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Urge reingeniería en Ipejal: Pensiones de Jalisco, de la misión sublime al botín y desvío

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Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

Cuando gobernaba a Jalisco el ilustre Agustín Yáñez Delgadillo, cuyo período fue del uno de marzo de 1953 al último de febrero de 1959, preocupado por la inexistencia de normas que protegieran a los servidores públicos del Poder Ejecutivo, dando opción de agregarse a los trabajadores de las municipalidades, envió con fecha 10 de diciembre de 1953 al Congreso local, una iniciativa para crear la Ley de Pensiones Civiles del Estado; fungía como Secretario General de Gobierno, el distinguido abogado Alberto Fernández, quien como competente jurista sin duda dio fino retoque al humanista proyecto, apuntalado por el jefe de Economía y Hacienda, Lic. Francisco Medina Ascencio. 

El lunes 14 de aquel mes navideño, se dispuso en la Cámara de Diputados, que la iniciativa antedicha fuese analizada por las comisiones de pensiones y la de gobernación, en las cuales destacaban los legisladores Dr. Francisco Sánchez Flores, (el polifacético y célebre Pancho Panelas) muy cercano al mandamás jalisciense, y el Lic. Carlos G. Guzmán, quien había fungido como segundo de abordo en el período del gobernador Jesús González Gallo (1947-1953), antecesor del literato Agustín Yáñez. 

El Poder Legislativo de ese entonces, la XL legislatura, lucía diputados de enorme calidad en lo humano y lo político, siendo en total 18 y entre ellos mencionamos como botones de muestra, a: Alfonso de Alba Martín (académico, escritor y enseguida secretario de gobierno, por el fallecimiento del Lic. Fernández), Juan Gil Preciado (futuro gobernador), José Parres Arias (notable Rector de la Universidad tapatía), Manuel García Guzmán (alias el General Zaragoza, padre del futuro gran político Sergio García Ramírez); el medico Enrique García Ruiz (alias Buda, adalid de los estudios forenses en Guadalajara); D. José Ma. Díaz de León, (quien sería Procurador de Justicia, hermano del primer Rector de la Universidad oficial)  y el culto ensayista y poeta Emmanuel Palacios. 

El documento fue debatido el 17 de ese decembrino mes, y para el siguiente día firmaron el dictamen favorable, basados en que tenía un “amplio espíritu de beneficio humano que entraña y tiende no solo a la protección de los empleados públicos, sino al mejoramiento integral de Jalisco”. El parecer se aprobó el 28 de diciembre de ese año, según decreto 5904 rubricado por el Lic. José Parres Arias, presidente de la Cámara y los diputados Francisco Espinoza Sánchez y Dr. Enrique García Ruiz, sancionándolo el inmediato día 30 el gobernador Agustín Yáñez y publicándose en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” el postrer día -jueves 31 de diciembre- del año 1953, para entrar en vigor el uno de enero del año inmediato.

Con ello se cumplía el espléndido fin del sobresaliente mandatario jalisciense de “proteger el equipo humano de que dispone (el Estado) en la realización de las actividades públicas”, dado que la actividad diaria que despliegan “trae consigo un desgaste físico que es menester garantizar y prevenir en beneficio de quienes dedican su vida al servicio de la colectividad”.

La primera oficina se instaló en el mismo Palacio de Gobierno, lateralmente al pie de la escalera principal, fungiendo como director, el aludido jefe del Departamento de Economía y Hacienda, Lic. Francisco Medina Ascencio, arandense de gratos recuerdos por su bonhomía y sentido humanístico. 

Es muy significativo, que la idea sustantiva fue salvaguardar los derechos de los trabajadores de la administración pública, no incluyendo a los cargos de elección sino a los “funcionarios por designación y los empleados al servicio del Estado” con nombramiento expedido por este. Optativo de ser parte de esa protección, la tendrían -previo acuerdo con la Dirección de Pensiones- los trabajadores de los municipios y órganos descentralizados de la Entidad.

No se habló de los diputados o regidores, e incluso de los magistrados del Supremo Tribunal que sin embargo si podrían invocar ser servidores públicos con nombramiento legal. Al presente son, indebida e injustamente, los preferentes usufructuarios de las pensiones jaliscienses. 

Los apartados de esa primigenia ley, aparte de organizarla ubicando a la Dirección dentro del área de Economía y Hacienda estatal, estipulan lo referente al patrimonio de Pensiones Civiles (sobre todo las aportaciones de trabajadores y el Estado o municipios en su caso, previendo entidades descentralizadas que se afiliaran) que incluían donaciones y diversos renglones derivados de sus gestiones. Luego seguían los préstamos a corto plazo, los créditos hipotecarios, las casas-habitación (compradas o arrendadas) y desde luego la sustancia de la norma: las pensiones. 

Es resaltante mencionar que esas pensiones, se otorgarían a quienes hubiesen laborado al menos 30 años y cotizado como mínimo 3 anualidades; además el máximo de la suma a recibir sería del 60 por ciento del sueldo último que hubiese devengado el beneficiado. Los servidores de 55 años cumplidos podían pensionarse siempre que hubieran cotizado cuando menos 15 años. Como propósito quedó algún día poder cubrir pensiones con igualdad de sueldo. Finalmente se determinó que, si un empleado afiliado dejaba de cotizar, podía pedir la devolución de lo aportado. 

De esa manera arrancó la visionaria y noble tarea del ahora ardiente Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), cuya ley -ha tenido varias- fue actualizada insuficientemente el año de 2023, más que nada porque son políticos quienes hacen tales remiendos, dejando rendijas para luego aprovecharse de ellas, cuando creen llegado el momento de pensionarse.

Claro que además de lo anterior, el instituto ciertamente ha resentido bastantes actos reprobables por parte de gobernantes poco escrupulosos y directivos desastrosos. A eso le debemos sumar que los pensionados y jubilados, materia central de la institución, no están lamentablemente bien organizados y por ello, son mal atendidas sus propuestas. Por su parte, el sindicato de los trabajadores del Instituto, mejor estructurado que aquellos, empero tampoco suele tener el trato que les corresponde.  

El organismo ha sido utilizado varias ocasiones como “caja chica” de los gobernantes estatales, y desdichadamente considerado, con la complicidad de esos personajes autoritarios, a veces como botín y por lo general contemplado como paracaídas de altos funcionarios o notorios políticos maliciosos. De unos y otros, se puede señalar a diputados, magistrados y funcionarios influyentes, todos aprovechados de la nobleza de Pensiones del Estado.

Tales sujetos a la fecha constituyen la “élite dorada” de pensionados, grupo que sangra exageradamente los fondos de IPEJAL en perjuicio de la institución y sobre todo de la mayoría inmensa de sus genuinos derechohabientes. Al respecto, escribió en 2022 el universitario Gabriel Torres Espinoza: “El IPEJAL parece todo, menos un instituto que salvaguarde el interés superior de los derechos y las prestaciones de sus afiliados, beneficiarios y pensionados. Opera como un saqueador vil, despiadado y sin escrúpulos”. (ene 19, 2022 | Columnas, El Respetable). 

Ese panorama no varió con la alternancia partidista que experimentó el gobierno de Jalisco (del PRI al PAN; luego del PAN al PRI y de este a MC) puesto que las irregularidades y malos manejos persisten en el Instituto que, dice el autor antedicho, está “gangrenado de corrupción, y atestado de pillos”. Y para ejemplo de lo anterior, tenemos el caso del actual director, quien en enero pasado se autorizó (con la complicidad del ineficaz Consejo de la institución) un incremento salarial del 67%, mientras que los empleados del IPEJAL y no digamos sus pensionados y jubilados, reciben aumentos de miseria.

El sindicato independiente del organismo publicó sobre el tema: además del incremento de sueldo del 67% al director Juan Partida, se aprobó en esa sesión el “incremento salarial de hasta un 55% en 16 nombramientos directivos, lo que implicará un gasto anual adicional de 7 millones de pesos… A la vez, se aprobó en ese procedimiento de reestructuración, la creación de seis nuevas plazas con sueldos que van de los 42 mil a los 84 mil pesos mensuales, que significan un gasto adicional de 600 mil pesos mensuales, en plazas de nueva creación.” (Semanario Conciencia Pública, 2-II-2025).

Por fortuna el nuevo ejecutivo estatal, ya se dio cuenta de la trastada y echó para atrás ese agravio; los jaliscienses confiamos que con esa muestra tenga oportuno aviso de lo que son los dirigentes del Instituto y permanezca al tanto de su actuación, para enmendar o mejor, evitar desvíos. 

Numerosos y variados son los rubros en que las directivas de IPEJAL han fraguado “negocios” reprobables: estacionamientos, salones de fiestas, capilla de velación, el Club Deportivo Hacienda del Real, la hacienda de La Mora, la oficina de viajes, la óptica, etc. Sin embargo, los más descollantes desaciertos económicos fueron en inversiones, desde turísticas o inmobiliarias, hasta las de bolsa, mismas que han significado copiosas pérdidas patrimoniales para el organismo. Ante tales acciones desvergonzadas, la impunidad fue la actitud ordinaria del gobierno, salvo algún caso excepcional. 

Por lo anterior es que urge, una ley eficaz y una actitud gubernamental atinada para que ya no se vea como botín o paracaídas al IPEJAL.  Este requiere de reingeniería para sanear sus recursos financieros, ser repensado en lo que ve al nombramiento de sus directivos, así como fortalecer los beneficios que debe otorgar.

Lo primero para que robustezca su economía, equilibre las pensiones y jubilaciones; lo segundo, para establecer beneficios posibles e indispensables que vigoricen el nivel de bienestar de sus protegidos genuinos. En cuanto a sus dirigentes, no puede ser que siga en manos de protegidos o políticos decadentes y paracaidistas, cuyos resultados llevan al abismo al instituto, sino que deben ser personas honradas, conocedoras y conscientes de lo que es administrar y comprender la elevada misión del IPEJAL, lo cual se reflejaría en sustentabilidad institucional y en valiosos apoyos a los afiliados y pensionados.  

Por lo pronto, ese es el reto que tiene el flamante gobernador de Jalisco, y a tal fin debe atender toda actividad de los sindicalizados del IPEJAL conjuntamente a los pensionados y jubilados de tan bienhechora institución.  

 

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El choque de Lemus y la UdeG, un juego de equilibrios y reflexiones

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

El reciente enfrentamiento entre el gobernador Pablo Lemus Navarro y la Universidad de Guadalajara (UdeG) por la propuesta de corresponsabilidad en materia de seguridad es un capítulo más en la larga saga de tensiones entre el poder político y la máxima casa de estudios de Jalisco.

La propuesta de Lemus, que sugería destinar 200 millones de pesos del presupuesto universitario para mejorar la infraestructura de seguridad en los entornos de los planteles de la UdeG, desató una reacción contundente: un desplegado del Consejo de Rectorías que, con firmeza, recordó que la seguridad pública es una obligación constitucional del Estado, no de la universidad. Sin embargo, el desenlace —una mesa de diálogo que parece haber superado las diferencias— deja un terreno fértil para reflexionar sobre los actores, sus estrategias y las lecciones que este episodio deja para Jalisco.

Un gobernador con prisa y una universidad vigilante

Pablo Lemus, emanado de Movimiento Ciudadano, ha mostrado desde su llegada al gobierno un estilo pragmático, pero también ambicioso, que busca diferenciarse de su antecesor, Enrique Alfaro, con quien la UdeG mantuvo una relación de enfrentamientos abiertos.

Lemus, consciente de la deuda histórica en materia de seguridad —con Jalisco liderando las cifras de desapariciones en el país (15,348 casos al 31 de octubre de 2024)— propuso una solución que, en teoría, buscaba sumar esfuerzos. Sin embargo, su planteamiento de involucrar el presupuesto universitario tocó una fibra sensible: la autonomía de la universidad pública, un bastión defendido con celo por sus liderazgos.

La respuesta de la UdeG, liderada por la rectora Karla Planter, no se hizo esperar. El desplegado no solo rechazó la propuesta como una injerencia indebida, sino que subrayó que la universidad ya invierte significativamente en seguridad interna (más de mil millones de pesos desde 2013 y 222 millones aprobados para 2025). Este intercambio evidenció una vez más la capacidad de los universitarios para movilizar su autoridad moral y política, recordándole al gobierno que la universidad no es un actor subordinado, sino un contrapeso con peso propio.

El diálogo: ¿Reconciliación o tregua estratégica?

La mesa de diálogo, que incluyó a la rectora Planter, la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Zoé García, y el propio Lemus, logró apaciguar las aguas. Se acordó trabajar en conjunto para fortalecer los protocolos de seguridad, retomar el programa Senderos Seguros y diseñar campañas preventivas contra las desapariciones.

Este desenlace, aunque positivo, no debe leerse como una victoria absoluta de uno u otro bando, sino como un ejercicio de pragmatismo político. Lemus, que se ha presentado como un gobernante abierto al diálogo, evitó escalar un conflicto que pudo haberle costado caro en términos de capital político.

Los Leones Negros, por su parte, reafirmaron su autonomía, pero aceptaron sentarse a la mesa, conscientes de que la seguridad de sus estudiantes es un tema que no pueden ignorar.

Poder, autonomía y la sombra de Alfaro

Este episodio deja varias lecciones. Primero, la propuesta de Lemus, aunque bienintencionada en su objetivo de proteger a los estudiantes, fue políticamente desacertada. Pretender involucrar el presupuesto universitario sin una negociación previa, subestima la historia de la UdeG como un actor político que ha enfrentado y sobrevivido a múltiples gobernadores.

Desde los tiempos de Raúl Padilla, la universidad ha sabido posicionarse como un contrapeso que no se doblega fácilmente. Lemus, aun en los primeros meses de su gestión, debe aprender que en Jalisco no se puede gobernar sin considerar a la máxima casa de estudios de Jalisco como un interlocutor clave.

Segundo, el desplegado de la UdeG no solo defendió su autonomía, sino que expuso una verdad incómoda: el Estado ha fallado en garantizar la seguridad pública, un problema que no puede transferirse a otras instituciones. La universidad, al destacar sus propias inversiones en seguridad, puso en evidencia las carencias del gobierno estatal, obligando a Lemus a recalibrar su discurso y pasar de la confrontación al diálogo.

Tercero, este choque refleja la sombra de Enrique Alfaro, cuyo enfrentamiento con la universidad por el recorte de 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales marcó un precedente de tensión. Lemus, aunque ha prometido una relación respetuosa con la universidad, parece haber tropezado con un eco de ese conflicto. La pregunta es si este episodio será un aprendizaje para construir una relación más sólida o si, como en el pasado, las tensiones resurgen ante nuevas pugnas presupuestales o políticas.

¿Y ahora qué?

El diálogo alcanzado es un paso adelante, pero no garantiza una relación sin fricciones. La Universidad de Guadalajara, con su capacidad de movilización y su influencia en la opinión pública, seguirá siendo un actor vigilante. Lemus, por su parte, deberá demostrar que su discurso de “puertas abiertas” no es solo retórica.

La seguridad en Jalisco, especialmente en el contexto de las desapariciones, requiere una coordinación efectiva entre el gobierno estatal, el federal y la sociedad civil, incluyendo a la universidad. Sin embargo, esta coordinación debe respetar los roles institucionales y evitar cualquier percepción de intromisión en la autonomía universitaria.

En el ajedrez político de Jalisco, este episodio es una jugada que no termina en jaque mate, sino en un movimiento que reconfigura el tablero. Lemus ha mostrado voluntad de rectificar, pero la UdeG ha dejado claro que no cederá en su defensa de la autonomía. Mientras tanto, los estudiantes, el verdadero centro de esta discusión, esperan resultados concretos: entornos más seguros y una universidad que siga siendo un faro de conocimiento y resistencia. Jalisco, como siempre, observa expectante.

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Tlajo Cuida el Agua: Gerardo Quirino impulsa plan histórico para garantizar el vital líquido

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Por Redacción Conciencia Pública //

El presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, presentó “Tlajo Cuida el Agua”, un ambicioso plan integral para garantizar el suministro, la calidad, el uso eficiente y el saneamiento del agua en el municipio. Con una visión metropolitana y de largo plazo, este programa busca abordar una de las problemáticas más urgentes de Tlajomulco, un municipio clave de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) que enfrenta retos históricos por el crecimiento poblacional y la escasez hídrica.

El plan, respaldado por una inversión histórica de 1,123 millones de pesos en colaboración con el gobierno estatal de Pablo Lemus, promete soluciones concretas para llevar agua a todos los hogares del municipio. “Agradezco al gobernador Lemus por su apoyo decidido. Esta inversión transformará cada peso en soluciones reales para que el agua llegue con calidad y cantidad a las familias de Tlajomulco”, afirmó Quirino, destacando la importancia de la coordinación con el estado para enfrentar este desafío.

“Tlajo Cuida el Agua” se basa en seis ejes estratégicos que abarcan desde el fortalecimiento del abasto hasta el reúso del agua, integrando infraestructura moderna y políticas sostenibles. René Caro Gómez, Coordinador General de Gestión del Territorio y Obras Públicas, subrayó que la corresponsabilidad ciudadana es un pilar fundamental del programa.

“No es solo un tema de la autoridad. Necesitamos que las familias adopten hábitos de consumo responsables para garantizar que las próximas generaciones tengan acceso a agua suficiente y de calidad”, explicó Caro, enfatizando la necesidad de cambiar patrones de uso para lograr sostenibilidad hídrica.

Con esta iniciativa, el municipio de Tlajomulco busca posicionarse como un referente en la gestión del agua en México, combinando inversión, tecnología y participación ciudadana. El compromiso de Quirino no solo responde a una demanda urgente, sino que también proyecta un futuro donde el acceso al agua sea una realidad para todos los habitantes del municipio.

“Tlajo Cuida el Agua” basa su estructura en los siguientes seis ejes estratégicos:

1. Abasto

El primer paso es asegurar el suministro desde pozos, plantas y acuíferos.

Acciones:

• Perforación y equipamiento de pozos

• Construcción y ampliación de plantas potabilizadoras

• Rehabilitación de redes de agua potable

• Construcción de líneas de agua y tanques elevados

2. Potabilizar

El compromiso no es solo tener agua, sino que sea limpia y segura.

Acciones:

• Operación y mantenimiento de plantas potabilizadoras

• Sistema de monitoreo de seguridad en plantas

• Rehabilitación de pozos y redes

3. Distribución

El agua debe llegar a cada colonia. Distribuir es construir, conectar y mejorar.

Acciones:

• Ampliación de líneas de abastecimiento

• Construcción de tanques y bases para cisternas

• Interconexión de sistemas hidráulicos

4. Uso responsable

Cuidar el agua es tarea de todos: gobierno y ciudadanía.

Acciones:

• Eficiencia energética en infraestructura

• Modernización de instalaciones eléctricas

• Campañas de corresponsabilidad ciudadana

5. Saneamiento

Tratar el agua usada es clave para proteger ríos y ecosistemas.

Acciones:

• Rehabilitación de Plantas de Tratamiento

• Sistemas de monitoreo y control de saneamiento

6. Reúso

Aprovechar cada gota es vital. No se desperdicia ni una sola.

Acción principal:

• Implementación del programa Pipas Moradas, que reutiliza agua tratada para riego y servicios de Protección Civil y Bomberos.

En la presentación del programa “Tlajo Cuida el Agua”, estuvieron representantes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de la Comisión Estatal del Agua (CEA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN) y del SIAPA, así como de organismos empresariales y técnicos como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), de la Cámara Empresarial de la Industria de la Vivienda Jalisco (CANADEVI), la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco (CICEJ) y del Colegio de Urbanistas del Estado de Jalisco (CUAJAC), además de los diputados locales Adriana Medina y Luis Octavio Vidrio, representantes vecinales, así como ciudadanas y ciudadanos.

EL DATO:

Montos de inversión para cada eje del Plan Integral del Agua

1. Abasto: 490 MDP

2. Potabilización: 340 MDP

3. Distribución: 48 MDP

4. Uso responsable: 75 MDP

5. Saneamiento: 163 MDP

6. Reúso: 7 MDP

Total: 1,123 millones de pesos (MDP)

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El desafío de construir la paz en Jalisco: La violencia desborda los cinco primeros meses del gobierno de Lemus

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Por Redacción Conciencia Pública //

Los primeros cinco meses de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco han sido dominados por la crisis de seguridad que provoca el accionar de la criminalidad, como secuela del gobierno de Enrique Alfaro que quedó desdibujado ante los miles de desaparecidos que se acumularon durante todo el sexenio.

El 6 de diciembre de 2024, Jesús Pablo Lemus Navarro rindió protesta como gobernador constitucional de Jalisco para el periodo 2024-2030, en una ceremonia solemne en el Congreso del Estado.

En su primer discurso como mandatario, emanado del partido Movimiento Ciudadano (MC), Lemus delineó una agenda centrada en abordar la crisis de seguridad en el estado, con un énfasis particular en el combate a las desapariciones forzadas, un problema que ha marcado profundamente a Jalisco en los últimos años.

Su mensaje, cargado de compromiso y pragmatismo, buscó tender puentes con la ciudadanía, los colectivos de víctimas y el gobierno federal, mientras prometía un enfoque colaborativo para recuperar la paz en la entidad.

ESCALADA DE VIOLENCIA

Desde que Pablo Lemus Navarro asumió la gubernatura de Jalisco el 6 de diciembre de 2024, su administración ha enfrentado una escalada de violencia que ha puesto a prueba su capacidad para cumplir con su promesa de priorizar la seguridad y la búsqueda de personas desaparecidas.

Los eventos en Teocaltiche y Teuchitlán, junto con los asesinatos de alto impacto como el del exdiputado Luis Armando Córdova y la influencer Valeria Márquez, han generado críticas sobre la efectividad de sus estrategias y han evidenciado la persistente influencia del crimen organizado.

CONTEXTO DE LA CRISIS DE SEGURIDAD EN JALISCO

Jalisco lleva años siendo uno de los epicentros de la violencia en México, principalmente debido a la presencia del crimen organizado y la disputa por el control de territorios en las regiones con más de 15 mil personas desaparecidas registradas hasta mayo de 2025, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el estado lidera las estadísticas nacionales en este rubro.

Además, delitos como homicidios dolosos, extorsión y enfrentamientos entre grupos criminales han generado un clima de inseguridad que afecta tanto a la población como a las autoridades locales.

Bajo la administración de Enrique Alfaro (2018-2024), también de Movimiento Ciudadano (MC), se implementaron medidas como el fortalecimiento de la Policía Estatal y la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, pero los resultados fueron insuficientes para frenar la violencia, dejando a Lemus un desafío monumental al inicio de su mandato.

CRISIS EN TEOCALTICHE: ASESINATOS Y CONTROL DEL CRIMEN ORGANIZADO

Teocaltiche, en la región Altos Norte de Jalisco, ha sido escenario de una ola de violencia atribuida a la disputa entre organizaciones criminales. Entre los incidentes más graves destacan:

Desaparición de policías: El 18 de febrero de 2025, ocho policías municipales y un civil (su chofer) desaparecieron mientras viajaban a Guadalajara para un control de confianza. Días después, los restos desmembrados de cuatro de ellos fueron hallados en la carretera Teocaltiche-Jalostotitlán. El gobernador Lemus reveló que el Centro de Mando y Control (C2) local operaba para el crimen organizado, y uno de los policías desaparecidos, el controlador del C2, estaba vinculado a grupos delictivos.

Asesinato de Juan Pablo Diego Alonzo Estrada: El 30 de marzo de 2025, el activista y portavoz del Frente Teocaltiche por Nuestra Gente fue asesinado en su domicilio. Aunque Lemus descartó un móvil político y lo vinculó a presuntos antecedentes por robo de hidrocarburos, la comunidad y los colectivos acusaron al gobierno de estigmatizar a las víctimas para desviar la atención.

Asesinato de José Luis Pereida Robles: El 28 de abril de 2025, el secretario general del ayuntamiento y líder del PRI en Teocaltiche fue baleado al salir de un restaurante. 

Asesinato de Cecilia Ruvalcaba: El 8 de mayo de 2025, la regidora de MC y jefa de enfermeras del hospital comunitario fue asesinada en un ataque directo dentro del nosocomio, elevando la percepción de ingobernabilidad en el municipio.

Otros hechos: El 6 de abril de 2025, cuatro personas fueron asesinadas en el Libramiento Sur de Teocaltiche, y una adolescente de 15-16 años fue ejecutada frente al CBTis 247, un caso que el gobierno clasificó como feminicidio, pero que generó críticas por minimizar su relación con la violencia generalizada. 

La situación llevó a la intervención de la Policía Municipal por parte del gobierno estatal, que asumió el control de la seguridad local desde febrero de 2025, acusando a la corporación de estar infiltrada por el crimen organizado. Los residentes, desesperados, han amenazado con formar autodefensas, denunciando el abandono de las autoridades estatales y federales.

TEUCHITLÁN: EL “RANCHO DEL HORROR”

En marzo de 2025, el descubrimiento de un presunto campo de entrenamiento y exterminio del crimen organizado en el Rancho Izaguirre, en la comunidad de La Estanzuela, Teuchitlán, suceso que conmocionó al país. 

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, cuestionó que las autoridades estatales y municipales desconocieran las actividades del rancho, sugiriendo posibles vínculos con el crimen organizado.

La intervención federal en el caso, ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum, reflejó la desconfianza hacia las capacidades del gobierno de Jalisco para manejar la situación.

ASESINATOS DE ALTO PERFIL EN ZAPOPAN

Las últimas dos semanas han estado cargadas de asesinatos violentos en Jalisco y que han dominado la agenda pública: Teocaltiche ha sido el foco de atención por los asesinatos allí cometidos por la criminalidad y sus víctimas han sido funcionarios municipales.

La Zona Metropolitana de Guadalajara no se escapa a dicha violencia, como los dos crímenes registrados en Zapopan a plena luz del dia y el mismo día.

Valeria Márquez: El 13 de mayo de 2025, la influencer de 23 años fue asesinada durante una transmisión en vivo en TikTok en un salón de belleza en Zapopan. La Fiscalía de Jalisco investiga el caso como posible feminicidio, en un contexto de violencia de género y control territorial por el CJNG.

Luis Armando Córdova Díaz: Horas antes del asesinato de Márquez, el exdiputado del PRI fue baleado en un café en Zapopan, un hecho que subraya la vulnerabilidad de figuras públicas ante la violencia en áreas metropolitanas.

Estos casos, ocurridos en una de las zonas más urbanizadas de Jalisco, evidencian que la violencia no se limita a regiones rurales como Teocaltiche o Teuchitlán, sino que permea incluso en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), desafiando la narrativa de control territorial del gobierno estatal.

RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LEMUS: INTERVENCIÓN CON ACCIONES DE GOBIERNO EN TEOCALTICHE Y TEUCHITLÁN

Lemus ha intentado abordar la crisis con medidas concretas, aunque las críticas persisten por la falta de resultados inmediatos:

Estrategia de seguridad en Teocaltiche: Tras los asesinatos de Pereida y Ruvalcaba, Lemus anunció el 12 de mayo de 2025 un plan de atención integral para Teocaltiche, Villa Hidalgo y Encarnación de Díaz, con una inversión superior a mil millones de pesos. Este incluye intervenciones en carreteras, escuelas, hospitales y programas sociales, además de un aumento de efectivos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano. También designó a Hermes Daniel Rodríguez Ortiz como nuevo encargado de seguridad en Teocaltiche, prometiendo una corporación depurada con elementos que hayan pasado controles de confianza. 

Colaboración con el gobierno federal: Lemus ha enfatizado la coordinación con la Federación, asistiendo a reuniones con el Gabinete de Seguridad de Claudia Sheinbaum, como la del 18 de marzo en Palacio Nacional, donde acordó que la Fiscalía de Jalisco y la FGR investiguen conjuntamente el caso de Teuchitlán. Sin embargo, su salida por una puerta trasera para evitar a la prensa generó críticas por falta de transparencia.

Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas: Aunque creada como una medida emblemática para atender las desapariciones, ha sido cuestionada por colectivos como el de Ceci Flores, quienes denuncian la falta de avances y la cancelación de búsquedas.

Fortalecimiento policial: Lemus ha prometido modernizar la Policía Estatal y mejorar la coordinación con municipios, pero la intervención de corporaciones locales, como la de Teocaltiche, evidencia la desconfianza en las policías municipales, muchas de las cuales han sido infiltradas por el crimen organizado.

 

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