OPINIÓN
Tres años de mal en peor
Tercera Instancia, por Modesto Barros González //
El próximo miércoles se cumplirán tres años de asumir al cargo de Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, y pareciera que no ha podido o querido cumplir con los compromisos externados a todos los mexicanos.
Entre los compromisos que se recuerdan que hizo fue el de los medicamentos y atención a la salud de la población en general.
Por lo visto el Presidente ha dicho que sigue preocupado por los constantes reclamos que le hacen familiares de niños con cáncer y hace tres años dijo que el servicio de salud va a estar funcionando como en Dinamarca, en Canadá y como el Reino Unido, pero por desgracia estamos muy lejos de acercarse en poco.
Los resultados en materia de seguridad pública, cada vez se complica más y los actos criminales no disminuyen, además de estar dando palos de siego con las supuestas “estrategias” policiales y militares que se implementas constantemente, mientras los arrestos y esclarecimientos de los delitos que se cometen por casi toda la república.
En materia de tranquilizar a la población y a los empresarios principalmente, se han disparado las alertas en torno a imposiciones y decisiones presuntamente arbitrarias, sin tomar en cuenta los daños y perjuicios que se puedan registrar contra particulares y hasta otras dependencias.
Hace unos días anunció el ordenamiento judicial que todavía está a discusión en torno a que casi por ningún motivo se suspendan obras públicas y otras acciones que perjudicarían la culminación de construcciones que han sido ordenadas por el propio Primer Mandatario de País, sin dejar opción a afectados o presuntos inconformes con los proyectos, que por cierto poco se ha dicho de los mismos y cuánto se lleva gastado y el costo total que se tendrá.
Tal pareciera que sin ser escuchados y vencidos en tribunal alguno, los afectados o inconformes no podrían a la protección de la justicia federal, como tanto dicen nuestras leyes y reglamentos vigentes.
Con el argumento de que esas obras que lleva a cabo o que ordena el actual gobierno de la llamada 4T (cuarta transformación), de que tienen el eterno manto protector por ser prioritarias y de Seguridad Nacional.
El acuerdo que “declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México”, se informó la semana pasada por parte del Jefe de la Nación.
La “estrategia” todavía está en veremos, ya que varios actores políticos y legisladores han declarado que podría llegarse al autoritarismo y que los recursos de protección como el “amparo” no se puede descartar o eliminar por acciones del gobierno o de las autoridades en turno, pero ya veremos.
SIGUEN INSTALANDO REDES CON GAS NATURAL
Continúan con las construcciones, no muy claras en su legalidad, de redes para suministrar “gas natural” en zonas habitacionales y en algunas empresas, mientras los empleados o personal contratado por la compañía Engie, y que al parecer es la nueva razón social que tuvo Tractebel, de desagradable memoria y con tantos expedientes en su contra por ilegales acciones cometidos.
La semana pasada en la unidad habitacional ubicada en la calle Río Reforma 1352 en la colonia La Loma, algunos vecinos se quejaron de unas obras de la empresa y el Gobierno Municipal de Guadalajara ordenó la clausura de todos los trabajos por carecer de la autorización correspondiente y parece ser de las medidas de seguridad que se requieren.
MÁS DISTANCIAMIENTO
Lejos de mejorar el distanciamiento entre el titular del Poder Ejecutivo de Jalisco y las autoridades de la Universidad de Guadalajara, cada vez se agravan más, así como otra muestra de su falta de paciencia y entendimiento para algunas acciones de gobierno, el titular Enrique Alfaro Ramírez, parece que se “montó en su macho” y con una posible demostración de coraje, prefirió no acudir y menos asomarse a las instalaciones de Expo Guadalajara, durante el prestigiado evento de la Feria Internacional del Libro.
Posiblemente el Gobernador no quiso saludar y menos estrechar la mano a algunos altos funcionarios de la UdeG, principalmente con el responsable y creador de la FIL, el ex rector Raúl Padilla López, con quien en algunos momentos se ha llegado a aliar y luego parece pelearse con él o su poderoso grupo en la prestigiada casa de estudios.
Por lo pronto durante el periodo de seis años que pueda gobernar Enrique Alfaro Ramírez, ya se perdió la oportunidad de aparecer en el evento inaugural en el presente año y como se aprecian las cosas podría repetirse los próximos años, pero eso ya lo veremos.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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