA: La estimación más baja del INE (8 %) coincide con las advertencias de la Washington Office on Latin America (WOLA), que alerta sobre la confusión entre funciones judiciales y persecutorias, lo cual refuerza un escenario pesimista donde la apatía y la falta de educación cívica podrían limitar la participación a un mínimo histórico.

Según WOLA, la participación en esta elección podría situarse entre el 8 % y el 15 %, de acuerdo con su análisis del 12 de mayo de 2025. La organización destaca la complejidad de las boletas, la falta de campañas financiadas, la exclusión de personas en prisión preventiva y la ausencia de conteo en casillas como factores clave que reducirán la afluencia.

Ambos pronósticos coinciden en señalar una participación limitada, influida por la falta de educación cívica, la logística reducida y la percepción de politización del proceso. No obstante, Morena espera alcanzar un 20-25 % con su estrategia de movilización.


Reflexión final

Este 1 de junio, México enfrenta un dilema: ¿puede una elección judicial, envuelta en confusión y dominada por Morena, ser el faro de la democracia que promete? Con proyecciones de apenas 8-24 % de participación, según el INE y WOLA, el riesgo es claro: un Poder Judicial legitimado por pocos podría convertirse en un apéndice del poder político. La apatía ciudadana, alimentada por boletas laberínticas y campañas invisibles, amenaza con ceder la justicia a los designios del partido en el poder.

La historia nos juzgará por lo que hagamos —o dejemos de hacer— este domingo. Si los ciudadanos, desorientados, optan por el silencio, Morena tendrá vía libre para moldear la Suprema Corte y los tribunales a su imagen. Pero si despertamos, si exigimos claridad y participación, aún podemos rescatar la independencia judicial. El voto, aunque titánico, es nuestra última trinchera.

¿Democratización o sumisión? La respuesta está en nuestras manos.

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Beisbol

Brilla Alejandro Osuna en su debut con Rangers y semana de oro para Muñoz y Paredes

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Deporte Rey, por Gabriel Ibarra Bourjac //

En el diamante de las Grandes Ligas, donde los sueños se forjan a golpe de recta y batazo, dos mexicanos han izado la bandera tricolor con una semana para la historia. Del 19 al 25 de mayo de 2025, Andrés Muñoz e Isaac Paredes no solo brillaron; incendiaron el escenario con actuaciones que resuenan desde Seattle hasta Los Mochis y Hermosillo.

Pero, ¿es este fulgor un destello aislado o el amanecer de una nueva era para el béisbol azteca?

Andrés Muñoz, el sinaloense de 26 años, se ha convertido en el guardián implacable de los Marineros de Seattle. Esta semana, sumó su 17º salvamento de la temporada, consolidándose como líder de la MLB en rescates. Con una efectividad de 0.00 en 22.2 entradas y 28 ponches, su recta de 100 millas y slider quirúrgico son un martirio para los bateadores. Contra los Angels el 22 de mayo, cerró la novena con tres outs fulminantes, asegurando una victoria 3-2.

Por su parte, Isaac Paredes, el orgullo del barrio de La Mosca en Hermosillo, de 26 años, desató una tempestad ofensiva con los Astros de Houston. En una semana de ensueño, conectó cuatro jonrones, elevando su total a 11 en la temporada. Con un promedio de .285, 7 dobles, 1 triple y 31 impulsadas, Paredes es el corazón de la alineación texana. Su versatilidad en la tercera base y su ojo clínico para el pitcheo lo confirman como un All-Star en potencia.

El clímax llegó el 24 de mayo, cuando Muñoz y Paredes se enfrentaron en un duelo épico en el T-Mobile Park. Con los Marineros liderando 4-3 en la novena, Paredes enfrentó a Muñoz. Tras una recta de 98 millas, Isaac conectó una línea que Randy Arozarena atrapó, sellando el salvamento de Muñoz. Este choque, con 25,000 gargantas conteniendo el aliento, fue más que un turno al bat; fue un himno al talento mexicano, con Arozarena como testigo de un tridente azteca en el escenario mayor.

Pero no todo es euforia. Mientras Muñoz y Paredes brillan, el béisbol mexicano enfrenta sombras. La Liga Mexicana carece de reflectores, y talentos como Alejandro Kirk, con un jonrón esta semana para los Blue Jays, apenas se mencionan. ¿Por qué celebramos a unos y olvidamos a otros? La falta de apoyo estructural y la dependencia de la MLB para visibilizar a nuestros peloteros son grietas que no podemos ignorar. Muñoz y Paredes, que jugaron juntos en un mundial infantil en 2009, son excepciones forjadas en el sacrificio, no productos de un sistema.

Esta semana, México vibró con sus hazañas. Muñoz, el cerrojo indomable; Paredes, el cañonero incansable. Son más que atletas: son espejos de un país que sueña grande. Pero su brillo nos interpela: ¿cuándo construiremos un béisbol propio que no dependa de las luces de la MLB? Por ahora, celebremos. El diamante es suyo, y el orgullo, nuestro.

EL DEBUT DE ALEJANDRO OSUNA

El pasado domingo 25 de mayo de 2025, Alejandro Osuna, jardinero mexicano de 22 años, debutó en la MLB con los Texas Rangers, venciendo 5-4 a los Chicago White Sox en el Guaranteed Rate Field.

Osuna, prospecto número 7 de los Rangers, fue convocado desde Triple-A Round Rock tras la fractura de Joc Pederson el 24 de mayo. Nacido en Ahome, Sinaloa, y hermano de Roberto Osuna, firmó en 2020 por $125,000. En 2024, fue Jugador del Año de Ligas Menores de los Rangers, bateando .292 con 18 jonrones. En 2025, bateó .283 en Double-A Frisco y .259 en Triple-A, con 9 bases por bolas en 8 juegos.

En su primer turno al bat, Osuna negoció una base por bolas tras un conteo completo de 8 o 9 lanzamientos, demostrando gran disciplina en el plato, luego fue sorprendido intentando robar segunda base. En turnos posteriores, no conectó hit, pero su enfoque en el plato fue destacado como prometedor.

A la defensiva: Osuna brilló con una atrapada espectacular en el jardín izquierdo, calificada como “joya defensiva” por @Liga_Arco y “tremenda” por @MLB_Mexico. Videos compartidos en X mostraron su habilidad para cubrir terreno y hacer jugadas clave, consolidándolo como un defensor versátil.

El debut entusiasmó a México, con Excélsior celebrándolo. Comparado con Alex Verdugo por su contacto y velocidad (34 robos en 2024), Osuna es un “table-setter” para los Rangers (25-28 en la División Oeste). Su rol es incierto, posiblemente alternando en los jardines, pero podría descansar contra zurdos (.594 OPS en 2024). Scouts lo ven como futuro jardinero central si mejora su consistencia.

Junto a Andrés Muñoz (17 salvamentos) e Isaac Paredes (11 jonrones), Osuna resalta el auge mexicano en la MLB.

 

 

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JALISCO

Ecos de un viejo conflicto: Entre banquetas y autonomía, el presupuesto como arma política

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

En Jalisco, el conflicto por el presupuesto universitario no es nuevo. Lo que sí ha cambiado es la escena, los personajes y, acaso, el tono. La guerra fría entre Casa Jalisco y la Universidad de Guadalajara vuelve a calentar motores, esta vez bajo la batuta del gobernador Pablo Lemus Navarro y la recién llegada rectora general Karla Planter Pérez, la primera mujer que asume el timón de la máxima casa de estudios jalisciense.

La historia, aunque adornada de discursos de buena voluntad, tiene más fondo que forma. Durante la ceremonia de toma de protesta de Planter, Lemus se desvivió en promesas de respeto, trabajo conjunto y coordinación institucional. Pero como bien sabemos quiénes hemos narrado los entretelones del poder: las palabras del político valen lo que el siguiente boletín.

Apenas semanas después de aquel acto solemne, Lemus propone —como quien sugiere pintar la fachada ajena— que parte del presupuesto de la Universidad se destine a iluminar banquetas, podar árboles, poner señalética y mejorar calles. ¿La razón? Blindar los “Senderos Seguros” para los estudiantes. Una propuesta tan cándida como impertinente. Porque más allá del ropaje técnico, lo que se plantea en el fondo es simple: que la Universidad financie tareas que le corresponden al Estado. Y eso, señoras y señores, tiene nombre y apellido: intervención indebida.

Pero la Universidad no se quedó callada, ni lo hará. No la de Guadalajara, con su vieja escuela forjada entre golpes presupuestales y roces ideológicos. La rectora Planter —con voz firme y pausada, pero con la precisión de quien ha leído la Ley Universitaria más de una vez— puso las cosas en su lugar: “La única instancia que decide y define el destino de los recursos de la Universidad de Guadalajara es el Consejo General Universitario, nadie más”. Punto.

A esa declaración se sumó un comunicado institucional -no sería la UdeG si sus liderazgos no desperdiciaran el presupuesto universitario en desplegados que nadie lee, pero que permiten a los abajo firmantes ver su nombre en el listado y sentirse destacados-, en el que se recuerda que la seguridad pública no es función de una casa de estudios.

Que no tiene facultades policiacas ni de mejoramiento urbano. Que su labor es publicar desplegados, educar, investigar y formar personas íntegras. Y que, aun así, ha invertido más de mil 089 millones de pesos en seguridad interna desde 2013, aunque no explican si eso incluye el pago de seguridad privada en instalaciones y eventos que, beneficia a un exfuncionario público.

En los hechos, lo que pretende Karla Planter es marcar límites, trazar una línea en la arena que dice: hasta aquí llega el Ejecutivo, y de aquí para adentro manda la autonomía universitaria. Y esa postura, tan necesaria para el grupo Universidad como incómoda para la rectora, parece haber irritado al gobernador, quien salió en medios a declarar que le “extraña” la molestia.

El desencuentro no es menor. Lo que se disputa no son solo luminarias o banquetas, sino el principio mismo de la autonomía universitaria frente al poder político. La historia nos ha mostrado —en Jalisco y fuera de él— que los gobernantes suelen querer rectores obedientes, no críticos; instituciones agradecidas, no independientes.

Pero los agravios se acumulan. En poco más de un mes de gestión, Planter ya ha enfrentado señalamientos sobre deudas con el SIAPA de las anteriores administraciones, tensiones por los nombramientos en los Hospitales Civiles por presentar candidatos inadecuados para los puestos y choques sobre la crisis de desapariciones, tema donde la Universidad ha sido más incisiva que el propio Ejecutivo, aunque la última manifestación frente al Palacio de Gobierno por parte de Zoé y la FEU hubiera sido una vacilada.

Hay que recordar que, con Enrique Alfaro, el pleito por el reetiquetado de recursos del Museo de Ciencias Ambientales fue el epítome de un sexenio de confrontación. Y aunque Lemus prometió no repetir esa historia, sus acciones recientes hacen pensar en lo contrario. Porque cuando un gobernador intenta dictar en qué debe gastar una universidad autónoma, está minando las bases de una convivencia democrática.

Ahora, no se trata de negar que las banquetas, luminarias o señalética sean necesarias. Pero pretender financiarlas con dinero destinado a publicar desplegados y la educación superior es torcer la ley.

El gobernador, por su parte, insiste en que no hay confrontación y que su propuesta fue malinterpretada. Invita al diálogo, mientras sus acciones indican otra cosa. Porque firmar convenios sin hablar, como ocurrió esta semana en Casa Jalisco, es el equivalente político a sonreír mientras se clava la daga.

¿Y qué sigue? A juzgar por los antecedentes, la tensión irá en aumento. Porque lo que está en juego no es sólo un presupuesto, sino un modelo de relación entre poderes. Y eso, en cualquier arena política, no puede resolverse con declaraciones suaves ni acuerdos firmados de prisa.

A los universitarios no les queda más que mantenerse firmes. Porque si algo ha demostrado la UdeG es que no se doblega fácil. Y al gobernador y sus asesores, les vendría bien recordar que la autonomía universitaria no es un favor, es un derecho. Uno que se ha ganado con décadas de lucha, no con oficios ni discursos.

Como decía el viejo refrán jurídico: “Lo que no está dentro de la ley, está fuera del presupuesto”. Y si el presupuesto universitario está en la ley, entonces su uso no debe estar en manos del capricho político.

En X @DEPACHECOS

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Tendencias

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