Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

Cuando gobernaba a Jalisco el ilustre Agustín Yáñez Delgadillo, cuyo período fue del uno de marzo de 1953 al último de febrero de 1959, preocupado por la inexistencia de normas que protegieran a los servidores públicos del Poder Ejecutivo, dando opción de agregarse a los trabajadores de las municipalidades, envió con fecha 10 de diciembre de 1953 al Congreso local, una iniciativa para crear la Ley de Pensiones Civiles del Estado; fungía como Secretario General de Gobierno, el distinguido abogado Alberto Fernández, quien como competente jurista sin duda dio fino retoque al humanista proyecto, apuntalado por el jefe de Economía y Hacienda, Lic. Francisco Medina Ascencio. 

El lunes 14 de aquel mes navideño, se dispuso en la Cámara de Diputados, que la iniciativa antedicha fuese analizada por las comisiones de pensiones y la de gobernación, en las cuales destacaban los legisladores Dr. Francisco Sánchez Flores, (el polifacético y célebre Pancho Panelas) muy cercano al mandamás jalisciense, y el Lic. Carlos G. Guzmán, quien había fungido como segundo de abordo en el período del gobernador Jesús González Gallo (1947-1953), antecesor del literato Agustín Yáñez. 

El Poder Legislativo de ese entonces, la XL legislatura, lucía diputados de enorme calidad en lo humano y lo político, siendo en total 18 y entre ellos mencionamos como botones de muestra, a: Alfonso de Alba Martín (académico, escritor y enseguida secretario de gobierno, por el fallecimiento del Lic. Fernández), Juan Gil Preciado (futuro gobernador), José Parres Arias (notable Rector de la Universidad tapatía), Manuel García Guzmán (alias el General Zaragoza, padre del futuro gran político Sergio García Ramírez); el medico Enrique García Ruiz (alias Buda, adalid de los estudios forenses en Guadalajara); D. José Ma. Díaz de León, (quien sería Procurador de Justicia, hermano del primer Rector de la Universidad oficial)  y el culto ensayista y poeta Emmanuel Palacios. 

El documento fue debatido el 17 de ese decembrino mes, y para el siguiente día firmaron el dictamen favorable, basados en que tenía un “amplio espíritu de beneficio humano que entraña y tiende no solo a la protección de los empleados públicos, sino al mejoramiento integral de Jalisco”. El parecer se aprobó el 28 de diciembre de ese año, según decreto 5904 rubricado por el Lic. José Parres Arias, presidente de la Cámara y los diputados Francisco Espinoza Sánchez y Dr. Enrique García Ruiz, sancionándolo el inmediato día 30 el gobernador Agustín Yáñez y publicándose en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” el postrer día -jueves 31 de diciembre- del año 1953, para entrar en vigor el uno de enero del año inmediato.

Con ello se cumplía el espléndido fin del sobresaliente mandatario jalisciense de “proteger el equipo humano de que dispone (el Estado) en la realización de las actividades públicas”, dado que la actividad diaria que despliegan “trae consigo un desgaste físico que es menester garantizar y prevenir en beneficio de quienes dedican su vida al servicio de la colectividad”.

La primera oficina se instaló en el mismo Palacio de Gobierno, lateralmente al pie de la escalera principal, fungiendo como director, el aludido jefe del Departamento de Economía y Hacienda, Lic. Francisco Medina Ascencio, arandense de gratos recuerdos por su bonhomía y sentido humanístico. 

Es muy significativo, que la idea sustantiva fue salvaguardar los derechos de los trabajadores de la administración pública, no incluyendo a los cargos de elección sino a los “funcionarios por designación y los empleados al servicio del Estado” con nombramiento expedido por este. Optativo de ser parte de esa protección, la tendrían -previo acuerdo con la Dirección de Pensiones- los trabajadores de los municipios y órganos descentralizados de la Entidad.

No se habló de los diputados o regidores, e incluso de los magistrados del Supremo Tribunal que sin embargo si podrían invocar ser servidores públicos con nombramiento legal. Al presente son, indebida e injustamente, los preferentes usufructuarios de las pensiones jaliscienses. 

Los apartados de esa primigenia ley, aparte de organizarla ubicando a la Dirección dentro del área de Economía y Hacienda estatal, estipulan lo referente al patrimonio de Pensiones Civiles (sobre todo las aportaciones de trabajadores y el Estado o municipios en su caso, previendo entidades descentralizadas que se afiliaran) que incluían donaciones y diversos renglones derivados de sus gestiones. Luego seguían los préstamos a corto plazo, los créditos hipotecarios, las casas-habitación (compradas o arrendadas) y desde luego la sustancia de la norma: las pensiones. 

Es resaltante mencionar que esas pensiones, se otorgarían a quienes hubiesen laborado al menos 30 años y cotizado como mínimo 3 anualidades; además el máximo de la suma a recibir sería del 60 por ciento del sueldo último que hubiese devengado el beneficiado. Los servidores de 55 años cumplidos podían pensionarse siempre que hubieran cotizado cuando menos 15 años. Como propósito quedó algún día poder cubrir pensiones con igualdad de sueldo. Finalmente se determinó que, si un empleado afiliado dejaba de cotizar, podía pedir la devolución de lo aportado. 

De esa manera arrancó la visionaria y noble tarea del ahora ardiente Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), cuya ley -ha tenido varias- fue actualizada insuficientemente el año de 2023, más que nada porque son políticos quienes hacen tales remiendos, dejando rendijas para luego aprovecharse de ellas, cuando creen llegado el momento de pensionarse.

Claro que además de lo anterior, el instituto ciertamente ha resentido bastantes actos reprobables por parte de gobernantes poco escrupulosos y directivos desastrosos. A eso le debemos sumar que los pensionados y jubilados, materia central de la institución, no están lamentablemente bien organizados y por ello, son mal atendidas sus propuestas. Por su parte, el sindicato de los trabajadores del Instituto, mejor estructurado que aquellos, empero tampoco suele tener el trato que les corresponde.  

El organismo ha sido utilizado varias ocasiones como “caja chica” de los gobernantes estatales, y desdichadamente considerado, con la complicidad de esos personajes autoritarios, a veces como botín y por lo general contemplado como paracaídas de altos funcionarios o notorios políticos maliciosos. De unos y otros, se puede señalar a diputados, magistrados y funcionarios influyentes, todos aprovechados de la nobleza de Pensiones del Estado.

Tales sujetos a la fecha constituyen la “élite dorada” de pensionados, grupo que sangra exageradamente los fondos de IPEJAL en perjuicio de la institución y sobre todo de la mayoría inmensa de sus genuinos derechohabientes. Al respecto, escribió en 2022 el universitario Gabriel Torres Espinoza: “El IPEJAL parece todo, menos un instituto que salvaguarde el interés superior de los derechos y las prestaciones de sus afiliados, beneficiarios y pensionados. Opera como un saqueador vil, despiadado y sin escrúpulos”. (ene 19, 2022 | Columnas, El Respetable). 

Ese panorama no varió con la alternancia partidista que experimentó el gobierno de Jalisco (del PRI al PAN; luego del PAN al PRI y de este a MC) puesto que las irregularidades y malos manejos persisten en el Instituto que, dice el autor antedicho, está “gangrenado de corrupción, y atestado de pillos”. Y para ejemplo de lo anterior, tenemos el caso del actual director, quien en enero pasado se autorizó (con la complicidad del ineficaz Consejo de la institución) un incremento salarial del 67%, mientras que los empleados del IPEJAL y no digamos sus pensionados y jubilados, reciben aumentos de miseria.

El sindicato independiente del organismo publicó sobre el tema: además del incremento de sueldo del 67% al director Juan Partida, se aprobó en esa sesión el “incremento salarial de hasta un 55% en 16 nombramientos directivos, lo que implicará un gasto anual adicional de 7 millones de pesos… A la vez, se aprobó en ese procedimiento de reestructuración, la creación de seis nuevas plazas con sueldos que van de los 42 mil a los 84 mil pesos mensuales, que significan un gasto adicional de 600 mil pesos mensuales, en plazas de nueva creación.” (Semanario Conciencia Pública, 2-II-2025).

Por fortuna el nuevo ejecutivo estatal, ya se dio cuenta de la trastada y echó para atrás ese agravio; los jaliscienses confiamos que con esa muestra tenga oportuno aviso de lo que son los dirigentes del Instituto y permanezca al tanto de su actuación, para enmendar o mejor, evitar desvíos. 

Numerosos y variados son los rubros en que las directivas de IPEJAL han fraguado “negocios” reprobables: estacionamientos, salones de fiestas, capilla de velación, el Club Deportivo Hacienda del Real, la hacienda de La Mora, la oficina de viajes, la óptica, etc. Sin embargo, los más descollantes desaciertos económicos fueron en inversiones, desde turísticas o inmobiliarias, hasta las de bolsa, mismas que han significado copiosas pérdidas patrimoniales para el organismo. Ante tales acciones desvergonzadas, la impunidad fue la actitud ordinaria del gobierno, salvo algún caso excepcional. 

Por lo anterior es que urge, una ley eficaz y una actitud gubernamental atinada para que ya no se vea como botín o paracaídas al IPEJAL.  Este requiere de reingeniería para sanear sus recursos financieros, ser repensado en lo que ve al nombramiento de sus directivos, así como fortalecer los beneficios que debe otorgar.

Lo primero para que robustezca su economía, equilibre las pensiones y jubilaciones; lo segundo, para establecer beneficios posibles e indispensables que vigoricen el nivel de bienestar de sus protegidos genuinos. En cuanto a sus dirigentes, no puede ser que siga en manos de protegidos o políticos decadentes y paracaidistas, cuyos resultados llevan al abismo al instituto, sino que deben ser personas honradas, conocedoras y conscientes de lo que es administrar y comprender la elevada misión del IPEJAL, lo cual se reflejaría en sustentabilidad institucional y en valiosos apoyos a los afiliados y pensionados.  

Por lo pronto, ese es el reto que tiene el flamante gobernador de Jalisco, y a tal fin debe atender toda actividad de los sindicalizados del IPEJAL conjuntamente a los pensionados y jubilados de tan bienhechora institución.