OPINIÓN
Zapopis arriba
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Poco se comentó de que la Calificadora FITCH RATINGS emitió las 3 calificaciones anuales respecto de la evaluación crediticia y financiera del municipio de Zapopan, Jalisco con los siguientes resultados: Sube la calificación de largo plazo en escala nacional para pasar de “AA con perspectiva estable” a “ AAA con perspectiva estable”, siendo el más alto rango de calificación al que puede aspirar un gobierno municipal o estatal en México, contando con ésta calificación solo 4 Municipios de México (Puebla, Chihuahua, Corregidora y Zapopan).
Dicha calificadora resaltó los aspectos que llevaron a obtener el ascenso de calificación, tales como: a).- El alto índice de ingresos propios que representan el 43% del total de los ingresos operativos del Municipio. b).- Un control adecuado del crecimiento del gasto cumpliendo así con la Ley de Disciplina Financiera que exige un balance presupuestario sostenible. c).-El gasto de personal representa un moderado 48.1% del gasto total y su crecimiento está controlado. d).- Un nivel de endeudamiento bajo y sostenible con un servicio de la deuda de entre 2 y 4 veces a uno, con relación a los Ingresos operativos menos los gastos operativos, y apoyados con un swap de cobertura de tasa (al 6.60%) que mitiga la volatilidad del mercado. e).- Un nivel de liquidez disponible moderado aún sin la contratación de deuda adicional, con la posibilidad de contratar deuda de hasta el techo financiero máximo actual (846 millones) sin que la calificación actual se vea degradada. Además se confirma la Calificación Internacional de “BBB con perspectiva estable” que equivale a un AAA Nacional, posicionando a dicho como municipio en grado de Inversión.
Esto habla de una excelente gestión operativa tanto interna como hacia la ciudadanía, no solo desde el punto de vista administrativo, también podemos afirmar sin lugar a dudas que es el mejor municipio de Jalisco en el tema de seguridad y su presidente municipal, contrario a lo que otros municipios y el Gobierno del Estado vienen realizando al ocultar homicidios dolosos y robos a casa habitación y de vehículos, los viene dando a conocer como parte de su estrategia de seguridad, ya que ocultarlos solo provoca rechazo de la ciudadanía y no permite enfrentar este grave problema adecuadamente. Es preferible un político honesto que reconoce lo que está pasando en su municipio a otros que dicen que “vamos muy bien” y maquillan las cifras.
Además Zapopan ya arrancó, un poco tarde, su integración al Sistema Anticorrupción, ya que ahora sí tiene, un órgano de control con facultades suficientes para evitar y prevenir la corrupción en todos los niveles en el municipio, lástima que se perdiera casi un año por la actitud protagónica de una regidora que solo desquició la implementación del modelo, tal y como lo había propuesto el Consejo Ciudadano de Control, órgano consultivo creado en Zapopan a instancias de Pablo Lemus que sí es escuchado no solo por el primer edil, sino que desde el jefe de gabinete hasta el flamante contralor están muy al pendiente de las opiniones del consejo.
Veamos ahora cómo operan la implementación del gobierno abierto, tema en el que también fue pionero este consejo en cuanto la propuesta de su implementación, veamos si la regidora florero, que afortunadamente quedó como suplente en su implementación, no afecta el proceso.
A nivel federal, las cifras en el tema de seguridad son alarmantes y podemos afirmar que estamos cerca de ser considerados un Estado fallido, además de estar cerca a la recesión económica, solo basta recordar el pésimo manejo desde su logística e implementación del erróneo operativo tendiente a detener un capo en Culiacán, en Michoacan 13 policías fueron asesinados cobardemente en una emboscada, y contrario a las justificaciones de todo tipo, el presidente Manuel Andrés López Obrador MALO, en el periodo en que ha gobernado lleva el penoso récord de inseguridad, ya que llevamos récord en homicidios dolorosos, en trata de personas, extorsión, secuestro y la venta de Protección para operar negocios, entre otros delitos, y su índice de crecimiento es exponencial.
La corrupción gubernamental y judicial va en aumento, y aunque en la Ciudad de México se realizó un excelente operativo entre las autoridades locales y la Marina, donde se decomisó cantidades industriales de droga y armamento, un corrupto juez federal los liberó con argumentos infantiles y contrarios a los utilizados días antes para que Rosario Robles continúe en prisión no obstante del principio penal de Presunción de Inocencia. Qué falta de congruencia.
La estrategia social impartida desde el púlpito por MALO pudiera ser la adecuada en un país con menor problemática de violencia, pero intentar prevenir una delincuencia que ya vimos perfectamente organizada, armada hasta los dientes y desatada, con recetas de largo plazo, en nada apoyan su disminución, una estrategia de “abrazos, no balazos” pudiera ser adecuada en el largo plazo, pero en el Inter, al no atacarlos, los cárteles se refuerzan y multiplican y cada día será más peligroso detenerlos.
El operativo de la Ciudad de México deja una gran experiencia, al estar bien organizado permitió el arresto de los delincuentes, y dentro de Tepito a pesar de su capacidad de fuego, túneles y apoyo social de todo el barrio hacia estos delincuentes, donde no se perdió una sola vida humana y no existió la necesidad de un solo disparo, situación que contrasta con el operativo improvisado de Culiacán operado por la Guardia Nacional sin la logística de la Marina, que tuvo un costo enorme en vidas humanas, económicas y de confianza hacia MALO aunque muchos lo nieguen. Esperemos el martes el informe del caso para ver cómo se justifican.
En Jalisco apoyemos a los jueces y magistrados que han interpuesto amparos contra la Reforma Judicial, el proteger situaciones laborales a las que ya tenían derecho no los convierte en delincuentes como lo ha señalado el gobernador. Lo mejor es que de seguro la justicia federal les otorgará sin duda alguna el Amparo.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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