OPINIÓN
¿Santa Lucía continuará?
Opinión de Héctor Romero Fierro //
El “gran error” de la administración de Manuel Andrés Lopez Obrador MALO, es sin duda la cancelación de la construcción del llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Cíudad de México NAIM. Este importante proyecto fue sustituido por una vil ocurrencia, sin lógica alguna, al considerar que el Aeropuerto Militar de La base de Santa Lucía, podría ser ampliado y utilizado como complemento del actual aeropuerto. Lamentablemente esa ocurrencia, pasó de eso a una premisa de campaña emblemática, pasó de ser un simple estandarte político a una obsesión de MALO.
Sin embargo, no se le ocurrió que una obra de estas requiere miles de estudios previos, (con los que ya contaba el NAIM), y al más puro estilo de la “CuatroT”, el presidente decidió iniciar la obra. Afortunadamente aún los MorenaCo. no han podido meterle mano a fondo al Poder Judicial, y por ende la impartición de justicia es relativamente independiente de los demás Poderes.
En base en esto, un colectivo de ciudadanos libres, interpuso una serie de juicios de amparo contra las obras de construcción del señalado aeropuerto y de la destrucción e inutilización de las obras del NAIM. Este colectivo de ciudadanos, autodenominado en redes sociales como #NoMásDerroches se basa en tres conceptos básicos, pero definitivos para promover 147 Juicios de Amparo, los cuales señalan que el gobierno federal no cuenta con los estudios de impacto ambiental y viabilidad, con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia y los de Seguridad Aérea, requisitos insalvables que debió haber obtenido cualquier promotor de todo tipo de obra antes de su inicio, y que en esta y otras obras del gobierno federal no existen.
Ninguno de los citados juicios de amparo, ha sido resuelto, como erróneamente han difundido varios medios de comunicación, lo que ocurre es que paralelo a la interposición de los amparos, los promoventes de estos, solicitaron la suspensión de los trabajos en dichas obras, por ello, los jueces de distrito se abocaron a tramitar la llamada “suspensión provisional” y posteriormente la “suspensión definitiva”, las cuales tienen como objeto conservar la materia del juicio de amparo, lo cual es procedente cuando, de llevarse adelante los actos que se reclaman, quedaría sin materia el juicio de garantías.
Imagine amigo lector, de que serviría el amparo, si cuando se resolviera el fondo del mismo, el Gobierno Federal ya hubiera acabado de dañar permanentemente esa zona ecológicamente tan sensible, afectando flora y fauna, impacto hídrico (lagos, ríos, aguas subterráneas) y numerosos vestigios arqueológicos que existen en la zona y lo más importante y no sujeto a negociación alguna, la futura seguridad de los millones de pasajeros que tendríamos que utilizar Santa Lucía de concretarse esa pifia. Con la vida de los pasajeros no se juega, y el intentar siquiera construir un aeropuerto internacional sin estudios previos es una soberana estupidez y esto quedó demostrado cuando se tuvo que hacer público que tenían que hacer cambios al proyecto original solo porque no vieron el “Cerro de Paula” ubicado a menos de diez kilómetros de la pista sur del proyecto, ya que solo tiene una altura de 2,625 metros sobre el nivel del mar.
El trámite de esos juicios de amparo ha iniciado y esto ha provocado que a la fecha dicho colectivo #NoMásDerroches, haya obtenido ya, varias “Suspensiones Provisionales” y “Definitivas” en donde se ordenó, por el Poder Judicial, suspender de manera definitiva la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía hasta que se cuenten con todos los permisos y dictámenes que exigen las leyes, pero además preservar las obras ya realizadas en el NAIM. La reacción del presidente, ese que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, fue de ataque, señalando en su show de stand up conocido como “la mañanera”, que los “corruptos” que tenían la construcción en el aeropuerto en Texcoco, están inconformes porque no pudieron concretar la “transa”, pero más bien el molesto es él, e inmediatamente MorenaCo. soltó una jauría de bots para atacar en redes sociales a los integrantes del colectivo #NoMásDerroches.
El presidente solo demostró que además de no conocer la ley está mal asesorado, ya que afirmó que la obra no se detenía, y que los opositores, esos de la mafia del poder, “querían convertir el actual aeropuerto en un nuevo Santa Fe”, situación prácticamente imposible ya que dichos terrenos son propiedad de la federacion y ningún particular podría disponer de ellos, como afirma MALO. Explíquenle que son graves las sanciones por no atender una suspensión. Así mismo el presidente amenazo con dar a conocer los nombres de los promoventes de los amparos, “para que los mexicanos sepan quiénes son y cuáles son sus intereses”.
Esto provocó también, una andanada de ataques masivos contra los integrantes de la Suprema Corte, tanto de ministros como de los jueces de distrito que han concedido esas suspensiones, y se ha prestado para miles de declaraciones por demás improcedentes, una de las grandes maromas para atacar los amparos estuvo en voz de uno de los voceros de MALO que dijo: “ El amparo es para las minorías oprimidas. No contra las mayorías democráticas a favor de las minorías oligárquicas” Ni en las discusiones más profundas en la Maestria o en el Doctorado estudiamos este nuevo concepto que nos recetan los de la “CuatroT”, y yo todavía pensando que cualquiera al que se violentaran sus derechos humanos lo podía interponer.
No será más fácil, que el gobierno federal nos muestre todos y cada uno de los permisos, licencias y autorizaciones necesarias para construir y operar ese aeropuerto y además nos exhiba la evidencia de corrupción por la que dice que canceló el NAIM provocando una multimillonaria pérdida al país, y explique técnicamente el motivo por el que no es viable su terminación ni en manos de la iniciativa privada. Así todo el mundo contento.
Mis respetos a los jueces de distrito y magistrados de colegiados que han otorgado esas suspensiones, y felicitaciones a los que interpusieron los amparos, ya habrá tiempo de sumarse a los de Dos Bocas, apúntenme.
E-mail: hromerof@lgrrabogados.com
Twitter: @hectorromerof2
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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