OPINIÓN
Revocación de mandato
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
Votar o no votar, esa es la cuestión. Parodiando el dilema shakesperiano, es una pregunta que se ha vuelto frecuente en redes sociales y en tertulias familiares y de amigos. El sí o el no, se han convertido en el tópico sin que la discusión derive hacia el fondo de la obstinación presidencial para que el ejercicio se realice.
Es paradójico que sea el propio presidente de la República y su partido los que lo promuevan y hasta hayan logrado modificar la ley para poder hacerlo, sin que se constituya en una violación a las normas establecidas para el caso. También es que lo han convertido no en un ejercicio de revocación de mandato, sino en una campaña electoral para reelegir a quien ya fue electo y que tiene el mandato expreso de continuar hasta el término.
Presentado a la sociedad como un ejercicio de democracia participativa, al proponerlo y lograr la modificación constitucional y la promulgación de la ley respectiva, el presidente se dio un balazo en el pie, específicamente al agregar en la ley reglamentaria la pregunta que lleva explicita la ratificación. Concebido solo como revocación, los requisitos de validez, como el 40% de participación para que fuera vinculante, eran razonables, más allá de las inconveniencias de la sustitución del presidente en caso de proceder, pero añadida la ratificación, los números necesariamente evidenciarán un retroceso en el apoyo popular a su gobierno.
Tardíamente se ha dado cuenta el presidente de tal riesgo y por ello su empeño en descalificar al INE, alguien tiene que ser culpable de que no pueda repetir los 30 millones de votos que le dieron el triunfo; y por ello también su insistencia en que se modifique la ley, como ya lo hicieron, para que desde el gobierno se pueda promover la participación y hacer propaganda a favor de la ratificación del mandatario.
Así, el ejercicio de revocación de mandato ha pasado a ser una campaña electoral en forma, solo qué, sin que la oposición tenga acceso a financiamiento y publicidad gratuita. Para el presidente es importante mantener los niveles de aceptación que le han permitido hacer el gobierno autocrático en curso y por ello requiere que haya una gran participación, mayor al 60 por ciento y obtener la cantidad de votos equiparable a la que le dio el triunfo electoral, sin embargo, veamos números.
La encuesta publicada el 3 de marzo por El Financiero sobre la consulta, arroja que un 42% la considera necesaria, y 52% dice no ser necesaria, y a la pregunta fraseada como “Si hoy hubiera una consulta de revocación de mandato al presidente López Obrador, ¿usted como votaría?” las respuestas fueron; un 52%, que continúe en el cargo y un 42% que no continúe.
Vale hacer notar que el apoyo a la continuidad ha disminuido, desde un 60% en junio de 2019, a un 52 obtenido en febrero de 2022 y muestra un progresivo descenso desde el pico máximo de 70% de aprobación obtenido en diciembre de 2019.
El mismo sondeo indica que la participación probable en el proceso de revocación fluctúa entre un 18 y un 27%. El presidente necesita más que eso para evidenciar que su gobierno no va a la baja y de confirmarse esta aproximación estadística, la votación por la que se refrendaría su permanencia sería notoriamente inferior a la alcanzada en la elección constitucional.
En este escenario, que seguramente no desconoce el presidente, ya tiene la excusa y al culpable, y será el INE el responsable de no haber colocado el número suficiente de casillas para que los partidarios de la 4T se expresaran, y será eso, no la desaprobación a su gobierno, o al desprecio al proceso, lo que le propine el golpe mayor a su administración.
Ni él, ni su corte legislativa se dieron cuenta que al incluir la ratificación llevaban implícita la posibilidad de que no se refrendara la votación que los llevó al poder y que cualquier resultado indicaría merma, seguramente obnubilados por el engaño seductor de las encuestas
No es solo la prospección estadística realizada la que hace inútil llevar a cabo el discutido proceso de votación, sino que también son los números, los que obligan a calificarlo como el mayor autogol que se haya propinado la actual administración.
El discurso presidencial, su narrativa, sin duda ha polarizado el ambiente político y social y un ejercicio de esta naturaleza en el momento actual, serviría de catarsis para todos aquellos que han radicalizado su aversión a las políticas públicas del régimen, pero si dejaran atrás la reacción visceral, se darían cuenta que hacen más daño si no participan que expresando su coraje en un voto negativo irrelevante.
La habilidad comunicativa y política del presidente, seguramente convertirá lo adverso en oportunidad para obtener ganancias de la derrota, porque aunque gane la votación pierde, pero hará falta algo más que retórica para sostener la imagen de un gobierno que evidencia su incapacidad y depende precariamente de los militares para sus funciones sustanciales.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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