OPINIÓN
Revocación de mandato

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
Votar o no votar, esa es la cuestión. Parodiando el dilema shakesperiano, es una pregunta que se ha vuelto frecuente en redes sociales y en tertulias familiares y de amigos. El sí o el no, se han convertido en el tópico sin que la discusión derive hacia el fondo de la obstinación presidencial para que el ejercicio se realice.
Es paradójico que sea el propio presidente de la República y su partido los que lo promuevan y hasta hayan logrado modificar la ley para poder hacerlo, sin que se constituya en una violación a las normas establecidas para el caso. También es que lo han convertido no en un ejercicio de revocación de mandato, sino en una campaña electoral para reelegir a quien ya fue electo y que tiene el mandato expreso de continuar hasta el término.
Presentado a la sociedad como un ejercicio de democracia participativa, al proponerlo y lograr la modificación constitucional y la promulgación de la ley respectiva, el presidente se dio un balazo en el pie, específicamente al agregar en la ley reglamentaria la pregunta que lleva explicita la ratificación. Concebido solo como revocación, los requisitos de validez, como el 40% de participación para que fuera vinculante, eran razonables, más allá de las inconveniencias de la sustitución del presidente en caso de proceder, pero añadida la ratificación, los números necesariamente evidenciarán un retroceso en el apoyo popular a su gobierno.
Tardíamente se ha dado cuenta el presidente de tal riesgo y por ello su empeño en descalificar al INE, alguien tiene que ser culpable de que no pueda repetir los 30 millones de votos que le dieron el triunfo; y por ello también su insistencia en que se modifique la ley, como ya lo hicieron, para que desde el gobierno se pueda promover la participación y hacer propaganda a favor de la ratificación del mandatario.
Así, el ejercicio de revocación de mandato ha pasado a ser una campaña electoral en forma, solo qué, sin que la oposición tenga acceso a financiamiento y publicidad gratuita. Para el presidente es importante mantener los niveles de aceptación que le han permitido hacer el gobierno autocrático en curso y por ello requiere que haya una gran participación, mayor al 60 por ciento y obtener la cantidad de votos equiparable a la que le dio el triunfo electoral, sin embargo, veamos números.
La encuesta publicada el 3 de marzo por El Financiero sobre la consulta, arroja que un 42% la considera necesaria, y 52% dice no ser necesaria, y a la pregunta fraseada como “Si hoy hubiera una consulta de revocación de mandato al presidente López Obrador, ¿usted como votaría?” las respuestas fueron; un 52%, que continúe en el cargo y un 42% que no continúe.
Vale hacer notar que el apoyo a la continuidad ha disminuido, desde un 60% en junio de 2019, a un 52 obtenido en febrero de 2022 y muestra un progresivo descenso desde el pico máximo de 70% de aprobación obtenido en diciembre de 2019.
El mismo sondeo indica que la participación probable en el proceso de revocación fluctúa entre un 18 y un 27%. El presidente necesita más que eso para evidenciar que su gobierno no va a la baja y de confirmarse esta aproximación estadística, la votación por la que se refrendaría su permanencia sería notoriamente inferior a la alcanzada en la elección constitucional.
En este escenario, que seguramente no desconoce el presidente, ya tiene la excusa y al culpable, y será el INE el responsable de no haber colocado el número suficiente de casillas para que los partidarios de la 4T se expresaran, y será eso, no la desaprobación a su gobierno, o al desprecio al proceso, lo que le propine el golpe mayor a su administración.
Ni él, ni su corte legislativa se dieron cuenta que al incluir la ratificación llevaban implícita la posibilidad de que no se refrendara la votación que los llevó al poder y que cualquier resultado indicaría merma, seguramente obnubilados por el engaño seductor de las encuestas
No es solo la prospección estadística realizada la que hace inútil llevar a cabo el discutido proceso de votación, sino que también son los números, los que obligan a calificarlo como el mayor autogol que se haya propinado la actual administración.
El discurso presidencial, su narrativa, sin duda ha polarizado el ambiente político y social y un ejercicio de esta naturaleza en el momento actual, serviría de catarsis para todos aquellos que han radicalizado su aversión a las políticas públicas del régimen, pero si dejaran atrás la reacción visceral, se darían cuenta que hacen más daño si no participan que expresando su coraje en un voto negativo irrelevante.
La habilidad comunicativa y política del presidente, seguramente convertirá lo adverso en oportunidad para obtener ganancias de la derrota, porque aunque gane la votación pierde, pero hará falta algo más que retórica para sostener la imagen de un gobierno que evidencia su incapacidad y depende precariamente de los militares para sus funciones sustanciales.
JALISCO
A más de 79 mil jaliscienses llega “Yo Jalisco” en 39 municipios

– Por Mario Ávila
Desde su inicio en mayo, las Brigadas “Yo Jalisco” han acercado servicios de salud, asesoría legal y programas sociales a 79 mil 880 personas en 39 municipios del estado, consolidándose como una estrategia integral para reducir desigualdades y atender a comunidades de difícil acceso.
El esfuerzo coordinado entre distintas dependencias estatales ha permitido otorgar más de 39 mil atenciones médicas, 2 mil 962 servicios de la Procuraduría Social, 28 mil 390 trámites del Registro Civil, mil 323 del INEEJAD, 5 mil 344 apoyos del DIF Jalisco y 2 mil 34 refrendos de licencias por parte de la Secretaría de Transporte.
Andrea Blanco Calderón, coordinadora general estratégica de Desarrollo Social, resaltó que las brigadas buscan garantizar el acceso a servicios públicos esenciales, desde la expedición de actas de nacimiento hasta la renovación de licencias de conducir. “Cada persona que participa tiene una meta compartida: reducir la brecha de desigualdad en el acceso a los servicios”, expresó.
Por su parte, Karina Hermosillo Ramírez, coordinadora general de Gestión del Territorio, destacó que el componente de movilidad y conectividad también se fortalece con proyectos como el Plan Carretero Estatal, que en 2025 habrá intervenido 3 mil 500 kilómetros de los más de 4 mil 500 que integran la red estatal.
Entre los nuevos servicios, se anunció la incorporación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), que brindará asesoría jurídica y vinculación laboral. Su titular, Ricardo Barbosa Ascensio, explicó que la dependencia busca acercar la justicia laboral a todos los municipios, especialmente a aquellos que no cuentan con centros de conciliación.
El director del OPD Servicios de Salud Jalisco, Héctor Hugo Bravo Hernández, informó que las brigadas han proporcionado consultas médicas, detecciones de cáncer, pruebas de VIH y sífilis, vacunación, salud bucal y esterilización de mascotas, entre otros servicios.
Asimismo, Héctor Pizano Ramos, procurador Social del Estado, subrayó el valor humano detrás de cada atención brindada: “Cada servicio no solo es un trámite; es una persona que recupera su identidad o una familia que accede a la justicia”, señaló.
El Registro Civil de Jalisco ha expedido 26 mil 370 actas gratuitas, mientras que el INEEJAD ha ofrecido más de mil servicios educativos mediante su “camión escuela”, que permite certificar estudios de primaria y secundaria.
JALISCO
Reforma judicial en Jalisco: Entre la soberbia política y la oportunidad

– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La reforma judicial en Jalisco enfrenta un momento crítico. Las fuerzas políticas, atrapadas en intereses partidistas y sin acuerdos, tienen el desafío de construir un sistema que inspire confianza y certidumbre a los jaliscienses.
La falta de diálogo, la soberbia y las alianzas oportunistas amenazan con repetir errores del pasado, mientras el gobernador Pablo Lemus impulsa un modelo que elimine el reparto político de jueces. ¿Podrán los partidos priorizar la justicia sobre cálculos electorales o seguirán atrapados en los juegos del poder?
RECHAZO CIUDADANO A LA POLITIZACIÓN JUDICIAL
El reciente proceso de reforma judicial federal dejó una lección clara en Jalisco: con una abstención del 92.97% –la segunda más alta del país tras Guanajuato–, los ciudadanos rechazaron enérgicamente la politización del Poder Judicial.
Las reformas impulsadas por Morena a nivel federal, y replicadas en algunos estados, son percibidas como una toma de poder disfrazada de “democratización”. Esta desconfianza ciudadana es un mensaje contundente que la oposición local –Morena, PAN y PRI– parece ignorar al avanzar en una reforma sin consenso amplio, excluyendo a Movimiento Ciudadano (MC), que cuenta con 11 de los 38 escaños en el Congreso del Estado.
Esta exclusión, calificada como un “madruguete” legislativo, ignora la lección del descontento popular y arriesga generar otra reforma fallida, marcada por baja participación y una creciente percepción de control político sobre la justicia.
En marzo, este espacio destacó la oportunidad de una reforma “al estilo Jalisco”, propuesta por el gobernador Pablo Lemus para desterrar el modelo de “cuotas y cuates”. Este enfoque, basado en filtros académicos y ciudadanos, buscaba garantizar una justicia imparcial.
Foros coordinados por el jurista Arturo Zamora, con la participación de universidades, empresarios, organizaciones sociales y ciudadanos, sentaron las bases para un sistema judicial transparente. Sin embargo, la oposición parece desoír este llamado, optando por priorizar intereses políticos sobre el bien común, perpetuando un esquema que compromete la confianza en el Poder Judicial.
LA ALIANZA ANTINATURAL
La coalición opositora en el Congreso –Morena, PAN y PRI– resulta desconcertante por su contradicción. Estos partidos, que en su momento criticaron la reforma judicial federal por su riesgo de politizar la justicia, ahora se alían en Jalisco en un aparente intento de debilitar al gobierno de MC.
¿Qué motiva esta unión? ¿Es un simple malestar con Lemus o un cálculo electoral para erosionar el dominio de MC, que ha consolidado su liderazgo en el estado?
La alianza, lejos de estar motivada por la transparencia o la imparcialidad, parece diseñada para golpear al gobierno estatal, ignorando el llamado de Lemus a una “armonización ciudadana” construida con la colaboración de barras de abogados, universidades y sociedad civil.
El modelo actual del Poder Judicial en Jalisco, dominado por complicidades políticas entre PAN, PRI y MC, es insostenible. Lemus ha reiterado su compromiso para acabar con este sistema de cuotas que pone precio a la justicia, un esquema que ha generado un sentimiento generalizado de desconfianza entre abogados y ciudadanos que interactúan con el Poder Judicial.
Sin embargo, la oposición, al avanzar sin un diálogo inclusivo, perpetúa un sistema que traiciona la confianza ciudadana.
La pregunta es inevitable: ¿realmente están comprometidos Morena, PAN y PRI con una reforma que beneficie a los jaliscienses, o buscan solo un ajuste de cuentas políticas?
Esta unión oportunista no solo contradice sus posturas previas, sino que arriesga el futuro de una justicia imparcial en el estado.
HACIA UNA REFORMA GENUINA
La operación política del gobierno de Jalisco ha mostrado deficiencias. En un Congreso donde ninguna fuerza política cuenta con los 26 votos necesarios para aprobar una reforma constitucional, Lemus ha tenido que intervenir directamente para evitar el estancamiento.
La sociedad jalisciense demanda una reforma moderna, confiable y alejada de elecciones populistas que comprometan la experiencia y profesionalismo judicial.
La oposición tiene en sus manos una oportunidad histórica para construir una justicia al servicio de los ciudadanos, no de grupos de poder que operan como mafias dentro del Poder Judicial.
El gobernador ha propuesto un diálogo abierto, inclusivo y basado en la participación de expertos y ciudadanos. Sin embargo, la rigidez de la oposición amenaza con mantener la parálisis legislativa, atrapada en posiciones maniqueas que priorizan el revanchismo político sobre el interés público.
Los próximos días serán cruciales para alcanzar acuerdos que rompan con el modelo de cuotas, fortalezcan la imparcialidad y respondan al clamor ciudadano por una justicia accesible. Jalisco no puede permitirse otra reforma fallida que profundice la desconfianza en sus instituciones.
UN LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD COLECTIVA
La justicia en Jalisco no puede seguir siendo rehén de intereses partidistas. Morena, PAN, PRI y MC deben dejar atrás la soberbia y abrazar la humildad para construir un diálogo genuino.
La ciudadanía, como verdadero juez de este proceso, espera una reforma que restaure la confianza en el Poder Judicial, no que alimente la percepción de control político. Esta es una oportunidad única para que los partidos trasciendan los juegos del poder y construyan un legado que honre a los jaliscienses.
Que escuchen el mandato de las urnas y trabajen juntos por una justicia accesible, imparcial y libre de componendas. El futuro de Jalisco depende de que esta reforma sea un reflejo de los valores de sus ciudadanos, no de las ambiciones de sus políticos.
JALISCO
Entre el mea culpa y el cálculo: El descuido en Casa Jalisco

– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
En Jalisco la política no se cuece: hierve. La reforma judicial levantó la tapa y escapó el vapor de lo obvio: en Casa Jalisco hubo descuido. Pablo Lemus lo admitió con retraso y promesa: “me meteré personalmente a reconstruir la relación”. Traducción en castellano llano: falló el operador, se enmoheció el diálogo y los números no dan.
En el Congreso solo rige una gramática: 26 votos.
La oposición (Morena, PAN, PRI, Hagamos, Futuro y PT) no los juntan.
El Ejecutivo, menos.
Resultado: “cabildeo” exprés, citas por separado, romería de coordinadores entre Hidalgo 222 y Palacio. No es diálogo; es caza de tres o cuatro voluntades que ajustan una Constitución.
Cuando no hay proyecto, se busca coartada: José Luis Tostado, coordinador de MC, puesto en la picota por el “descuido”. En la coda aparece el secretario de Gobierno, Salvador Zamora. Desde Casa Jalisco matizan: no habrá cabezas… por ahora. Habrá “afinación”. Misma partitura, distinto volumen.
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El Gobierno acepta desconexión con opositores.
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La oposición presume mayoría de maniobra y exige que el Gobernador dé la cara en el Legislativo.
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La IP suplica “no politizar” lo que, por definición, es político: quién nombra, evalúa y disciplina a juezas y jueces.
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La riña real no es la “tómbola” de desempate (cortina de humo), sino el control de filtros, la integración de jurados y sus lealtades.
Conclusión provisoria: la “reforma técnica” huele a reparto fino. No suena a reforma de Estado, sino a ajuste para ganar eficacia… y previsibilidad política.
Los opositores invitan a Lemus al Congreso; mientras, en Casa Jalisco operan en carriles paralelos: reuniones uno a uno, promesas, calendarios, guiños. “No es dividirlos —dicen—; es dar a cada uno su lugar”. Manual conocido: personalizar, fragmentar, diferir el texto. Cuando llegue el proyecto “conciliado”, el espacio para el escrutinio ya habrá cerrado.
Además, dos magistraturas en el alambre. Si el martes no hay designación, la afirmativa ficta ratifica a quienes hoy ocupan el asiento. El reloj —no la razón— es el arma. O amarran ya, o se quedan con lo que hay. Esto no es arquitectura constitucional; es relojería política.
Coparmex y COMCE piden sacar la reforma de la grilla. Comprensible; sin certeza, no hay inversión que resista. Pero “despolitizar” una reforma política es un oxímoron útil. Lo serio sería: minutas públicas; criterios de selección verificables; perfiles y conflictos de interés a la vista; cronograma que no dependa del humor de la mesa. Menos tribuna, más trazabilidad.
El Gobernador acepta el error; no explica su causa. Se dice que hubo disposición; faltó oficio. Y el déficit de oficio se paga caro: se erosiona la confianza entre poderes, se fortalecen los extremos y la ley se vuelve rehén del chantaje de la parálisis. En el pantano, el incentivo deja de ser institucional y se vuelve coyuntural.
Prometen “apretones de tuercas”. En papel: “un solo texto”. En práctica: expediente con zonas grises, diseño de gobernanza bajo llave y dos nombramientos que amarran hoy e hipotecan mañana. Si cierran en corto, saldrá una reforma hecha al tamaño del equilibrio de turno; si abren el proceso, quizá alcance para una reforma que sobreviva gobiernos.
Convertir a Jalisco en el “Silicon Valley mexicano” requiere más que parques y pitch decks: requiere un Poder Judicial independiente, profesional y previsible. El capital tolera impuestos; lo que no tolera es incertidumbre. Y la certeza no nace de tómbolas ni de boletines, sino de reglas claras, procesos públicos y decisiones revisables.
La crisis legislativa obligó a todos a mostrar la mano: el Ejecutivo admitió que perdió el control fino, la oposición evidenció que, sin MC, puede marcar agenda, pero no coronarla, la IP recordó que sin garantías no hay relato de progreso que aguante. Falta lo principal: que la ciudadanía vea, en tiempo real, cómo y por qué se cambiará la justicia que la toca a diario.
La historia enseña que las reformas cocinadas en silencio terminan gritando en los tribunales. Prudencia no es callar: es abrir puertas, encender luces y dejar que la aritmética se escriba con tinta pública. Solo así el mea culpa pasa de pose a corrección. Solo así la reforma será reforma, y no reparto con fecha de caducidad.
En X @DEPACHECOS
NACIONALES
La conquista que no termina

– Opinión, por Miguel Anaya
Siempre me ha parecido curioso que, quinientos treinta y tres años después, sigamos hablando de la Conquista como si hubiera ocurrido ayer, como si Hernán Cortés acabara de desembarcar en Veracruz con la mirada puesta en Tenochtitlán y el corazón lleno de encomiendas. No deja de ser fascinante la capacidad mexicana de contar la historia, no como tragedia, sino como pretexto.
Se nos enseñó que fuimos cruelmente conquistados. Lo aceptamos con un dramatismo casi teatral, como si los pueblos originarios hubieran sido un solo cúmulo de inocencias y los españoles, solamente un ejército de codicia y brutalidad.
Pero la realidad, siempre tan poco romántica, fue más compleja: hubo alianzas, traiciones, intereses, cálculos y, sobre todo, normalidad. La conquista no fue una excepción, fue la regla de una época donde conquistar territorios era tan legítimo como hoy hacer fusiones empresariales o acuerdos comerciales.
El poder siempre ha tenido el mismo rostro, solo cambia sus formas.
Nos empeñamos en sentirnos víctimas eternas. Reclamamos por la Conquista como si estuviéramos esperando una disculpa de los siglos XVI o XVII. Exigimos perdón retroactivo, pero la historia, aunque a veces cruel, no tiene oficina de quejas. Lo único que hace es avanzar, mezclando a vencedores y vencidos hasta que se olvida de qué lado viene cada quién. De esa mezcla —dolorosa, contradictoria, fecunda— nació México.
Porque, aunque duela, México no es lo que quedó de los mexicas, ni lo que impusieron los españoles: es lo que ambos se vieron obligados a inventar. Un país mestizo, con dioses de piedra y vírgenes de yeso, con voces indígenas en el eco del español y una fe que huele a copal y a incienso. Esa es nuestra conquista: haber sobrevivido al choque de mundos sin dejar de ser un poco de ambos.
Lo que llamamos sincretismo no fue solo una mezcla cultural; fue una estrategia de supervivencia. Los pueblos indígenas no desaparecieron: se mimetizaron, aprendieron el idioma del invasor y escondieron a sus dioses detrás de santos. Los españoles no triunfaron del todo: quedaron atrapados en una tierra que los absorbió, que los hizo perder el acento y, en muchos casos, amar más esta tierra que la propia. De esa contradicción nació nuestra identidad: un mestizaje que no se elige, pero que se asume.
A pesar de lo anterior, hay quienes añoran un pasado indígena idealizado, como si los mexicas hubieran sido una comuna perfecta; otros sueñan con una Europa que nunca los reconocerá como su reflejo. Ambos extremos son falsos, pero cómodos en la narrativa: uno ofrece la inocencia, el otro la superioridad.
El mestizaje, en cambio, exige madurez: aceptar que venimos de una violencia, pero también de una creación; de una herida, pero también de una fecundidad.
Quizá lo que más nos cueste reconocer es que seguimos conquistándonos unos a otros, porque así es el mundo, porque así es la humanidad. Los nuevos conquistadores hablan diversos idiomas y prometen inversiones; la riqueza ya no se mide en lingotes, sino en clics, bitcoins y contratos. Las conquistas no se acabaron, se digitalizaron.
Por su parte, México sigue celebrando el Día de la Raza sin saber muy bien qué raza celebra, o marchando por la Independencia confundiéndola con la revolución, porque en el imaginario popular, cabe casi todo. Tal vez esa sea nuestra mayor conquista: haber aprendido a vivir en medio de la contradicción.
No somos víctimas ni victimarios; somos descendientes de ambos. Al final, hay que entender y aceptar nuestro pasado para abandonar la narrativa de la victimización y abrazar el discurso del desarrollo, pues toda nación es el resultado de una conquista: la del tiempo sobre la memoria, la del sistema sobre el individuo, la del extraño que traspasó sus fronteras.
Y si algo nos enseña la historia es que, aun después de la conquista o aun después de la derrota, los pueblos que saben adaptarse y construir una narrativa de progreso se fortalecen.
Así fue con Japón, así fue con Alemania y así puede ser con México.