OPINIÓN
Zapopis arriba
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Poco se comentó de que la Calificadora FITCH RATINGS emitió las 3 calificaciones anuales respecto de la evaluación crediticia y financiera del municipio de Zapopan, Jalisco con los siguientes resultados: Sube la calificación de largo plazo en escala nacional para pasar de “AA con perspectiva estable” a “ AAA con perspectiva estable”, siendo el más alto rango de calificación al que puede aspirar un gobierno municipal o estatal en México, contando con ésta calificación solo 4 Municipios de México (Puebla, Chihuahua, Corregidora y Zapopan).
Dicha calificadora resaltó los aspectos que llevaron a obtener el ascenso de calificación, tales como: a).- El alto índice de ingresos propios que representan el 43% del total de los ingresos operativos del Municipio. b).- Un control adecuado del crecimiento del gasto cumpliendo así con la Ley de Disciplina Financiera que exige un balance presupuestario sostenible. c).-El gasto de personal representa un moderado 48.1% del gasto total y su crecimiento está controlado. d).- Un nivel de endeudamiento bajo y sostenible con un servicio de la deuda de entre 2 y 4 veces a uno, con relación a los Ingresos operativos menos los gastos operativos, y apoyados con un swap de cobertura de tasa (al 6.60%) que mitiga la volatilidad del mercado. e).- Un nivel de liquidez disponible moderado aún sin la contratación de deuda adicional, con la posibilidad de contratar deuda de hasta el techo financiero máximo actual (846 millones) sin que la calificación actual se vea degradada. Además se confirma la Calificación Internacional de “BBB con perspectiva estable” que equivale a un AAA Nacional, posicionando a dicho como municipio en grado de Inversión.
Esto habla de una excelente gestión operativa tanto interna como hacia la ciudadanía, no solo desde el punto de vista administrativo, también podemos afirmar sin lugar a dudas que es el mejor municipio de Jalisco en el tema de seguridad y su presidente municipal, contrario a lo que otros municipios y el Gobierno del Estado vienen realizando al ocultar homicidios dolosos y robos a casa habitación y de vehículos, los viene dando a conocer como parte de su estrategia de seguridad, ya que ocultarlos solo provoca rechazo de la ciudadanía y no permite enfrentar este grave problema adecuadamente. Es preferible un político honesto que reconoce lo que está pasando en su municipio a otros que dicen que “vamos muy bien” y maquillan las cifras.
Además Zapopan ya arrancó, un poco tarde, su integración al Sistema Anticorrupción, ya que ahora sí tiene, un órgano de control con facultades suficientes para evitar y prevenir la corrupción en todos los niveles en el municipio, lástima que se perdiera casi un año por la actitud protagónica de una regidora que solo desquició la implementación del modelo, tal y como lo había propuesto el Consejo Ciudadano de Control, órgano consultivo creado en Zapopan a instancias de Pablo Lemus que sí es escuchado no solo por el primer edil, sino que desde el jefe de gabinete hasta el flamante contralor están muy al pendiente de las opiniones del consejo.
Veamos ahora cómo operan la implementación del gobierno abierto, tema en el que también fue pionero este consejo en cuanto la propuesta de su implementación, veamos si la regidora florero, que afortunadamente quedó como suplente en su implementación, no afecta el proceso.
A nivel federal, las cifras en el tema de seguridad son alarmantes y podemos afirmar que estamos cerca de ser considerados un Estado fallido, además de estar cerca a la recesión económica, solo basta recordar el pésimo manejo desde su logística e implementación del erróneo operativo tendiente a detener un capo en Culiacán, en Michoacan 13 policías fueron asesinados cobardemente en una emboscada, y contrario a las justificaciones de todo tipo, el presidente Manuel Andrés López Obrador MALO, en el periodo en que ha gobernado lleva el penoso récord de inseguridad, ya que llevamos récord en homicidios dolorosos, en trata de personas, extorsión, secuestro y la venta de Protección para operar negocios, entre otros delitos, y su índice de crecimiento es exponencial.
La corrupción gubernamental y judicial va en aumento, y aunque en la Ciudad de México se realizó un excelente operativo entre las autoridades locales y la Marina, donde se decomisó cantidades industriales de droga y armamento, un corrupto juez federal los liberó con argumentos infantiles y contrarios a los utilizados días antes para que Rosario Robles continúe en prisión no obstante del principio penal de Presunción de Inocencia. Qué falta de congruencia.
La estrategia social impartida desde el púlpito por MALO pudiera ser la adecuada en un país con menor problemática de violencia, pero intentar prevenir una delincuencia que ya vimos perfectamente organizada, armada hasta los dientes y desatada, con recetas de largo plazo, en nada apoyan su disminución, una estrategia de “abrazos, no balazos” pudiera ser adecuada en el largo plazo, pero en el Inter, al no atacarlos, los cárteles se refuerzan y multiplican y cada día será más peligroso detenerlos.
El operativo de la Ciudad de México deja una gran experiencia, al estar bien organizado permitió el arresto de los delincuentes, y dentro de Tepito a pesar de su capacidad de fuego, túneles y apoyo social de todo el barrio hacia estos delincuentes, donde no se perdió una sola vida humana y no existió la necesidad de un solo disparo, situación que contrasta con el operativo improvisado de Culiacán operado por la Guardia Nacional sin la logística de la Marina, que tuvo un costo enorme en vidas humanas, económicas y de confianza hacia MALO aunque muchos lo nieguen. Esperemos el martes el informe del caso para ver cómo se justifican.
En Jalisco apoyemos a los jueces y magistrados que han interpuesto amparos contra la Reforma Judicial, el proteger situaciones laborales a las que ya tenían derecho no los convierte en delincuentes como lo ha señalado el gobernador. Lo mejor es que de seguro la justicia federal les otorgará sin duda alguna el Amparo.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción
Charros se quedó sin gas: Diablos, digno campeón
