OPINIÓN
Suspende juez ley de energía eléctrica: AMLO y los reveses energéticos
Comuna México, por Benjamín Mora //
Desde sus inicios políticos, en el Revolucionario Institucional, Andrés Manuel López Obrador se ha mostrado como un hombre de enormes corajes hacia la vida; es un hombre de profundas contradicciones entre su sentir, pensar, decir y actuar. Es el más acabado mal ejemplo de una personalidad esquizoide.
Sin mayor razón jurídica que la de querer imponernos sus caprichos más aberrantes por ser el presidente de México, presentó su iniciativa de Reforma Energética, adolescente de motivos y fundamentos constitucionales, violando nuestra Ley Suprema. Así, hoy tenemos a un presidente anticonstitucional y no a quien sería deseable: El presidente constitucional de México.
Su juramento de cumplir y hacer cumplir nuestra Carta Magna y las leyes –y tratados internacionales- que de ella emanen, ha muerto y se ha dedicado a violentar toda norma jurídica. En su iniciativa de reforma energética, se olvidó o despreció el mandato de cuidar y garantizar “un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar” a todos y cada uno de nosotros, como se lo ordena el Artículo 4º constitucional.
Gravísimo atrevimiento que va en contra de nuestro bienestar y salud como personas. Para AMLO, sus ocurrencias están por encima de todos y todas, y cada uno de quienes es solamente su mandatario y no el mandante. Creo, Andrés Manuel López Obrador está a nada de ser llevado a juicio ante un tribunal internacional por crímenes ambientales.
El presidente, al anteponer a la Comisión Federal de Electricidad, con todos sus rezagos tecnológicos, al logro de un desarrollo sustentable de México, violenta el espíritu del Artículo 25 constitucional. Esto no es un asunto menor pues nos muestra cuáles son las prioridades del presidente, su Cuarta Transformación y Morena con sus partidos aliados; en ellas no estamos los ciudadanos… ni México ante el mundo… ni México ante sí mismo.
En su gobierno el imperio del interés público y social en la procuración de un medio ambiente limpio y sano no cabe, y él le sobra tener una ley como la Federal de Protección al Ambiente. López Obrador sabe que mal conduce a un gobierno incapaz e impreparado para conducir a mejores estadios a México. Se sabe pobre de entendimiento del arte de gobernar y por ello va de ocurrencia en ocurrencia. Nuestra seguridad ambiental y sobrevivencia es menos importante que mantener las ineficiencias de Bartlett ante la CFE, otorgándole ventajas competitivas que nos dañan a todos y ni él aprovecha para mejorar.
Por resolución del juez segundo de distrito especializado en competencia económica de la Ciudad de México, la recién aprobada en materia energética de López Obrador, ha quedado suspendida temporalmente, beneficiando a todas las empresas participantes en el mercado eléctrico mayorista.
Esta suspensión esperará a que –el 18 de marzo- el juez determine si otorga la suspensión definitiva, cuando resuelva el fondo del caso. Sea como fuere, este asunto ya es del interés mundial y en él queda mal nuestro país como destino de inversiones privadas.
Por su parte, organizaciones ambientalistas están prestas a presentar sendos amparos para impugnar la Ley de Energía Eléctrica recién –muy recientemente aprobada- por el Senado de la hoy Anti-República. Con AMLO corremos a ser una república central en vez de lo que somos, una república federal. A nuestro presidente juarista le gusta más el estilo centralista de Franco y Pinochet, o de sus amigos dictadores sudamericanos.
AMLO es terco y lo reconoce. Desde 2019, sus reveses energéticos han sido evidentes y reiterativos. No ha ganado uno solo de los amparos de empresas y organizaciones ambientalistas que se han enfrentado a su secretaria de Energía. Y así será mientras no entienda que la Ley está por encima de él mismo.
Bien decía Alexander Pope: “Una persona terca no tiene opiniones, éstas lo tienen a él”. Andrés Manuel López Obrador cae, un día sí al otro vuelve a tropezar, en la trampa mortal de su testarudez. No cambia de opinión, aunque todo demuestre que la razón jamás lo acompaña. Sus cifras y razones son otras y no coinciden con la realidad. Vive en sus fantasías. Es un hombre que se quedó en los Cuentos de Cachirulo que de niños vimos los domingos en televisión.
En la pequeñez de entendimiento pejista, el mundo, la vida, la historia y la economía solo se interpretan desde sus pareceres. Para el Peje-sidente, cualquier significado que otros den a los eventos que nos definen como patria y nación, están equivocados y pertenecen a los enemigos de la patria, a los conservadores, a los neoliberales. En Andrés Manuel López Obrador no cabe la flexibilidad mental.
AMLO tiene en sus chairos a quienes serían capaces de resguardarlo emocionalmente de la derrota que podría tener en este 2021. AMLO me recuerda a Hiroo Onoda, el oficial de inteligencia del Ejército Imperial Japonés que vivió escondido en la selva filipina durante 29 años después de terminar la Segunda Guerra Mundial, convencido de que la guerra seguía viva. AMLO sigue en su campaña presidencial y no entiende que aquella ya terminó.
Recuerdo a Federico Nietzsche cuando, al hablar de los testarudos, nos dice que “… pocos muestran la misma terquedad a la hora de lograr sus metas”. México se rezaga ante el mundo y, especialmente, ante sus socios comerciales de la América del Norte, y así seguirá hasta el fin de sus días pues no es de resultados. Por ello siempre culpa a otros.
En fin, seguiremos con AMLO algunos años más. Aquellos que la Constitución le otorga y nos condena. Mientras termina este martirio, sigamos luchando desde la ley a quien desobedece y violenta la Ley Suprema.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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