OPINIÓN
Sobreviviendo al virus, ¿y la salud mental?
Educación, por Isabel Venegas //
Cuando uno llega a un hospital por alguna enfermedad debe ser cuidadoso de no contraer más virus y bacterias de las que llevaba antes de ingresar; se supondría que las clínicas deberían de ser los lugares más purificados que pudiera haber de modo que con el sistema inmunológico trabajando a toda su capacidad por lo que ya se contrajo, no se le pida que además luche en contra de otras tantas enfermedades pendientes por adquirir ahí.
La experiencia depende del tipo de unidad que a cada quien le toque conocer: las policlínicas de la cruz verde, las familiares del ISSSTE o del IMSS, los consultorios privados, los hospitales de especialidad o alta especialidad, etc., desde donde pueden atender los médicos “Simi” hasta las instalaciones del “Puerta de Hierro”, todos tienen esquemas de higiene y pueden ser más menos estrictos para con ello paliar mucho mejor los contagios al interior de su personal y de sus propios pacientes.
Tal vez los estándares de desinfección e higiene debieran de ser más estrictos y universales, de tal forma que la salud de los mexicanos fuera menos costosa en términos de mantener una serie de complicaciones, medicamentos e impactos en la vida cotidiana y productiva, sin embargo sabemos de casos muy graves que han hecho que, incluso bebés y personas que de entrada estaban sanas, perdieran la vida por infecciones contraídas al interior de un hospital.
Lo mismo está sucediendo con la salud mental cuando una pandemia nos obligó a permanecer recluidos en casa por razón de proteger la vida ante el contagio del virus, pero no consideró cuál era el nivel de sanidad que se conservaba al interior de los hogares; niños sufriendo una violencia terrible por parte de sus propios padres, los cuales a su vez estaban fuera de cuadro por la angustia de ver trastocada toda la lógica del pensamiento, incluso aunque no fue necesario ver impactadas las necesidades básicas para que se manifestara un terrible impacto en la ansiedad e histeria.
Para algunos la colectividad quedó reducida a las cuatro paredes en las que cada quien se refugió, para otros la calle fue el espacio al tomar una postura de incredulidad a las autoridades políticas y sanitaria, poniendo en duda los altos niveles de contagio y las probables tasas de mortalidad que varían de país en país, y de región en región.
Los enfrentamientos con policías, las críticas entre vecinos, las miradas y agresiones directas en el supermercado hacían evidente que la crisis de salud mental se incrementa día a día y al parecer no le estamos dando la importancia debida. De seguir así, la recuperación física, estructural y económica difícilmente se va a lograr ya no en un mediano plazo, sino tal vez en un largo y doloroso proceso que tomará muchas vidas más a causa de la internación en psiquiátricos, suicidios o adquisición de mayores niveles de adicción a drogas por la búsqueda de salidas a crisis internas que no encuentran otra forma de ser paliadas.
Es urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto, pero también es necesario que cada uno de nosotros nos hagamos cargo de un episodio en la historia que nos sacó de nuestras zonas de confort y nos obligó a repensar nuestras vidas, sin dejar de observar que para muchos otros no hay esa oportunidad porque es al interior del hogar donde está el tema de la vida y la muerte. Para muchos niños y niñas el abuso sexual viene de un familiar, son los parientes cercanos los que agreden o emiten comentarios lacerantes; para muchísimas mujeres dejar de salir a trabajar significa privarlas de la oportunidad de tener un respiro a relaciones asfixiantes que no tienen salida por diversas situaciones conflictivas.
Es la casa la que se vuelve una prisión en donde se confunde un modo sano de relación y una supervivencia cotidiana, son las grandes paradojas de este momento particular en donde una población ha tenido que aprender a vivir encerrada, haciendo ejercicio, leyendo, estudiando, y en el mejor de los casos averiguando cómo ser más productivo a partir de aprender mediante un curso por internet, nuevas formas de aportar a su entorno. Un confinamiento que se vuelve un infierno si te toca compartir celda con alguien que no apoya esa búsqueda de superación, que se dedica a lastimar, a agredir y limita el crecimiento debido a sus propias carencias. Círculos viciosos que van ampliando su radio y abarcan cada vez más personas.
Lo que en su momento era un castigo digno para alguien que hubiese matado, violado, secuestrado, etc. se volvió la obligación para todos. Entendido como una pena suficiente para dar una lección a quienes cometen delitos, la privación de la libertad es tan significativa como protectora, porque también implicaba la “tranquilidad” para el resto de la sociedad el saber que los delincuentes ya no seguirían perpetrando esas calamidades.
Hoy vivimos la gran paradoja de delincuentes que han tenido que “aprender” a llevar su castigo insertos de nuevo en la sociedad, tratando de asumir que su comportamiento los puede regresar en cualquier momento a la vida de cárcel, al mismo tiempo que un sector de la sociedad se encuentra privada de su libertad, entendiendo también que con ello colabora en medio de una crisis sanitaria que no termina por explicar bien su lógica, sus tiempos, ni sus dimensiones.
Llama mucho la atención que ante una situación de esta magnitud, y tratando de encontrar nuevos modos de trabajo a distancia, la mayoría de los trabajos de oficina, los administrativos, los educadores, etc. han podido implementar grandes esfuerzos por avanzar en mecánicas que aportan lecciones enriquecedoras, sin embargo en el tema de la tutoría emocional o la terapia psicológica, parece que se mantiene una gran resistencia a ser atendido apoyados en la tecnología. Muchas personas siguen esperando a que “esto pase” para que poder visitar a su terapeuta, algunos gobiernos han decidido posponer los planes de ayuda a sectores vulnerables en ese sentido, y las casas de protección a mujeres y niños violentados siguen sin ser uno de los faros de atención gubernamental, son pocos los casos que han entendido y atendido esta grave situación.
El pasado 20 de mayo se conmemoró el Día del psicólogo, y no quiero dejar pasar la ocasión para enviar mi más sincera felicitación a todos aquellos que a pesar de la adversidad, con pocos recursos y siendo también un sector altamente afectado, prestan sus servicios a través de redes de apoyo para salvaguardar lo que grandes pensadores han definido como lo más valioso de todo: la paz interior, la salud mental.
Felicitación también para todos los estudiantes en este 23 de mayo, año que recordarán para todas sus vidas, con la esperanza de que en las siguientes pandemias y enfermedades, tengamos mejores maneras de atender este tipo de emergencias, y que estemos más preparados para no dejar de aprender, de disfrutar y de crecer a pesar de esas nuevas circunstancias.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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