OPINIÓN
Revocación
Opinión, Por Luis Manuel Robles Naya //
El proceso de revocación de mandato que señala la Constitución General de la República en su artículo 35 ha iniciado con las primeras disposiciones emitidas por el Instituto Nacional Electoral. A nadie escapa que el presidente está obsesionado por la realización de este ejercicio democrático y con él, introducir las consultas populares y la revocación de mandato para impulsar, aparentemente, la instalación de una democracia participativa, que tiene más visos de democracia plebiscitaria, en un régimen constitucionalmente representativo como es el nuestro.
Deseoso, subrayo, aparentemente, de crear precedentes, se ha empeñado en realizar el ejercicio de revocación de mandato, introducido por él en nuestra constitución. De nada han servido las consideraciones sobre el alto costo del proceso, de la inutilidad del ejercicio o más importante aún, las consecuencias sobre la estabilidad política de la nación, porque no tenemos los mecanismos parlamentarios para, en su caso, hacer una designación del sustituto sin caer en un periodo de inestabilidad, de consecuencias funestas.
Sin duda este último escenario no está en la mente del gobernante, pues él sabe con certeza, que sus márgenes de aprobación son altos. Conoce las críticas y la inconformidad existente sobre algunas decisiones que ha tomado, pero no puede asumir, por la popularidad que lo acompaña, que estas manifestaciones sean suficientes para que proceda la revocación.
Lo curioso y paradójico de esta situación es que sea el propio presidente, consciente de su popularidad, el que desea se lleve a cabo un proceso de revocación de mandato, diseñado para que sea al revés, para que los inconformes con su gobierno lo propongan. Con su fuerza en el poder legislativo ya logró que la pregunta revocatoria se convierta en una ratificación y además, que se apruebe el presupuesto de 3,830 millones de pesos para que el INE pueda organizar y controlar el desarrollo del proceso.
A este cifra, debe sumarse lo que costará a su partido, movilizar a sus militantes para recabar las firmas, 3% del listado nominal, que soliciten la revocación en cuando menos 17 estados y en cada uno de ellos debe corresponder al 3% del número de personas inscritas en la lista nominal de la entidad.
Es kafkiano que se promueva un recurso para la ratificación del mandato que 30 millones de mexicanos le dieron para que condujera al país por 6 años, y que esto lo haga a sabiendas de que el 60 por ciento de los mexicanos están de acuerdo con su gobierno. Solo puede entenderse como un costoso gusto para verse reflejado en el espejo de su propia popularidad.
Y es paradójico que para promover la democracia participativa tenga que movilizar a su partido, representativo, para organizar a la sociedad y hacer posible el ejercicio. Por otra parte, la reacción de la oposición es cuando menos irónica, cuando no jocosa, pues siendo la fuerza política que pudiera solicitar la revocación se manifiesta por la no realización y solicita se declare inconstitucional la ley reglamentaria, llamando a la ciudadanía a no votar.
El mundo al revés, como patos tirándole a las escopetas. En la política mexicana lo absurdo y aparentemente inexplicable, siempre tiene una explicación e invariablemente tiene que ver con la lucha por el poder.
Detrás del ejercicio narcisista del presidente y su gasto exorbitante está el posicionamiento electoral para los comicios siguientes en 2022 para renovar gubernaturas y 2024 para su propia sucesión, en la que va la continuidad de su proyecto de nación, y por ende, cualquier costo económico es barato.
Para la oposición va en juego su propia supervivencia. Una derrota amplia en la revocación de mandato dejaría la percepción de una debilidad insuperable, de una incapacidad orgánica de estructurarse como una verdadera oposición y no solo como expresiones de descontento.
Finalmente, la intención presidencial de introducir la democracia participativa sería posible por la desarticulación de los partidos, hoy “moralmente derrotados”, aunque esta utopía presidencial no pase de ser eso, un utópico deseo ante una sociedad cuyas costumbres y cultura democrática no han logrado superar el molde del autoritarismo y paternalismo creado por el PRI. En mucho así se explica la irrupción de MORENA como fuerza política dominante en una sociedad en la que la democratización del sistema político no tuvo la correspondencia necesaria en la lucha contra la desigualdad.
Crecimos en el perfeccionamiento de los procesos democráticos sin modificar las costumbres, creímos que desplazar al partido hegemónico sería suficiente para escalar a la madurez democrática, pero no llegamos a modificar la cultura clientelar y paternalista heredada, aún con plena vigencia en la ciudadanía. De ahí deviene la aceptación popular que hace inocuo el proceso de revocación e inane la pálida actitud opositora.
Todo se reduce al simple posicionamiento electoral, la lucha por el poder, en la que poco importa la cultura democrática. Cambiamos para que todo siga igual, porque en su mayoría la ciudadanía no está lista para dejar la cultura del asistencialismo gubernamental, y los partidos tampoco, cada vez más vacíos de principios y más sobrados de intereses particulares.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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