Opinión, por Pedro Vargas //

Desde hace muchos años, en nuestro país se habla de que debería existir un mecanismo eficiente para que los servidores públicos que no resultan competentes para las funciones que se les asigna, de acuerdo al nombramiento que se les otorgó, sean removidos de su cargo.

No obstante que en varios países se adoptó ese sistema de remover funcionarios, en México todo ha sido mera ilusión. Los usos y costumbres arraigados en nuestro medio político, en el cual el compadrazgo, el influyentismo, la componenda y el nepotismo, se entretejen y autoprotegen entre sí, ha dado al traste con toda intención de moralizar la administración pública.

Lo anterior se ve con innumerables ejemplos tanto en los ámbitos federal, como el estatal y desde luego en el municipal, incluyendo en tales esferas a los organismos descentralizados y aún a los modernos dizque “ciudadanizados”, que en realidad son mosaicos de la repartición impúdica que los partidos políticos llevan a cabo, por medio de cuotas, cuando se integran tales organismos.

No debemos confundir la remoción de funcionarios públicos con las renuncias o ceses de tales servidores gubernamentales. Cuando por algún motivo, a veces ni siquiera justificado, cae en desgracia un empleado de la administración, toman los superiores de tal burócrata la determinación de “cesarlo”. Es decir, lo destituyen de su puesto, o como dice el pueblo,” lo corren” con cajas destempladas.

En otras ocasiones, el funcionario que es muy criticado o tiene resultados deficientes en su encargo, es obligado a renunciar. Las causas suelen ser, ya porque él mismo evalúa insostenible su posición, o porque sus superiores lo constriñen a dejar el destino.

Una medida intermedia es “enrocar” al subalterno, quitándolo del cargo en que se desempeña, para traer a otro funcionario, de la confianza del jefe, y solo intercambiar de lugar a cada uno de ellos. En estos casos, lo normal es que uno de esos funcionarios, por lo general ineptos o insostenibles en su posición, como gozan de la protección del jefe, reciben el comedido trato de no ser despedidos sino reubicados. El mal no se aniquila, solo se traspone.

La remoción es algo muy diferente a lo anterior. Diversos ordenamientos legales, así como estudiosos de derecho público, de muchas naciones, precisan que remoción es el acto administrativo de interrupción o privación definitiva de la designación o nombramiento (para un cargo o empleo) realizado por una entidad o funcionario competente. Ese individuo que se remueve, recibió en su favor ese nombramiento, pero al incurrir en determinadas faltas u omisiones, se procede legalmente a deponerlo de esa responsabilidad.

Lo anterior se ha puesto a debate en organismos ciudadanos y por candidatos en campaña. Para ello hay muchos asuntos, pero el tema del agua y su escasez en Jalisco, particularmente en el Área Metropolitana de Guadalajara, es elocuente. Las asociaciones que aglutinan centenares de habitantes citadinos, han venido protestando en cascada por esa penuria del vital líquido, y ante la nula respuesta de las autoridades de la materia, exigen la destitución de éstas.

Como ejemplo tomemos el caso de varias colonias del área conurbada de la capital de Jalisco, las cuales habiéndose visto afectadas en grado sumo por la sequía, convocaron la semana pasada a un mitin, con objetivo de pedir la dimisión del director del SIAPA (Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado), del responsable de la Comisión Nacional del Agua en la Entidad (CONAGUA) y el secretario del Medio Ambiente del Estado (SEMADES).

Pero resulta que según el dirigente de uno de esos grupos de indignados activistas, (Jaime Aldrete), algunos candidatos del partido “Hagamos”, asistieron a la reunión (sin ser invitados) y se “agandallaron” las peticiones. Al respecto dice el reportero del medio informativo Pagina 24 (Rafael Hernández G.) que el citado líder expresó: “Que incongruente que la diputada Mara Robles pida la renuncia del director del SIAPA por su pésimo trabajo; lo hubiera hecho, cuando era presidenta del Congreso”.

Ese madruguete de Hagamos, al decir del aludido Jaime Aldrete, los hizo suspender su mitin y programarlo para ulterior ocasión. Pero es interesante que una representante popular, ahora también en campaña, solicite la renuncia de varios altos funcionarios públicos, según ella y sus compañeros, por ineptos.

Ante tal situación, surge un planteamiento de otra aspirante a diputada local, la morenista y casi abogada Juncal Solano, quien enarbola entre sus propuestas la remoción de funcionarios públicos, por no desempeñar con eficiencia o con honradez su cargo.

Dice esta joven candidata, que el Congreso del Estado, al que busca llegar, debe crear una comisión y desde luego emitir la legislación correspondiente, para que se dedique a evaluar el actuar de los funcionarios de la administración, tanto estatal como municipal, y en caso de que incumplan su tarea de manera evidente, se les pueda destituir por medio de una especie de veto del poder legislativo, que sería vinculatorio para el superior del servidor público censurado.

La idea es buena, y podría contribuir a mejorar la administración pública, restringir la omnipotencia de los ejecutivos y sobre todo, hacer que los altos funcionarios sean realmente competentes y se dediquen a desempeñar su comisión con eficacia. A la vez se le ganaría relevante batalla a la corrupción, al amiguismo y a la impunidad, lacras que hasta la fecha siguen devaluando nuestra política, desprestigiando a los gobiernos y perjudicando al pueblo.

¿Quiénes son los funcionarios más incompetentes del Gobierno del Estado y que deberían ser removidos de sus cargos? ¿Serán los titulares del servicio de operación y gestión del agua? ¿Serán los de la Fiscalía y seguridad pública? ¿Serán los asesores del Ejecutivo?