OPINIÓN
Salud fifí
Por Benjamín Mora //
La renuncia de Germán Martínez, como director general del Seguro Social, abrió la Caja de Pandora de la Cuarta Transformación que coincide con las acusaciones que penden en contra de Carlos Lomelí, súper delegado del Gobierno Federal en Jalisco, por beneficiarse –él o su familia y amigos- con asignaciones directas de contratos millonarios para proveer de medicamentos al gobierno AMLO… ¡La honestidad valiente parece tambalearse!
Nada nuevo yo podría agregar a lo dicho en torno de la determinación de Germán Martínez que no cayera en especulaciones; sin embargo, sí parece denotar algo que sucede al interior del Gobierno Federal que poco a poco podría exhibirse hasta derrumbar el proyecto de nación contenido en la 4T.
Las prioridades definen a las personas al igual que a los gobernantes y, hasta que se demuestre lo contrario, la salud pública no parece no ser prioridad para el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, según se desprende de la carta de renuncia de Germán Martínez.
Los despidos de empleados y el recorte presupuestal en el Seguro Social lo podrían llevar a una parálisis generalizada y muy peligrosa… ¡costosísima en vidas!
En efecto, cientos de pacientes, o quizá miles, están en peligro de morir por la falta de medicamentos y atenciones de especialistas que han sido despedidos u obligados a renunciar, así como por falta de cuidados como el deshacerse de material quirúrgico usado y la falta de acceso a medicamentos obligándolos, incluso, a comprar lo necesario para una operación de emergencia. Todos esos potenciales casos de pacientes muertos deberán contabilizarse a Carlos Urzúa y al Gobierno Federal, si lo siguen tolerando.
Entendámoslo bien, la salud pública no es un asunto de fifís, y menos de fifís en el Seguro Social.
Si la realidad detrás de la renuncia de Germán Martínez es la injerencia de SHCP que manda recortes y ahorros presupuestales para financiar el Tren Maya o el Aeropuerto de Santa Lucía o cualquiera otra ocurrencia, entonces estamos ante un gravísimo problema de prioridades gubernamentales y si así fuese, entonces, por el bien de México, la 4T deberá fracasar.
Andrés Manuel López Obrador ahora está obligado a reconocer, ante los mexicanos, cuáles son las creencias y prioridades que norman su vida. Es la hora de conocer cuál es el yo ideal de López Obrador: El del Tren Maya o el de la Salud Pública.
Pero entendámoslo, México puede seguir sin el Tren Maya pero no sin la salud de su gente, y menos por una decisión que afecta a los más pobres.
Mi padre me insistía en que el único lujo que no me podría jamás darme sería el no saber cuáles son mis valores principales y prioridades de vida, y conculcarlos según soplasen los vientos. A mi entender, en el gobierno de López Obrador no logran conectarse con quienes son y con quienes desean ser recordados; vamos, parece que viven en el caos de lo que aún no logran descifrar: ¿Qué carambas es la Cuarta Transformación? ¿Honestidad, transparencia, austeridad cuando hay casos como la compra de las pipas de Pemex sin concursos y sin cumplir con las especificaciones que dan seguridad, o cuando se inician obras sin estudios de impacto ambiental, o cuando se asignan de forma directa contratos de compra medicamentos a funcionarios públicos, o cuando se recorta personal de salud y se pone en peligro la vida de miles de pacientes?
Tedros Adhanom Ghebreyesus, como director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha reiterado que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”.
Según leo en un artículo de la OMS del 10 de diciembre de 2017, “el derecho a la salud para todas las personas significa que todo el mundo debe tener acceso a los servicios de salud que necesita, cuando y donde los necesite, sin tener que hacer frente a dificultades financieras. Nadie debería enfermar o morir solo porque sea pobre o porque no pueda acceder a los servicios de salud que necesita”. Hoy, por lo recortes y ahorros ordenados por Carlos Urzúa al director general del IMSS, en el gobierno de la Cuarta Transformación no se cumple tal mandato que México tiene por ser signante de la OMS.
Creo que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, debería fijar la posición del gobierno al que sirve frente a los compromisos de México ante la ONU, de cara a los compromisos de la Agenda 2030 en materia de salud.
Es inaceptable la intromisión de la SHCP en asuntos de salud pues ello ha implicado que el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente vaya en detrimento de quienes son derechohabientes del IMSS.
Si las afirmaciones de Germán Martínez fueras ciertas, estamos ante un gravísimo caso de violaciones o la inobservancia de los derechos humanos que pueden implicar graves consecuencias sanitarias para el resto de los mexicanos y mexicanas. La OMS ha referido casos en los que la faltan camas de hospital obliga a dar de alta prematuramente a personas que requieren más días de atención médica, dando lugar a altas tasas de readmisión y, en ocasiones, incluso a defunciones, constituyendo una violación de sus derechos a recibir tratamiento.
Me pregunto si esto es lo que sabe López Obrador del problema del IMSS, el ISSTE o el resto del sistema de Salud Pública.
Estamos ante un problema que, si no se reorienta, podría caer en algo muy cercano a un crimen de lesa humanidad.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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