JALISCO
SIAPA, un problema político
-Opinión, por Iván Arrazola
El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), que alguna vez fue presentado como un modelo de gobernanza metropolitana, se ha convertido en los últimos meses en el centro de una tormenta política y mediática. Lejos de cumplir con su promesa de ofrecer un servicio eficiente y equitativo, el organismo enfrenta una crisis estructural, financiera y de legitimidad. El deterioro en la calidad del servicio, sumado a decisiones controvertidas y una gestión opaca, ha hecho evidente que el verdadero problema del SIAPA no es solo técnico, sino eminentemente político.
Uno de los puntos más discutidos recientemente fue el aumento en las tarifas del servicio de agua. Aunque la comisión tarifaria propuso inicialmente un alza del 10 %, el Congreso local aprobó finalmente un aumento ligeramente menor, del 9.65 %. Sin embargo, esta decisión no logró satisfacer a la ciudadanía ni a los actores políticos, quienes han cuestionado la pertinencia del incremento en un contexto de deficiencias graves en el servicio.
La polémica se intensificó con la contratación de la comunicadora Eli Castro como asesora técnica, decisión que fue ampliamente criticada no solo por su perfil, considerado inadecuado para el cargo, sino también por la ambigüedad en sus funciones dentro del organismo. La respuesta del director del SIAPA, justificando la contratación como parte de las labores de difusión institucional, no hizo más que alimentar las críticas y reforzar la percepción de que el organismo ha sido capturado por intereses políticos y clientelares.
Como si lo anterior no fuera suficiente, la comisión tarifaria volvió a generar un amplio rechazo al aprobar aumentos de entre 40 % y 200 %. Esta medida generó reacciones inmediatas de diversos actores políticos. La situación financiera del SIAPA es alarmante: una cartera vencida que supera los 18 mil millones de pesos, adeudos por más de 4 mil millones con bancos y proveedores, colonias enteras sin acceso regular al agua, una red obsoleta con miles de habitantes sin conexión, inundaciones recurrentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara, una nómina onerosa y perfiles técnicos cuestionables.
Ante esta situación, el gobernador Pablo Lemus calificó el aumento como “fuera de toda proporción” y pidió revertir la decisión, prometiendo presentar una propuesta de reingeniería. En la misma línea, el presidente municipal de Zapopan declaró: “Definitivamente no podemos irnos a puros tarifazos. Lo que se necesita en el SIAPA es una reestructura total: financiera, administrativa y de infraestructura”. La presidenta de Guadalajara Verónica Delgadillo también exigió una reingeniería profunda del organismo.
Por su parte, diputados de Movimiento Ciudadano y de oposición anunciaron que votarán en contra del incremento cuando llegue la iniciativa al Congreso. El presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez (Morena), fue contundente: “Ni un peso más al SIAPA hasta que saquen la mano todos los políticos. El SIAPA debe de integrarse por verdaderos técnicos”. En la misma sintonía, la alcaldesa de Tlaquepaque afirmó que el organismo “debería devolverle al pueblo lo robado”.
La contradicción más evidente surgió cuando representantes del gobierno estatal y de los municipios de Guadalajara y Zapopan, que votaron a favor del aumento en la comisión tarifaria, después rechazaron públicamente la propuesta. Este viraje socavó la credibilidad de la comisión tarifaria, conformada por representantes de universidades, cámaras empresariales y gobiernos municipales, y cuya decisión fue aprobada por mayoría.
Lo verdaderamente preocupante es que los problemas estructurales del SIAPA —como el desabasto, la mala calidad del agua, las fugas, socavones y fallas en la infraestructura— no se han abordado con responsabilidad ni visión de largo plazo. En lugar de discutir soluciones técnicas basadas en evidencia, el tema se ha transformado en una disputa política con altos costos para la ciudadanía.
Las decisiones se toman desde una lógica de cálculo electoral: nadie quiere asumir el costo político de subir tarifas, pero tampoco hay voluntad de construir consensos para reestructurar el sistema. Los actores políticos prefieren “patear el balón”, hacer declaraciones mediáticas y prometer reformas, pero sin avanzar hacia una solución integral y sostenida.
La incapacidad de los gobiernos y representantes ha quedado en evidencia, al privilegiar intereses políticos por encima del bienestar colectivo. En lugar de funcionar como una entidad técnica especializada, el organismo ha sido convertido en un botín político y en un campo de disputa,
El SIAPA, más que una institución técnica, se ha convertido en un reflejo del fracaso político para gestionar servicios públicos de forma eficiente, transparente y sostenible. La ciudadanía paga las consecuencias de esta irresponsabilidad: con servicios deficientes, tarifas injustas y un sistema de agua colapsado. Mientras no se asuma el problema como lo que es —una crisis política disfrazada de técnica— difícilmente se podrá avanzar hacia soluciones reales. El reto no es solo arreglar el SIAPA, sino recuperar la confianza en las instituciones y devolverle al servicio del agua su carácter público y ciudadano.
MUY APAPACHADO
Como es ya tradicional, Juan Huerta, el líder de la Federación de Trabajadores de Jalisco (FTJ), fue festejado por sus amigos y familiares en la Antigua Hacienda de la Mora, en una tarde muy mexicana con música de mariachi y los platillos elaborados por el Chef Ramón Torres.
EL CALOR DE LA FAMILIA
Juan Huerta recibió el calor de sus familiares en el festejo de su cumpleaños.
ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR
El diputado federal Alfonso Ramírez Cuellar, amigo personal de Juan Huerta, lo acompañó en este día tan especial.
PERSONALIDADES
De pie Arnoldo Rubio, Juan Huerta, la diputada presidenta del Congreso del Estado, Martha Arizmendi y Héctor Pizano. Sentados el diputado local Enrique Velázquez y la diputada federal Nadia Sepúlveda.
MUCHAS FELICITACIONES
El diputado Gustavo Macías Zambrano, Adriana Luna, la regidora Diana González y la diputada local Gaby Cárdenas hicieron acto de presencia para felicitar y festejar a Juan.
SELFIE DE ADRIANA
La gran periodista Adriana Luna con Juan Huerta y la diputada Gaby Cárdenas.
LOS AMIGOS
De izquierda a derecha Gilberto Orozco, Héctor Pizano, Juan Huerta, Tereso Medina y el diputado Miguel de la Rosa.
EL RECIBIMIENTO
El vicecoordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar al llegar a la comida, es recibido por Juan Huerta y Héctor Pizano.
DON RAFAEL YERENA
Los periodistas Luis Fermín Anaya y Adriana Luna con Don Rafael Yerena Zambrano, líder vitalicio de la Federación de Trabajadores de Jalisco.
VÍCTOR HUGO PÉREZ PELAYO
De izquierda a derecha: El diputado local Miguel de la Rosa, Víctor Hugo Pérez Pelayo, la diputada Marta Arizmendi y Emilio Ulloa.
NADIA SEPÚLVEDA
Juan Huerta con Héctor Pizano y la diputada federal Nadia Sepúlveda.
CARLOS MEJÍA VIAJÓ DESDE OAXACA
De izquierda a derecha: Héctor Pizano, diputada federal Nadia Sepúlveda, Tereso Medina, Alfonso Ramírez Cuellar y Carlos Mejía, secretario general de la Federación de Trabajadores de Oaxaca.
CON DON TOÑO ÁLVAREZ
Juan Huerta con la diputada Gaby Cárdenas y Don Antonio Álvarez Esparza.
MARTHA ELIA NARANJO
De izquierda a derecha. Dr. Óscar Garibay Román, Martha Elia Naranjo (secretaria general de la Federación de Fedetjal y el festejado Juan Huerta.
TERESO MEDINA
Felipe Aréchiga, Alfonso Ramírez Cuellar, Juan Huerta y Tereso Medina, líder de la Federación de Trabajadores de Coahuila.
-Opinión, por Gerardo Rico
Hasta el momento siguen sin respuesta las demandas de hace unos días, solo se incrementó en 4% su salario, cuando la petición fue del 20%; siguen sin entregar uniformes; persisten las excesivas jornadas de trabajo -hasta 18 horas al día- en la mayoría de las rutas asignadas no existe un tiempo definido -como lo contempla la ley- y en muchas ocasiones los conductores se quedan sin comer y no pueden ni acudir al baño por los tiempos tan cortos de recorrido de las rutas.
¿Le suena familiar? Se trata de los operadores afiliados al Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Industria de la Construcción y Transporte en General de la República Mexicana (Setict), quienes ratificaron su derecho a huelga y la vigencia de ésta ante la falta de respuesta de las autoridades estatales y empresarios a sus demandas para mejorar el servicio a usuarios, luego del paro de labores que realizaron el pasado 15 de julio en Mi Macro Periférico.
Los inconformes señalan que en la actualidad el sistema de transporte urbano en la zona metropolitana de Guadalajara enfrenta un alarmante déficit de más de 1,800 operadores. Aquellos que sí laboran lo hacen en condiciones que vulneran sus derechos laborales, sin prestaciones como el Seguro Social, Afore, aguinaldo, vacaciones, Infonavit ni reparto de utilidades. Además, muchos trabajan sin días de descanso. Aunque hay algunas empresas que cumplen cuando menos al 80% de las prestaciones.
Cuando se creó el modelo de ruta-empresa -mayo del 2017- en el transporte urbano, se prometió un cambio positivo: conductores mejor remunerados, jornadas laborales más cortas, y más tiempo libre para dedicar a la familia, al estudio o al aprendizaje de nuevos oficios. Se pintó un futuro en el que el trabajo sería digno y compatible con una vida personal plena.
Se afirmó en su momento que esta reestructuración implicaba una transformación a fondo del sistema de transporte público, con la creación de empresas operadoras que asumen la responsabilidad del servicio en rutas específicas. Se enfatizó que el modelo ruta-empresa contribuiría a mejorar la seguridad vial, ya que se esperaba que las empresas operadoras asumieran mayor responsabilidad en la capacitación de conductores y en el mantenimiento de las unidades.
UN DOLOR DE CABEZA
En marzo del 2018 se creó un fideicomiso, con el objetivo de administrar los recursos provenientes de multas por infracciones de tránsito, particularmente las relacionadas con exceso de velocidad y semáforos, detectadas por dispositivos electrónicos. Posteriormente, se modificó para incluir otros fines, como el apoyo a proyectos de movilidad urbana sustentable y subsidios para concesionarios de transporte público que se integren al sistema de ruta-empresa.
Lo cierto es que con el mecanismo de pre pago con tarjeta los recursos van al fideicomiso, lo que para muchos auto transportistas signfica un auténtico monopolio, pues no disponen de dinero en efectivo para las reparaciones de las unidades del transporte urbano, como lo hacían antes. Acusan que la administración del ex gobernador Enrique Alfaro los dejó quebrados ya que es el gobierno el encargado de administrar estos recursos y en muchas ocasiones retrasan el pago correspondiente hasta por cuatro meses o más.
Incluso hay quienes en años no han recibido sus pagos correspondientes al servicio que prestan sus unidades. Las pocas rutas que sobreviven laboran al 50 o en ocasiones hasta al 25% de su capacidad con una gran cantidad de unidades paradas que se resienten en los tiempos de espera de miles de personas que a diario requieren del transporte público en el área conurbada de nuestra ciudad.
Se calcula que antes de la pandemia del Covid 19 circulaban seis mil 300 unidades del transporte urbano, luego de esta emergencia sanitaria lo hacían apenas el 50%, aunque en la actualidad se estima que apenas circula el 65% del total de la flotilla , para poder subsistir. El 35% restante de las rutas, sus dueños determinaron guardarlas y de este modo se ahorran desde el pago de combustible, mantenimiento y sueldo a operadores por el simple hecho de que sus rutas no son rentables o determinaron suprimirlas.
Esto originó que la anterior administración estatal metiera diferentes rutas sin estudios previos y otorgó permisos a empleados del gobierno del Estado, según comentan los transportistas Con el paso de los meses varias rutas desaparecieron, situación que repercute en los usuarios.
Esta deficiente planeación originó otro problema: las autoridades del transporte se cansan de presumir que cuando menos en los últimos siete años no se ha incrementado el costo del pasaje y permanece en 9.50. Sin embargo, dejaron de operar rutas que llevaban de un extremo a otro en la ciudad y actualmente el pasajero de a píe debe pagar dos o tres camiones por persona para llegar a su destino.
Lo que obliga a erogar un promedio de 10 a 15 pasajes a la semana, por persona, con el concebido daño a la economía familiar. Más cuando son tres o más miembros de la familia los que tienen que salir a diario para realizar diferentes actividades.
¿Estamos ante el agotamiento del modelo ruta-empresa?
-De Frente al Poder, por Óscar Ábrego
Fuentes en extremo confiables me compartieron una versión sobre los motivos que hay detrás de los ilegales lineamientos aprobados el pasado 30 de junio por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) y que buscan, entre otros absurdos, impedir la participación de los hombres en municipios como Zapopan, Chapala o Tonalá.
La tenebra que -me aseguran- fue diseñada por un par de “expertos” y algunos operarios del partido Movimiento Ciudadano, tuvo su origen en lo siguiente:
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Todo comienza con varias encuestas, dos de ellas que fueron públicas porque circularon en decenas de chats, y otras en manos de gurús emecistas, en las que detectaron situaciones que vaciaron en un FODA.
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Vieron que en Zapopan no existen –por el momento- cuadros femeninos competitivos por parte de los partidos que pudieran enfrentar con éxito las propuestas de emecé, que son Isaura Amador, Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas, por lo que se obligaba a cerrar el paso a aspirantes del género masculino (en específico a un servidor) porque –de acuerdo a las mediciones que tienen a la vista- se pone en riesgo la continuidad del proyecto que inició en 2015 con Pablo Lemus.
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Y es que la consigna es clara: Zapopan no puede perderse.
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Bajo esta lógica, calcularon que impidiendo la participación de varones en dicho municipio, se daría la posibilidad para que Movimiento Ciudadano, en aras del acomodo paritario, abra las compuertas para que un hombre –Juan José Frangie, por ejemplo- sea su abanderado y así detener la eventual reelección de Verónica Delgadillo, quien no goza de las confianzas del gobernador.
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“¿Por qué no consideraron a Tlajomulco en los lineamientos, si ahí tampoco nunca ha gobernado una mujer?”, le pregunté a mis interlocutores.
“Ah, por lo que simboliza para MC –me respondió uno de ellos-, acuérdate que es la cuna del movimiento y por lo que se ve no hay forma de ganarle a Quirino si decide reelegirse; claro que ahí no se iban a meter porque sería darse un balazo en el pie”.
La charla duró casi tres horas.
Debo apuntar que se trata de personas que aún son bastante cercanas al poder, pero que no les cumplieron promesas que les hicieron en campaña.
Antes de levantarme de la mesa, les aventé esta duda:
-¿Por qué me están contando esto?
-Porque queremos que se sepa la neta, y como vimos que tuviste los güevos para impugnar, nos pareció bien buscarte para platicarte.
Al respecto, no estoy en condiciones para demostrar que es verdad lo que comentaron, sin embargo me hace mucho sentido, de no ser así, ni siquiera les habría dado tiempo escuchando la historia.
Además, sé de voz de personajes del primerísimo nivel naranja, que un acuerdo de esta naturaleza no es imposible, menos a la luz de las evidencias sobre el comportamiento de las cabezas de lo que deberíamos llamar el Instituto Electoral de Movimiento Ciudadano.
Ya he sostenido en este espacio, que derivado del proceso anterior, el IEPC perdió su solvencia profesional, sobre todo al analizar lo ocurrido en los casos de Guadalajara y el Estado.
Pero a partir de que este órgano electoral impulsó y validó una barbaridad inconstitucional como la de aplastar el consagrado derecho “de votar y ser votado” en varios ayuntamientos por el solo hecho de ser hombre, su continuidad se volvió insostenible.
Es decir, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco está condenado a desaparecer de la escena política y social, y con éste, mandar al basurero de la historia a las funcionarias y directivos que se prestaron a una chapuza tan burda.
Es pertinente tomar en cuenta que este instituto enfrenta más de una veintena de impugnaciones, incluidas la de Morena y la mía.
Los autores intelectuales jamás imaginaron que iba a darse una reacción de esta magnitud, puesto que supusieron que nadie iba a tener el valor de dar la cara en un contexto en el que se pretende imponer el término “políticamente incorrecto”.
Por eso quienes operaron esa burrada, de seguro pagarán con el ridículo público cuando sean desechados sus criterios excluyentes.
Así pues, al margen de la reforma electoral federal que se avecina, que contempla el desmantelamiento de los consejos locales, ya podemos comenzar a despedirnos de quienes traicionaron los principios democráticos más elementales.
Digamos adiós al IEMC.
En X: @DeFrentealPoder
*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.
