OPINIÓN
¿Y los enfermos por el Río Santiago, cuándo?
Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Jalisco tiene dos problemas muy graves que reclaman atención urgente: uno es el de los desaparecidos que durante el pasado año fueron contabilizados 2,100 personas que ya no regresaron a sus hogares y que muy posiblemente estén ya sin vida la mayor parte de ellos; y el segundo gran problema lo constituye la población que está en la ribera del río Santiago y que son aquejados, principalmente, por el cáncer y enfermedades renales.
El tema de los desaparecidos marca agenda, tanto que este fin de semana el gobernador volvió a descalificar el trabajo de los periodistas, como el del columnista de El Informador Rubén Martín, por poner el dedo en la llaga al subrayar con la enjundia y el valor que lo distingue la desaparición de 7 jóvenes y que por fortuna, hasta la información que teníamos la noche de este domingo, 5 de estos ya habían regresado a sus hogares, faltando dos aún y que quiera Dios vuelvan a sus casas.
Sobre el malestar del gobernador Alfaro podemos interpretar como un buen indicador el que se irrite con la denuncia y crítica periodística, lo que lo obliga a que el tema le ponga atención especial para cuando menos taparnos la boca a quienes tanto molestamos por la forma reiterativa como cincelamos estos sucesos que en un país con un gobierno de a deveras no pasan, cuando las instituciones y órganos de gobierno funcionan, países en los que no hay impunidad.
El otro gran tema son los enfermos por la contaminación del río Santiago, que es el asunto número uno en la agenda del gobernador que tine como bandera la refundación del Estado. Bien que Alfaro luche por rescatar el río Santiago, el río de la muerte. Bien que tenga un programa de obras de infraestructura cuyo avance mostró hace unos días cuando encabezó la macro excursión para que sus críticos de la prensa y autoridades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) conocieran lo que están haciendo.
Sin embargo, queremos que ese temperamento del gobernador aflore con la misma enjundia para que se atienda el problema de salud que tienen cientos o miles de ribereños por la contaminación de este río que tantas muertes ha ocasionado y que provocó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervenga y exija atención urgente y extraordinaria en materia de salud que, por cierto, no se ve.
Sí, que se enoje Alfaro por las injusticias que las mafias del poder han hecho con los habitantes de estas zonas pobres; que se irrite con las autoridades anteriores y con los monigotes inútiles que están al frente de la Secretaría de Salud que tienen a Jalisco en el primer lugar por muertes de dengue e influenza.
Sí, que a ellos les grite y hasta, les hable directo y de frente, de que son unos inservibles que no sienten el dolor humano, que están picados por la ponzoña de la soberbia por ser parte del poder de la gran burocracia.
¿Por qué Alfaro no organiza una macro-excursión para que de viva voz los enfermos que genera la contaminación del río Santiago le relaten cómo son ignorados y cómo poco a poco se van muriendo por falta de atención médica adecuada?
“Todo lo que nos rodea está en un problema mayor, que se llama devastación y despojo socioambiental porque nos han quitado la tranquilidad, la sangre, la vida, el derecho de vivir donde queremos estar”, grita con impotencia la activista Graciela González Torres, quien forma parte de la asociación civil un Salto de Vida y que reclama esa agención urgente y extraordinaria.
ESTUDIO A CINCO AÑOS
En el marco de la macro-excursión el gobernador Enrique Alfaro al lado del rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, anunció que la casa de estudios con sus investigadores realizará un estudio -otro más- para conocer las causas que han generado estas enfermedades en la población y que estará listo en cinco años, o sea, cuando el sexenio concluya, lo que hace pensar que estarían pateando el bote y que la UdeG se presta al juego perverso.
El gobernador Alfaro debe convocar a una macro-excursión exclusiva para ver el tema de salud y las enfermedades que sufre esta población del río Santiago y que le quite presupuesto a áreas superfluas de su gobierno para destinarlas a la atención de esta población en forma urgente como lo indica las Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sí, que el gobernador por este tema de contaminación y salud se pelee con el gobierno central y después, cuando haga las pases, lleve al Presidente López Obrador a esta zona y lo comprometa a que le entre el Gobierno Federal. Creo que ese pleito por la salud de esta gente jodida los jaliscienses se lo aplaudirían.
¡Qué se enoje el gobernador por el abandono y por el crimen que se ha cometido con estas familias y ese político de echado para adelante lo veamos defendiendo a los sin voz, a aquellos que no tienen dinero, medicinas ni servicios de salud para seguir viviendo!
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
