OPINIÓN
Teocaltiche: La punta del iceberg
Opinión, por Iván Arrazola //
Una sensación de profunda preocupación se cierne sobre los municipios del país, sobre todo los de aquellos municipios que colindan con estados con altos grados de violencia, como son los estados de Zacatecas, Michoacán y Nayarit, que se han convertido en lugares en los que la seguridad no está garantizada.
Ahora el epicentro es Teocaltiche, el municipio alteño que en los últimos siete años ha sido intervenido tres veces por las fuerzas estatales y federales. En esta ocasión la comisaría del municipio fue intervenida para revisar que el personal operativo cuente con el Certificado Único Policial e inspeccionar el armamento de los oficiales y su respectiva portación. El municipio es foco de atención por el asesinato de dos oficiales en fechas recientes, y por el asesinato de siete personas el 15 de septiembre, estas personas eran agricultores que se negaron a pagar derecho de piso por lo que fueron asesinadas.
El escenario es desolador, no hay paz ni para los pobladores, ni por las fuerzas del orden, todos viven bajo el acecho de los grupos del crimen organizado. Los operativos de las fuerzas de seguridad estatales y federales ayudaron a desmantelar tres centros de monitoreo a través de los cuales dichos grupos podían detectar cualquier movimiento en la zona. Algunas de las preguntas que surgen son: ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto? ¿En manos de quién se encuentra la seguridad en los municipios?, pero sobre todo ¿qué sucederá después de que se retiren las fuerzas de seguridad del municipio?
No por nada, Teocaltiche forma parte del llamado “triángulo del terror”, conformado por los municipios de Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno, este último municipio desaparecieron cinco jóvenes y posteriormente se difundieron imágenes aterradoras de cómo los miembros del crimen organizado obligaban a los jóvenes a asesinarse entre ellos
El municipio es el eslabón más débil del precario federalismo mexicano, más de dos mil policías municipales han sido asesinados en todo el país en lo que va del sexenio, hasta el 2023 sesenta y cinco autoridades municipales, entre presidentes municipales, regidores y síndicos han sido asesinados.
Es difícil explicar lo que ha pasado en México a nivel local, pero resulta sumamente inquietante observar imágenes en las cuales los presidentes municipales son asesinados o secuestrados sin que nada se pueda hacer, como ocurrió en el caso de la masacre de San Miguel Totolapan, o cómo las autoridades municipales pueden ser infiltradas por el crimen organizado, como sucedió en el municipio de Iguala donde un grupo delincuencial en conjunto con la policía municipal, participaron en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
La proliferación de grupos del crimen organizado, que se calculan en más de ciento cincuenta en todo el territorio, llenan el paisaje de un México ensangrentado, de un México que vive en la zozobra, mientras más alejado esté el municipio de las zonas urbanas o su ubicación se encuentre en un área de alta confrontación, la posibilidad de que las autoridades municipales estén controladas por el crimen organizado aumenta.
Prácticamente todas las fuerzas políticas de este país le han apostado a la militarización de la seguridad pública en detrimento de las fuerzas locales. Las fuerzas federales en cada oportunidad han tratado de debilitar a las fuerzas de seguridad local, el extremo se ha dado durante el sexenio de López Obrador, quien eliminó un apoyo por cinco mil millones de pesos que se otorgaba anualmente a las fuerzas de seguridad locales, a través del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad.
Con la creación de la Guardia Nacional se condenó prácticamente a todos los municipios del país a hacer frente con sus propios recursos al crimen organizado y los resultados saltan a la vista, prácticamente todos los municipios cuando tienen problemas de seguridad, tienen que pedir ayuda de las fuerzas federales, las cuales realizan una labor de disuasión y posteriormente dejan al territorio a su suerte. Ante esta situación las autoridades locales optan por solicitar que otro nivel de gobierno se haga cargo de la seguridad en el municipio, o ponen a un militar al frente de la seguridad esperando con ello obtener mejores resultados.
Resulta paradójico que ante los problemas tan particulares de seguridad que vive cada región, y que son precisamente las autoridades municipales las que mejor conocen el escenario del municipio, las autoridades estatales, pero sobre todo las federales, opten por debilitarlas y centralizar esta labor, la estrategia centralizadora lejos de ayudar a hacer más eficiente la labor de las fuerzas de seguridad ha hecho de la violencia un problema incontenible.
Los resultados para detener la violencia están a la vista, un país fragmentado, una autoridad acorralada y grupos del crimen organizado aprovechándose de la debilidad estatal para operar con toda libertad, quien padece las consecuencias de esta estrategia de seguridad errática es la población, sometida a extorsiones, secuestros y robos. El ejemplo de Teocaltiche ilustra cómo es que en el territorio mexicano se ha construido un Estado paralelo, mucho más eficiente para vigilar e infundir temor y miedo en la población, mientras la autoridad gubernamental se empeña en señalar que no cambiará la estrategia “porque está dando resultados”, la construcción de un nuevo Estado al servicio del crimen organizado sigue en construcción y Teocaltiche puede ser la punta del iceberg.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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