OPINIÓN
Se deben transformar procedimientos: Las minorías y su trascendencia en México
Opinión, por Pedro Vargas Avalos //
Recientemente se han registrado decisiones trascendentales en diversos aspectos de la vida nacional, los cuales nos acreditan la suma importancia de las minorías, sin olvidar que en toda democracia las mayorías ejercen le rectoría de la república.
Los casos a que nos referimos son tres: a) en la Suprema Corte de Justicia, al declararse constitucional la nueva Ley Eléctrica; b) en el Poder Legislativo Federal, al combinarse las oposiciones y evitar que el partido en el gobierno alcanzara la mayoría calificada, requisito ineludible para modificar la Constitución; c) el ejercicio de Revocación de Mandato presidencial que no logró ser vinculatorio, al no votar el 40% de ciudadanos empadronados.
Lo anterior está relacionado con la representación de las minorías en las Cámaras de diputados y de senadores, que significando una parte de la nación, llega a esos recintos y forma la oposición al gobierno, en nuestro país, del actual régimen denominado de la Cuarta transformación (4T).
Para el notable republicano estadounidense Tomás Jefferson (1743-1826), “La democracia no es más que el gobierno de las masas, donde un 51% de la gente puede lanzar por la borda los derechos del otro 49%”. En este caso estamos ante la dictadura de la mayoría, consecuentemente, de la represión de las minorías.
Nuestro distinguido tribuno, el tapatío Mariano Otero (1817-1850), reflexionando sobre ese tema, concluyó que, si el pueblo se integra por mayorías y minorías, la suma de ambas porciones es el total de la nación; por lo tanto, el destino de la república se debe fraguar por ambas partes, sin olvidar que en democracia, la mayoría es quien dirige.
Resulta palmaria y muy persuasiva la idea del patriota Otero, forjador del juicio de amparo mexicano. Por ello, un perspicaz seguidor suyo, el Lic. Jesús Reyes Heroles (1921-1985), siendo líder del entonces todopoderoso PRI, cristalizó ese proyecto oteriano: A partir de 1962 hubo en el sistema parlamentario mexicano, los representantes de las minorías, que infortunadamente se conocieron como diputados de partido. Hoy son los llamados diputados de representación proporcional.
Decimos infortunadamente, porque no representan partidos sino a la minoría y, en conjunto con los de mayoría, son la representación de todo el pueblo, es decir de la nación entera. Es por ello que debe reformarse el procedimiento para elegir esos diputados, a efecto de que no sean “los de arriba” quienes designen a los que llegarán a ocupar inmerecidamente una curul, sin más méritos que ser amigos o recomendados de las dirigencias partidarias.
Regresando al tema central de nuestro comentario, es decir, la trascendencia de las minorías, enumeramos como cuestión inicial, el reciente caso de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en que declaró, el 7 de abril pasado, la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). En general se trataba de una acción de inconstitucionalidad que iniciaron los senadores de minoría contra esa norma (LIE), misma que otorga respaldos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a las grandes compañías privadas (sobre todo extranjeras) que recibieron en 2013, jugosos tratos, en detrimento de la CFE y de los consumidores mexicanos. Desahogada la sesión de la Corte (compuesta por 11 ministros, uno de ellos su presidente) se sometió a votación, sufragando 4 de ellos a favor y 7 en contra; como para declarar inconstitucional la LIE se requería de 8 votos, triunfó la minoría y la susodicha Ley quedó como constitucional. El acta correspondiente se aprobó por unanimidad y quedó firme aquella catalogación.
Este es un elocuente caso en que la minoría, se significa trascendentalmente en pro del estado de derecho, condición invariable que debe imperar en el país.
El segundo caso que nos induce a meditar sobre el papel de las minorías, es el referente a la iniciativa presidencial para reformar la Constitución, denominada de la reforma eléctrica y del litio. Hubo muchos debates sobre el tema, dividiéndose en dos grandes bandos: los que apoyaban la reforma, con el fin de darle autonomía a la república en el ramo eléctrico, y así derramar beneficios hacia los consumidores; y el otro bando, que con razones y falacias, conservaba la reforma de Enrique Peña Nieto del año 2013, muy favorecedora del sector privado y especialmente de empresas extranjeras.
Se dice que por no haber negociado Morena, esa Iniciativa, no se alcanzó la mayoría calificada que en estos casos exige la Carta Suprema para modificarla. Otros afirman que la tozudez de la oposición, que visceralmente rechazó la reforma, frustró la mencionada iniciativa. Lo cierto es que se votó el domingo 10 de abril reciente, y a favor votaron 275 diputados, en tanto que en contra hubo 223 sufragios: en consecuencia, al no haber mayoría calificada, se rechazó la iniciativa, con lo cual, la minoría impuso su postura de antireforma.
Con el resultado anterior, los oposicionistas festinaron su “triunfo”, aunque la mayoría los tildó de “Traidores de la Patria”. El primer magistrado se sumó a este calificativo y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, señaló a los diputados de oposición “por no pensar en su país sino en el beneficio propio”. Por su lado los patrones y sus guías aplaudieron a esa minoría. En cambio, una encuesta publicada el jueves 21 de abril (Massive Caller) reveló que un 65 % de mexicanos estaban de acuerdo en reputar a los diputados de las minorías como “traidores a la patria”. Y aquí surge la interrogante: para el bien de la república: ¿será correcto conservar esa disposición de la “mayoría calificada” que viene desde el siglo XIX?
Finalmente, en el caso de las consultas revocatorias, en que se exige un 40% de votantes para que sea vinculatoria (obligatoria en sus resultados), al ver como se llevó a cabo la del día 10 de este mes, al no lograr ese porcentaje, no produjo efectos jurídicos pero sí políticos. Esto porque las oposiciones, que por ahora son minorías, prácticamente boicotearon el ejercicio electoral revocatorio y al no lograrse el multicitado 40% de participantes, se sintieron complacidas; por otra parte, al constatar el gobierno que más del 90% del 17 por ciento que acudió a las urnas, apoyaron al presidente para que continuara en el desempeño de su cargo, el mandatario y su partido con sus aliados, se manifestaron contentos.
Paradójicamente, todo mundo al parecer quedó satisfecho de este primer ejercicio de revocación de mandato. Pero evidentemente no es ese su objetivo, por lo cual se requiere sea adecuada la ley que regula estas prácticas democráticas, bajo la idea de que llegaron para quedarse.
La conclusión entonces es que, para mejorar la democracia, el estado derecho y la justicia mexicanas, se necesita legislar para que se purifiquen los procesos en que participan las minorías, comenzando con los diputados y senadores de representación proporcional, y concluyendo con la forma de implementar las reformas constitucionales, así como la realización de los procesos revocatorios. Pero hacer estas adecuaciones, obliga a que se actúe con alturas de miras, con verdadero espíritu democrático y con genuino amor por nuestra Patria, pues de otra manera, se estaría, ahora sí, traicionando a los mexicanos y sus instituciones.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 804: Lo piden los expertos: Una nueva Corte de Justicia sin extremos ideológicos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
Monreal dice sí a la construcción del acueducto de la presa Solís
Piden senadores del PAN y Morena renuncia del auditor superior de Jalisco
Respaldaría Sheinbaum el drenaje profundo pero es responsabilidad estatal y municipal
Jalisco tiene nuevo acelerador lineal para fortalecer la atención contra el cáncer
