OPINIÓN
Regulación a Airbnb: ¿Un paso necesario o un ataque a la propiedad privada?
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
La reciente decisión de la Ciudad de México de limitar a 180 días el tiempo que una vivienda puede ser rentada a través de plataformas como Airbnb ha desatado una controversia. Como era de esperarse, no han faltado quienes acusan al gobierno de estar implementando medidas “comunistas” o interfiriendo indebidamente en el derecho de propiedad.
Uno de los argumentos más recurrentes en contra de la regulación de plataformas como Airbnb es que el gobierno no debería interferir en lo que los dueños hacen con sus propiedades. Sin embargo, este razonamiento ignora un hecho fundamental: el uso de la propiedad siempre ha estado sujeto a regulación. Desde los permisos de construcción hasta las zonas delimitadas para uso habitacional o comercial, el gobierno tiene la facultad de regular cómo y para qué se utiliza el suelo y los inmuebles en su jurisdicción.
De hecho, los límites al uso de la propiedad no son una excepción, sino la norma en todas las sociedades organizadas. ¿Acaso alguien podría construir una fábrica en medio de una zona residencial o abrir un club nocturno en una calle tranquila sin ningún tipo de restricción? La respuesta es no, porque las normativas urbanas existen para garantizar el bienestar común y el equilibrio en el desarrollo urbano. En ese sentido, la medida de limitar el tiempo que una propiedad puede ser utilizada para rentas temporales no es tan diferente de las regulaciones que ya existen para negocios o construcciones en zonas habitacionales.
Es importante mencionar que esta no es una medida aislada. Varias de las principales ciudades del mundo han implementado restricciones similares, buscando frenar la creciente gentrificación y el aumento de los precios de las rentas que se ha relacionado con plataformas como Airbnb. Ámsterdam, Barcelona, Nueva York y París son solo algunos ejemplos de ciudades que han limitado o regulado el uso de propiedades para rentas de corto plazo.
En muchos casos, estas medidas han sido una respuesta directa al impacto que Airbnb ha tenido en el mercado inmobiliario local, donde los propietarios prefieren alquilar a turistas a corto plazo, obteniendo más ganancias, en lugar de rentar a residentes permanentes. Esto ha provocado una disminución de la oferta de viviendas accesibles para quienes viven y trabajan en esas ciudades.
En la Ciudad de México, el problema no es tan diferente. En algunas zonas, como la colonia Roma o la Condesa, los precios de las rentas han aumentado de manera considerable en los últimos años, en parte debido a la proliferación de propiedades que se ofrecen en plataformas de alquiler temporal. Esto ha empujado a muchos residentes tradicionales fuera de sus vecindarios, ya que no pueden competir con los ingresos que los propietarios obtienen alquilando a turistas.
No obstante, aunque la regulación de Airbnb es necesaria en ciertos contextos, vale la pena reflexionar sobre un problema más profundo: el concepto de vivienda como activo financiero. En muchas ciudades, la vivienda ha dejado de ser vista como un derecho fundamental y se ha convertido en un vehículo para la especulación comercial. Los bienes raíces se compran no tanto para ser habitados, sino como inversiones a largo plazo que pueden generar rendimientos mediante la compra, venta o alquiler a precios elevados.
Este fenómeno ha distorsionado gravemente el mercado inmobiliario, llevando los precios de las propiedades a niveles que están fuera del alcance de una gran parte de la población. En lugar de ser un refugio para las familias, la vivienda se ha convertido en un bien de lujo. Mientras persista esta visión, el problema de la vivienda será difícil de resolver, con o sin plataformas como Airbnb.
Eso no significa que la vivienda no pueda ser vista como un activo financiero en absoluto. Después de todo, muchos propietarios dependen de sus propiedades para generar ingresos, ya sea mediante rentas a largo plazo o alquileres temporales. Lo que se necesita es un equilibrio que permita a los propietarios obtener un rendimiento justo de sus inversiones sin que esto signifique la exclusión de la población más vulnerable de los centros urbanos.
El verdadero problema que subyace en esta situación no es Airbnb en sí, sino la especulación descontrolada en el mercado inmobiliario. Los grandes inversionistas, fondos de inversión y desarrolladores han visto en el sector inmobiliario una mina de oro, comprando enormes bloques de propiedades con el único objetivo de maximizar sus beneficios. Este fenómeno ha generado una burbuja que eleva los precios de las viviendas, pero no mejora necesariamente la calidad de vida de quienes las habitan. En lugar de crear comunidades vibrantes, esta tendencia fomenta la creación de ciudades que son accesibles solo para unos pocos, mientras que el resto se ve obligado a mudarse a la periferia.
La regulación de Airbnb es, en ese sentido, solo una parte de la solución. Mientras no se tomen medidas más amplias para frenar la especulación inmobiliaria y garantizar que la vivienda sea accesible para todos, seguiremos enfrentando los mismos problemas de gentrificación y desplazamiento de comunidades. Es aquí donde el gobierno tiene un papel crucial que desempeñar, no solo regulando plataformas digitales, sino también estableciendo políticas de vivienda que pongan a las personas, y no a las ganancias, en el centro de la ecuación.
La medida de limitar a 180 días al año el uso de propiedades para Airbnb en la Ciudad de México tiene sentido en un contexto donde se busca regular el mercado de las rentas y evitar el desplazamiento de comunidades locales. No obstante, la discusión no debe centrarse exclusivamente en si el gobierno tiene el derecho de regular la propiedad privada, sino en cómo se puede encontrar un equilibrio entre permitir que los propietarios obtengan un rendimiento de sus inversiones y garantizar que la vivienda siga siendo accesible para quienes la necesitan.
Es posible, y de hecho necesario, que la vivienda sea vista tanto como un activo financiero como un derecho humano. Pero para lograr ese equilibrio, es esencial que se combata la especulación inmobiliaria que ha convertido a las ciudades en terrenos de juego para inversionistas y que se implementen políticas que pongan un límite a la comercialización indiscriminada de la vivienda. Si bien Airbnb puede no ser el problema de fondo, es un síntoma de un mercado inmobiliario desbalanceado que necesita una intervención cuidadosa y medidas que protejan tanto a los propietarios como a los inquilinos.
La regulación de Airbnb en la Ciudad de México es un paso en la dirección correcta para frenar el aumento desmedido de los precios de las rentas y combatir la gentrificación. Sin embargo, para abordar el problema de raíz, es necesario un cambio más profundo en cómo entendemos la vivienda.
Mientras sigamos viéndola únicamente como un activo financiero sujeto a especulación, seguiremos enfrentando los mismos desafíos. El gobierno tiene la responsabilidad de equilibrar los intereses de los propietarios con el derecho de las personas a tener acceso a una vivienda digna y asequible. Solo así podremos construir ciudades que sean justas, inclusivas y accesibles para todos.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
– Crónica de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
La Universidad de Guadalajara, esa institución que presume de ser la “casa de la cultura” y el “espacio del pensamiento crítico”, se ha convertido principalmente los últimos días en escenario de lo que mejor ilustra su contradicción: los golpes sustituyendo a la palabra, la represión disfrazada de orden académico y la violencia encubierta tras comunicados oficiales firmados por nadie que se haga responsable… llenos de buenas intenciones sin nada de autocrítica.
Lo ocurrido en el CUCSH y en el CUCEI en estos días no es un accidente ni un exabrupto aislado: es la expresión de una estructura política enquistada que se resiste a morir.
Los funcionarios que deberían administrar aulas y presupuestos han terminado con las manos metidas en la gresca. No es metáfora: ahí están los videos donde José Antonio González Orozco, alias “Pepino”, antiguo operador de la FEU que ahora cobra como jefe del complejo deportivo, aparece repartiendo manotazos contra los estudiantes que exigían elecciones limpias. No fue diálogo, fue puño.
Y mientras tanto, la Rectoría General guarda silencio. Una omisión que grita más fuerte que cualquier consigna. Porque si los estudiantes pintan un muro, la indignación institucional es inmediata; pero si un funcionario golpea a los alumnos, la sanción se pierde en el laberinto del archivo muerto, asegurando las protecciones para quienes, en nombre de la “institución”, repartan golpes a los alumnos inconformes.
Encapuchados que lanzan mobiliario, vacían extintores y rodean a estudiantes en paro. Los testimonios y las imágenes difundidas no dejan lugar a dudas: la violencia tiene rostro, y varios de esos rostros se identifican con la vieja militancia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ese brazo corporativo que durante décadas ha operado como correa de control a favor del grupo universitario en el poder.
Pero también aparecen los rostros de grupos políticos externos que han participado en movimientos políticos universitarios sin llegar a ser de los “ungidos”, pero que, ahora apoyados por un personaje de la estructura universitaria, vuelven a buscar un lugar en el feudo.
Se habla de “diálogo” en los comunicados, pero en los pasillos los que dialogan son los puños. La contradicción es evidente: las autoridades centrales rechazan la violencia en boletines, pero sus hombres de confianza y familiares aparecen entre los agresores.
Lo que demandan los estudiantes no es menor: baños dignos, comedor subsidiado, protocolos contra acoso, contratación estable de docentes, transporte seguro, participación real en las decisiones universitarias. No son exigencias revolucionarias, son derechos elementales que cualquier institución pública debería garantizar sin necesidad de paros ni barricadas.
¡Ojo! La petición de tener un área para fumar mariguana es simplemente una charlotada que en ninguna circunstancia puede proceder; sean serios si quieren ser tomados en serio como disidencia.
Pero el punto neurálgico, el que prende las alarmas en los pasillos del poder, es la exigencia de cancelar las elecciones del Consejo General Universitario y limitar la intervención de la FEU. En otras palabras: quitarles el monopolio de la representación. Y eso, para los jefes y jefas universitarios, es inadmisible.
Mientras las pedradas y los empujones manchan el nombre de la UdeG, la rectora general Karla Planter ha optado por la estrategia del silencio. No se presenta a dialogar, no encabeza el proceso, no frena la violencia. Desde su llegada, “La Planter” solo ha servido como la imagen que asiste a reuniones y eventos sociales, pero, en todo este tiempo, usted no va a encontrar UNA situación en la que la primera mujer rectora de la UdeG hubiera destacado por su capacidad de decisión y liderazgo; lo peor, NINGUNO de su equipo ha ocupado el lugar de liderazgo y decisión que la UdeG requiere.
En esta ocasión, parece que la rectora espera que el tiempo, las fiestas patrias o el desgaste natural diluyan la protesta, si es por recomendación estratégica, queda claro que, ¡Su asesor le odia!
Lo extraño es que los choques más fuertes ocurrieron justo en los días en que Planter se ausentó, ¿casualidad o decisión de quien sabia no estaría disponible la rectora? Coincidencia que huele a cálculo: dejar que otros enciendan el fuego para luego presentarse como bombera institucional o la aparición de un “líder” que rescate la situación.
Mientras, el equipo de comunicación externo que apoya a los disidentes a manejado bien las notas en los principales medios de comunicación alertando a la ciudadanía de lo que pasa al interior de la Universidad a la que asisten sus hijos, generando buenas piezas de comunicación visual en redes con mensajes claros y específicos que pueden digerir e indignar los consumidores de TikTok, X, Facebook e Instagram. Logrando en días lo que el viejo sistema de comunicación universitario no ha podido lograr, UN mensaje que permee a nivel social, porque desde sus oficinas, los dirigentes universitarios repantigados creen que la gente común está esperando leer el más reciente comunicado pagado por los “abajo firmantes”, que servirá de indicación de lo que se debe creer y entender.
El saldo es claro: estudiantes golpeados, aulas cerradas, comunidades académicas divididas, puertas de ingreso soldadas y una autoridad que administra comunicados -Muy malitos, por cierto- mientras sus operadores administran golpes y porras —siempre los mismos rostros en escena desde hace años, por cierto—.
La Universidad de Guadalajara enfrenta un espejo incómodo: aquel en el que se refleja como un aparato político que prefiere la represión a la reforma, la simulación a la democracia y la obediencia ciega a la crítica estudiantil… Oiga, ¿ya se dio cuenta de que en toda esta rebatinga la FEU tampoco ha aparecido? Y no me refiero a otro comunicado anodino firmado por la “primera mujer presidenta de la FEU”, yo hablo de esa estructura política de estudiantes que defiendan sus procesos por democráticos y transparentes, y den la cara por sus líderes que saben que los representan.
¡Bueno! Hasta los centros universitarios tienen que ser defendidos por grupos externos porque los flamantes “rectores” carecen de equipo que les respalde. Lo bueno es que la disidencia avisa con tiempo sus manifestaciones; si atacaran al mismo tiempo, se quedarían con varios centros universitarios, pues los rectores no alcanzan a defender ni su oficina. ¿O será que las manifestaciones están muy bien ordenadas en tiempo y lugar desde dentro de la misma UdeG para propiciar la aparición de un “líder” solucionador?
Las siguientes semanas serán importantes en esta historia, porque lo que está en juego no es solo un proceso electoral universitario, sino la credibilidad de una institución que presume autonomía, pero se comporta como un feudo… Donde cada vez es más recurrente escuchar: ¡Qué falta nos hace Raúl!
En X @DEPACHECOS
Pentágono revela el primer diseño del “Golden Dome”, escudo antimisiles de 175 mil millones de dólares
¿Se acabó la estabilidad en la UdeG?
Andrés López Beltrán niega haber solicitado amparo ante supuesta orden de aprehensión
Exige PRI catalogar como terroristas a grupos criminales que operan en México
